Este martes, la Ley de Víctimas se juega su futuro. La Cámara de Representantes tendrá su última oportunidad esta semana para aprobar o hundir la ley que define el marco jurídico para reparar a las víctimas del conflicto armado. Será el capítulo final de una historia que arrancó bien pero que crecientemente se enredó por una razón fundamental: la obsesión del Presidente Uribe con la Corte Penal Internacional (CPI).

El proyecto de ley presentado inicialmente por los ponentes fue discutido en diez audiencias públicas con casi 5 mil víctimas y aprobado por consenso entre todos los partidos (incluidos los uribistas) en el Senado el año pasado. Pero una vez pasó a la Comisión I de la Cámara su trámite se complicó.

El corazón de la disputa radica en un artículo introducido por el Gobierno que distingue entre las víctimas de los grupos armados ilegales y las del Estado. 

Mientras que las personas que sufrieron un daño a manos de paramilitares y guerrilleros podrán acceder a una reparación surtiendo un trámite administrativo ante Acción Social de la Presidencia, las víctimas de la Fuerza Pública –como las mamás de los jóvenes de Soacha asesinados como falsos positivos- deberán vencer al Estado en un proceso judicial (Ver diferencias entre posición de gobierno y víctimas.)

El gobierno ha defendido este trato discriminatorio con tres argumentos: el Ministro del Interior ha dicho que el Estado no puede presumir su responsabilidad sin que una autoridad judicial la demuestre; Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación, ha dicho que dado que en Colombia no existe un “Estado terrorista sino conductas individuales desviadas no se pueden hacer imputaciones generales sino específicas”; y en otras ocasiones, se ha dicho que darle el mismo trato a todas las víctimas enviaría un mensaje “desmoralizante para los soldados de la patria”.

La razón de esta diferencia en el tratamiento de las víctimas radica en una postura ideológica del gobierno que no quiere igualar al Estado con las organizaciones armadas ilegales. Pero también en un temor del Presidente, quien según confirmaron fuentes cercanas a la Casa de Nariño, está personalmente interesado en que esa distinción se mantenga.

Por una razón que resulta inexplicable para muchos, el presidente Uribe teme que si repara por vía administrativa a las víctimas del Estado, la Corte Penal Internacional (CPI) interprete que el gobierno colombiano está reconociendo su culpabilidad en esos hechos. Y como las víctimas del Estado son miles, encuentre una “sistematicidad” en las violaciones, uno de los requisitos de la Corte para abrir una investigación por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Desde que el Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, vino a Colombia en agosto del año pasado a documentar los avances en los procesos por la parapolítica y a investigar si la extradición de los jefes paramilitares era un mecanismo para evadir su responsabilidad frente a las víctimas, la paranoia en Casa de Nariño con la CPI aumentó. Como hasta el momento esta corte internacional sólo ha juzgado a criminales africanos, se ha dicho que Ocampo estaría interesado en abrir un caso en otro continente, y que por eso se ha fijado en Colombia.

“Los dirigentes políticos involucrados con los paramilitares deben ser juzgados, como aquellos relacionados con las FARC, porque son cómplices de crímenes de lesa humanidad”, dijo Ocampo en una entrevista, a raíz de su visita a Colombia. “Hay que revelar las estructuras políticas que apoyaron los homicidios. La responsabilidad primaria es del gobierno nacional. En la medida que ellos actúen, nosotros no intervenimos; cuando no lo hacen, nosotros lo hacemos.”

Algunos creen que el temor del Presidente está ligado a los crímenes cometidos por los paramilitares en el Urabá cuando él era gobernador de Antioquia. Pero eso sería absurdo pues la competencia de la CPI sólo comienza a partir de julio de 2002, cuando entró en vigencia. Y en todo caso, Colombia, al firmar el Tratado de Roma, que crea la CPI, estableció una reserva que aplazó la entrada en vigor del tratado por siete años para los crímenes de guerra.

