Entre la capital del Tolima, Ibagué, y Armero Guayabal, un municipio al norte de este departamento, hay cerca de tres horas de camino pasando por Alvarado, Venadillo y Lérida. 

El paisaje común es de llanuras extensas que se juntan al horizonte con algunas montañas. Estos terrenos planos solo son interrumpidos por dos carriles de la Autopista Panamericana que atraviesa la región. Durante los inicios de agosto la tierra es árida y parece abandonada, pues la cosecha de maíz, el principal producto de la zona, es reciente. El calor supera los 32 grados y la sensación térmica es igual a estar en un desierto.

Sobre la orilla occidental de la Panamericana y a menos de cinco minutos del parque principal de Armero está la finca Potosí, un terreno de 149 hectáreas que perteneció al narcotraficante Leónidas Vargas, jefe del Cártel de Caquetá asesinado en enero de 2009 en un hospital en Madrid, España, mientras cumplía su condena. Vargas fue uno de los socios más cercanos del capo Gonzalo Rodríguez Gacha, El Mexicano, heredó su fortuna y libró una batalla por el control de la zona esmeraldífera del país con Víctor Carranza.

En 1999, la Corte Suprema de Justicia aplicó sobre Potosí la figura de extinción de dominio y, luego de pasar a manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes, en septiembre de 2005 el predio fue entregado al entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) para incluirlo, junto a los terrenos vecinos de Caracolí y Laguna del Hato, en la lista de tierras en las que podrían adelantarse procesos de reforma agraria con comunidades locales o con víctimas del conflicto armado.

A partir de esta disposición, campesinos de la zona reunidos en la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de Armero Guayabal, afiliada a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), iniciaron las gestiones para que se les adjudicara Potosí y pudieran adelantar allí iniciativas productivas. 

Efectivamente el terreno les fue asignado de manera provisional y crearon la Cooperativa de Trabajo Asociado Agro-Industrial Paz Verde, con la que adecuaron el lugar y comenzaron con algunos cultivos de pancoger. Pero el positivo comienzo pronto se truncó y Potosí ha sido motivo de controversias y tensiones por más de quince años.

Campesinos y víctimas 

“¿Quién no va querer una tierra de estas?, es que mire la extensión y la ubicación sobre la vía para la comercialización de cosechas, esto es una mesita de billar”, comenta Edgar Angarita, presidente de la Anuc Tolima, refiriéndose a los atributos de un terreno que por sus dimensiones trae incluso a la memoria las famosas plantaciones de marihuana durante la bonanza marimbera de los años 70 y 80 en el norte del país, que podían abarcar miles de hectáreas. 

Justamente estas bondades han despertado distintos intereses y disputas por las que, asegura Angarita, fueron asesinados el 21 de mayo de 2006 los jóvenes Javier Giraldo, Horacio Guzmán y Fabio Calderón, tres miembros de la cooperativa en inmediaciones de Laguna del Hato. 

De esos hechos fue responsable un grupo armado denominado Autodefensas Nueva Generación Futuro Verde; “Grupos paramilitares al servicio de terratenientes de la zona que estaban inconformes con los reclamos y exigencias que veníamos haciendo”, dice Angarita.

Esta masacre generó temor y zozobra en quienes venían participando de iniciativas agrícolas en la zona. Muchos tuvieron que irse por seguridad, pero al tiempo los hizo sentir  “con muchas más razones para reclamarlo, pues además del derecho que siempre hemos pensado tener por ser campesinos de la zona, ahora éramos víctimas porque no pudimos volver a nuestros proyectos. Por eso no nos explicamos lo que ha ocurrido después”, complementa Angarita.

Lo que pasó después ha estado marcado por decisiones judiciales para resolver el derecho de pertenencia del terreno, que reclamaron varias personas entre 2008 y 2016 (razón por la cual el predio regresó a dominios del Consejo Nacional de Estupefacientes), pero también para adjudicarlo en 2018 a 22 familias acreditadas como víctimas, al igual que los campesinos de Armero, y pertenecientes a la Asociación Distrital de Supervivientes de Minas Antipersonal y Munición sin Explotar (Adisman).

“Nosotros empezamos la acreditación y como organización de víctimas postulamos gente al tema de tierras, un asunto que todos necesitamos. Tres líderes de Adisman nos reunimos y cada uno postuló diez potenciales beneficiarios, con diferentes tipos de hechos victimizantes, y ahí apareció gente con la que ni nos conocíamos; había personas de Caquetá, Cauca, Santander, Meta y otras partes del país, un poco la radiografía de lo que ha sido Colombia”, explica Reinel Barbosa, fundador y representante de Adisman, quien en 2008 fue afectado en su pierna izquierda por la explosión de una mina antipersonal.

Si bien Barbosa no desconoce el derecho y las razones de los campesinos de Armero para reclamar el predio, asegura que han cumplido con todos los requisitos desde el 31 de octubre de 2016, cuando la Agencia Nacional de Tierras recibió su postulación, respaldada por la Presidencia de la República y la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. 

A pesar de los cd´s, videos y los cientos de folios guardados en una decena de carpetas de cartón en las que Edgar compendia el proceso jurídico que según él les da la razón a 26 familias campesinas para que se les adjudique Potosí, la ley facilitó el proceso para Adisman, pues en condiciones normales, y que no ocurrieron, los asociados a esta organización debieron ingresar a un concurso público para que se les otorgara el predio.

El Reglamento General de selección de beneficiarios del Fondo Nacional Agrario, establecido por el entonces Incoder en 2014 (acuerdo 349), contempla algunas excepciones a ese concurso, como la adjudicación directa cuando “los aspirantes sean víctimas de la violencia de listados que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas envíen”, característica con la que efectivamente cumplían los hoy propietarios de Potosí y por lo cual no ingresaron a proceso de selección alguno.

