Plata de la paz se entregó en una feria de contratos

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Una entidad de manejo político entregó de forma opaca, incluso en algunos casos con indicios de haber favorecido a contratistas, por lo menos 483 mil millones de pesos destinados a los municipios más afectados por el conflicto.

La entidad es el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Integral y la Gestión Social del Valle, que se convirtió en la mayor ejecutora de recursos de regalías aprobados por el Ocad Paz en 2021.

23 alcaldes le dieron el poder de administrar contratos por medio billón de pesos que deben beneficiar a sus municipios. El Fondo ha estado involucrado en los escándalos de las obras del estadio Pascual Guerrero de Cali y el Coliseo Happy Lora de Montería, que están en juicio

La Gobernación del Valle, que está en manos del grupo político de Dilian Francisca Toro, directora del Partido de La U, maneja el Fondo. El departamento tiene el 99,3 por ciento, pero como el 0,7% es de privados, el Fondo puede entregar contratos sin someterlos a concurso público.

Pero la plata del Ocad Paz que ejecutó el Fondo Mixto funcionó como lo hizo Fonade en la “mermelada” que entregó el gobierno de Juan Manuel Santos: usar una entidad de manejo político pero que puede contratar sin concurso público para elegir a dónde enviar el dinero.

Esta es la primera entrega de lo que encontró La Silla Vacía tras revisar detalladamente el papel del Fondo en la adjudicación de proyectos de regalías del Ocad Paz, que está en medio de un escándalo por denuncias de corrupción (Vea aquí lo que está claro, lo que no y los vacíos del escándalo). 

Competencia casi nula para elegir a los contratistas

Alcaldes de nueve departamentos del país eligieron al Fondo Mixto que fuera el ejecutor de 33 proyectos. Es decir, encargarse de elegir al contratista y verificar el avance del contrato para que el Ministerio de Hacienda pagara. Todo esto sin que el Fondo recibiera un pago a cambio.

La directora del Fondo, Lyda Caicedo, argumenta que aún cuando esa entidad podría entregar a dedo, no lo hace porque elige los contratistas con un concurso entre quienes se hayan inscrito en su “pool de aliados”.

Pero hasta ayer el Fondo solo había publicado en el Secop los contratos de 22 (por 317 mil millones) de los 33 proyectos que le asignaron, a pesar de que es su deber hacerlo.

Solo 1 de los 22 contratistas que se ganaron la ejecución de la plata tiene registros en el portal de contratación estatal de haber trabajado antes con el Fondo. Dos contratistas le reconocieron a La Silla, por aparte, que entraron al “pool” para competir por plata de la paz. 

La Silla Vacía le pidió a la directora del Fondo la información sobre los integrantes del “pool” y sus fechas de ingreso, pero se negó a entregarla.

Más allá de que empezaran a aparecer contratistas nuevos en la baraja de aliados del Fondo, en 13 proyectos, que suman 168 mil millones (una tercera parte de la plata que adjudicó el Fondo), los contratos se entregaron casi sin competencia: solo uno tuvo 3 competidores, 7 tuvieron un solo competidor y tenían muy poca experiencia y en 5, que suman 59 mil millones, solo se presentó un interesado.

En otros 7, que suman 139 mil millones de pesos, el Fondo no publicó información suficiente para saber con quién compitió el contratista elegido.

Ejemplos de competidores con poca experiencia son Gustavo Paredes Quintero, que compitió por una vía de 13 mil millones de pesos en Milán (Caquetá), cuando su mayor experiencia era pavimentar otra vía por 2.600 millones de pesos. O la Fundación Unidos por tu Futuro, con experiencia máxima de 914 millones de pesos, que compitió por proyectos agrarios para Rosario, Nariño (por 13.350 millones de pesos) y para Miranda, Cauca (8.500 millones de pesos).

Con esa escasa experiencia, era claro que no iban a ganar el concurso, y perdieron.

