Qué dice la ley y cómo debe actuar la Policía ante la invasión de tierras

Qué dice la ley y cómo debe actuar la Policía ante la invasión de tierras
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Foto: Twitter.

El “Asentamiento Gustavo Petro”, un lote de 50 hectáreas al sur de Neiva, fue ocupado por 700 familias el 30 de agosto. Sus invasores no se iban a mover hasta que el Gobierno nacional les entregara una solución de vivienda digna, pero el lote terminó siendo desalojado por la Policía hace dos días.

“Hay un aumento de casos que requieren medidas urgentes por parte del Gobierno”, sostuvo el defensor del Pueblo Carlos Camargo, quien habló de más de 108 invasiones en 16 departamentos.

De parte del Gobierno ha habido mensajes cruzados. Por un lado, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, habló de un mandato de 48 horas que tiene la Policía para desalojar los predios invadidos, mientras que el presidente Petro dijo que los dueños de terrenos invadidos tienen hasta 72 horas para alertar a las autoridades. En el cruce de versiones, organizaciones de ganaderos contra las invasiones han despertado el temor de la reaparición de movimientos de autodefensas.

La Silla consultó a varios abogados, incluyendo a Guillermo Mendoza, ex Fiscal General y a Luisa María Acevedo, profesora de propiedad y directora del semillero de investigación en Justicia Transicional, Tierras y Paz de la Universidad de los Andes, para poner sobre la mesa los aspectos legales detrás de las invasiones de tierras. 

¿Qué dice la ley sobre las invasiones?

Legalmente, al fenómeno de las invasiones se le conoce como “posesiones” de la tierra, que describe una relación informal con la propiedad del predio. El fenómeno de las posesiones tiene dos características fundamentales: hay una persona que empieza a relacionarse con un predio y esta quiere ser dueña y señora de la tierra que ocupó.

Existen varios tipos de posesiones que van desde la regular –que parte de la buena fe de la persona y el título obtenido de manera legal– hasta la viciosa, que implica la posesión de un terreno a través de la violencia o la clandestinidad. Estas últimas se convirtieron en un fenómeno común con el conflicto armado en el país.

El lío con las invasiones es que atentan contra el derecho a la propiedad privada, que está amparado por el Artículo 58 de la Constitución.

La propiedad es un derecho real, es decir, uno que tiene una persona para usar, gozar y disponer de un bien que le pertenece. La ley dice que este derecho se adquiere a través de la combinación entre un título –es decir, el uso, la posesión del predio o la herencia de una escritura– y un modo, que se refiere a la escritura pública que se registra ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Orip.  

¿Cómo debe actuar la Policía ante una invasión?

La primera línea de defensa contra las invasiones es la Policía Nacional. Según el Código de Policía, la ocupación ilegal y las posibles modificaciones que vengan con ella, como la instalación de servicios públicos, es un comportamiento que choca con la posesión de buena fe y justo título que plantea el Código Civil.

Por esa razón, la misión de la Policía debe ser proteger, pero también restituir y reparar a los dueños del predio y aplicar las medidas correctivas necesarias en contra de los invasores.

Sin embargo, el mismo Código dice que la Policía solo puede actuar en caso de posesión violenta si se instaura una queja –una querella– ante el inspector de Policía. Y esta querella solo pueden hacerla el titular del inmueble o sus representantes legales y las entidades de derecho público (como las Alcaldías o Gobernaciones).

Según el Código de Policía, los agentes tienen 48 horas para expulsar a quienes están tomando posesión del predio. Como afirmó el ministro de Defensa Velásquez, “cuando transcurren esas 48 horas los desalojos se dan con órdenes judiciales, dado que la Fuerza Pública solo puede actuar por la determinación de un juez”.

Después de las 48 horas iniciales, el procedimiento de desalojo de la Policía se da por fracasado. Desde esa marca temporal, los invasores se convierten en poseedores viciosos o irregulares y solo pueden ser expulsados del predio a través de una acción judicial. 

¿Cuándo entra a jugar la justicia?

Después de 48 horas empieza la apertura de un proceso penal en contra del invasor para que este no vuelva a ocupar su terreno. Para pasar a instancias penales, el dueño del predio tiene máximo cuatro meses para hacer la querella ante un juez.

El delito de invasión de tierras está incluido en el artículo 263 del Código Penal. Este se comete cuando alguien invade un terreno ajeno “con el propósito de obtener un provecho ilícito para sí o para otro”.

Este “provecho ilícito” no necesariamente implica el uso del predio para actividades ilegales. “Invadir un predio para asentarse allí y explotarlo sin derecho alguno, afectando el patrimonio económico de quien sí tiene el derecho, podría evidenciar el provecho ilícito” le dijo a la Silla el exfiscal Mendoza.

Si la invasión se acaba o es desalojada antes de la acusación ante un juez, la Fiscalía podría terminar anticipadamente el proceso penal. Lo clave ahí es que los invasores indemnicen a los dueños del predio por los daños o perjuicios causados.

Pero, si la posesión continúa, las penas podrían ser de 48 a 90 meses de cárcel o multas de 76 hasta 300 salarios mínimos. Las sanciones por invasiones en zonas rurales son aún peores, van de 54 a 120 meses de cárcel.

Esta semana, luego de una reunión con el presidente de Fedegán, José Felix Lafaurie, el ministro Velásquez se comprometió a actuar con más decisión y a trabajar con la Fiscalía para que los invasores sean capturados.

Si tras una invasión nadie inicia una acción penal y no actúa la Policía en las primeras 48 horas, los invasores podrían convertirse en los dueños legítimos del predio. Esto se hace a través de un mecanismo que se llama prescripción. Si los invasores pasan un mínimo de 5 años en ese predio (o 10 años en el caso de posesiones irregulares o viciosas) y cumplen con la titulación y registro del predio, pueden convertirse en sus dueños. 

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