Petro también ha sido incapaz de detener la matanza de los Awá

Los Awá viven entre Colombia y Ecuador. Son una población pequeña, de unos 44 mil habitantes ubicados entre Nariño y Putumayo, hablan su propia lengua, el Awapit; tienen habilidades para la cestería, la pesca y hay algunas comunidades que aún conservan la tradición de fabricar utensilios de barro y madera como vasijas y molinos.

Con la llegada de un presidente de izquierda, cercano al movimiento indígenas y al que venían apoyando desde su candidatura en 2018, algunos líderes Awá esperaban tener un gobierno amigo que ayudara a menguar la violencia. Pero, por ahora, sienten que los esfuerzos del gobierno Petro se han quedado en el discurso de campaña que aún no aterriza en el territorio.

“Acá se han hecho consejos de seguridad, un PMU por la vida, dos veces ha venido la vicepresidenta y nada ha funcionado - dice un líder Awá -. ¿Quién es el que tiene que llegar para que pase algo? Estoy decepcionado de este gobierno. No es el del cambio, es del que gobierna y ve todo desde Bogotá”.

Según la dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, la apuesta principal del gobierno ha sido dialogar con los actores armados para disminuir la violencia. Además, afirman que hay programas de becas de estudio y fortalecimiento de la guardia indígena que son dirigidos a la comunidad Awá, y ya tienen recursos y están próximos a ejecutarse.

Los Awá siguen en medio del conflicto

Awá significa “la gente de la montaña”, su nombre le hace honor a una de las características que también se han convertido en una desventaja: viven en zonas apartadas, montañosas o selváticas que pueden quedar a horas o días caminando desde el casco urbano más cercano.

El aislamiento geográfico, la poca presencia estatal en esas zonas y la cercanía que tiene con la frontera ecuatoriana al estar en Nariño y Putumayo, lo ha hecho un territorio apetecido por los grupos armados ilegales a lo largo de la historia. Y como comunidad indígena han terminado en medio de enfrentamientos, disputas territoriales y señalamientos de ser colaboradores del grupo enemigo. Sólo entre 2006 y 2019 hubo 11 masacres en territorio Awá.

Según la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), una de las cuatro organizaciones en las que está organizada la comunidad y que recoge a la población indígena de seis municipios, desde 2022 hasta hoy, van 26 indígenas Awá asesinados en estos municipios, 15 desde agosto.

Eso significa que la tasa de asesinatos sólo para la organización Unipa es de 58,4 por cada 100 mil habitantes. Es como si un municipio de menos de 50 mil personas tuviera una tasa de homicidios 15 puntos por encima de la de Cali, una ciudad con más de 2,2 millones de habitantes y la que tiene la tasa más alta de asesinatos del país.

La violencia que viven ha sido tan constante que, en 2009, la Corte Constitucional alertó que estaban a punto de dejar de existir física y culturalmente.

Una de las masacres que marcó a los Awá ocurrió en febrero de 2009, cuando 14 personas del resguardo Tortugaña Telembí, entre los municipios de Barbosa y Ricaurte (Nariño), fueron torturadas y asesinadas por la entonces guerrilla de las Farc. Esto después de que el Ejército forzara a algunos habitantes del resguardo a dar información sobre la presencia de la guerrilla, según el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Aunque la firma del acuerdo de paz llevó a un cese de violencia por algunos meses, la reconfiguración de los grupos armados ilegales y la atomización del conflicto en el país, no dejó que la violencia saliera del territorio Awá. Sólo en 2020, durante la pandemia de covid 19, hubo cuatro masacres en esta comunidad.

En septiembre del año pasado, solo un mes tras la posesión del gobierno Petro, la Defensoría del Pueblo alertó que 49 de estas comunidades indígenas, que son casi 8 mil personas, estaban en riesgo de afectación por la disputa territorial entre grupos ilegales.

A inicios de marzo de este año, cuando el proyecto de la paz total ya llevaba siete meses, la misma entidad emitió por primera vez una alerta temprana con la Defensoría de Ecuador por “la presión y el auge de las actividades ilícitas que ejercen las disidencias de las Farc, el ELN y grupos de crimen organizado”. Según la alerta, la comunidad reporta que cada mes estarían reclutando forzosamente entre 7 y 8 niños del pueblo Awá.

Esa presión de la que habla la Defensoría se notó en diciembre cuando miembros del ELN llegaron a una asamblea de la organización Camawari, en el municipio de Ricaurte. Estaban armados y su fin era “participar” del espacio comunitario, según Aurelio Arturo, coordinador general de la organización que fue uno de los que exigió el retiro del grupo ilegal. La asamblea tenía como fin elegir al reemplazo de Arturo, pero se aplazó por la presencia de los elenos.