La competencia del CPI es complementaria, es decir que sólo actúa en caso de que no se haga justicia en el país, y por lo menos hasta ahora, los juicios por la parapolítica avanzan más rápido de lo que muchos pronosticaban. Y jefes paramilitares como Mancuso han dicho que –ahora sí- confesarán sus crímenes. Entonces, no es claro que la CPI tenga un caso sólido en Colombia.

Pero aún si lo tuviera, el temor a reparar a las víctimas del Estado en las mismas condiciones de igualdad que a las demás víctimas por miedo a llamar la atención de la CPI es totalmente infundado.

La resolución de la Asamblea de la ONU que definió en el 2006 el marco de reparación a las víctimas estableció que la reparación administrativa no implica el reconocimiento de responsabilidad penal individual. Se repara a la víctima porque sufrió un daño, no porque el Estado reconozca que tiene la culpa. Para probar la culpa, la víctima debe adelantar un juicio penal contra el funcionario que le causó el daño, como lo explica en la siguiente entrevista Christian Salazar, el representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia,

 

	Si se discrimina entre las victimas del Estado y las de los grupos armados, ¿Estaría Colombia violando los compromisos internacionales? Veo dos puntos fundamentales donde esta ley si se aprueba tal como está incumple con los estándares internacionales: primero, requerir a las víctimas de agentes estatales un juicio penal para poder acceder a sus derechos contradice las definiciones internacionales de víctimas. Segundo, la ley excluye a víctimas de parejas gays y lesbianas y a víctimas de agentes estatales que no son parte de la Fuerza Pública. ¿Por qué? El sufrimiento es el mismo.
	¿Su mayor objeción es a la diferencia de tratamiento para las víctimas del Estado? No se cómo los parlamentarios justificarían esta distinción, por ejemplo, ante las madres de los jóvenes de Soacha. ¿Cómo vamos a justificar a esta madre que su sufrimiento vale menos en términos legales que el sufrimiento de una madre de una víctima de un grupo paramilitar u o un grupo guerrillero? Yo creo que esta distinción no es aceptable.
	¿Cómo se define una víctima según los estándares internacionales? La Asamblea General de Naciones Unidas en el 2006 define a la víctima por el daño sufrido y no por quién fue su victimario. La condición de víctima se define independientemente del autor del daño e independientemente de decisiones judiciales sobre el hecho.
	¿Es fundado el temor del gobierno que si repara a las víctimas del Estado luego puede ser acusado ante la CPI? Es un temor infundado. Uno de los avances mas importantes en las normas internacionales es que por fin se están separando los procesos de reparación de los procesos de judicialización o de establecimiento de responsabilidad penal. No hay un reconocimiento automático de alguna responsabilidad penal individual del Estado por el hecho de reconocer y reparar a víctimas que supuestamente fueron victimas de agentes estatales.
	¿Esa resolución de la ONU obliga al gobierno colombiano o es solo una recomendación? Es una resolución del órgano máximo de las Naciones Unidas del cual también Colombia forma parte, pero no tiene el mismo grado de vinculación que un tratado internacional. Pero el principio de la no discriminación es uno de los principios fundamentales de los derechos universales.
	¿Cuál es la consecuencia para Colombia de aprobar una ley que incumple los estándares internacionales? En cualquier país tener una ley de víctimas es algo histórico, es algo que contribuye a la reconciliación. Ya se inscribieron mas de 200 mil personas como víctimas y esto es solo un comienzo. Todavía tenemos una pequeña esperanza que el Congreso rectifique las incongruencias con los estándares internacionales. En los ámbitos internacionales, una ley que contradice los estándares internacionales va a estar en la agenda permententemente.
	¿Cree que es mejor que se hunda? Si se hunde este proyecto, hay que empezar de nuevo, sería una gran pena. Aunque no nos guste, menos es más que nada.