Expertos consultados por La Silla creen que la aspersión y la estrategia del grupo élite no ayudarán a evitar masacres como la de ayer en el Catatumbo
La muerte de tres campesinos, ayer en zona rural del municipio de Ábrego, en la subregión del Catatumbo, es la noticia más reciente de la seguidilla de masacres que en las últimas semanas han evidenciado que la violencia está arreciando en las regiones, como lo contamos.
La respuesta, hasta ahora, del presidente Iván Duque a este horror se resume en insistir en la aspersión área de la coca y la creación de un grupo élite para ubicar y judicializar a los asesinos, como lo anunció su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
Es una estrategia que, según expertos en el tema consultados por La Silla, puede no solo resultar insuficiente, sino contraproducente.
Una premisa polémica
Para el gobierno, las masacres son el resultado del aumento de los cultivos ilícitos, que vienen creciendo desde el gobierno de Juan Manuel Santos. “Es la caja de los criminales que están cometiendo masacres”, dijo el Ministro cuando lanzó su propuesta para frenarlas en Arauca el fin de semana.
El gobierno, según la explicación que nos dieron en el Ministerio, considera que más que las organizaciones criminales, la verdadera amenaza de seguridad son las rentas ilícitas. Y que son las disputas alrededor de ellas las que elevan los niveles de violencia que se han visto en las últimas semanas.
De este diagnóstico se desprende que un pilar central de la estrategia de Duque para ponerle freno a las masacres sea retomar la fumigación que está suspendida desde el Gobierno de Santos en 2015 y que a partir del Acuerdo de Paz debe ser el último recurso para erradicar la coca.
El Gobierno aún no ha logrado cumplir con los requisitos que le exigió la Corte Constitucional para que pueda asperjar de nuevo y lo más probable es que solo hasta el próximo año, sin pandemia y si consigue hacer las consultas con las comunidades que se oponen, Duque pueda ver despegar el primer avión con glifosato.
Cinco razones contra la fumigación
La pregunta del millón es si fumigar ayudaría a evitar las masacres.
Diego García, encargado del programa de drogas para América Latina de la Open Society, cree que no.
Primero, porque no todas las masacres han ocurrido en zonas con cultivos, como la de los cinco jóvenes en Cali y la de Arauca, donde no hay coca.
En algunas regiones, los armados también tienen otros intereses en minería, deforestación y territorio, como contamos en esta historia.
Segundo, porque no es seguro que la fumigación logre bajar la cantidad de cultivos de coca a largo plazo; el porcentaje de resiembra es alto, con un 35 por ciento, mientras que según un reciente Informe de las Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito la tasa de resiembra tras la erradicación manual y voluntaria en el marco del PNIS es del 0,6 por ciento.
Tercero, porque así la fumigación logre reducir a la mitad los cultivos o incluso a un tercio, es tanta la plata que deja el narcotráfico que en lugares como Tumaco o Catatumbo seguiría habiendo disputas por esas rentas ilegales.
Cuarto, porque -como le explicó a La Silla otro de los expertos consultados- los mercados ilegales no son necesariamente violentos. Y por lo tanto, si no mediara el rechazo moral a la droga podrían existir estrategias más pragmáticas para proteger a la población civil, aún si persistiera el narcotráfico.
Por último, porque la aspersión alejará aún más a las comunidades del Estado, que particularmente en los sitios donde se cometieron las masacres, debe ganar legitimidad para construir una política de seguridad efectiva, como lo explica Kyle Johnson en este hilo:
Unas ideas para profundizar unas ideas sobre la política de seguridad desde la firma del Acuerdo de Paz, para empezar la semana, ya que en algunas entrevistas he tocado el tema pero muy rápidamente:
Miramos cómo llegamos hasta acá (1/13)— Kyle Johnson (@KyleEnColombia) August 24, 2020
“Se necesita una política de seguridad regionalizada que se implemente, que apunte al control institucional y ponga en el centro de todo la protección de la población y la construcción de legitimidad sobre todo; la fumigación no hace nada de lo anterior”, dice el investigador, que tiene amplia experiencia en el Pacífico.
La fumigación, sin alternativas de sustento a la población, hace que la gente que vive de la coca en esos territorios vea al Estado como su enemigo y no como su aliado contra las mafias. Fue precisamente por eso que en plena guerra en Afganistán los gringos decidieron dejar de fumigar la amapola.
“La erradicación es una pérdida de dinero”, dijo en 2009 Richard Holbrooke, enviado especial del gobierno de Barack Obama para Afganistán y Pakistán, delante de los miembros de la OTAN. “Solo ayudó a empujar a los campesinos afganos a los brazos del Talibán. Por eso vamos a eliminar la erradicación.”
El Grupo Élite
La otra estrategia contra las masacres que planteó el Ministro de Defensa fue la creación de una unidad élite para esclarecer las masacres, identificar y capturar a los que las cometieron.
