¿Por qué fueron liberados tres funcionarios de Agro Ingreso Seguro?

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¿Por qué fueron liberados tres funcionarios de Agro Ingreso Seguro?

 

 

En los últimos días han salido de la cárcel varios de los implicados en el escándalo de Agro Ingreso Seguro por cuenta de la lentitud en el inicio del juicio. Los titulares han dicho que la Fiscalía dejó vencer los términos y por eso se ha generado un debate sobre la rigurosidad con que los ex funcionarios del Ministerio de Agricultura habían sido llamados a juicio. Pero el proceso no está demorado por causa de la Fiscalía, sino por la dificultad de la defensa en conseguir pruebas.

A través de decenas de derechos de petición, los implicados han solicitado al Ministerio de Agricultura y a otras entidades documentos que creen necesarios para defenderse. Como las respuestas a los derechos de petición no han terminado de llegar, se sienten sin elementos suficientes para defenderse. Lo paradójico es que la lentitud del Ministerio de Agricultura, que critican porque los deja con menos herramientas de defensa, les ha servido para salir de la cárcel.

Los procesos penales empezaron ya hace varios meses. En abril, la Fiscalía le imputó cargos a Camila Reyes del Toro, ex directora de Comercio y Financiamiento del Ministerio de Agricultura y a los ex jefes jurídicos Óskar Schroeder y Tulia Eugenia Méndez por el delito de peculado a favor de terceros y celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales. Al ex Viceministro, Juan Camilo Salazar, también le imputó interés indebido en la celebración de contratos. En esa ocasión, el juez de control de garantías rechazó los cargos por peculado, pero, para avalar la detención preventiva, aceptó el delito de contratación indebida para todos y el de interés indebido para Salazar.

En la audiencia de imputación, el juez también aceptó la argumentación de la Fiscalía según la cual eran un peligro para la sociedad y los mandó preventivamente a la cárcel. Y aunque los acusados apelaron esa decisión, perdieron en segunda instancia y siguieron detenidos.

Unos días más tarde, otra juez tomó la misma decisión contra Juan David Ortega, ex Secretario General del Ministerio de Agricultura. De nuevo las apelaciones fueron infructuosas.

El ex viceministro Juan Camilo Salazar sigue en la cárcel. Aunque solicitó la libertad, un juez se la negó.
El ex secretario general del Ministerio de Agricultura Juan David Ortega obtuvo su libertad el martes pasado.
El ex Ministro Andrés Felipe Arias lleva poco más de un mes detenido por Agro Ingreso Seguro. Lo que ocurra en estos procesos puede tener repercusiones en el suyo.

Pero en los últimos días (y a cuentagotas) estos ex funcionarios han ido recuperando la libertad. El 18 de agosto salió en libertad Reyes y al día siguiente lo hizo Schroeder. Este martes fue el turno de Ortega. En los tres casos salieron porque habían pasado más de 90 días desde que se radicaron los escritos de acusación y aún no se ha realizado la primera audiencia del juicio en su contra, por lo que se habían vencidos los términos.

Aunque Méndez y Salazar alegaron lo mismo, la semana pasada, cuando llevaban 112 días detenidos, un juez les negó la solicitud de libertad, pues argumentó que la demora se debe a la complejidad del proceso.

Con esto se prueba que además de los argumentos, la suerte de la libertad también está el tipo de juez a quien le corresponda estudiar el caso.

Las razones de la demora

El vencimiento de términos se debe a las dificultades de la defensa en poder presentar sus pruebas. Y es que, mientras no las presente, no se puede iniciar al juicio, para el cual hay un plazo de 90 días a partir de cuando se radicó el escrito de acusación, que en este caso fue el 5 de mayo. La idea es que los acusados no estén ilimitadamente en la cárcel sin que lleguen a juicio.

Después de la audiencia de acusación, lo que viene en el proceso penal es una audiencia preparatoria en la que las dos partes deben enunciar todas las pruebas que van a llevar al juicio. Y para el caso de estos funcionarios, la audiencia, que inicialmente estaba citada para el 18 de junio, se aplazó un mes porque la defensa no había alcanzado a recopilar todas esas pruebas.

El 18 de julio, cuando se encontraron, la defensa indicó que no le habían respondido los derechos de petición que había presentado en varias entidades y también dijo que esas respuestas eran parte de sus pruebas.

Esto ocurrió, de nuevo, el 8 de agosto, por lo que se aplazó la audiencia preparatoria de nuevo, hasta el 6 de septiembre.

El problema para la Fiscalía es que, con esos aplazamientos, pasaron los 90 días. Y por ello los defensores de los implicados empezaron a solicitar audiencias para que les concedieran la libertad y por eso han salido Schroeder, Reyes y Ortega.

Méndez y Salazar no obtuvieron su libertad porque la regla de los 90 días tiene dos excepciones. No aplica cuando la defensa ha realizado maniobras dilatorias, ni cuando hay una causa razonable que explique la demora.

