Quieta en primera la licitación del botadero Doña Juana

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Los recicladores de basura se anotaron una nueva victoria legal. Ayer, la Corte Constitucional ordenó suspender la adjudicación de la licitación del relleno sanitario Doña Juana para garantizar la participación de los recicladores.

Los recicladores de basura se anotaron una nueva victoria legal. Ayer, la Corte Constitucional ordenó suspender la adjudicación de la licitación del relleno sanitario Doña Juana para garantizar la participación de los recicladores.

Como en el caso de la licitación de basuras en Cali, la Corte le puso freno a la millonaria licitación bogotana. Ahora, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de la Alcaldía de Bogotá (Uaesp) tendrá que parar el proceso, revisar los pliegos de condiciones y convencer a la Corte de que la licitación de 377 mil millones de pesos cumple con el deber legal de incluir realmente a los recicladores de basura en la licitación de Doña Juana.

Después de abrir la licitación formalmente el 1 de marzo y de las audiencias de aclaración a finales de mes, la UAESP pensaba que todo iba en orden. Ya había escuchado las críticas de varios concejales de Bogotá a los términos de la licitación, y había modificado los pliegos de la misma (ver historia). Con base en eso, la Uaesp tenía todo listo para hacer la audiencia pública de adjudicación de Doña Juana hoy.

En la Sociedad Colombiana de Ingenieros se iban a destapar los sobres con las ofertas económicas de los tres proponentes que se presentaron en esta licitación. La Uaesp adjudicaría Doña Juana al consorcio cuya oferta fuera del menor valor, cercano al promedio. Sin embargo, la licitación quedó quieta en primera con el pronunciamiento de la Corte Constitucional.

En el auto de ayer, la Corte insistió en el cumplimiento de una sentencia de tutela que en 2003 ordenó incluir a los recicladores en los procesos de recolección y aprovechamiento de las basuras. La Corte alegó que los recicladores, al ser un grupo vulnerable, debían beneficiarse de acciones afirmativas que les ayudaran a obtener una igualdad real en el negocio del aseo y así obtener un mínimo vital que les permitiera tener una vida digna. Hoy, siete años después, los recicladores se siguen sintiendo excluidos del lucrativo negocio.

Las tutelas

A la Corte Constitucional llegaron 21 tutelas presentadas por diferentes organizaciones de recicladores que protestaron por las condiciones de la licitación. En síntesis, los recicladores pedían que a las empresas oferentes se les exigiera asociarse con organizaciones de recicladores que tuvieran mínimo tres años de experiencia en reciclaje y que congregaran al menos 100 personas. Con esto, los recicladores querían asegurarse que empresas u ONG recién creadas no se quedaran con el negocio.

“Una ONG por ejemplo de los hijos del Presidente Uribe, ahora que están metidos en el reciclaje, entra a ser beneficiaria de la acción afirmativa contenida en esta adenda 6 del proceso licitatorio. El mundo al revés”, dijeron los representantes legales de la Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá en una carta enviada a la Corte Constitucional hace un mes.

Sin embargo, las tutelas y las cartas enviadas directamente a Miriam Margot Martínez, la directora de la UAESP, no fueron suficientes para modificar los pliegos en este punto.

La última adenda a la licitación hecha el 23 de abril por la Uaesp estableció que para participar como oferente bastaba con asociarse con una organización de base de recicladores con dos años de experiencia, sin especificar el número de asociados que debía tener la organización. Además, los empresarios también debían asociarse con alguna organización comunitaria vecina de Doña Juana.

La adenda de la Uaesp dejó insatisfecha a las organizaciones de recicladores de segundo nivel (aquellas organizaciones que agrupan a varias organizaciones de base). Ellos argumentan que la responsabilidad de reciclar 1.200 toneladas de residuos diarias que genera Doña Juana no las puede hacer una “organización de bolsillo”, creada a última hora por personas sin experiencia en materia de reciclaje.

“Esa apertura desdibuja la acción afirmativa, pues mete en el mismo saco una población vulnerable específica, que fue la que quiso proteger la Corte en su fallo, con toda suerte de militantes de ONG, vecinos del Relleno y demás aparecidos u oportunistas y grupos que no representan a los recicladores”, dijo la Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá (ARB), una organización que agrupa a cerca de 2000 recicladores en Bogotá, y que ha liderado las denuncias por parte de los recicladores ante la Corte y la Uaesp.

