Quintero armó el camino para escoger nuevos contratistas de Hidroituango

Quintero armó el camino para escoger nuevos contratistas de Hidroituango
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Desde que llevaba 15 días como alcalde de Medellín, Daniel Quintero ha tomado varias decisiones en Empresas Públicas de Medellín (EPM) para tener influencia sobre un eventual cambio de contratistas de Hidroituango, la hidroeléctrica que generaría el 17 % de la energía del país.

Ahora un fallo de la Contraloría, que encontró a los contratistas actuales responsables de fallas en la obra, hace posible ese escenario. Pero un cambio de contratistas retrasaría la obra, que necesita empezar a generar energía en 8 meses. De lo contrario, EPM tendría que pagar multas millonarias.

El cambio, además, pondría en las manos de Quintero la escogencia de las nuevas empresas constructoras, una de las decisiones estratégicas más importantes para el abastecimiento de energía de Colombia.

Quintero ya tiene baraja de contratistas

La semana pasada, Quintero dijo que EPM tiene un plan desde noviembre del año pasado para un posible cambio de contratistas en Hidroituango. Dijo, incluso, que ya tienen ocho empresas preseleccionadas para encargarse del proyecto, cuyos nombres no los conoce ni siquiera la junta directiva de EPM.

“Nosotros arrancamos en noviembre un plan b. Se invitaron a empresas de todo el mundo. Se arrancó el proceso con 26 y ahora hay ocho. Es un detalle que no conoce la junta directiva, porque es un proceso interno de EPM”, dijo el alcalde en Blu Radio.

Ese plan de transición, según el alcalde, fue para adelantarse al proceso que la Contraloría lleva en contra de nueve empresas y 19 personas, entre ellas el consorcio constructor del proyecto CCC Ituango, a quienes responsabiliza de la pérdida de 4,3 billones de pesos por la contingencia de la hidroeléctrica en 2018.

El primer fallo, en septiembre, ya los declaró responsables. En caso de que se ratifique en segunda instancia, los contratistas tendrían encima una deuda multimillonaria con la que, según coinciden Quintero y al menos uno de los gerentes de las empresas constructoras, no podrían seguir al frente del proyecto.

El fallo en segunda instancia de la Contraloría, que debe ser decidido en el despacho del contralor Felipe Córdoba, golpearía el proyecto por dos frentes. Por un lado, un cambio de contratistas implicaría un retraso en el cronograma de la hidroeléctrica y, por lo tanto, que incumpla sus compromisos de venta de energía, lo que le costaría multas de la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg) y pondría en mayor riesgo la capacidad energética del país a mediano plazo, según dijo esta semana el operador del mercado eléctrico.

Por otro lado, la sanción de la Contraloría ratificaría que, para el Estado colombiano, quienes deben responder por la crisis de 2018 son los contratistas, lo que pone en duda el pago del seguro para la obra que EPM contrató con la firma Mapfre. De hecho, la semana pasada el contralor Carlos Felipe Córdoba convocó a una reunión con la aseguradora, el Gobierno y la Alcaldía para analizar ese punto. La conclusión del presidente Iván Duque fue que la prioridad debe ser reclamar el pago de los seguros.

Ante ese contexto adverso, EPM y el alcalde Quintero han dicho que el cambio de contratistas, si se da, lo harían obligados por las circunstancias. “No es un deseo de EPM cambiar el contratista, esto es un defecto que advertimos de confirmarse el fallo de la Contraloría”, dijo la semana pasada a El Colombiano el gerente de EPM, Jorge Carrillo.

Pero el fallo de la Contraloría, lejos de ser una decisión contraria a la postura del alcalde, se apoya en los mismos argumentos que Quintero ha usado para demandar a los contratistas, y que repitió la semana pasada.

Además, una mirada a las decisiones del alcalde desde su llegada muestran que ha dado varios pasos para buscar la salida de los contratistas e influencia sobre los órganos encargados de decidir, eventualmente, qué empresa se queda con Hidroituango.

Primer paso, ganarse EPM

La injerencia de Quintero en EPM comenzó a los 13 días de haberse posesionado. Uno de sus primeros pasos como presidente de la junta directiva fue modificar un artículo del Código de Gobierno Corporativo que decía la juna directiva elegía a los vicepresidentes . En su lugar, decretó que está sería una función del gerente, que es nombrado por el alcalde. En ese momento era Álvaro Guillermo Rendón, una ficha de confianza de Quintero desde sus inicios en la política en el Partido Conservador.

Desde esa modificación, EPM ha cambiado todos sus vicepresidentes excepto uno, como se puede constatar en un documento que le compartió a La Silla Vacía el diputado Luis Peláez, del partido Dignidad.

A esos cargos han llegado personas cercanas y de confianza de Quintero. Como la vicepresidente de Comunicaciones, Mabel López, quien fue su primera gerente de Telemedellín y es cercana a Luis Pérez.

Otro cercano a Luis Pérez es Carlos Enrique Londoñó, vicepresidente de suministros. Esta es una vicepresidencia clave porque tiene dos delegados en el Comité de Contratación de EPM, la instancia que supervisa los contratos de la empresa. El Comité fue el que autorizó la última prórroga a los contratistas de Hidroituango y a donde llegaría cualquier cambio en la contratación del proyecto.