La pregunta es si la solicitud de las pruebas por los derechos de petición es una maniobra dilatoria (todos los jueces han dicho que no), o si hay una causa razonable para la demora. En el caso de Méndez y Salazar, para el juez sí había una causa razonable para mantenerlos detenidos después de los 90 días, porque la demora en la respuesta a los derechos de petición no ha sido causada por la justicia. En los otros casos, los jueces entendieron que esa demora no era una causa razonable para tenerlos detenidos porque no era culpa de los exfuncionarios y eran documentos necesarios para defenderse. Es decir, el tema no es claro para los mismos jueces.

Además de confuso, el problema sigue sin resolverse. La libertad de los acusados sigue en el aire, porque todas las decisiones han sido apeladas. En el caso de Méndez y Salazar, por la defensa y por la Procuraduría, que alegan que no hay causa razonable para que la detención dure tanto; y en los de Schroeder, Reyes y Ortega, por la Fiscalía, que alega que la demora en responder los derechos de petición no es su responsabildiad y los acusados siguen siendo peligrosos para la sociedad.

El lío de los derechos de petición

El problema con los derechos de petición no es nuevo en el proceso. En la fallida audiencia del 18 de julio, el juez le solicitó al representante del Ministerio, que hace parte del proceso como víctima, que ayudara a tramitarlos. Pero hasta hoy persisten las dificultades.

El Ministerio acepta que el proceso ha sido lento, pero dice que esa lentitud no ha sido deliberada. Un comunicado de prensa del 8 de agosto explica que había recibido 57 derechos de petición; que los interesados solicitaron tantos documentos que tienen que pagar más de un millón y medio de pesos en más de 40 mil fotocopias; que han pedido documentos que ya están en el archivo muerto porque tienen más de veinte años de antigüedad. En suma, que el proceso ha sido lento porque es dispendioso, hasta el punto que el Ministerio tiene 12 personas dedicadas únicamente a responderlos.

La defensa, por su parte, alega que el derecho de petición es un derecho fundamental, que además en este caso está atado a su derecho a la defensa. Este argumento, que presentó inicialmente la Procuraduría, fue aceptado por los jueces de Schroeder y de Ortega, cuando los dejaron en libertad. Y que esta demora limita su tiempo para estudiar los documentos y defenderse. Aunque, a la vez, es la que les ha permitido solicitar (y en tres casos obtener) la libertad.

El debate ha llegado hasta el punto que en la fracasada audiencia del 8 de agosto, el juez pidió investigar si los funcionarios del Ministerio de Agricultura encargados de responder los derechos de petición han dilatado las respuestas.

En todo caso, el proceso no podrá avanzar sino cuando la defensa pueda presentar todas las pruebas que piensa usar en el juicio. La pregunta es cuándo será eso.

Lo que viene

Lo que se espera en los próximos días es que el Ministerio responda todos los derechos de petición y la defensa de los cinco funcionarios pueda revisarlos y con eso se logre evacuar la audiencia preparatoria e ir a juicio. Y una vez se llegue a la audiencia de juicio, los funcionarios que sigan detenidos ya no podrán alegar vencimiento de términos para salir libres.

Por eso, para la defensa es deseable obtener la libertad de todos antes de llegar hasta la audiencia de juicio, que es uno de los motivos por lo que algunos los acusan de dilación. Pero, como ya aceptaron los jueces en las solicitudes de libertad, no hay ninguna prueba de que los exfuncionarios estén haciendo alguna maniobra dilatoria.

En el juicio, además de las toneladas de documentos que ha presentado la Fiscalía y las que seguramente utilizará la defensa, entrará a jugar un testimonio clave.

El martes se supo que otro de los vinculados al escándalo, Javier Romero Mercado, finalmente va a colaborar con la Fiscalía. Y ese es un avance que estaba esperando la entidad y que puede cambiar el desarrollo del juicio.

Romero fue director de Desarrollo Rural del Ministerio y en ese cargo fue interventor de los proyectos de riego y drenaje de AIS. Es decir, era el encargado de revisar el programa que más dinero entregó y en el que las familias Vives, Lacouture y Dávila fraccionaron predios.

La colaboración de Romero ya recibió el visto bueno de un juez y con eso se convierte en testigo de la Fiscalía. Un testigo que, además, puede ayudar a desenredar el tema de la contratación directa con el IICA y el de la fragmentación de los predios en la Costa.

Pero esta no es una sorpresa: Romero y la Fiscalía negociaron el principio de oportunidad hace meses, y el testimonio de Romero está entre las pruebas que la Fiscalía ya manifestó que tiene de su lado, según le dijo el fiscal Martín Moreno a La Silla Vacía.

Como la Fiscalía ya destapó sus cartas, en la medida en que ya dio a conocer qué pruebas tiene, el camino de los procesos de los cinco funcionarios parece claro. Lo que sigue en juego son las herramientas para su defensa y, antes de eso, su libertad. Y, con todo eso, el futuro jurídico del ex ministro Andrés Felipe Arias y de otras personas vinculadas al escándalo.

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