Quintero patea el establecimiento paisa y da poder a sus amigos

Sin haber cumplido un año en el cargo, los choques del alcalde de Medellín Daniel Quintero (quien llegó por firmas) con sectores usualmente cercanos a las administraciones se han vuelto frecuentes. El último fue la semana pasada con el periódico El Colombiano.

Detrás de este hecho y de su confrontación con la antigua junta de EPM hay una reconfiguración en el poder en la ciudad. 

Quintero, el candidato que derrotó al uribismo en su tierra y ganó la Alcaldía viniendo de defender los Acuerdos de Paz, de ser viceministro de Juan Manuel Santos de la mano de César Gaviria y de apoyar a Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial; el activista profesional del salto triple entre la política tradicional y la alternativa, pateó el tablero del establecimiento en Medellín.

Les dio la espalda a los empresarios, que hasta ahora habían tenido un sólido matrimonio con la dirigencia política local, y en el proceso ha dado poder a nombres cercanos a políticos no tan bien relacionados como Luis Pérez y Gabriel Jaime Rico, así como caciques tradicionales de municipios como Envigado, Itagüí y La Estrella.

Ese recambio está centrado en EPM, se evidencia en muchos más sectores y está generando una oposición hasta ahora inédita en Medellín, en la que se unieron contra la Administración grupos distintos como parte del uribismo y la izquierda, el fajardismo y el círculo del exalcalde Federico Gutiérrez.

Una ciudad de enroques

En Medellín, en palabras de un exalto ejecutivo del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA)* -el conglomerado de empresas que, aunque no existe jurídicamente, funciona en algunos aspectos en bloque- no es una obligación que los alcaldes consulten decisiones con el empresariado, pero hasta ahora solían hacerlo.

“Tradicionalmente, desde la época de Juan Gómez Martínez (1988), un grupo amplio de empresarios invitaba a los candidatos a la Alcaldía de Medellín para decirles: ojo con la elección del gerente de EPM. Y la gran mayoría de los alcaldes se preocupaba mucho por poner a una persona de altas calidades, en la mayoría de los casos los mismos dirigentes empresariales: Federico Restrepo, Juan Felipe Gaviria, por citar algunos”, dijo la fuente.

Como contó La Silla en su momento, citando dos fuentes cercanas al GEA, desde el conglomerado y otros empresarios le pasaron a Quintero una lista de nombres para la gerencia de EPM, que este descartó.

En ese sentido, tres voces del empresariado paisa nos confirmaron que la ruptura con Quintero comenzó justamente ahí: con el nombramiento al frente de EPM de Álvaro Guillermo Rendón, una figura del conservatismo tradicional en Antioquia que, siendo secretario general de ese partido en 2007, le abrió las puertas al hoy Alcalde en la política al otorgarle el aval para aspirar al Concejo de Medellín. 

Al desencuentro con la elección del gerente le siguió un distanciamiento con los empresarios que participaron en el empalme el año pasado, luego de haber sido invitados por el mismo Quintero a ese proceso. 

Uno de ellos le dijo a La Silla que, tras la última reunión del empalme, el Alcalde planteó la posibilidad de crear una especie de junta informal para pedirles consejo a los empresarios. “Nunca pasó, hasta el sol de hoy nunca volvió a llamar”, dijo.

El alejamiento molestó a un empresariado paisa que durante los últimos 50 años se acostumbró a ser consultado y a hablar directamente con el poder Ejecutivo (local y nacional) sobre los proyectos de ciudad. 

El interlocutor de este diálogo ha sido principalmente Proantioquia, la organización cívica que desde 1975 agrupa a los principales actores empresariales de la región, como los grupos Argos, Sura, Nutresa, Familia, Conconcreto, Éxito, entre otros, y que ha estado en el centro de las decisiones que definen el proyecto de ciudad. En 2009 hizo parte de la alianza público-privada que se pensó Ruta N, el centro de ciencia y tecnología con el que Medellín fijó una hoja de ruta a 10 años, a 2021, enfocada en la innovación, y que ha sido la agenda principal de las últimas administraciones locales.