“Si ya pasó eso, imagínese ahora que vienen las elecciones para la alcaldía. Acá ya ni se puede hacer política, esto se pone más peligroso”, dice un miembro de Camawari que prefirió no ser nombrado para evitar amenazas, al igual que todos los Awá que consultamos. “Si ellos (el ELN o las disidencias) llegan a enterarse de que yo estoy hablando, me matan”, le dijo a La Silla Vacía.

La crisis de la coca tampoco ayuda en Ricaurte. La misma persona contó que el dinero no se está moviendo y la coca ya no es rentable, pero el ELN quiere tener el dominio de la misma y no deja sacar ni la hoja ni la pasta para venderla en otras zonas. “También advirtieron que no podemos estar en procesos de sustitución de cultivos ilícitos, ni nada con el gobierno. Eso acá es como si uno fuera un traidor”, contó.

En Tumaco, la situación no es mejor. Las 480 familias que componen el resguardo de Piguambí Palangana están desplazadas en su mayoría. No más de 30 siguen en el territorio y lo hacen por temor a cruzarse con minas antipersonales que han sido sembradas en medio de la disputa territorial entre el Comando Coordinador de Occidente, de las disidencias de “Iván Mordisco”, y la Segunda Marquetalia de “Iván Márquez”.

El informe de enero de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) dice que el 98 por ciento de los desplazamientos que hubo ese mes ocurrieron en Nariño, en la subregión del Sanquianga y Tumaco, y el 18 por ciento de las víctimas fueron indígenas Awá. A la vez, dice que ese mes, las autoridades étnicas del Consejo Comunitario de Alto y Bajo Mira y Frontera y los resguardos indígenas Awá del municipio de Tumaco alertaron por “las constantes afectaciones” por minas, pero no especifica cuántas.

“En el último año pensamos que como había ganado Gustavo Petro y había un diálogo con el ELN, iba a disminuir la violencia, pero nada. Acá seguimos contando muertos”, cuenta un líder de Camawari. Por ahora, la esperanza que tenía la comunidad Awá con la presidencia de Petro de superar la violencia en la que han vivido, se está agotando.

La desazón con el gobierno del cambio

“Seguimos haciendo diagnósticos y lo que necesitamos son acciones”, le dice a La Silla un líder Awá. En ese mismo sentido nos hablaron otras dos fuentes que ejercen liderazgo en diferentes municipios.

Hasta el momento ha habido al menos dos reuniones del gobierno nacional con líderes de este pueblo indígena. Uno de ellos que estuvo en ambas citaciones contó que en diciembre la vicepresidenta, Francia Márquez, dio la directriz a instituciones como el Icbf y ministerios como el del Interior, de empezar a trabajar en las problemáticas del territorio.

“Y acá estamos. Nada ha pasado”, dijo, decepcionado del “gobierno del cambio”. Aseguró que desde la organización en la que está piensan que con un paro podrían llamar la atención del presidente para que se siente a conversar con ellos.

Germán Carlosama, director de asuntos indígenas del Ministerio del Interior, dice que la desazón que expresan desde la comunidad es porque no conocen lo que se está haciendo. “Yo arranqué hace cinco meses, pero ya hemos organizado con los coordinadores de las organizaciones Awá dos reuniones, lo que pasa es que aún no se ha ejecutado, pero ya están los recursos”.

Carlosama cuenta que hay cuatro programas claves que buscan minimizar el riesgo del pueblo Awá. El primero es el de fortalecer su Plan de Salvaguarda al identificar los problemas de la comunidad y pasar a las acciones que ayuden a implementarlo. El segundo es un programa de 200 becas para carreras técnicas y tecnológicas con enfoque diferencial.

El tercero, que se realizará junto con la gobernación, es el de fortalecer las guardias indígenas dotando a 700 guardias con botas, bastones de mando y chalecos y capacitándolos en temas de derechos humanos. El último, es una labor con la Unidad de Gestión del Riesgo para apoyar desplazados de la comunidad Awá con un kit alimenticio. También dijo que ministerios como el de Educación e instituciones como el Icbf y la Unidad Nacional de Protección (UNP) también están trabajando para atender la situación humanitaria y responder a las problemáticas de los Awá.

“Un joven indígena profesional va a tener oportunidades laborales que van más allá de dedicarse a cultivar coca o va a poder llegar a su comunidad a jalonar liderazgos y procesos claves”, dice el funcionario sobre las apuestas del gobierno para hacerle frente a la violencia que viven los Awá. “Una guardia indígena capacitada y bien dotada, va a poder ejercer mucho mejor el control territorial. Esos puntos son claves”, agrega.

Pero esos planes o proyectos aún no cambian el panorama violento que viven los Awá. “No hay garantía para estar tranquilo. Así se hable de una paz total en los territorios, a uno le queda duda porque en la práctica todo se ve igual”, dice un líder indígena de Tumaco.