Petro pierde un alfil por su afán de frenar a los Char en la Triple A

Detrás de la puja por la Triple A hay mucho más que una disputa por una lucrativa empresa de servicios públicos. Se trata de una una puja política candente entre el presidente Gustavo Petro y el establecimiento tradicional barranquillero, incluyendo la casa Char, los Daes, el antioqueño William Vélez y la procuradora Margarita Cabello.

Bajo esa clave, la suspensión del funcionario de Petro, Daniel Rojas, el director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), es una victoria parcial para el proyecto político de los Char. Rojas, un alfil clave para el gobierno Petro, fue suspendido el viernes por tres meses por la Procuraduría, que ahora lo investiga por presunto detrimento patrimonial.

El joven funcionario, siguiendo órdenes del presidente, actuó con poca precaución, incluso ante advertencias de la Procuraduría, para frenar el traspaso de acciones de la Triple A a la alcaldía que han controlado los Char durante 15 años y cambiar la junta directiva de la empresa. Más allá de argumentos válidos para cuestionar ese negocio, Rojas, quien nunca había sido funcionario del gobierno, se hizo vulnerable frente al poder de la Procuraduría, dirigida por Margarita Cabello, una aliada del clan Char.

No es la primera vez que un funcionario de Petro corre esta suerte. Durante su alcaldía varios fueron objeto de sanciones, en casos como el cambio de modelo de basuras y por la reducción de tarifas de Transmilenio. Ahora la historia se empieza a repetir en el escenario nacional.

La “papaya” de Rojas

El argumento de la Procuraduría es un presunto detrimento patrimonial porque Rojas suspendió la venta de las acciones de Triple A a la empresa mixta Alumbrado Público de Barranquilla (Apbaq), ahora llamada K-Yenas. En la sociedad tiene participación la Alcaldía de Barranquilla (hoy manejada por el charista Jaime Pumarejo) y empresas del antioqueño William Vélez y la familia Daes de Barranquilla (que cedió sus acciones en el negocio).

La decisión también salpica al superintendente de servicios públicos, Dagoberto Quiroga, pues está investigado por el mismo caso. Quiroga es un funcionario clave de Petro pues pavimentó el camino legal para la intervención de Petro en las comisiones de regulaciones de servicios públicos.

El contrato entre la SAE y Alumbrado Público de Barranquilla establecía que el traslado de acciones debía realizarse en diciembre del 2022, cuando la empresa compradora girara el 50 por ciento del valor de las acciones. Es decir, 282 mil millones.

No obstante, en diciembre el nuevo director de la SAE, Daniel Rojas, suspendió el traslado de acciones. Rojas, un joven economista había sido uno de los coordinadores del empalme de Petro. Desde ahí representó a los sectores más inclinados a la izquierda y devotos de los lineamientos ideológicos de Petro.

Al llegar a la SAE, un cargo complejo del que varios de sus antecesores han terminado en la cárcel por corrupción, Rojas se volvió uno de los funcionarios más cercanos al presidente. Según dijo en una entrevista con La Silla, habla directamente con el presidente todos los días, una cercanía que no tienen la mayoría de ministros. Además, el foco en la SAE para repartir tierra, denunciar corrupción, y entrar en temas candentes como la Triple A, lo pusieron en el centro del debate político.

Por eso cuando Petro le pidió que parara el negocio de las acciones de la Triple A actuó decididamente. Con el Superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, en rueda de prensa, Rojas dijo que su deber era evitar un presunto detrimento patrimonial pues las acciones de Triple A costaban 1.9 billones, casi cuatro veces más de lo que se vendió.

Una fuente del gobierno le dijo a La Silla que detrás de esa decisión estuvo el presidente Petro, que no quería que la Triple A quedara en manos del empresario William Vélez, conocido zar de las basuras en el país.

Vélez es un contratista muy cercano al expresidente Álvaro Uribe y Petro lo ha señalado de pagar sobornos en Guatemala y de haber sido acusado de testaferro por paramilitares De hecho, sacar a Vélez de la concesión de basuras fue una de las obsesiones que motivó a Petro a hacer el controversial revolcón del modelo de basuras en Bogotá.

Inicialmente Petro quería cancelar el contrato para que Alumbrado Público de Barranquilla y William Vélez no se quedaran con las acciones. No obstante, al ver que jurídicamente era inviable decidieron congelar el traslado de las acciones.