La disputa entonces no ha girado alrededor del derecho legítimo de una asociación de víctimas del conflicto como Adisman a acceder a tierras y mejorar su calidad de vida. Responde a la inconformidad y sensación de injusticia que decisiones judiciales han producido en los habitantes de Armero. 

Por un lado, la Procuraduría les ha dado la razón e incluso hizo un llamado de atención a las instituciones responsables del proceso por no haber atendido diligentemente, desde 2006, las reclamaciones que venía haciendo la comunidad. 

Por otro, como en tantas zonas de Colombia, para la población local también es crucial el acceso a la tierra. Más en una de las mejores zonas del país, pues según expertos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por lo menos el 12,9 por ciento del Tolima tiene algunos de los mejores suelos para cultivar en todo el territorio nacional.

A esta tensión se suma lo que cuenta Carlos Alfonso Escobar, quien era alcalde de Armero en 2018, cuando se realizó el acto de adjudicación. Escobar cuestionó la decisión no solo por no haber tenido en cuenta las 780 víctimas del conflicto armado que decía tenía su municipio, sino por los procesos de adaptación de los forasteros con la comunidad que los recibía, y las sospechas sobre ventas o arrendamientos de los predios.

“Tenemos antecedentes que entregar predios a familias de otros departamentos no funciona; en 1992 entregaron el predio los Cámbulos a 12 familias provenientes de Curumaní Cesar, las cuales arrendaron o vendieron sus tierras y se fueron, no queremos que pase lo mismo con estas tierras que son unas de las más productivas de la región”, manifestó en un medio local.

Potosí tres años después, ¿para quién es la tierra que se adjudica?

La afirmación del entonces alcalde Escobar es uno de los más importantes cuestionamientos que hoy, tres años después de ser adjudicado Potosí, se hacen comunidades campesinas en Armero ¿quiénes y cómo están habitando el terreno?

De las 149 hectáreas que tiene Potosí, 124,5 las poseen las 22 familias beneficiarias de Adisman, equivalentes a unas 70 personas. A cada familia le corresponden 5,2 hectáreas y las 10 restantes se han destinado para vías de acceso y zonas comunes. 

Aunque Reinel Barbosa asegura que todas las familias beneficiarias viven en el predio y que ninguna se ha desplazado de allí desde que se les adjudicó, la falta de cultivos por la época permite comprobar que en varios metros e incluso kilómetros a la redonda solo hay una casa grande que se ve desde la Panamericana, más con aspecto de bodega, que sirve para guardar insumos y maquinaria necesaria para el trabajo del cultivo.

Cerca a esta casa principal se ve apenas el comienzo de lo que es la construcción de otra vivienda, y ante la soledad en la zona, dos trabajadores de Potosí comentan que de las 22 familias, en el momento solo se encontraban 10 o 12, pues muchas regresaron a sus ciudades de origen luego del paso de la cosecha, además que sus casas sí estaban y se ubicaban aproximadamente a un kilómetro y medio más adentro del predio.

Este tipo de contradicciones han generado en habitantes del municipio, que por años vienen reclamando el predio, la sospecha sobre posibles arriendos y ventas de estos terrenos, transacciones que si bien no son ilegales, las ven como injustas ante las necesidades de otras comunidades de la región para las que es fundamental el acceso y posesión de la tierra. 

Reinel desmiente estas conjeturas y aclara además que luego del mes y medio que puede demorar el proceso de preparación y siembra del maíz, las personas quedan desocupadas o sin muchas labores hasta que viene la corta. “Ese periodo que puede ser de dos meses y medio aproximadamente los propietarios del terreno y sus familias lo aprovechan para hacer otras cosas”, explica. 

A pesar de que la extensión de los terrenos asignados a cada familia beneficiada de Potosí son inferiores en por lo menos seis hectáreas a lo que dicta la Unidad Agrícola Familiar (UAF), establecida entre 11 y 17 hectáreas para esta zona, Reinel manifiesta que se encuentran satisfechos con los que les ha correspondido, no tanto por el tamaño, sino por lo fértil de la tierra. “Yo no sé si es una bendición de los dioses, pero aquí las cosechas son siempre buenas, es lo que no han dicho y es lo que uno ve. Esta tierra conserva mucho la humedad y desde que se le dé un buen manejo todo sale muy bien”, dice.

Aunque ahora Potosí solo es un campo abierto y solitario, su extensión hace pensar que no son tan descabelladas las afirmaciones de Reinel. Según él, la más reciente cosecha de maíz en el predio género hasta 7,5 toneladas del grano por hectárea, cada una de ellas pagada alrededor de 900 mil pesos. 

Teniendo en cuenta que debe hacerse una inversión de 5 millones de pesos en insumos y cuidados por hectárea, en cada periodo de siembra una familia podría estar percibiendo ganancias por el orden de los 35 o 40 millones para vivir durante cuatro o cinco meses que demora un nuevo periodo de recolección.

Estos resultados hablan de lo próspero que es Potosí; su ubicación y sus características los convierten en uno de los mejores y más apetecidos predios de la zona, al punto de que habitantes de Armero no pierden aún la esperanza por tenerlo ante tantas promesas incumplidas a lo largo de los años y que como dice Edgar Angarita, sean ellos “los mismos benficiados de lo que ofrece su tierra” y no sufran un desplazamiento por segunda ocasión ante la necesidad de buscar mejores condiciones de vida a través de las labores agrícolas.

Potosí, un terreno adjudicado en Armero que sigue generando tensiones

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