Contando esas dos sillas , Quintero tiene influencia en siete de los ocho puestos fijos del Comité de Contratación. Cinco de estos han sido nombrados gracias al cambio de norma que le quitó a la junta directiva la elección de vicepresidentes.

Uno de los nuevos en el Comité de Contratación es el nuevo vicepresidente de asuntos legales, Jhonatan Villada, quien era Secretario General de Quintero y tuvo un ascenso rápido en cargos en su Alcaldía. También se presentó a la convocatoria para ser Contralor de Antioquia, pero no pasó la prueba de conocimientos requerida y evaluada por la Universidad de Antioquia.

También participa en el Comité el actual gerente Jorge Carrillo. Su cargo antes de llegar a EPM era de asesor del liberal Camilo Sanchez, quien fue ministro de Juan Manuel Santos y presiden la Asociación de Empresas y Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco).

Otra que tiene puesto en Comité es la vicepresidenta ejecutiva de Finanzas e Inversiones, Martha Lucía Durán, quien también viene de Andesco. Allí fue directora sectorial de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

La influencia de Quintero en EPM no se reduce a las vicepresidencias. Otros cambios en la empresa, como las salidas de su primer gerente y de la junta directiva en agosto de 2020, se dieron porque no estaban totalmente alineados con la demanda a los contratistas que impulsaba el alcalde.

Segundo paso, la pelea con los contratistas

Una promesa de campaña de Quintero fue castigar a los contratistas de Hidroituango. En 2018, como candidato, acusó a las directivas de EPM de favorecerlos, en lo que calificó como “el mayor caso de corrupción en la historia de Antioquia”.

Ya como alcalde, impulsó una demanda a los contratistas por una suma incluso mayor a la que estimó la Contraloría, 9,9 billones de pesos. Al frente de la demanda estaba su primer gerente de EPM Álvaro Guillermo Rendón, y el entonces vicepresidente de asuntos legales, Alexander Sánchez.

Él fue quien comenzó a preparar la demanda el 16 de junio de 2020, cuando llegó al cargo, y se hizo pública el 10 de agosto, lo que causó una fractura política en Medellín. Todos los miembros de la junta directiva , menos Quintero, renunciaron alegando que no fueron consultados en la decisión.

Además, la firma calificadora Fitch consideró que se había debilitado el gobierno corporativo de la empresa y bajó un nivel la nota de EPM de BBB a BBB-, lo que implica que el mercado internacional considera a una empresa como de mayor riesgo y le presta a precios más altos.

Quintero se mantuvo firme con la demanda, incluso cuando en agosto se conoció una matriz de riesgo interna de EPM que advertía que la pelea había aumentado la posibilidad de escenarios peligrosos como "la pérdida de confianza del sector asegurador”, “pérdida de confianza de las fuentes de crédito” y el retraso del proyecto Hidroituango, con sus multas correspondientes.

Uno de estos riesgos ya se cumplió. La semana pasada el actual gerente de EPM, Jorge Carrillo, dijo que los costos de lo que queda por ejecutar en Hidroituango subieron 2,1 billones de pesos “por la subida del dólar y porque nos prestan dinero a mayor interés”. Lo segundo es consecuencia directa de la bajada de la calificación de Fitch, y explica sobrecostos anunciados en julio y hasta ahora inexplicados.

Quien no se mantuvo tan firme con la demanda fue el entonces gerente Rendón. En diciembre de 2020, cuando se discutían en paralelo demandar y renovar el contrato con los contratistas, se hicieron explícitas las diferencias entre él y el vicepresidente Sánchez

Sánchez se opuso a las condiciones con las que Rendón renovó el contrato. En el acta del Comité de Contratación del 22 de diciembre de 2020, a la que tuvo acceso La Silla, se lee que para el vicepresidente legal la negociación “conduce a excusar la responsabilidad por incumplimiento del constructor y relaja la asignación del riesgo de construcción a favor del Consorcio CCCI, lo que incidirá ciertamente en el futuro de las demandas presentadas por EPM”.

El 26 de enero, luego de que el contrato fue renovado y comenzó el pleito legal con los contratistas, hubo una reunión de junta directiva. Allí, con Sánchez y de Quintero presentes, se evaluó el manejo que Rendón le dio a la demanda y a la renovación. Cinco días después, la junta retiró a Rendón de su cargo.

Aunque la demanda no fue admitida, los mismos argumentos se pueden encontrar en el fallo de la Contraloría, que tiene a Hidroituango al borde del cambio de contratistas.

En septiembre, después de conocerse el fallo de la Contraloría, se supo que estuvieron en las instalaciones de la hidroeléctrica la compañía china Sinohydro, y las colombianas Estyma, Grupo Ethuss y CI Grodco. Aunque no es claro si estas cuatro empresas están entre las 8 preseleccionadas por el Alcalde, sí hacen parte de su plan B.

Esta narrativa la reforzó el alcalde esta semana: “Acá tenemos dos objetivos: que los responsables paguen y que el proyecto salga adelante. En ese orden de ideas hay plan a, b, c, d, e, f”. En el orden de ideas de Quintero, primero va el castigo a los contratistas y luego el riesgo que implica para el proyecto cambiarlos. 

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