De acuerdo al documento oficial que consigna la política y al que La Silla tuvo acceso, esta Unidad Élite será dirigida por el subdirector de la Dijín, que se encarga de la investigación criminal en la Policía. Y estará integrada por investigadores judiciales, fiscales especializados y funcionarios de inteligencia de la Policía y del Ejército.
Entre las estrategias que tendrá este Grupo están las de elaborar el cartel de los más buscados y ofrecer recompensas por información. Los investigadores también podrán interceptar comunicaciones, usar agentes encubiertos, hacerse pasar por narcos para coger a las bandas criminales con las manos en la masa.
Como entrar a estas zonas a veces es muy inseguro para los detectives y fiscales, esta estrategia cuenta con la ventaja de contar con la protección de comandos especiales de Policía y Fuerzas Militares, e inclusive -según la política escrita- con disponibilidad permanente de un avión para llevarlos a todas partes.
“Se le abona que están disponiendo recursos logísticos importantes para garantizar una investigación criminal efectiva, como lo que se dice sobre la posibilidad de realizar actos complejos de investigación y lo que se dice sobre cómo hacer efectivas las órdenes de captura”, dice Gina Cabarcas, quien trabajó durante varios años en la Fiscalía y ahora codirige el centro de investigación Laboratorio de Justicia y Política Criminal.
Sin embargo, tanto ella como otros dos expertos en el tema creen que tal como está planteada esta estrategia tiene varios problemas.
El primero tiene que ver con el objetivo que persigue. El documento plantea como objetivo actividades como esclarecer los homicidios y judicializar los responsables, pero no es claro si la estrategia se agota cuando logren las capturas de los responsables de las masacres que ocurrieron en el último mes o si es una estrategia más integral y ambiciosa.
“Si es así, ¿no será que lo que ya probablemente hizo la Fiscalía, que es destacar a unos fiscales e investigadores específicos para que investiguen los hechos es lo mismo?”, se pregunta Cabarcas. “Tener un panini de objetivos de alto valor es una actividad de siempre. Y aunque puede seguirse implementando, lo clave no es tener el panini sino definir estratégicamente cuáles son los objetivos de alto valor.”
Los ‘panini’ -que es la jerga que se utiliza para referirse a los carteles de los más buscados- y las recompensas suelen ser efectivos para capturar a los criminales que aparecen allí, que normalmente son las cabezas visibles de los grupos y no necesariamente los mandos medios que ejecutan las masacres.
Un estudio de Planeación muestra que la vida útil de los cabecillas es cada vez más corta, pero ellos son rápidamente reemplazados. Y, con frecuencia, la competencia por asumir el liderazgo de la organización crea aún más desorden y ese desorden puede aumentar las masacres.
El segundo riesgo que tiene la política del ministro Trujillo es el componente de inteligencia.
“Me preocupa que las investigaciones criminales que dependen de inteligencia de Policía y Ejército tienen problemas jurídicos importantes y la forma como se consigue esa información puede poner aún en más riesgo a la población afectada”.
Cabarcas dice que en vez de apostarle a una estrategia para conseguir información a partir de informantes de la comunidad, que los pone en riesgo porque los vuelve parte del conflicto, es preferible contar con programas confiables de protección de testigos, algo que no se menciona como una actividad en la estrategia.
En esa línea de la importancia de construir confianza con el Estado, el experto en seguridad Sergio Guarín, cree que funcionarían también medidas como “una batida” dentro de las Fuerzas Militares depurando cuadros en estas regiones, trasladando gente y abriendo investigaciones por complicidad cuando sea posible; y un mecanismo de trabajo Defensoría – Fiscalía – Dirección de Inteligencia Policial para tramitar situaciones incipientes y amenazas. Además de obviamente dar con los responsables de las masacres.
Por último, está el tema de la articulación. Cuando La Silla llamó a la Fiscalía a preguntar sobre qué fiscales formarían parte de este Grupo Élite la respuesta fue que la estrategia la había definido el Ministro de Defensa y que mejor habláramos de la estrategia con él. Con lo cual queda claro que la política no fue definida conjuntamente con el Fiscal Barbosa. Y para que no arranque de cero, el trabajo del Grupo Élite -según algunos de los expertos consultados- debe incorporar a los fiscales y los agentes del CTI que conocen el crimen a nivel local y que ya cuentan con fuentes en el terreno e interceptaciones de los grupos.
“Probablemente para comprender mejor el por qué de las masacres sea necesario entender los patrones de violencia letal y no letal en las regiones afectadas”, dice Cabarcas. “¿Será entonces mejor pensar en estrategias de investigación regionales que puedan enfocarse en los contextos locales y no estrategias nacionales que tengan la tentación de asumir que las masacres son iguales en todo Colombia?”
Sobre todo porque, como mostró La Silla, si bien el narcotráfico suele ser el combustible de la violencia en muchas regiones, en Colombia no hay una sino varias guerras locales.
