Reglas electorales clave para la oposición no alcanzarán a aplicarse en 2022

Reglas electorales clave para la oposición no alcanzarán a aplicarse en 2022

A tres meses de que arranquen las inscripciones de candidaturas al Congreso y a cinco de las de Presidencia, aún no está claro cuáles serán las reglas de juego que regirán las elecciones del 2022: si las del Código Electoral que están vigentes desde hace 35 años, o las del nuevo código que aprobó el Congreso en diciembre del año pasado y que la Corte Constitucional sigue revisando. 

La revisión se ha demorado porque el nuevo código no solo cambia temas electorales. También se mete con el trabajo de las encuestadoras y el negocio de la identificación con biometría en el que hay intereses de gremios económicos poderosos.

A la Corte han llegado más de 40 intervenciones de gremios, partidos políticos y organizaciones sociales, pidiendo, en unos casos que no se cambie nada, y en otros, que se tumbe todo lo aprobado por el Congreso. A la revisión de esas intervenciones, se le ha sumado una cascada de recusaciones contra los magistrados y la Procuraduría que han dilatado el estudio. 

El representante a la Cámara, César Lorduy, uno de los ponentes en el Congreso del nuevo código, calcula que la Corte tendría hasta el 26 de enero de 2022 para sacar una decisión final. Y como es una ley estatutaria solo a partir de ese momento se convertiría en ley.

El problema es que el nuevo código debe regular la campaña del 2022 y ésta ya arrancó.  

“Es preocupante que a tan solo siete meses del proceso electoral no hay claridad frente a los procedimientos de inscripción de cédulas de ciudadanía, inscripción de candidaturas, las reglas para el desarrollo de las campañas y el funcionamiento de la misma jornada electoral”, dice Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, Moe.

Teniendo en cuenta el calendario electoral del 2022 publicado por la Registraduría, varias de las reformas aprobadas que eran claves para la oposición ya no entrarán en vigor para estas elecciones. Y otras están en riesgo.

Lo que ya no fue: software propio, ni recolección de firmas digitales

En la aprobación del nuevo código, los movimientos alternativos y líderes de oposición como Gustavo Petro, lograron un viejo pedido: que para las próximas elecciones el software que se usa para hacer el registro y la contabilidad de los votos fuera propiedad de la Registraduría, en vez de ser alquilado a terceros como sucede actualmente. 

Con eso no solo se busca que el proceso de escrutinio sea más transparente sino auditable, porque los datos pasan de ser manejados por terceros particulares a funcionarios públicos. Y todos los partidos y movimientos políticos podrían tener acceso al sistema para verificar si hay alteraciones o modificaciones a los resultados.

Ese pedido no estará listo para el 2022. 

La semana pasada y sin mucho ruido, la Registraduría abrió un proceso para contratar a un privado que le preste ese servicio de software. Estimó el valor de ese contrato en 1.2 billones de pesos. Y justificó esa necesidad diciendo que no dispone del personal ni la infraestructura tecnológica requerida para atender esa logística en las elecciones. 

Además del conteo de votos, el que gane ese millonario contrato deberá hacer la logística para la designación de jurados de votación o la autenticación biométrica en los puestos de votación. 

Otro tema que ya no regirá para 2022 es el de la recolección digital de firmas para avalar campañas. El nuevo código señala que la Registraduría deberá implementar herramientas tecnológicas y logísticas para facilitar la recolección y verificación de los apoyos ciudadanos. Como, por ejemplo, las firmas digitales.

Eso se pensó en el marco de la pandemia para evitar aglomeraciones y garantizar el distanciamiento. 

Pero sin firmas digitales, la recolección deberá hacerse nuevamente de manera manual pues toca entregarlas el 13 de noviembre para el Congreso y el 17 de diciembre para la Presidencia.  

Actualmente con formulario en mano hay 62 movimientos recogiendo firmas para avalar listas al Congreso, y 21 para la Presidencia entre las que se destacan las de Juan Carlos Echeverry, Enrique Peñalosa o Rodolfo Hernández. Esto hace la recolección de firmas más costosa para aquellos que no cuentan ya con una estructura política para recogerlas.

Lo que está en riesgo: listas paritarias, garantías de la Corte IDH e inscripción de cédulas

Si la Corte necesita ir hasta el 26 de enero para tomar una decisión final sobre el nuevo código, es muy probable que para las elecciones de 2022 no empiece a aplicar una de las reformas más buscadas y aplaudidas por la oposición: la paridad de género en el Congreso, que aunque no es el gran logro histórico que han pintado algunos medios y políticos sí es un paso en las luchas de género. 

En el nuevo código se estableció que en las listas en las que hayan en juego más de 5 curules, el 50 por ciento de los candidatos deberán ser mujeres. Esa medida busca ampliar la representación de mujeres en el Congreso. Hoy hay 25 senadoras entre 108 curules, y 31 representantes de 172. 

El lío es que las inscripciones de candidaturas al Congreso arrancan el 13 de noviembre y terminan un mes después. Si la Corte no avala el Código antes del 13 de diciembre que se cierran las inscripciones, el porcentaje obligatorio de mujeres en las listas seguirá siendo del 30 por ciento como ocurre actualmente. 

En las listas para las elecciones del 2018, ni una mujer ‘extra’ a la cuota del 30 por ciento exigida se postuló. 

