Quintero pierde la gobernabilidad en el Concejo en el remate de su Alcaldía

En noviembre, el Concejo de Medellín elegirá al que será su nuevo presidente. Desde 2019, ese puesto ha sido ocupado por concejales de la línea del alcalde Daniel Quintero. Sin embargo, de cara a su último año de gobierno, cuando apostará por mantener su poder en la ciudad y expandirse más allá de Antioquia en las elecciones regionales, al mandatario le cuesta tener el control del Concejo.

Por los acuerdos entre bancadas, la presidencia del Concejo le correspondería en el cuarto año al Partido Liberal, que tiene dos cabildantes: Aura Marleny Arcila y Fabio Rivera, siendo este último quien ocuparía la posición. Y en el papel, Rivera, que es de la bancada de Gobierno, cuenta con las mayorías para llegar al cargo.

Pero esas mayorías son frágiles. Este año Quintero ya perdió dos batallas. Le hundieron dos proyectos insignes, la transformación del aeropuerto Olaya Herrera en una Empresa Industrial y Comercial del Estado y la venta de las acciones de EPM en UNE.

En pleno año electoral, en el que Quintero y su movimiento Independientes buscarán mantener el discurso contra las élites de la ciudad, al alcalde se le complicará la gobernabilidad con el Concejo, que le debe aprobar proyectos claves como el presupuesto de la ciudad y la política pública de participación ciudadana.

La importancia de tener al Concejo

En 2020, el presidente del Concejo fue Luis Bernardo Vélez, quien fue elegido con Independientes, el movimiento de Quintero. Luego lo sucedió Jaime Cuartas, de la Alianza Verde, y, actualmente, está Lucas Cañas, del Conservador, quien es de la cuerda del senador Carlos Trujillo.

Los tres, incluyendo Vélez ahora se cambió a la oposición, fueron aliados para aprobar, sin mayor discusión, proyectos como el del Plan de Desarrollo Territorial y las vigencias futuras para el Metro de la 80 (1,1 billones de pesos). Pero con el tiempo, y a medida que se ahondan las peleas con Quintero, las fuerzas en el Concejo han cambiado.

Eso llevó a que, por ejemplo, en cinco ocasiones el Concejo se negara a darle luz verde a la venta de las acciones de EPM en UNE, avaluadas en unos 2,8 billones de pesos y a que Quintero le pidiera al presidente Gustavo Petro que nacionalice la empresa de telecomunicaciones. A pesar de esa pérdida de respaldo en el Concejo, la figura de su presidente sigue siendo una ficha clave en el ajedrez político de Quintero. Y el ejemplo más reciente de eso es la discusión del presupuesto de la ciudad para 2023.

El 10 de octubre pasadas las 8 de la noche, al Concejo llegó un correo con un proyecto de presupuesto del año entrante, por 7,5 billones de pesos. Ese era el día límite para que la Alcaldía lo presentara ante el Concejo. El problema es que no se hizo con los requisitos ordenados por el reglamento: para ser discutido, el proyecto debía ser radicado en físico y en medio magnético en el Concejo y debía tener la firma del alcalde y del secretario de Hacienda. Esos requisitos se cumplieron al día siguiente, cuando ya era tarde.

Que el presupuesto no pasara por el Concejo significaba que para 2023, la Alcaldía funcionaría con el presupuesto de este año, que es de 6,3 billones de pesos. Es decir, que le harían falta, de entrada, 1,2 billones de pesos, plata que tendría que pedirle al Concejo el próximo año para cada proyecto a través de adiciones presupuestales.

Pero el martes de esta semana, Lucas Cañas, el presidente del Concejo, presentó la ponencia del presupuesto, argumentando que, después de conceptos de entidades como la Personería y la Secretaría de Hacienda, no hubo vicios en la radicación del presupuesto. “No darle trámite a un proyecto de acuerdo es mucho más grave que cualquier otra cosa de carácter formal”, dijo.

Sin embargo, para Alfredo Ramos, del Centro Democrático, la jugada de Cañas lo que muestra es que “ha habido un respaldo que ha sido una especie de mordaza para la oposición. Un presidente de oposición jamás aceptaría lo que está haciendo Lucas al radicar la ponencia. Eso es impensable, una ilegalidad”.

Esa pelea por el presupuesto es la muestra de la necesidad de Quintero por tener a sus aliados en la mesa directiva del Concejo. Para el año entrante, necesitará el respaldo para otros proyectos que ha mencionado como claves en su gestión como la creación de la política pública de participación ciudadana y la aprobación de vigencias futuras por 146 mil millones de pesos.

Además, insistirá con el proyecto para convertir al aeropuerto Olaya Herrera en una Empresa Comercial e Industrial del Estado, propuesta que el Concejo hundió en abril de 2021. E, incluso, según un concejal que pidió la reserva, también se estaría pensando en presentar por sexta vez la venta de las acciones de EPM en UNE.

Por ahora, Quintero baja los brazos en la lucha por la gobernabilidad

Aunque todavía faltan semanas para que se discuta el tema de la nueva presidencia del Concejo, desde ya la ausencia de la Alcaldía ha sido evidente.

