Qué hay detrás del nuevo 'round' del Procurador contra el aborto

Desde que inició su periodo, el procurador Alejandro Ordóñez casó una pelea a muerte contra la despenalización del aborto.

Detrás del anuncio del procurador general Alejandro Ordóñez de que promoverá la anulación del fallo de la Corte Constitucional que ordena una campaña informativa sobre el aborto, hay una verdad de fondo: en su cruzada contra este tema, el Procurador parece dispuesto a todo, incluso a desconocer las órdenes que le ha dado la propia Corte.

Según Ordóñez, la sentencia de la Corte Constitucional, de 28 de mayo pasado, se extralimita al ordenar campañas masivas de “promoción del aborto”.

Aunque la instrucción de la Corte no está redactada en esos términos – se refiere a “campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos” de las mujeres – la pelea de fondo del Procurador es que el aborto sea visto como un derecho y no como un delito con apenas algunas excepciones (violación, riesgo para la salud de la mujer en embarazo o malformación del feto que hace inviable su vida más allá de unos días).

Lo que no dice el Procurador en su comunicado es que, por un lado, la Corte ordenó estas campañas después de revisar casos donde la falta de información y la negativa de algunas entidades de practicar el aborto generaron graves perjuicios a las mujeres involucradas; y, por el otro, que desde que comenzó la era Ordóñez, la Procuraduría al parecer dejó de cumplir con su deber de monitorear el cumplimiento de los procesos y normas que regulan la interrupción voluntaria del embarazo.

La decisión de la Corte que generó este nuevo ‘round’ se refiere al caso de una mujer embarazada a cuyo feto le detectaron serias malformaciones óseas. La EPS se negó a practicar el aborto por lo que la afectada presentó una acción de tutela. El juez de primera instancia la negó al considerar que ordenar un aborto iría en contra de la Ley Divina. El juez de segunda instancia revocó esa decisión y ordenó el procedimiento, que finalmente se practicó cuando la mujer tenía seis meses de embarazo. 

En otro caso de 2008, que la Corte revisó hace unos días, se dio una situación similar. A una mujer en estado de embarazo como resultado de una violación, la EPS se negó a practicarle el aborto con el argumento de la objeción de conciencia.

El anunció de la Procuraduría de investigar el proyecto de la Clínica de la Mujer, en Medellín, ocasionó protestas de diversas ONG.

En ambas decisiones la Corte protesta por el desconocimiento de sus órdenes. Analiza el problema de la objeción de conciencia y de la actuación de los jueces y las EPS en la materia y reitera la importancia de que se cumpla con lo que decidió en 2006, cuando despenalizó el aborto en las condiciones mencionadas. Es en ese contexto, en que llama la atención sobre la importancia de promover campañas informativas en todo el país.

La Corte también se refiere al papel que cumplió la Procuraduría. En el segundo caso, el entonces procurador Edgardo Maya le ofreció al Tribunal Nacional de Ética Médica un grupo de acompañamiento para que tuvieran herramientas para evaluar los casos de médicos que se niegan a cumplir la sentencia. Tal acompañamiento no se hizo después de que Ordóñez asumiera como Procurador. Más aun, en marzo de este año, la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos, respondió una solicitud del Tribunal de Ética Médica sobre el problema de las objeciones de conciencia de los médicos diciendo, en otras palabras, que se entendiera directamente con la Corte Constitucional.

Después de hacer referencia a estos pocos avances, la Corte le ordena a la Procuraduría que en el término de dos meses haga un “un informe analítico y un balance general acerca de los diferentes avances, obstáculos identificados y cronograma de actividades” para lograr el efectivo cumplimiento de la sentencia del aborto.

El procurador Alejandro Ordóñez no se ha referido a esta orden ni a este caso. En cambio, dijo que la Corte se extralimitaba al ordenar las campañas informativas sobre aborto. Además, mencionó la decisión del Consejo de Estado que suspende la aplicación del Decreto 4444 de 2006, que estableció el procedimiento para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. El argumento básico del Consejo de Estado es que este tema debe regularse mediante una ley expedida por el Congreso y no mediante un decreto del Gobierno.

Sin bien la decisión del Consejo de Estado es otro triunfo para el Procurador, la Corte ha dicho de manera clara que la sentencia de 2006 debe cumplirse más allá de que haya una reglamentación: "los profesionales de la salud deben atender las solicitudes de interrupción de embarazo en forma oportuna de conformidad con la sentencia C-355 de 2006, siendo su obligación remitir inmediatamente a la mujer embarazada a un profesional de la salud que pueda practicar dicho procedimiento". Por lo tanto, esa decisión del Consejo de Estado no podría paralizar este tipo de procedimientos.

Este nuevo ‘round’ se suma al reciente anuncio de la Procuraduría de hacer un acompañamiento al proyecto de la Clínica de la Mujer, en Medellín, que generó toda una polémica porque iba a practicar abortos; y a la decisión de abril pasado de la procuradora delegada Ilva Myriam Hoyos de no continuar con la asesoría de la organización ‘Women’s Link Worldwide ’ - que dirige Mónica Roa, quien impulsó la despenalización del aborto - en la implementación de la sentencia sobre aborto.

Será interesante ver en, el informe de diciembre a la Corte, si las creencias religiosas del Procurador hicieron que su entidad haya dejado de cumplir sus obligaciones legales en este tema, como temen sus críticos.

Actualización 6:50 pm: en declaraciones a medios de comunicación, el presidente de la Corte Constitucional Nilson Pinilla afirmó, como lo planteó La Silla Vacía en este artículo, que la despenalización del aborto sigue vigente. Según, El Tiempo Pinilla afirmó "que la Procuraduría debe cumplir lo ordenado en el reciente fallo de tutela sobre el aborto, y vigilar que el gobierno implemente una pedagogía sobre los derechos sexuales de la mujer, y a interrumpir su embarazo si cumple las causales establecidas en las sentencias de la Corte".