La entrada en vigencia o no del nuevo código le pega a otro tema relacionado con las inscripción de candidatos: las competencias del Consejo Nacional Electoral, CNE, para revocar inscripciones. 

El nuevo código introdujo elementos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, que protegió los derechos políticos del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y que dice que a ningún ciudadano se le puede negar el derecho a ser elegido ni a gobernar cuando ha contado con el voto popular, salvo que ya sido previamente condenado  por un juez. 

Con este criterio, el CNE ya no podrá rechazar la inscripción de candidatos que en el pasado hayan sido sancionados con fallos administrativos, disciplinarios o fiscales, es decir, los que resuelven la Procuraduría o Contraloría.  Como estos entes de control son a veces utilizados como instrumentos políticos para cerrarle el camino a sus rivales, esta disposición de la Corte IDH es una garantía para los candidatos de la oposición.

El enredo es que mientras el código ofrece esas garantías, la reforma a la Procuraduría que aprobó el mismo Congreso hace unas semanas dice lo contrario y le da a la Procuraduría funciones de juez tratando de hacerle el quite al fallo de la Corte IDH a favor de Petro. 

Dado que el Código Electoral es una ley estatutaria de mayor jerarquía que la reforma a la Procuraduría, el Código prevalecería. El problema es que la ley de la Procuraduría ya es ley y el Código solo lo será una vez lo avale la Corte. Si lo hace una vez cerradas las inscripciones las garantías de la Corte IDH, como quedaron aprobadas,  no entrarían a operar esta vez.

El tiempo también corre para regular la inscripción de cédulas y evitar que siga el trasteo de votos.  

El nuevo código menciona que si un ciudadano quiere cambiar su domicilio electoral tendrá plazo hasta cinco meses antes de las elecciones. En el caso de las elecciones de Congreso ese plazo vence en octubre, y en las de Presidencia en diciembre. 

Si ese cambio no alcanza a aplicarse, las inscripciones de cédulas se podrán hacer hasta dos meses antes de las elecciones. Ese margen facilita el trasteo de votantes, como lo hemos contado en La Silla.  

Además, la Registraduría no podría hacer uso de todas las bases de datos públicas para confirmar que las personas sí van a votar donde viven, o avanzar en la depuración del censo electoral con supervisión de la Procuraduría y Contraloría para excluir las cédulas de quienes no pueden votar (condenados, militares, muertos). 

Lo que sí podría cobijar: control a encuestadoras, financiación de campañas y monopolio de biometría

Lo que sí podrá regular la Corte y aplicar en el 2022  —sin importar la fecha en que saque su fallo— es el control a las firmas encuestadoras. 

Porque el código señala que toda encuesta para ser publicada debe pasar por un control previo del Consejo Nacional Electoral, y no posterior como lo hace ahora. Esa entidad definirá si la encuesta tiene todos los elementos de la ficha técnica, si la muestra es confiable, y si el cuestionario no dio lugar a especulaciones. 

Además, les pondrá techo a los márgenes de error (3 por ciento para encuestas nacionales y 5 por ciento para locales) e incentivará a que las muestras sean grandes para lograr una verdadera representatividad.

También obliga a las encuestadoras a presentar los contratos que firmaron con los partidos, medios de comunicación, candidatos o particulares para hacer encuestas y sondeos de opinión.

El gremio de las encuestadoras está en contra de lo que aprobó el Congreso porque consideran que existe el riesgo de que los magistrados, que representan justamente a los partidos políticos, podrían bloquear encuestas en las que les va bien a los candidatos independientes que no tienen asiento en el CNE.  Y por eso, le pidió a la Corte tumbar esas pretensiones.

La financiación de campañas también tendrá novedades si pasa el examen de la Corte.

Con el código se aprobó que los candidatos puedan financiar sus campañas con aportes a través de plataformas electrónicas como ‘Vaki’, lo cual permite microdonaciones de sus seguidores. 

Los aportes individuales no podrán exceder el 0,1 por ciento del tope de gastos de la respectiva campaña. Para la primera vuelta presidencial del 2022, la Registraduría estableció un tope de gastos por candidato de hasta 24 mil millones de pesos, con lo cual una persona, vía plataforma electrónica, podría aportar hasta 240 millones de pesos. 

Finalmente, lo que defina la Corte resolverá un pulso por el negocio de la identificación por biometría. 

Como contamos, la tercera parte de las intervenciones que se presentaron a la Corte para meter mano al nuevo código giraron alrededor de un artículo que le abriría las puertas a la Registraduría para tener el control total, y no solo electoral como es hasta ahora, de la identificación y autenticación de todos los datos biométricos de los colombianos. 

La oposición a ese artículo puso del mismo lado y contra la Registraduría a gremios poderosos como la Andi y Asobancaria, reconocidos abogados constitucionalistas y organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos y la privacidad.

Como la biometría no aplica solo para la identificación electoral sino también para trámites notariales y firmas digitales de los bancos, entre otros, aún si la Corte se toma hasta enero para fallar este tema —en el que se juegan más intereses económicos— lo que decida tendrá un impacto inmediato. En los otros temas, igualmente importantes, el país seguramente tendrá que esperar hasta las elecciones regionales del 2023.

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