Según ARB, en Bogotá existen cuatro organizaciones de segundo nivel que agrupan a 45 organizaciones de base que quedaron excluidas de participar en la licitación porque según los términos de la misma no serían ‘de base’. Algunas de estas organizaciones llevan más de 20 años reciclando y según ARB estas organizaciones representan el 70% de los recicladores de Bogotá.

“Supuestamente, los pliegos pretendían garantizar la integración de esta población vulnerable”, dijo el concejal del Polo Carlos Vicente de Roux, quien ha señalado estas y otras críticas a la licitación de Doña Juana a la Uaesp. “Sin embargo, no exigieron que las organizaciones tuvieran un mínimo de afiliados y recibieran una cuota accionaria significativa en el consorcio. En términos de integración económica y social la licitación será un fracaso”, dijo De Roux.

En respuesta a las críticas de los recicladores, la directora de la Uaesp ha dicho que sólo el 20 por ciento de los residuos -de las 6.000 toneladas de basura diarias que llegan al relleno- se podrán aprovechar o reciclar. La mayoría del relleno -el 80 por ciento de los residuos- se tratan como biogas. Y que por lo tanto, no se requieren recicladores con tantos años de experiencia ni agrupados en grandes asociaciones ya que, en todo caso, el relleno no es el lugar apto para reciclar la basura.

La verdadera oportunidad para los recicladores estaría en un eslabón del negocio que no se ha licitado todavía: en las rutas de reciclaje y centro de reciclaje que actualmente no están operando en Bogotá. Y cuya licitación se hará después de que se adjudique la de Doña Juana, cuando se abra la licitación de Recolección, Barrido y Limpieza (RBL), de 2.2 billones de pesos.

Martínez le dijo a La Silla Vacía que estaban preparando una estrategia para organizar las rutas del reciclaje y dar una participación y capacitación a los recicladores en esta futura licitación.

Los proponentes

Por primera vez en la historia de las licitaciones para operar Doña Juana, que se abrió formalmente el 1 de marzo, se presentaron tres oferentes. En la evaluación preliminar de las propuestas publicadas por la Uaesp el 11 de mayo, las tres empresas cumplían con los requisitos técnicos exigidos por la licitación.

El primer oferente está integrado por las empresas que venían operando Doña Juana durante los últimos nueve años: Proactiva y STL. Proactiva es una multinacional española que opera varios rellenos en América Latina y que ha sido multada en el pasado por su gestión en la operación de Doña Juana (ver artículo). Y STL anteriormente manejaba la planta de lixiviados en Doña Juana. Este conglomerado debió subsanar su oferta porque no cumplían con uno de los requisitos de participación que se les exigieron. Presentaron como asociada a una organización comunitaria que no era aledaña al relleno. Si no corrigen esta falla, podrían quedar descalificados.

El segundo consorcio está integrado en un 49% por la firma bogotana KMA Construcciones S.A., junto con la sociedad cartagenera Cicon S.A que integra el 51% de este consorcio. Cicon S.A. hace parte de la sociedad Caribe Verde S.A. que actualmente opera el relleno de Cartagena. El socio mayoritario de Cicón S.A. es Alfonso Hilsaca, alias El Turco, hoy capturado e investigado por nexos con paramilitares. El último porcentaje del consorcio lo tienen tres empresas coreanas: Sudoknown Landfill, Dohwa y Hwan, que en total tienen un 0,003% dentro del consorcio. Estas tres firmas coreanas son los que tienen la experiencia exigida por la Uaesp: haber manejado rellenos de más de 5.000 toneladas de basura diarias. Tanto KMA y Cicon han sido grandes contratistas de la Empresa de Acueducto de Bogotá y del IDU (Ver artículo).

El tercer consorcio está constituido por la sociedad brasilera Estre Ambiental S.A., con un 51%, junto con la firma canadiense Genivar Ltda que tiene un 10%, y el grupo colombiano Roca S.A., que tiene un 28%. Este último grupo fue el que hizo la interventoría del contrato entre la UAaesp y Proactiva, aprobando su gestión a pesar de que Proactiva todavía debe cerca de 40 mil millones de pesos al Distrito por multas e incumplimientos contractuales, según el contralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi.

Ahora que la Corte metió la cucharada y exigió la participación real de los recicladores, es posible que haya cambios en la constitución de los consorcios que quieren operar con Doña Juana. Quizás cuando entren los recicladores a participar como socios de estas empresas, también cambien los porcentajes de aprovechamiento de las basuras que actualmente ofrecen estas tres empresas y que no alcanzan ni la mitad del potencial de recliclaje que la Uaesp estableció para Doña Juana (Ver artículo).

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