Solo en uno de los proyectos, una vía por 9.927 millones en Nóvita (Chocó), el Fondo publicó la evaluación de las ofertas. En los otros 32, se negó a entregar a La Silla Vacía los documentos de evaluación bajo el argumento de que contienen indicadores financieros de los oferentes (información que está en el Registro Único De Proponentes y que suele aparecer en las evaluaciones publicadas por decenas de entidades en el Secop).

En el caso de Nóvita, los documentos prueban que el único competidor no iba en serio, porque no entregó el plan de trabajo ni los documentos que certificaban su experiencia.

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Igual pasó con la interventoría de ese contrato, donde el único competidor con el que resultó ganador tampoco entregó los documentos básicos para postularse.

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Esa poca competencia, que puede hacer que los proyectos salgan más caros o de menor calidad  y que pone en riesgo la plata, fue  motivo de preocupación en el Ocad Paz. Hubo alertas por la cantidad de recursos que le estaban encargando, por su falta de transparencia y porque no era claro si era idóneo.

Presidencia alertó, alcaldes y gobernadores lo ignoraron

El Fondo Mixto empezó a ser designado como ejecutor de regalías en 2019, pero fue en 2021 cuando tuvo su agosto con la decisión de los alcaldes de asignarle la ejecución de medio billón de pesos.

Cuando empezó a figurar, en el Ocad Paz iniciaron las alertas. En sus actas hay pruebas de que el consejero presidencial para el posconflicto, Emilio Archila, empezó a oponerse a concentrar proyectos en ese Fondo por varios motivos, como la falta de certeza sobre su capacidad administrativa (como aquí, aquí, aquí y aquí).

Pero los dos alcaldes miembros del Ocad, Marcelino Chacón de La Uribe (Meta) y Martín Zulueta de La Paz (Cesar) y los dos gobernadores, José Facundo Castillo (Arauca) y Andrés Meza, gobernador encargado del Cesar, impusieron su mayoría.

Además, la designación del Fondo la defendió el congresista conservador Wadith Manzur, quien tenía voz pero no voto en las decisiones del Ocad. Actualmente está investigado junto con otros tres congresistas por las denuncias de corrupción en entrega de plata de la paz.

Zuleta, uno de los principales salpicados en las denuncias de corrupción en la aprobación de recursos en el Ocad Paz por un audio retomado por Blu Radio en el sugiere pago de coimas, le dijo a La Silla que no se pronunciaría sobre el tema. Chacón falleció el fin de semana de un infarto. Castillo, quien fue el que tuvo la vocería en la mayoría de sesiones, está detenido mientras lo investigan por presuntas relaciones con el ELN.

Nueve alcaldes que escogieron al Fondo como administrador de sus obras coincidieron en que lo hicieron principalmente porque la ejecución es más rápida que si contrataba ellos, porque no tenía que seguir las normas de contratación pública. Todos negaron que les hubieran pedido coimas.

Dos de ellos, el de Los Andes (Nariño) y el de Toribío (Cauca), precisaron que buscaron ayuda para formular sus proyectos con consultores externos que los recomendaron contratar con el Fondo. No dieron detalles de quiénes fueron los consultores.

La experiencia que han reportado en el Secop otras entidades sobre el Fondo, y la que éste ha incluida en su Registro Único de Proponentes (donde debe inscribirse cualquier entidad interesada en contratar con el Estado), muestra que había ejecutado mucha menos plata que los 483 mil millones que le encargó el Ocad Paz.

Aunque el Fondo ya había hecho obras fuera del Valle del Cauca y de asuntos diferentes al deporte, el más grande antes de la bonanza del Ocad era por 55 mil millones de pesos, en 2013  y ese es el año que, según su RUP, manejó más plata pública con 66 mil millones. Entre 2007 y 2020, los años de los que revisamos información, su RUP ha ejecutado contratos por 307 mil millones, es decir, 176 mil millones menos de lo que le asignaron los alcaldes en solo 2021.

La bonanza le llega justo cuando lo manejan personas del grupo de la presidenta del Partido de La U.

La política en el Fondo

Desde su creación en 1993, el Fondo Mixto del Valle ha estado a merced del político que tiene el poder en el departamento.