El actor clave en ese matrimonio entre empresa y Estado es el GEA. 

Ese conglomerado está compuesto por tres grandes grupos: Sura, enfocado en los seguros, dueño de Bancolombia, entre otros negocios; Nutresa, que abarca el negocio de los alimentos con la Nacional de Chocolates, Pastas Doria, Colcafé, entre otros; y Argos, enfocado en el sector de la construcción. Según la firma de consultoría Compassbranding, en 2019 el GEA (con nombre propio) fue el portafolio de marcas colombianas más valioso ese año, con un valor agregado superior a los cinco mil millones de dólares, por encima de otros como Bavaria, Alpina, Postobón y Unilever.

Pese a su importancia, dos fuentes cercanas al grupo y Juan Carlos López, coordinador del grupo de historia empresarial de la Universidad Eafit, usaron las mismas palabras para describirlo: “El GEA no existe”. 

En efecto, no hay una razón social registrada ante una Cámara de Comercio con ese nombre ni un representante legal. El GEA, coinciden las fuentes mencionadas, funciona como un pacto de palabra y de negocios compartidos: cada empresa tiene un porcentaje de las otras dos y miembros comunes en sus juntas directivas. Ese ha sido el modelo con el que ha existido este conglomerado, que surgió a la par de Proantioquia, cuando un grupo de empresarios invirtieron entre sí con el fin de evitar los intentos de compra desde grupos económicos de Bogotá. 

Desde entonces, ha sido la cara visible (y a la vez difusa) de la élite que ahora se sacude con las decisiones recientes de Quintero.

Las movidas de Quintero

Aunque desde campaña Quintero había criticado al empresariado paisa, la división se hizo totalmente visible hace un mes, con la renuncia de la junta directiva de EPM por, entre otras diferencias, una demanda contra los contratistas de Hidroituango que el Alcalde no les consultó.

A los choques con esa junta se le sumó una disputa con el diario El Colombiano, interlocutor habitual del GEA y con una tradición de buenas relaciones con las alcaldías anteriores, pero que ha tomado una línea más crítica con Quintero. En su editorial del 6 de septiembre, el periódico señaló al Alcalde de tener “un veto informativo” hacia ellos.

Según ha dicho Quintero a través de Twitter, la posición del periódico se debe a una reducción en la pauta oficial y la presencia en su junta directiva de Juan Luis Aristizábal, presidente de Conconcreto, uno de los constructores de Hidroituango contra los que el Alcalde y el gerente de EPM promueven la demanda.

Durante todo nuestro gobierno verán a @elcolombiano atacando nuestro trabajo por Medellín.

Importante saber:
1. Su junta directiva es presidida por Conconcreto constructor de Hidroituango y demandado en este proceso.
2. Bajamos pauta de 3 mil millones a 100 millones. https://t.co/mDOVLbQpPq

— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 13, 2020

El señalamiento al periódico hace parte de una narrativa centrada, desde la campaña, en criticar los intereses del entorno empresarial antioqueño. Es famosa la intervención de Quintero ante el Concejo de Medellín en octubre de 2018, cuando aún no era oficialmente candidato, en la que habló de “un grupo de empresas que financiaron alcaldes, controlaron la junta de EPM y terminaron asociados con Camargo Correa y Conconcreto (constructores de Hidroituango) en el caso de corrupción más grande en la historia de Antioquia”.

Los vínculos entre EPM y el empresariado existen, pero son sutiles. 

Un rastreo a las hojas de vida de la junta que renunció hace un mes muestra que dos de los miembros y uno que dejó el cargo desde diciembre con la llegada de Quintero han tenido cercanía con empresas del GEA y con Proantioquia.

Entre los que dejaron su puesto recientemente está Andrés Bernal, nombrado en la junta por Aníbal Gaviria en 2012 y quien desarrolló su carrera en el Grupo Sura en varios cargos. Ya estando en EPM, Bernal siguió como vicepresidente de Holding de Pensiones Sura, puesto que dejó en 2017. 

