Proyecto fotomultas no pone en cintura a sus dueños actuales

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La Silla revisó los casos de cinco departamentos, averiguó quiénes son los dueños del negocio, si tienen alguna relación política, e hizo la radiografía de las condiciones bajo las que están operando.

Antes de salir de vacaciones, el Congreso sacó una ley que le pone un límite al millonario negocio de las concesiones de fotomultas, pero no a las actuales sino a las que se firmen de la norma en adelante.

La iniciativa, autoría del senador de Opción Ciudadana Mauricio Aguilar y de otros tres congresistas, busca regular los comparendos electrónicos a nivel nacional, que en los últimos años han generado todo tipo de denuncias y quejas.

Se trata de un sistema de cámaras instaladas en las calles y carreteras para ‘cazar’ a los conductores que no respeten los límites de velocidad ni los semáforos, pero muchos ciudadanos se quejan por la unilateralidad de las sanciones y porque en varias ocasiones éstas no son notificadas, pese a que la Corte Constitucional estableció que debían hacerlo a más tardar tres días después de tomadas las fotografías o serían anuladas.

El congresista Aguilar califica estas concesiones como “un negocio” que genera “abusos, atropellos y asaltos” a conductores y propietarios de vehículos.

El proyecto le pega de frente a la estructura de ingresos que había sido tan atractiva para políticos y empresarios, porque le puso un techo del 10 por ciento a la participación privada en el recaudo de las infracciones para las concesiones que se creen a futuro; y además, condicionó la instalación de cámaras (tanto las actuales como las futuras) a un concepto que deberá emitir el Ministerio de Transporte basado en un estudio de conveniencia.

Aunque el apretón no le aplica a los contratistas actuales (se quedan entre el 25 y el 80 por ciento del recaudo), sí les cambiará todo el modelo cuando se venzan los contratos que tienen en curso (en algunos casos tienen la concesión hasta por tres décadas) y les ponga un techo para seguir creciendo como lo vienen haciendo.

Algunas concesiones tardarán mucho en vencer, como la de Villa del Rosario en Norte de Santander, donde tienen asegurado el negocio por 30 años más.  Pero en Cundinamarca, por ejemplo, la concesión se vence en menos de 2 años.

Al proyecto solo le falta sanción del Presidente Juan Manuel Santos y mientras eso ocurre, La Silla revisó los casos de cinco departamentos, averiguó quiénes son los dueños, si tienen alguna relación política  e hizo la radiografía de las condiciones bajo las que están operando.

Este es el panorama del negocio que, según cifras del Ministerio de Transporte, en los últimos seis años ha generado comparendos por alrededor de $2 billones.

 

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