Renuncia al Pacto de Bogotá = Santos no será líder regional

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La idea de denunciar el Pacto de Bogotá surgió después de que la Corte Internacional de Justicia decidiera que gran parte del mar colombiano fronterizo con Nicaragua ahora era parte de ese país, lo que causó indignación entre los habitantes de San Andrés Islas.

Foto: Cesar Carrión - SIG

La decisión del gobierno de Juan Manuel Santos de denunciar el Pacto de Bogotá en rechazo por el fallo de la Haya frente a Nicaragua muestra al Presidente dispuesto a renunciar a su proyecto de liderazgo regional a cambio de evitar que el ex presidente Álvaro Uribe se quede como único vocero de la indignación nacional.

El Pacto de Bogotá, que Colombia y otros 20 países firmaron durante la Conferencia Panamericana de 1948 (justo después del Bogotazo), señala que las diferencias entre esos Estados se someterán a la Corte Internacional de Justicia. En su momento se veía como una forma de evitar guerras entre ellos y definir un árbitro para sus disputas, aunque no siempre ha funcionado, como en el caso del conflicto entre Ecuador y Perú de 1995, dado que Ecuador sólo ratificó el Pacto en 2008.

Jurídicamente, al denunciar el tratado, Colombia está diciendo que no se va a someter más a la jurisdicción de esta corte internacional para sus diferencias con los países que lo han ratificado (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela), a menos de que los dos países decidan acudir a la CIJ en un caso concreto o que haya otro tratado que le dé jurisdicción a la CIJ - y Colombia ha ratificado un centenar de ellos.

En su declaracion oficial, María Ángela Holguin dijo "los tratados y no los fallos judiciales son el medio idóneo para lograr delimitaciones equitativas entre las naciones".

Foto: Felipe Pinzón - Cancillería

El presidente Juan Manuel Santos anunció hoy la denuncia al Pacto de Bogotá

Foto: Javier Casella - SIG

La denuncia de un tratado es totalmente legal y libre en derecho internacional. Por ejemplo, Venezuela lo hizo con los tratados que constituyen la CAN y El Salvador ya lo había hecho con el Pacto de Bogotá, en 1973.  Es decir, lo hecho por el Gobierno no tiene problemas legales.

Según explicó un abogado asesor del Gobierno en este tema, la decisión de Santos de denunciar el Pacto es para evitar que en el futuro otros límites de Colombia sean decididos a través de una sentencia. El Gobierno considera que el fallo de la Haya cambió toda la geopolítica del Caribe y que es posible que otros países, como Panamá, también pidan a la Corte examinar los límites con Colombia.

Para el gobierno la aclaración de voto del juez Jean Pierre Colt es diciente porque resalta que a partir de la sentencia de la Corte desaparece el fundamento de los tratados limítrofes entre Colombia y otros países, que no menciona, pero que serían Costa Rica y Honduras.

Ante el Congreso después del fallo, la canciller María Ángela Holguín también dijo que "La posibilidad de que Nicaragua se venga en una demanda posterior buscando la plataforma continental extendida es muy grande, y ante eso definitivamente tenemos que actuar”.

Sin embargo, La Silla confirmó que denunciar el Pacto no ayudará en nada en lo que tiene que ver con Nicaragua. El artículo 56 del Pacto de Bogotá dice que tendrá que pasar un año desde el momento que es denunciado para que cesen sus efectos. Además, agrega que “La denuncia no tendrá efecto alguno sobre los procedimientos pendientes iniciados antes de transmitido el aviso respectivo.” Y el procedimiento con Nicaragua comenzó en el 2001. Esto solo aplicaría para futuros conflictos.

Entonces, de ahora en adelante, si algún país vecino decide discutir las fronteras con Colombia ya no será la Corte la que diga la última palabra sino que se tendrá que decidir de manera bilateral.

El Gobierno siente que así -sin desconocer el derecho internacional o este fallo- está defendiendo los intereses de Colombia a futuro porque la sentencia de la Corte Internacional puede provocar que otros países demanden al país.

"Países como Noruega no aceptan la jurisdicción de la Corte y es un país muy respetuoso del derecho internacional", dijo Manuel José Cepeda, exmagistrado de la Corte Constitucional y ahora asesor del Gobierno en el manejo de la aplicación del fallo de la Haya.

En todo caso, el significado político de esta movida de Santos va más allá del fallo de Nicaragua y de un asunto limítrofe. Sobre todo porque aparte del diferendo con Venezuela por la delimitación marítima en el golfo de Coquivacoa, que lleva más de 20 años sin producir tensiones, Colombia no tiene problemas de fronteras que estén latentes. Pero el Pacto incluía la solución de otro tipo de diferencias, como las que se pueden dar por asuntos de migraciones, de contrabando o de efectos en otro país de una decisión nacional (como el de las fumigaciones con Glifosato, caso en el cual hay una demanda de Ecuador en la CIJ, que se desprende no solo del Pacto de Bogotá sino de un tratado de la ONU sobre narcotráfico).

Las consecuencias hacia afuera

Con la decisión de retirarse del Pacto, el gobierno está enviando una señal que pone en riesgo cualquier proyecto que tuviera Santos de convertirse en un líder regional y le resta legitimidad al discurso con el que llegó el presidente de “asumir -después de 40 años de estar a la defensiva- el liderazgo que nos corresponde en los escenarios internacionales.”