El otro nexo, aunque menos directo, es el de Manuel Santiago Mejía, nombrado también en la junta por Aníbal Gaviria en 2012. En su caso, el vínculo es a través de su padre, Santiago Mejía Olarte, uno de los fundadores de Proantioquia y miembro recurrente de juntas del GEA como Suramericana. Su empresa, Colombiana de Comercio (dueña entre otros de Alkosto, K-Tronix y AKT), no hace parte del GEA.

Finalmente, Carlos Raúl Yepes, quien renunció a la junta de EPM desde el 31 de diciembre, un día antes de la posesión de Quintero, llegó nombrado por Federico Gutiérrez en 2016, luego de ser durante años una de las cabezas visibles del GEA como vicepresidente de Argos durante siete años y presidente de Bancolombia otros seis.

Sin ser una presencia mayoritaria, el GEA también ha tenido cercanía con EPM a través de gerentes. Es el caso del exgerente Juan Esteban Calle (2012-2016), actual presidente de Cementos Argos.

Este contexto hace aún más pronunciada la fractura actual, pues además de la molestia con el gerente Rendón, ninguno de los ocho nuevos miembros elegidos en la junta por Quintero tienen cercanía con el grupo empresarial y algunos, según nos dijo un exalto directivo del GEA, son percibidos por el grupo como “personajes complejos en Antioquia”.

Por ejemplo, Pablo Felipe Robledo, quien durante su tiempo como superintendente de Industria y Comercio dirigió la sanción en 2017 contra Argos, Cemex y Holcim por cartelización de los precios del cemento, que impuso una multa contra Argos de 73 mil millones de pesos.

A los empresarios también les genera prevención el nombre de Bernardita Pérez, quien en 2012, durante la adjudicación de las obras de Hidroituango, fue representante de uno de los consorcios constructores que perdió, la Unión Temporal Aoco. “Ahora la metieron a la junta para probar que Camargo Correa y Conconcreto se ganaron eso con corrupción”, dijo un empresario antioqueño que prefirió no ser citado.

Más que desplazar al GEA y a Proantioquia de EPM, pues como tal sus miembros nunca ocuparon directamente un lugar mayoritario, la novedad con Quintero es que, por primera vez, los altos cargos de la empresa están ocupados por personas que hacen que los empresarios frunzan el ceño.

Pero, si los empresarios han perdido con Quintero, varios políticos tradicionales han ganado.

Los amigos del alcalde

Los sectores políticos en contra de Quintero lo comparan con el exgobernador y exalcalde Luis Pérez, uno de los mayores representantes paisas de la política tradicional de maquinaria, y lo señalan de tener vínculos con él.

Pérez y Quintero no han trabajado juntos directamente. Han estado de acuerdo en algunos temas, como las críticas al manejo de la crisis de Hidroituango por parte de los anteriores directivos de EPM.

Los unen también algunas coincidencias históricas. La coyuntura actual de EPM, por ejemplo, motivó la creación de una veeduría, bajo el nombre de Todos por Medellín, liderada por Proantioquia, universidades y sindicatos. La última vez que se creó un comité de este estilo para vigilar a empresas públicas fue precisamente durante la Alcaldía de Pérez (2001-2003), cuando el entonces mandatario estuvo envuelto en un escándalo por el intento de compra de una vajilla de 100 millones de pesos por parte de EPM que llevó a la renuncia de la gerente del momento, Ana Cristina Márquez.

Varias de las figuras cercanas a la Alcaldía de Quintero tienen en su hoja de vida nexos con el exgobernador. 

Es el caso del secretario de Gestión Territorial de Quintero, Carlos Mario Montoya, quien viene de hacerle campaña al detenido gobernador Aníbal Gaviria y de trabajar en la secretaría de Salud de Luis Pérez en la anterior Gobernación.

Miguel Quintero, hermano del Alcalde y uno de sus consejeros más cercanos, también trabajó en la Gobernación de Pérez, como director de proyectos de Planeación. 

Otro nombre asociado a Quintero y a Pérez es Gabriel Jaime Rico, excandidato a la Alcaldía en fórmula con Luis Pérez en 2015 y quien hizo parte del empalme de Quintero. 