“La Alcaldía no se ha metido en el tema. Empezando porque tenía la esperanza en dos proyectos claves este año (UNE y el Olaya Hrrera) y esos dos proyectos se hundieron, entonces no le interesa tener injerencia en el Concejo. Se podría hablar de una gobernabilidad, pero hoy ese tema, siendo muy honesto, no se ha hablado con la Administración Municipal”, asegura el actual presidente Lucas Cañas.

Lo mismo lo confirman las concejales Aura Arcila y Lina García, ambas de la bancada de la Alcaldía. La primera asegura que, aunque espera que se cumplan los acuerdos sobre la mesa directiva, “con la administración no ha habido ninguna conversación al respecto”. Por su parte, García dice que “el tema de la mesa directiva es un asunto netamente de la corporación”.

El argumento que dan Arcila y García es que se trata de un respeto a la independencia que tiene el Concejo frente al Gobierno Municipal. Pero desde la otra orilla, la opinión es que es una movida pensada para el escenario electoral del año entrante.

“Quintero quiere pelear con el Concejo y dedicarse a decir que todo lo que pase, es culpa de nosotros”, asegura el opositor Daniel Duque, quien pone como ejemplo la discusión por el presupuesto del año entrante. “Si al final el alcalde sí debe acudir a las adiciones presupuestales, estas las tendría que aprobar el Concejo, que ya no le aprueba todo sin cuestionamientos”.

Y mientras se hace patente ese desinterés de Quintero por mantener la presidencia del Concejo, desde ya, la elección de la mesa directiva a mediados de noviembre está cada vez más presente en las conversaciones de sus integrantes.

El fantasma de Chuscalito y la oposición dividida

El intento de unir a concejales uribistas y fajarisitas para tomarse la presidencia del Concejo que fracasó el año pasado, llamado pacto de Chuscalito por Quintero en alusión al restaurante donde se dio una reunión, todavía sigue presente en el ambiente político.

Por eso, la idea de quitarle el turno al concejal Rivera, el de la cuerda de Quintero, en la presidencia, se discute con cautela. Aun así, los cabildantes que le han hecho oposición a Quintero no niegan su interés por salirle al paso a los acuerdos.

“Lo que hemos hablado es que tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para que la mesa directiva obedezca a las necesidades de la ciudad y no a la voluntad de Daniel Quintero. Es inconcebible que, por ejemplo, a la fecha el Concejo no haya debatido la fecha (de entrada en funcionamiento) de Hidroituango. Haremos todos los esfuerzos para tener la mesa directiva”, dice Sebastián López, del Centro Democrático.

Y un nombre que suena para esa posible movida es el de Simón Pérez. Pero un concejal que pidió no ser citado para hablar con mayor libertad sobre las conversaciones que han mantenido, dice que se trata de “un tema de mucha filigrana”. Esa filigrana se entiende con cómo están las fuerzas de la oposición en el Concejo. De los 21 cabildantes, las fuerzas se dividen así.

10 están en la coalición de Gobierno: Lucas Cañas (Conservador), Babinton Flórez (Conservador), Juan Jiménez (Conservador), Fabio Rivera (Liberal), Aura Arcila (Liberal), Carlos Romero (Independientes), Jaime Cuartas (Alianza Verde), Juan Betancur (MIRA) y las exuribistas Nataly Vélez y Lina García.

Otros nueve son de oposición: los seis del Centro Democrático (Alfredo Ramos, Sebastián López, Julio González, Carlos Ríos, Leticia Orrego y Claudia Ramírez), Daniel Duque (Alianza Verde), Simón Pérez (Todos Juntos) y Luis Bernardo Vélez (exIndependientes).

Y dos más son indecisos: Luis Carlos Hernández (La U) y Dora Saldarriaga (Estamos Listas). Esos dos votos son claves para definir la presidencia del Concejo el año entrante. 

Pero aunque Hernández, que hacía parte de la coalición de Gobierno se alejado de la Alcaldía, como ocurrió durante el quinto debate de la venta de las acciones de EPM en UNE, no es seguro que no apoye el acuerdo para elegir a Rivera. En cuanto a Saldarriaga, ella ha manifestado su independencia no solo de Quintero, sino del uribismo.

“Se ha dicho que si hay un número importante de concejales distantes a Quintero, ¿por qué no se reconfigura el tema de la mesa directiva? El punto más crítico ahí es que Dora (Saldarriaga) es antiuribista y eso complica las cosas porque ella, de alguna manera, podría tener objeciones para votar en medio de una nueva juntanza que incluya al Centro Democrático”, asegura el mismo concejal.

El futuro de la presidencia del Concejo aún no está definido para 2023. Pero lo que sí está claro es que Quintero ha perdido el control que ostentó al comienzo de su Gobierno. Y la pérdida de esa gobernabilidad la sentirá cuando muchos de los concejales también estarán en campaña, usando las críticas a la gestión del alcalde como su carta de presentación antes de las elecciones de octubre del año entrante.