Petro arranca “a media máquina” con la implementación del Acuerdo de Paz

Petro arranca “a media máquina” con la implementación del Acuerdo de Paz
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Durante la campaña, Gustavo Petro fue incisivo en que una de sus prioridades sería retomar la implementación del Acuerdo de Paz. Pero ahora que es presidente ha enfocado sus esfuerzos en otros temas, como la negociación de otros acuerdos, con el ELN y grupos criminales, y la implementación aún no tiene un camino claro. Y aunque desde distintos sectores reconocen la voluntad de paz del Gobierno, también manifiestan que hay demoras.

“Con el gobierno se ha dado una interlocución a media máquina en la implementación, pero entendemos que hay que esperar que el gobierno se establezca”, dice Pastor Alape, quien es delegado de Comunes al Consejo Nacional de Reincorporación, el órgano de los ex Farc para monitorear el cumplimiento de los acuerdos.

La Paz Total pasa por la implementación

Las entidades que se deben articular para la implementación del Acuerdo, según el mismo informe de empalme de Petro, son la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia para la Reincorporación y Normalización, y tres fondos: el Fondo Paz, el Fondo Colombia en Paz y el Fondo Víctima.

De los anteriores, solo hay una institución con director nombrado por Petro, el alto Consejero Danilo Rueda, quien ha estado más pendiente de las nuevas negociaciones de la Paz Total. En las otras siete entidades siguen trabajando directores encargados, entrando al primer mes del Gobierno Petro.

Aunque ya hay iniciativas que proponen unificar o eliminar algunas de estas entidades, como la Ley 418, es todavía un sector donde falta nombrar el grueso del liderazgo del nuevo Gobierno. Esto demora la implementación, pero además podría también impactar la negociación paralela de la Paz Total.

“La implementación (de los acuerdos con Farc) es condición primera y necesaria para el éxito otros procesos de paz. Y eso es algo que se logra con acciones del Estado”, dice José Luciano Sanín, director ejecutivo de la Corporación Viva la Ciudadanía y quien hizo parte del equipo de empalme en temas de paz.

Sanín agrega que, “sí está demorado” lo relacionado con la implementación. Esa demora la explica desde dos aspectos. El primero es la complejidad de la institucionalidad de paz, que, históricamente, “ha sido dispersa lo que dificulta su articulación”. Y el segundo, que la transición de gobiernos “no es fácil, porque no es de continuidad, sino de cambios”.

Aun así, insiste, “hay urgencias porque el Estado no da espera”. Esas urgencias pasan, entre otras, por asuntos de orden jurídico, como el vencimiento de contratos de personal que trabaja en la implementación, la ejecución de contratos –presupuestados en alrededor de $12 billones, de acuerdo con Sanín– y la vigilancia de esta.

Sobre cómo ha sido el arranque de la implementación, Pastor Alape dice que “todavía no se ha realizado la primera sesión de la CSIVI. Faltan nombramientos. Apenas está el del alto comisionado para la Paz. Falta saber quiénes asumirán las funciones de la alta consejería”. La CSIVI es la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del Acuerdo Final, la instancia de encuentro entre los excombatientes de las Farc y el Gobiernoo para la implementación.

Sin embargo, Armando Wouriyu Valbuena, secretario técnico de la Instancia de Autoridades de Pueblos Indígenas, Negros, Palenqueros y Afrocolombianos (IEANPE) –creada por los acuerdos de 2016–, opta por el beneficio de la duda en esa demora para el arranque en forma de la implementación.

“Este es un gobierno nuevo. Hay muchas cosas que hacen falta, pero esperamos que, en unas semanas, el Ministerio de Agricultura junto con el Departamento Nacional de Planeación, empiecen a desarrollarlas”, asegura. Y añade que es necesario que el gobierno consolide la CSIVI, así como de las instancias de los pueblos étnicos y de mujer y género.

Demoras para coordinar la institucionalidad

El contraste entre las urgencias que aún no se atienden y la tranquilidad de que la implementación de los acuerdos de paz con las Farc se explica en los anuncios hechos por el Gobierno Petro.

En el primer mes del mandato de Petro, su gobierno hizo anuncios relacionados con la implementación y con los mandatos del Acuerdo. Es el caso de la radicación del proyecto de acto legislativo sobre la Jurisdicción Agraria y Rural, así como la radicación del proyecto de ley que modifica la Ley 418. También lo es la reanudación de los diálogos de paz con el ELN.

En términos más concretos, el fin de semana pasado, el mismo presidente Petro y el ministro Alfonso Prada, en compañía de las ministras Gloria Inés Ramírez (Trabajo) y Susana Muhammad (Ambiente), instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU) por la Vida, que busca proteger a los líderes sociales del país.

Una fuente cercana a estos procesos, que pidió no ser citada puesto que no es vocera, asegura que “hay una credibilidad en los anuncios, como con el del nombramiento de Álvaro Leyva como canciller. Una persona tan cercana tanto al acuerdo como a nosotros es una prenda de garantía de que el proceso de implementación tendrá buenos efectos”.

En esa línea de nombramientos también está el de Diego Bautista, quien fue asesor del acuerdo de paz en temas rurales, como director de la Agencia de Desarrollo Rural.

A pesar de esa disposición, desde organizaciones de la sociedad civil, se han hecho advertencias sobre los retos que encontrará Petro para la implementación, que si bien está relacionada con las posibilidades de la Paz Total, es un tema de gestión y ejecución urgente.

Uno de esos desafíos que ve Sanín es que las instituciones encargadas de temas relacionados con la implementación del acuerdo estén bajo una misma sombrilla para que se coordinen entre sí. En el informe del comité de empalme de temas de paz esto se explica al señalar que, de esta forma, se debe buscar “garantizar una transición articulada hacia el Ministerio de Paz”, cuya creación es una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que Petro prometió incorporar en su Gobierno.

“Se necesita un cambio en la institucionalidad. Al estar fragmentadas hay un gasto inmenso de energía para articularlas. Por eso la propuesta de la creación del Ministerio de Paz o de crear un sector paz dentro de la Presidencia. Pero eso está demorado y hay que hacerlo rápido”, agregó Sanín.

Otro pendiente por definir en el proceso de la implementación es el de los recursos. Una necesidad que ve Alape es la de “relanzar de manera urgente el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), mientras el gobierno desarrolla sus demás políticas en cuanto a la legalización”.

La Agencia de Renovación del Territorio (ART), encargada de la ejecución del PNIS, explica que este programa se divide en dos ciclos, uno corto y uno largo. El primero ya tiene la financiación del 100 por ciento, pero aún no se ha ejecutado totalmente.

Para el segundo, se usarían recursos del Fondo Colombia en Paz, lo que permitiría llegar a un 40 % de beneficiarios con la atención total, es decir que recibieron el dinero de ambos ciclos. Sin embargo, ese otro 60 por ciento no cuenta con recursos, y la entidad está aún encabezada por el director que dejó Iván Duque, mientras se acumulan los mensajes contradictorios del Gobierno Petro sobre el fin de la erradicacion fortzada y la priorización de la sustitución.

Así, mientras el camino a la Paz Total sigue acumulando anuncios y promesas sobre nuevas negociaciones con varios grupos, la implementación del Acuerdo que ya está firmado avanza lentamente.

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