Se aprobó la Ley de Víctimas: ¿quién defendió a las víctimas del Estado?

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La Ley de Víctimas finalmente fue aprobada por el Congreso y tras un tortuoso debate se convertirá en ley una vez el Presidente Uribe la sancione. ¿Quién defendió los derechos de las víctimas del Estado dentro del Estado?

La Ley de Víctimas finalmente fue aprobada por el Congreso y tras un tortuoso debate se convertirá en ley una vez el Presidente Uribe la sancione. Y lo hará pues quedó tal y como lo quería el gobierno: las víctimas de soldados y militares tendrán que vencer al Estado en un proceso judicial mientras que las demás serán reparadas por vía administrativa.  También permite la restitución de tierras, pero no la de bienes inmuebles., entre otras cosas. Si la Corte Constitucional no remienda esta discriminación y la ajusta a los estándares internacionales como espera el Movimiento de Víctimas, las del Estado quedarán en situación de desventaja frente a las demás. ¿Quién defendió los derechos de las víctimas del Estado dentro del Estado?

No las defendió el Defensor del Pueblo

Volmar Pérez, quién es el principal defensor de los derechos de los colombianos, ha brillado por su silencio en los temas cruciales que le competen. La Ley de Víctimas no ha sido la excepción.

Si se ha opuesto a darle un trato discriminatorio a las víctimas del Estado lo ha hecho en un círculo muy íntimo. En los últimos días se ha pronunciado sobre el virus H1N1, sobre la situación ambiental y de servicios públicos en el corregimiento de Taganga y el Parque Nacional Natural Tayrona, sobre la vivienda social, sobre el derecho de los niños a no ser explotados económica y laboralmente y sobre el desplazamiento en Tumaco. Pero ni un comunicado, ni una resolución defensorial, ni una intervención en el Congreso a favor de un trato no discriminatorio para las víctimas del Estado.  Salvo una, en la que, emocionado, dijo a las mamás de los jóvenes de Soacha que fueron asesinados por soldados y presentados como falsos positivos, que con la ley serían reparadas por vía administrativa. Al terminar, alguien le explicó que tal como está el proyecto tendrían que vencer al Estado primero en un proceso judicial.
 

 

No las defendió el encargado de la Comisión de Reparación

Eduardo Pizarro Leongómez, encargado de la Comisión de Reparación y Reconciliación, sí se ha pronunciado sobre la Ley de Víctimas pero ha defendido la discriminación.

El argumento de Pizarro es que cuando el daño es producido por la guerrilla o los paramilitares o un gobierno ilegal, como los del pasado en Argentina y Chile, se puede reparar a las víctimas por vía administrativa. “En el caso de Colombia, si un actor estatal es un posible responsable, se debe llevar un proceso judicial, porque esa persona, siendo parte del gobierno legal, tiene derecho a defenderse; no se le puede culpar ejecutivamente”, ha dicho Pizarro.  “En Colombia no se podría señalar a una víctima de un agente estatal sin definir las circunstancias de tiempo, modo y lugar; es decir, sin determinar responsabilidades individuales. Dado que en Colombia no existe un Estado terrorista, sino conductas individuales desviadas, no se pueden hacer imputaciones generales sino específicas,” escribió en una columna sobre el tema, ignorando que la última resolución de la Onu sobre reparación de víctimas dice explícitamente que el Estado al reparar no está reconociendo culpabilidad. 

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