En su momento, Rico aspiró a la Alcaldía respaldado por la cuestionada política tradicional paisa, como se observa en esta foto con figuras como el senador liberal Julián Bedoya, quien tiene un proceso por presunta falsedad en documento público que busca determinar si obtuvo su diploma en la Universidad de Medellín sin cumplir con los requisitos legales; y Olga Suárez Mira, del también cuestionado clan político de Bello, que se quemó a la Alcaldía en 2019 y cuyo hermano, Óscar Suárez, fue condenado y capturado hace un mes por recibir dineros del paramilitarismo para sus campañas al Congreso en 2002 y 2006.

“Quintero heredó ese apoyo, pero esta vez tuvo el cuidado de no tomarse fotos con ellos”, le dijo a La Silla un político veterano de Medellín que pidió no citar su nombre.

La esposa de Rico, Johana Jaramillo Palacio, acaba de ser nombrada como subsecretaria de Comunicación Estratégica de la Alcaldía y el exsecretario privado de la campaña a la Alcaldía del excandidato en 2015, Alejandro Arias, llegó a la Secretaría de Desarrollo económico el 2 de junio. 

Otro político tradicional con puesto en la Alcaldía es el secretario de Hacienda, Óscar de Jesús Hurtado, representante a la Cámara liberal en dos periodos (2006-2010 y 2014-2018). Hurtado ha sido objeto de polémica debido a que Quintero también nombró a la  excuñada del funcionario, Martha Cecilia Castrillón, al frente de la IPS pública Metrosalud. 

Dos días después de llegar al cargo, en abril, la excuñada del Secretario de Hacienda eligió como intermediaria de seguros a la empresa de los Hurtado, Seguros Hurtado Pérez, lo cual se reversó cuando se desató una polémica en medios de comunicación.

Otro vínculo con caciques está en el Área Metropolitana, donde Quintero nombró como director a Juan David Palacio, hijo y heredero del político conservador Óscar Iván Palacio, famoso por ser uno de los presentes en la visita del exjefe paramilitar alias ‘Job’ a la Casa de Nariño en 2008. 

Palacio hijo tiene como mentor político al hermano del alcalde, Miguel Quintero, quien siendo concejal de los verdes en 2013 impulsó a ese funcionario para llegar a la secretaría general del Concejo a los 25 años, siendo la persona más joven en ocupar ese cargo. 

En el Área Metropolitana, Juan David Palacio nombró en la subdirección de gestión financiera a Álvaro Alonso Villada, exgerente de la campaña en Antioquia de Musa Besaile, desprestigiado exenador cordobés que se acogió a la JEP y está procesado por el escándalo del cartel de la toga y por parapolítica.

Pero aparte de estas relaciones con varios pesos pesados de la política de Antioquia, un periodista, dos políticos opositores y otro más que no es opositor sino veterano, coincidieron en decirnos que Daniel Quintero ha estado dándoles contentillo a varios gamonales de los municipios con la intención de cultivar una red de apoyos que le sirva más adelante en alguna aspiración.

Averiguamos y encontramos que Natalia Urrego, cuñada del exalcalde de Itagüí León Mario Bedoya, del clan conservador que gobierna esa ciudad desde 2012, fue nombrada secretaria de Infraestructura de Medellín por Daniel Quintero.

En La Estrella, los últimos mandatarios han sido aliados del exalcalde y hoy representante liberal Juan Diego Echavarría, que hizo fórmula con el senador Julián Bedoya. La esposa de Echavarría, Dora Cristina Londoño Durango, fue nombrada directora Administrativa y Financiera de Telemedellín, el canal público de televisión de la Alcaldía.

La Silla buscó al Alcalde de Medellín para consultarle sobre este abanico de alianzas y sus choques recientes con el empresariado, pero desde su equipo de comunicaciones respondieron que no se pronunciará. 

Esta red de cuotas de políticos tradicionales en la Administración ponen en duda las palabras del propio mandatario local, que hizo campaña con la consigna “sin jefes ni partidos políticos”. Otra cosa sienten y se ve en Medellín.

*SURA y Bancolombia patrocinan el podcast El futuro del futuro y la Red Cachaca respectivamente. Ambos son proyectos de La Silla Vacía.