“Es muy difícil ser líder regional así, porque no sólo se necesita poder real (que no tenemos) y una diplomacia efectiva y profesional (que tampoco tenemos), sino legitimidad. Y con esta decisión se pierde la que teníamos”, le dijo a la Silla Sandra Borda, profesora de relaciones internacionales de la Universidad de Los Andes.

En la Cumbre de las Américas quedó claro que si bien el Presidente había normalizado las relaciones con los países vecinos, todavía le faltaba una estrategia a largo plazo para realmente tener una influencia sobre el continente. En esa oportunidad, por ejemplo, Dilma Roussef canceló la reunión que tenía programada con Santos en el último momento.

En el tema de la política antidrogas, Santos ha dado puntadas de querer un giro pero ha sido claro que esperará que otros lleven la batuta, y de hecho ya el presidente de Guatemala y Felipe Calderón, de México, han ido más lejos en propiciar ese debate.

“Aquí todo es un logro y por eso la política exterior es la única política pública que se evalúa con base en medios y no en fines”, dijo hace casi un año Sandra Borda en una columna de El Espectador. “El servicio exterior sigue adoleciendo de los mismos vicios de siempre y no se sabe exactamente cuál es la visión estratégica y de largo plazo que guía tantas ansias de protagonismo internacional.”

Renunciar al Pacto al calor de una decisión de una institución internacional rompe una larga tradición de Colombia de fundar sus relaciones exteriores en el respeto a las instituciones internacionales. Aunque la decisión sea totalmente legal, y otros países como Estados Unidos no se someten a ninguna jurisdicción internaciona, sí muestra una desconfianza de Colombia hacia esas instituciones, sobre todo cuando se hace en reacción a un fallo adverso. Y más aún cuando, en el caso de la CIJ, se trata de una institución que en general goza de legitimidad y cuando el fallo fue unánime en lo que no le gusta a Colombia.

Con esta decisión, el rol de articulador que aspiraba jugar Santos entre Estados Unidos y los países de izquierda también se puso en riesgo.

“Seguramente la decisión será tomada de manera negativa por los países del ALBA” dijo Martha Ardila, profesora de relaciones internacionales de la Universidad Javeriana. “La posibilidad de ser una bisagra entre el ALBA y países más de centro derecha desaparece”, explica Borda.

Esa distancia de la tradición tiene más efectos porque en toda la región lo normal es que los litigios se resuelvan de forma pacífica, ya sea por decisiones de La Haya o por tratados bilaterales. De hecho, en La Haya está pendiente un litigio por delimitación marítima entre Perú y Chile, rivales históricos, que muestra hasta dónde la región acepta que la CIJ sea quien define sus límites.

Santos, el uribista

La decisión del Gobierno muestra un viraje de Santos hacia la continuidad con Uribe en uno de los aspectos en los que más se había diferenciado. Mientras Uribe se había alejado de los vecinos, Santos llegó con un tono conciliador y logró que se restablecieran las relaciones con Venezuela y Ecuador, pero ahora toma un paso en la dirección contraria.  "Llama país camorrero al país que recurre al derecho", dice la internacionalista Laura Gil.

El gobierno anterior empezó a romper la tradición de respeto del derecho internacional con hechos como la captura de ‘Rodrigo Granda’ en Venezuela en 2005 o la incursión en Ecuador que terminó con la muerte de ‘Raúl Reyes’, en 2010 cuando Juan Manuel Santos era ministro de Defensa. Y ahora fue precisamente el ex presidente Uribe uno de los voceros más fuertes de la posibilidad de no acatar el fallo.

Aunque hasta ahora Santos ha sido ambivalente sobre si cumplirá o no el fallo (en Casa de Nariño dicen que nunca se ha pensado en no cumplirlo), el retiro del pacto de Bogotá sí está en línea con la vehemencia uribista contra el fallo. La pregunta es por qué Santos decide adoptar esta decisión más en el estilo de su antecesor.

La respuesta oficial del Gobierno es que busca evitar que a Colombia le quiten más mar. Aunque salvo el límite con Panamá y el Ecuador, después de este fallo ya no comparte mar con ningún otro miembro del Pacto de Bogotá y con esos dos países no hay ninguna disputa latente.

Una posibilidad es que el Gobierno, que siempre se ha mostrado muy susceptible a la posición de la opinión pública, esté reaccionando a la oleada de patriotismo y molestia con el fallo. La denuncia del Pacto le permite acercarse a esa indignación sin por ello entrar en choque frontal con Nicaragua, sus aliados y el derecho internacional.

Pero otro factor que está en juego es el proceso de paz. Con el uribismo oponiéndose a la negociación, el fallo de La Haya le dio otra bandera al uribismo y una que es extramadamente popular. Mientras que en la paz la opinión está con Santos por ahora, en los límites marítimos parece estar con Uribe. Al moverse hacia una posición más fuerte contra la decisión de la CIJ, Santos impide que el ex presidente capitalice solo el sentimiento de indignación. Puede ser que eso lo beneficie en la Gran Encuesta de Ipsos-Napoleón Franco que sale hoy. La pregunta es quién gana en el largo plazo.

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