Santos, con los hilos de la televisión

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Paradójicamente el gran beneficiado con la sentencia del Consejo de Estado que anuló  el proceso licitatorio para la adjudicación del tercer canal de televisión es el Presidente Juan Manuel Santos. Ahora con la conformación de la nueva Junta de Televisión podrá tener todas las cuerdas para definir quién o quienes manejan el medio de comunicación más poderoso.

Durante la campaña fue acusado de estar siendo favorecido o de al menos estar incurso en un conflicto de intereses por la posibilidad de que su familia, tradicional propietaria del diario El Tiempo, resultara adjudicataria del tercer canal de televisión privada de Colombia. Esa circunstancia lo llevó incluso a decir mentiras en un debate televisado en el que afirmó haber vendido su propiedad accionaria sin que lo hubiera hecho aún como lo reveló La Silla Vacía.

Las cosas han cambiado:

- La familia Santos ya no es propietaria de El Tiempo;

- El Grupo Planeta –que se hizo accionista mayoritario de esa Casa Editorial con la expectativa de lograr el canal, animado por personas cercanas al expresidente Uribe- está de salida;

- Ya no hay Comisión Nacional de Televisión, sino una Junta en la que el Gobierno podría asegurar la mayoría;

- La entrada de la televisión digital hará inevitable que no sea uno sino varios los nuevos canales que se liciten;

- Luis Carlos Sarmiento, el líder de uno de los tres grupos económicos más grandes del país decidió entrar al juego al asegurar la mayoría en El Tiempo (los otros dos ya tienen su propio Canal); y

- La expectativa va a durar al menos 15 meses con lo que los interesados tendrán que “portarse bien” durante este lapso.


Mientras se decidía la controversia de la licitación del tercer canal, el Gobierno promovió y logró el desmonte de la Comisión de Televisión, un invento de la Asamblea Constituyente de 1991, que quería desligar el control de la televisión del gobierno. El intento falló, como han  fallado buena parte de los “gobiernos autónomos” que creó la Constitución, como los de las universidades públicas y las Corporaciones Autónomas Regionales.

Ahora tendremos una Junta integrada por cinco miembros de los cuales dos son designados directamente por el Gobierno. El tercero que resulta definitorio y que el Presidente aspira a que sea aliado de sus designados es el representante de los Gobernadores (Bogotá fue excluida por la ley).

Como en las regalías, éstos terminan siendo claves, lo que explica que una persona muy cercana a Santos –Germán Chica- sea desde hace unas semanas el Director de la Federación de Departamentos. Los otros dos miembros de la Junta provendrán de universidades y de “la sociedad civil”.

La ley diseñó un sistema complejo de selección de los tres miembros de la Junta, distintos a los del Presidente. Por ejemplo dijo que cada gobernador debería postular un candidato y que los postulados deberían someterse a una especie de concurso de donde saldría el escogido.

La ley no dice si varios gobernadores pueden postular al mismo, que es lo que se está moviendo tras bambalinas o si habrá 32 concursantes. La selección de los representantes de las universidades y especialmente el de “la sociedad civil” parece casi imposible. En este último caso no se sabe quién postula, a quién representan, etc.

Ante ese panorama confuso, la propia ley previó un mecanismo transitorio (parágrafo del artículo 4 de la ley 1507) que prevé que la primera Junta se podrá integrar con solo tres miembros, es decir, los dos del Presidente y el de los gobernadores, con lo que aún si el representante de estos últimos no resultara un aliado del Gobierno éste tendría los votos suficientes para tomas las decisiones más importantes incluida la de la adjudicación de un nuevo canal privado.

“A la mayor brevedad posible abramos la licitación para que exista más oferta en televisión”, le dijo Santos a su Ministro de TICs, en el marco del Acuerdo para la prosperidad de telecomunicaciones llevado a cabo en Manizales. A lo que éste respondió con una pista importante de lo que va a pasar: “Un canal de los que conocemos hoy en día se puede convertir hasta en nueve canales digitales, entonces hay mucho cambio en el negocio por lo que toca hacer nuevamente estudios”.

Esta declaración prácticamente anticipa que no habrá un nuevo canal privado sino al menos dos. Constitucionalmente no es posible restringir, como se ha hecho hasta ahora, la posibilidad de fundar medios de comunicación por razones económicas, argumentando que el negocio no sería sostenible. Si técnicamente es posible, cualquiera podría exigir que se convocaran los procedimientos para adjudicar una concesión dado que fundar medios es un derecho constitucional fundamental de todas las personas.

Hay que agregar que la Junta de tres tendrá que decidir muy pronto qué hacer con los espacios del Canal Uno, cuyo período de concesión se vence el próximo año.

Si el Consejo de Estado hubiera permitido la extraña figura de la subasta de uno, El Tiempo habría sido el adjudicatario y Santos se habría quedado sin el pan y sin el queso, sin el negocio porque lo vendió y sin el inmenso poder de definir ahora qué va a pasar.

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