Cuando ayer en la mañana se supo que inteligencia del Ejército había descubierto que se planeaba un atentado contra Sergio Fajardo, la primera reacción del Gobernador de Antioquia no fue señalar a las Farc ni tampoco a los paramilitares. Habló de la corrupción y dijo que ojalá las investigaciones dijeran quienes estaban detrás porque “hay unos encargados de hacer atentados, pero otros las maquinan”.

¿Qué es lo que ha hecho Fajardo para asustar a esa “empresa criminal de la corrupción” como él la llama?

Lo primero es que Fajardo asumió el discurso mockusiano de respeto a la ley no solo como eje de su campaña sino que ha comenzado a traducirlo en acciones concretas de su gobierno. Si logra mantenerlas en el tiempo, rompería una inercia de muchos años de alianzas entre la política y los grupos criminales, como lo atestigua la larga lista de políticos antioqueños condenados por parapolítica.

Lo más notorio que ha hecho hasta ahora Fajardo es la publicación de su famoso “libro blanco”, con lo cual hizo un corte de cuentas a la administración de Luis Alfredo Ramos. Analizando el estado en el que recibía secretaría por secretaría de la Gobernación, Fajardo puso en blanco y negro una radiografía sobre el manejo irregular de los recursos públicos en Antioquia.

El “libro blanco” que publicó Fajardo es un duro corte de cuentas a la administración de Luis Alfredo Ramos, quien reaccionó a este informe diciendo que era una “injuria y una calumnia”.

Fajardo en sus discursos rescata lo que fue la esencia de la Ola Verde: el no a los atajos. Foto: Juan Pablo Pino

Por cuenta del contrabando y las rentas ilegales el Departamento pierde cuantiosos recursos. Fajardo se ha propuesto recuperar 300 mil millones de pesos cerrando los huecos de evasión por cigarrillos, licores y juegos ilegales.
La minería ilegal es otro de los grandes problemas en Antioquia y una de las hipótesis que se barajaron ayer es que las bandas criminales que están detrás de ese negocio estarían también detrás del atentado. Pero en la Gobernación descartaron esa hipótesis.

Lo más fuerte del Libro Blanco es que dice que más del 80 por ciento de los contratos fueron adjudicados directamente y no mediante licitación en los cuatro años anteriores; que no hay sustento del 20 por ciento de los gastos del despacho del Gobernador; que no hay información actualizada sobre títulos mineros y su legalización, y que el control del pago de los canon superficiarios y regalías y el cumplimiento de licencias ambientales fue muy débil; y que en el Instituto de Desarrollo de Antioquia (Idea) hay graves problemas administrativos.

Después de la publicación de este documento, Ramos dijo que ese Libro Blanco era una “injuria y una calumnia”. Sin embargo, la Contraloría Departamental hizo una auditoría a Idea -una de las entidades donde más irregularidades se encontraron- y descubrió nueve hallazgos fiscales. Y así los órganos de control han comenzado también a ponerle la lupa a otras instituciones en las que la Gobernación de Fajardo encontró irregularidades.

Según dijo el Gobernador del Partido Verde en los próximos días va a publicar el segundo “tomo” del Libro Blanco con nuevas denuncias.

¿Fin a la tajada?

Pero más allá de este documento, como uno de los problemas centrales que él denuncia es el que tiene que ver con la contratación, Fajardo ha creado todo un nuevo sistema para realizar contratos que dice que tapará “las fisuras” que facilitan la corrupción.

A Fajardo le gustan las frases con alta recordación, y ha bautizado este modelo de contratación como “muchos ojos pocas manos”. Básicamente consiste en concentrar en muy pocos funcionarios la competencia para contratar y en crear varias instancias de control sobre el gasto de los dineros públicos.

Si este sistema realmente funciona, se rompería el maridaje que existe entre muchos contratistas y algunos diputados, concejales y senadores que direccionan la contratación de las obras públicas, quedandose con una tajada del contrato por cuenta de esta intermediación.

Fajardo también ha decidido combatir las rentas ilegales. En particular, el Plan de Desarrollo recientemente aprobado se propone recuperar 300 mil millones de pesos que pierde el Departamento por licor adulterado, contrabando de cigarrillos y juegos ilegales.

Para combatir esos monopolios rentísticos, la Gobernación ha fortalecido equipos de fiscales y policía judicial; está trabajando con las licoreras y tabacaleras legales para enfrentar a las piratas y ha lanzado campañas para promover el consumo legal. Todavía es muy pronto para saber si funcionará esta campaña pero por lo menos la voluntad de tapar esa evasión de impuestos parece clara.

Y por último, dado que una parte del territorio de Antioquia está en manos de la ilegalidad, el Plan de Desarrollo de la Gobernación apunta a romper de frente esos vínculos llevando el Estado a regiones azotadas por el conflicto.  Urabá, que es una de las zonas donde hay todo tipo de ilegalidades, tiene un capítulo especial en el Plan y lo mismo las zonas de frontera de Antioquia con Córdoba, Sucre, Boyacá y Chocó, varias de las cuales están literalmente tomadas por las bandas criminales.

El noreste de Antioquia, por ejemplo, se ha convertido en una de las zonas de mayor conflicto en el departamento. Últimamente ha habido una serie de ataques que, según la Policía, son resultado de la disputa entre Urabeños y Rastrojos por el control de la zona.

En el último mes se han denunciado 12 homicidios en el municipio de Vegachí, y en Segovia asesinaron el mes pasado a cinco mineros. El último crimen ocurrió el sábado pasado en la vereda de Martaná, Remedios, en donde encontraron muertos a cinco hombres luego de un tiroteo. 

Según El Colombiano, las disputas han llegado a tal punto en que algunos funcionarios del Estado no han podido acceder a las veredas y los corregimientos y es vox populi que toda la cadena de valor de la minería está boleteada por las bandas criminales. Pero desde esta semana el Ejército y el Escuadrón Móvil de Carabineros reforzaron la vigilancia en la región.

Por lo anterior, ayer se barajó como una de las hipótesis que detrás del frustrado atentado estarían las bandas criminales que viven de la minería ilegal. Pero en la Gobernación no creen que la amenaza venga de allí pues hasta el momento no se han tomado acciones fuertes en ese frente.

Seguramente pasarán muchos meses antes de que se sepa quién está detrás de los planes para detener a Fajardo. Por lo pronto, la Unidad de Protección del Ministerio de Interior anunció que reforzará la seguridad del Gobernador. Y ahora la pelea más dura de Fajardo probablemente será contra el miedo.
 

Soy la directora, fundadora y dueña mayoritaria de La Silla Vacía. Estudié derecho en la Universidad de los Andes y realicé una maestría en periodismo en la Universidad de Columbia en Nueva York. Trabajé como periodista en The Wall Street Journal Americas, El Tiempo y Semana y lideré la creación...