“No es que sea de alguien en particular. Ahorita lo maneja el dilianismo, pero porque es el que está en la Gobernación. Antes de eso lo manejaban los que tenían la Gobernación”, aseguró un congresista actual del Valle. Un exgobernador y dos políticos locales coincidieron con esa lectura.

Eso porque la Gobernación maneja el 99,3 por ciento de los aportes al Fondo, y por lo tanto tiene la mayoría absoluta para cualquier decisión interna. Por esa vía, pone a los 5 miembros de la junta directiva (4 por votación y el quinto porque el gobernador tiene un puesto por derecho propio, que puede delegar), y a través de ésta define al director ejecutivo.

Así, el Fondo ha crecido de la mano de los políticos, como prueban sus actas.

Por ejemplo, una de noviembre de 2015 menciona al senador Roy Barreras, hoy presidente del Congreso y alfil del presidente electo Gustavo Petro, y en ella consta que hablaron con él sobre proyectos con la Esap, entidad pública cuyo manejo burocrático tuvo Barreras por años. En otra de febrero de 2016, hablan de que con Roy Barreas Jr, quien fue director de planeación en Cali, discutieron sobre votos en el Ocad de Ciencia y Tecnología del Valle. También se refieren a trabajo político con alcaldes, e incluso de recomendar nombramientos en la Alcaldía de Cali.

Barreras papá no respondió los mensajes que le enviamos. Barreras Jr le dijo a La Silla que “seguramente él (director del Fondo) allí informa que tenía alguna iniciativa para presentar a ese fondo de ciencia y tecnología, e informa que se reunió conmigo para contarme del proyecto y pedir apoyo… Todas las entidades podían presentar iniciativas allí, pero no recuerdo que ninguna iniciativa del fondo mixto haya sido priorizada”.

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Actualmente, 4 de los 9 asociados privados del Fondo (que pusieron el 0,7 por ciento de todos los aportes) tienen relaciones directas con el grupo político de Dilian Francisca Toro.

Uno es Rubiel Muñoz, exdiputado del Valle que fue candidato a la alcaldía de Dagua en 2015 con el aval de Opción Ciudadana y tuvo el respaldo de Toro y La U, pero se quemó. Está investigado porque presuntamente la Alcaldía destinó plata a su campaña.

Otro es Joaquín Olano, fallido candidato al Concejo de Cali en 2015 por el movimiento de Toro; y está José Luis Echeverry, vicepresidente del Comité Olímpico Colombiano, asumió en 2017 como representante de la gobernadora Toro en la junta de Vallecaucana de Aguas.

Por último, aparece Orlando Riascos, secretario de Paz del Valle nombrado por Clara Luz Roldán, ahijada política de Toro.

Además Lyda Caicedo, a quien en 2020 la junta eligió como directora del Fondo, había tenido cargos de mediano perfil en entidades públicas del Valle y fue funcionaria de la administración de Toro en varias dependencias. En diciembre de 2020 la junta la autorizó a contratar sin límite de objeto ni de plata durante todo el 2021, periodo en el que el Fondo tiene su bonanza con recursos de la paz.


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Si el poder de La U está claro en el Fondo, también lo está en su relación con el Ocad Paz: 11 de los 23 alcaldes que le pidieron al Ocad poner al Fondo como su ejecutor (los proyectos suman 114 mil millones), tuvieron el aval de La U en las elecciones de 2019 y 5 de esos tuvieron el respaldo en coalición.

La mayoría son del Cesar, departamento que tuvo la segunda mayor asignación de recursos del Ocad Paz con 511 mil millones, de los que 115 mil se canalizaron a través del Fondo. Es decir, 1 de cada 5 pesos aprobados para ese departamento se adjudicaron a través del Fondo.

Toro le dijo a La Silla que no tenía injerencia en el Fondo desde que dejó de ser gobernadora del Valle en 2019, que conoce a Lyda Caicedo porque ha ocupado varios cargos como funcionaria y negó tener cualquier tipo de relación con la manera en que se han ejecutado regalías.

De cualquier manera, su grupo tiene una posición estratégica en un Fondo que tuvo una disparada sin precedentes con la plata para el posconflicto.

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