¿Se rompió el huevito o el huevito venía quebrado?

El expresidente Uribe ya comenzó a hablar sobre sus temores de que la seguridad se esté deteriorando en el país.

El Presidente Santos no ha querido decir que el problema de las Bacrim viene desde antes. Pero anunció una política integral para combatirlas que aún está por verse.

El General Naranjo anunció hace más cinco años una Oficina especial bajo su mando para enfrentar a las Bacrim. Si la creó, no ha sido efectiva.

El asesinato de Mateo Matamala y Margarita Gómez acabó con el tabú sobre la política de Seguridad Democrática.

Luis Carlos Restrepo, el excomisionado de Paz, siempre argumentó que las bandas criminales eran producto del posconflicto, no de fallas estructurales en el proceso de desmovilización.

El Ministro de Defensa Rodrigo Rivera anunció una estrategia de guerra contra las Bacrim, con comandos conjuntos para enfrentarlas. Pero, al parecer, esa política no fue concertada previamente con el Alto Gobierno.

Desde el asesinato de los dos estudiantes de la Universidad de los Andes en Córdoba, el debate político ha girado sobre si los neoparamilitares que cometieron ese crimen y muchos otros “son la herencia que nos deja el presidente Uribe” (como lo dijo el expresidente Andrés Pastrana) o si el problema es que Juan Manuel Santos no ha podido proteger bien “ese legado histórico que le dejó el expresidente Uribe” (como cree el presidente del Partido Conservador José Darío Salazar). La interpretación que se imponga tendrá importantes consecuencias políticas.

La herencia envenenada

Ahora el tema de las famosas Bacrim parece nuevo, pero como lo recordó hace poco el columnista Juan Diego Restrepo, después de la última desmovilización en 2006, el General Óscar Naranjo creó una Oficina de Coordinación Interinstitucional adscrita a la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía, para combatir estas organizaciones ilegales, que ya en ese momento él identificaba como un problema.

“Los primeros documentos indicaron que para el año 2006 se habían conformado 22 estructuras armadas integradas por cerca de 4 mil hombres. No obstante, no se volvió a saber nada de esa oficina. ¿Alguien puede dar razón de ella?, ¿a dónde fueron a dar sus análisis?”, se pregunta Restrepo, un analista de Medellín que conoce muy bien el conflicto.

También en marzo de 2006, la Misión de la OEA en Colombia sacó un informe en el que el director Sergio Caramagna alertaba sobre la “la viabilidad del proceso de paz a largo plazo”.  

Una de las principales razones para la preocupación de la Misión, que llevaba dos años haciendo veeduría de las desmovilizaciones, es que los paras no estaban entregando todas sus armas. Mientras que en la mayoría de procesos de paz, la relación de armas por desmovilizado era de un fierro entregado por cada dos o tres hombres, en Colombia en algunas desmovilizaciones entregaban un arma por cada cuatro desmovilizados. El argumento de los paras –que el Gobierno de Uribe aceptó– es que muchos de ellos eran meros patrulleros que solo cargaban un celular.

Esto, incluso, a pesar de evidencias contundentes de que no era así. Por ejemplo, después de la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara, a finales de 2003, en Medellín, para la que ‘Don Berna’ reclutó días antes nuevos jóvenes para que tuvieran la oportunidad de acceder a los beneficios de los desmovilizados, muchos de los paramilitares de verdad siguieron usando su poder de intimidación para extorsionar, como lo reveló la encuesta de seguridad del Dane, y para cobrar deudas.

La OEA tampoco se creyó el cuento en esa época y en su informe público declaró que en regiones como la Mojana y Buenaventura, los desmovilizados se estaban reagrupando en bandas delincuenciales. “Mandos medios acceden al control de acciones delictivas que tradicionalmente realizaba el bloque o frente allí asentado (extorsión, cobro de gramaje, limpieza social, alianzas con administraciones locales) y se organizan en pequeños grupos, dotados con armas cortas y permanecen en los cascos urbanos comunicados a través de celulares”, explica el informe, que claramente fue ignorado por los mandos militares, policiales y civiles de la época.

El informe también alertaba que en otras zonas, lo que realmente había ocurrido es que los contribuyentes le habíamos pagado la jubilación a los paras que ya no requerían los frentes, ahora dedicados exclusivamente a sus negocios ilegales. Por ejemplo, en Tierralta, Córdoba, luego de la entrega de armas del Bloque Héroes de Tolová, la OEA alertó que entre 60 y 80 paramilitares no se habían desmovilizado. “Este grupo presta seguridad a los cultivos ilícitos y controla la comercialización de la base de coca en la zona”, denunció el informe.

Incluso la Fundación Seguridad y Democracia, de Alfredo Rangel, un acérrimo defensor del gobierno de Uribe, denunció en 2004 que a pesar de la desaparición de un grupo como el Bloque Cundinamarca, comandado por el 'Águila', o el Bloque Bananero de las AUC, en Urabá, persisten otras organizaciones paramilitares "que garantizan la seguridad de la zona, formando una especie de anillo". Es decir que, si bien con la desmovilización se adelgazaba la organización, las autodefensas permanecían en la zona.

Y aún más grave, la OEA hace casi cinco años, ya estaba denunciando el surgimiento de nuevos grupos armados que estaban reclutando desmovilizados en el norte del Valle del Cauca, en Sincelejo, Tuluá y Pasto. En Nariño, suroeste antioqueño y Norte de Santander ya habían aparecido las ‘Águilas Negras’.

