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Gustavo Petro prometió transformar Bogotá así como ahora promete transformar a Colombia. Pero como alcalde demostró que le cuesta aterrizar sus ambiciosas promesas a ejecuciones concretas: no logró crear un operador público para Transmilenio , poner a rodar tranvías por la 68 o la séptima , redensificar significativamente el centro ampliado de la ciudad ni dejar firmado el contrato del metro subtérraneo.
Pero quizás el proyecto insigne de su administración fue el cambio de modelo de las basuras. Una decisión que tomó y puso en marcha en menos de un año y que como ninguna otra, mostró el nivel de su ambición y al tiempo, sus problemas gerenciales e improvisación en la forma cómo la llevó a cabo. Fue un proyecto que, sobre todo, generó un desgaste institucional y emocional en la ciudad a cambio de ninguna transformación estructural.
La Silla revisó la documentación del modelo de basuras, los fallos de los entes de control, habló con funcionarios de la administración petrista y de la siguiente que estuvieron involucrados en este episodio y también recuperó el seguimiento que le hizo La Silla Vacía en su momento para reconstruir esta historia.
Con ella, cerramos la serie de los lunares de los candidatos presidenciales.
Un cambio ligado a su visión
Cuando Petro llegó a la Alcaldía de Bogotá, las rutas de recolección de las basuras no eran un problema de la ciudad. Sin embargo, él la volvió su caballito de batalla. Se jugó el todo por el todo por desprivatizarla, acabar los contratos de los operadores —algunos cercanos a Álvaro Uribe como William Vélez, a quien Petro tildaba de mafioso— e integrar en el negocio a los recicladores, a quienes la Corte Constitucional había ordenado meter en el esquema de recolección de basuras. En ese momento, Petro no mencionó como una de sus motivaciones el cambio climático, pero en retrospectiva sí lo ha ligado a su visión ambiental.
“Los residuos que se entierran producen gas metano, un elemento 23 veces más poderoso que el CO2 a la hora de calentar el planeta —es como lo recuerda en su libro— Teníamos que desprivatizar el servicio, porque éramos conscientes de que solo así un mayor porcentaje de residuos podía ser reciclado….Pasará a la historia que el enfrentamiento más agudo con el Establecimiento se dio por nuestras políticas de mitigación del cambio climático”.
En su Plan de Desarrollo, Petro inscribió el cambio del modelo de basuras dentro de su visión de “fortalecer lo público como principio del Estado social de Derecho”, ya que su objetivo era que el Distrito entrara en el esquema de la recolección de basuras para quitarles espacio a los privados que tenían las concesiones.
Cambiar de un día para otro el modelo para que el Distrito manejara el negocio de aseo violaba la libre competencia. Así se lo advirtieron en público y en privado la Contraloría, la Procuraduría, la Comisión de Regulación de Aseo, la de Superservicios y los prestadores del servicio.
Petro ignoró estas advertencias. No fue la primera vez ni la última en que optó por desatenderlas durante su administración.
También lo hizo, por ejemplo, cuando decidió entregar a dedo el contrato de la máquina tapahuecos a Green Patcher Colombia. El Tiempo reveló en su momento los audios de funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial advirtiendo que la decisión era “kamikaze” porque esa empresa no tenía músculo financiero y estaba recién creada.
Aún así, siguió adelante en pos de su visión.
En el mismo episodio de las basuras, cuando decidió licitar la compra de los carros recolectores, uno de los oferentes advirtió al Acueducto, en medio de la licitación, que una propuesta no cumplía con todos los requisitos.
La respuesta del Acueducto fue reconocer públicamente que ninguno los cumplía y que quienes ganaran debían firmar cartas de compromiso para adecuar sus carros a las especificaciones de la licitación, es decir, cumplir los requisitos después. En ese caso, como en muchos otros, el voluntarismo visionario de Petro se impuso.
La improvisación en la implementación
Cuando Petro llegó a la Alcaldía heredó de la administración de Samuel Moreno la recolección de basuras con contratos de concesión que habían sido prorrogados porque la Corte Constitucional le había tumbado a su administración una licitación, debido a que no había acatado su orden de incluir a los recicladores en el negocio.
A Petro le cogió el tiempo para armar una nueva licitación, porque no estaban listas las normas para incluir a la población recicladora, y tuvo que prorrogar esa concesión dos veces más: una en marzo de 2012, por seis meses., que era necesaria para que alcanzara a armar una licitación. Y otra el 18 de septiembre, por tres meses más, a pesar de que había tenido tiempo para hacer la licitación.
Según le aseguraron a La Silla en su momento funcionarios de la Alcaldía, comenzaron a contemplar no solo un modelo que fuera 100 por ciento público sino que también estaba sobre la mesa la posibilidad de que la operación fuera compartida entre privados y públicos.
Sin embargo, y sin darles previo aviso a los operadores ni conciliar la decisión con el Concejo de la ciudad ni con otras autoridades de Bogotá, a inicios de septiembre la Alcaldía anunció que crearía una empresa pública para que se encargara del aseo de la ciudad.
El primer desafío es que no existía ninguna empresa distrital con experiencia en aseo, dado que la recolección de basuras estaba en manos de privados desde 1988, cuando Andrés Pastrana liquidó la Edis.
Entre octubre y diciembre, la Alcaldía dio pasos para que una empresa del Distrito entrara al negocio: el 11 de octubre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Uaesp, encargada de administrar el servicio de aseo, firmó un convenio con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para delegarle la prestación del servicio.
El Acueducto no tenía experiencia en aseo y dos meses después firmó un convenio con Aguas de Bogotá, filial suya que tampoco tenía experiencia en basuras, para que asumiera la prestación de ese servicio.
En paralelo, el Acueducto abrió una licitación para comprar vehículos compactadores para recoger basuras.
Cuando llegó diciembre, y con todos los reflectores encima, internamente la Alcaldía reconoció que no tenía capacidad de recoger basuras en toda la ciudad. Entonces, la administración de Petro se vio obligada a redoblar esfuerzos para negociar con los privados que operaran algunos sectores de la ciudad.
Los privados —que llevaban meses de ser tildados por el Alcalde de mafiosos— se resistieron.
En medio de la tensión de esas negociaciones, el 10 de diciembre Petro creó por decreto un esquema transitorio para el servicio, que daba ventajas al operador público sobre los privados. Ya era claro que el Distrito no podía asumir todo.
Tres días después, el Acueducto entregó el contrato para la compra de 278 vehículos para operar el aseo en toda la ciudad. Le costaron $78 mil millones de pesos, tras una licitación que ganaron Daewoo KMA (199 vehículos) y Navitrans (79 vehículos). Luego, le cedió los carros a Aguas de Bogotá.
Ninguno de los oferentes cumplía todos los requisitos, según reconoció el mismo Acueducto. Pero tenía urgencia de tener los carros lo antes posible.
Como era obvio, los camiones de recolección de basuras no podían llegar en semanas, y el 14 de diciembre Petro tuvo que declarar la alerta amarilla en el manejo del aseo por cuatro meses, para autorizar que en ese tiempo y mientras llegaban los camiones, se usaran volquetas para mover residuos.
Con esas volquetas, muchas descubiertas, la ciudad vivió una emergencia sanitaria sin precedentes el 18, 19 y 20 de diciembre porque el Distrito fue incapaz de recoger la basura en toda la ciudad.