No fue la única movida. El martes hubo una asamblea de accionistas de Triple A para elegir nueva junta directiva, pero el procurador delegado Luis Escandón solicitó suspender la reunión y aplazarla hasta que se aclarara la situación accionaria de la empresa.

La asamblea se hizo igual a instancias de Rojas. Y allí, como accionista mayoritario, el director de la SAE nombró a cuatro de los cinco miembros de la junta directiva. De la junta salieron personas que había puesto Duque, como Andrés Ávila, quien fue presidente de la SAE en ese gobierno.

Entre los miembros que puso la SAE en la junta directiva de Triple A está ahora Nicolás Corso, que fue gerente de Metrovivienda en la alcaldía de Petro en Bogotá y actualmente es el presidente de la Central de Inversiones SA, nombrado por Petro. También Cristobal Padilla, excandidato al Senado del petrismo en 2018.

Una vez conocidos los cambios en la junta directiva de Triple A, el alcalde Jaime Pumarejo anunció que tomarían acciones legales por el incumplimiento del contrato y exigiría el pago de una cláusula de 59 mil millones de pesos.

Después de las advertencias desatendidas por Rojas, la Procuraduría anunció la suspensión del director de la SAE por presunto detrimento patrimonial. 

En el petrismo la decisión fue leída como una movida política y un ataque de la Procuraduría al gobierno. El presidente Petro dijo que “es el primer campanazo, apenas; es el primer paso que han dado para intentar que no hagamos lo que prometimos en la plaza pública”.

Una venta con ruidos en la era Duque

La Triple A es una empresa codiciada. Presta los servicios públicos de aseo, alcantarillado y/o acueducto en 15 municipios del Atlántico y tiene utilidades de aproximadamente 125 mil millones de pesos al año.

Hasta el 2018 la mayoría de las acciones (el 82 por ciento) estaban en poder de la empresa española Inassa S.A. No obstante, en medio de un proceso penal, la Fiscalía adoptó una medida cautelar de embargo y secuestro de las acciones con fines de extinción de dominio.

Con esa medida, las acciones quedaron en poder de la SAE, entidad encargada de administrar activos que son incautados por extinción de dominio. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, vio allí una puerta para que el Distrito se quedara con las acciones de Triple A.

Pumarejo se movió con un presidente amigo, Iván Duque. En diciembre de 2021, ambos hicieron una rueda de prensa en la que anunciaron la venta de las acciones de Triple A, en poder de la SAE, a Alumbrado Público de Barranquilla, una empresa mixta en la que tiene acciones la alcaldía. También hacen parte las empresas del polémico megacontratista local Christian Daes y el zar de las basuras William Vélez.

La transacción se hizo por 565 mil millones de pesos.

En su momento La Silla Vacía reveló que el gobierno de Duque utilizó argumentos engañosos en esa venta. La venta se hizo a través de la figura de “enajenación temprana”, que permite vender las acciones si el bien está en riesgo de perderse o representa una carga para la SAE.

Para ejecutar la enajenación temprana, la SAE argumentó que con las acciones en proceso de extinción de dominio se tiene limitado “el acceso al sistema financiero” y que la entidad no tenía capital para inyectarle y cumplir el plan de inversiones de Triple A.

No obstante, ese mismo año de la venta la Triple A logró acuerdos con 6 bancos y accedió a créditos por 100 mil millones de pesos. Y las inversiones de 2019 y 2020 superaban lo estipulado en los planes de inversiones de la empresa.

Con esas mentiras a cuestas, el negocio se concretó. Fue un negocio opaco en el que las partes negaban el acceso a la información amparados en cláusulas de confidencialidad, pues el comprador era Alumbrado Público de Barranquilla, una empresa de economía mixta, que no se rige por la ley pública. A la fecha se desconocen detalles del proceso, y la información ha salido a cuenta gotas.

Sin embargo, el primer campanazo de alerta ante la venta de las acciones de Triple A a Alumbrado Público de Barranquilla se dio en julio del año pasado. Se conoció que la española Inassa acudiría a un tribunal de arbitraje internacional porque consideran irregular la forma en la que vendieron las acciones.

Y el segundo campanazo, que en realidad fue un golpe, se dio con la llegada de Petro al poder.

Los Char no se quedaron quietos. El alcalde Pumarejo advirtió que llevaría el caso a un tribunal de arbitramento y que hay una cláusula de 59 mil millones por incumplimiento. Y la Procuraduría le terminó dando un golpe duro a una de las manos derechas de Petro.