Por último, la Misión de la OEA, nunca pudo asegurar que las armas entregadas por los paramilitares hubieran sido destruidas por el Estado, como se comprometió el gobierno colombiano. ¿Finalmente lo hicieron?

Lo que pasó

En conclusión, los jefes paramilitares evaluando el momento político –la elección de un presidente con un fuerte discurso antiguerrillero, la amenaza de ser juzgados por la Corte Penal Internacional, la desintegración interna de las AUC después de la muerte de Arroyave y de Carlos Castaño por ellos mismos– le apostaron al corazón grande de Álvaro Uribe, en quien confiaban plenamente.

Se desmovilizaron aún cuando el marco jurídico para su entrega no era claro. Confiaron en las promesas del Ministro del Interior Sabas Pretelt, quien les aseguró una y otra vez que, luego de pagar una corta condena en colonias agrícolas en sus regiones, en menos de nada podrían lanzarse a la política.

El gobierno al final no les pudo cumplir las promesas hechas a puerta cerrada. Y los paras también incumplieron las suyas. Se desmovilizaron los jefes, pero dejaron encaletadas muchas de sus armas y en pie sus negocios ilegales y muchos de sus mandos medios, que rápidamente los reemplazaron cuando fueron extraditados.

Ya sin su cara contrainsurgente en muchas regiones, y montados sobre las estructuras económicas y militares sin desmovilizar de los paras de ayer, los neoparamilitares están dedicados lo que esencialmente estaban dedicados antes: a extorsionar, a mover la coca, a la minería ilegal y al contrabando.

Desde el Bajo Cauca hasta Ayapel, gente del Cuco Vanoy le impone hoy cuotas a los mineros ilegales, como lo hacía el exjefe para antes.

En algunas regiones, como el Paramillo, están aliados con las Farc para sacar la coca. En otras, están enfrentadas. El viernes pasado, en el aeropuerto de Popayán, estaban desplegados los cuerpos de 18 hombres, caídos en una emboscada de las Farc a los Rastrojos en Argelia, Cauca.

Son estructuras flexibles e inestables  –como lo explica Martha Ruiz en su nuevo blog de La Silla Vacía– pero que funcionan en red. Los Rastrojos del Norte del Valle están llegando a fortalecer a Los Paisas de Córdoba, así como desmovilizados del Bloque Libertadores del Sur de Nariño.

En todo el Bajo Cauca Antioqueño hasta San Jorge en Córdoba, las Bacrim le están pidiendo plata a los testaferros de las tierras robadas a los desplazados para que los financien. En Cereté, les piden espacio en sus fincas a los ganaderos para guardar armas y droga. “Si dices que no, te ponen vacunas de hasta 5 millones de pesos mensuales”, dijo una persona de la zona a La Silla Vacía.

Y así, estos neoparamilitares se han convertido hoy en una nueva amenaza grave para la seguridad del país.

El efecto para Santos

El Presidente Santos tiene suerte que la bomba de las Bacrim estalló durante el primer semestre de su mandato, con lo cual es relativamente fácil explicar que era un problema que venía sin resolver desde antes y no que fue creado por falta de “micro-gerencia” como lo señaló el presidente del Partido Conservador.

Sin embargo, así este tema hoy esté siendo utilizado por los enemigos de Uribe en contra del expresidente para señalar un lunar en la política de Seguridad Democrática que le aseguró un teflón de ocho años, indeludiblemente se volverá en contra de Santos.

Primero, porque Santos era el Ministro de Defensa estrella de la Seguridad Democrática así como su Consejero de Seguridad Nacional y el Secretario General eran sus viceministros. Y el General Naranjoera  el comandante de la Policía, como lo recuerda Ricardo Galán, el ex asesor de comunicaciones de Uribe, en su blog. Y segundo, porque los uribistas –comenzando por el expresidente Uribe– van a repetir en cada taller democrático y en cada intervención pública sus temores sobre el deterioro de la seguridad. Ya lo comenzaron a hacer. Y las cifras les darán la razón.

El informe más reciente de País Libre muestra que el secuestro aumentó por primera vez el año pasado desde 2002. Aumentó un 32 por ciento entre el 2009 y 2010. También han aumentado las masacres. Y el desplazamiento no ha cesado.

Si Santos no logra mostrar una política creativa y realista frente a las Bacrim, este tema terminará arruinando su reforma bandera: la ley de víctimas y de restitución de tierras, porque será imposible devolver tierras en zonas que no estén pacificadas.

La filtración a los medios por parte del Ministerio de Defensa de “la estrategia de guerra contra las bandas criminales D-6”,  publicada de afán y sin consultarla con el Presidente, mientras que al mismo tiempo Santos anunciaba al final del primer Consejo de Seguridad Nacional una “política integral para enfrentarlas”, que incluía, como debe ser, a la Rama Judicial, dejó la sensación de improvisación y de problemas de coordinación a alto nivel.

Ahora que arranca la campaña electoral, el tema se calentará aún más. Por un lado, los neoparamilitares tratarán de cooptar a las autoridades locales, muchas de las cuales ya están infiltradas por ellos, como lo está la Policía en muchas regiones. Y, por otro, uribistas y antiuribistas tratarán de ganar la pelea en el terreno de la interpretación para no cargar con la culpa de que, más de cinco años después, miles de millones de pesos y cientos de extradiciones después, el paramilitarismo en Colombia siga vivo.