Desde su lógica, como se trató de un entrampamiento por parte del Estado, el Estado incumplió su parte del Acuerdo lo que obligó a Márquez a incumplir la suya e irse para el monte. Esa circunstancia, entonces, lo pondría en una categoría diferente de los que meramente han incumplido el acuerdo de paz y que por lo tanto amerita un tratamiento diferencial. Que en este caso, es tratarlo como una organización de orígen político con un segundo chance para entrar en una negociación política y no en un sometimiento a la justicia
Así lo explicó el minInterior, Alfonso Prada, en una entrevista para La Silla Vacía. “Debemos estudiar más qué fue lo que motivó que se fueran del proceso, porque si fue algo provocado debemos pensar en no cerrar la puerta”.
Para Rodrigo Uprimny, exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional y profesor de la Universidad Nacional, desde un punto de vista legal no habría en principio ningún problema para volverse a sentar a negociar con la Segunda Marquetalia.
“Para mí es un tema político. Es considerar que negociar con los que faltonearon al acuerdo —porque estuvieron en la negociación, firmaron y luego rompieron— es incumplirles a quienes siguen en el acuerdo”, le dijo a La Silla Uprimny
El costo político que paga Petro abriendo una negociación con Márquez es principalmente en su relación con un sector del santismo y con los Estados Unidos.
La resistencia de los negociadores santistas y la posición de Estados Unidos
La posición del Presidente es contraria a los santistas que lideraron la negociación de paz en la Habana, y que consideran que volver a negociar con Márquez es violar los términos del acuerdo de paz. En particular, un punto angular, que es ver el acuerdo de paz como el cierre del conflicto con las Farc.
Sergio Jaramillo, excomisionado para la paz, ha criticado que la paz total considere que hay grupos insurgentes más allá del ELN y que se le esté dando tratamiento político a algo que debería ser un asunto de política criminal.
También en esa línea se ha expresado el senador Humberto De la Calle, quien no solo fue jefe negociador del gobierno con esa guerrilla sino que es uno de los senadores más votados de la coalición oficial y una voz muy respetada en el Congreso.
“No estoy de acuerdo con reabrir negociación con "Iván Márquez". Ellos tuvieron su oportunidad, solo les queda el camino del sometimiento”, dijo ad portas del debate de la ley de paz total en el Congreso.
De la Calle trató durante los debates de esa ley de incluir una proposición para prohibir cualquier negociación con los miembros de la Segunda Marquetalia, que estos solo pudieran ir al sometimiento a la justicia para los narcos. Finalmente solo quedó como una constancia.
El costo político de negociar de nuevo con “Márquez” y su disidencias no enfrenta a Petro solamente con voces importantes dentro del Congreso y la política colombiana. Al argumento del “entrampamiento a la paz” de Petro se le opone Estados Unidos.
El propio embajador de este país en Colombia, Francisco Palmieri, dijo que “no sé entrampó a nadie, de ninguna manera nuestra policía o sistema entrampó a nadie". Y agregó: "Nuestros pedidos de extradición son contra crímenes en los Estados Unidos, por lo que lo seguiremos a quienes delincan acá, sin embargo, seguiremos de cerca las negociaciones del Gobierno colombiano".
Esto es importante porque la justicia estadounidense acusó formalmente a "Santrich" por narcotráfico y el caso solo concluyó porque el exguerrillero murió en 2021.
Además, una jueza en Nueva York ya condenó a Armando Gómez por narcotráfico, que era uno de los socios de “Santrich” en el envío de coca. La justicia de este país también pidió una condena para Fabio Younes, otro socio del exguerrillero.
A diferencia de “Santrich”, tanto Younes como Gómez fueron extraditados a Estados Unidos y la misma JEP les negó la garantía de no extradición, pues consideró que no eran parte de las Farc y que eran unos narcos.
La carta de salida que pone la JEP sobre la mesa
El gobierno tiene una carta para jugar en esta discusión.
A principios de febrero, el magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP, anunció que presentará denuncias contra funcionarios de la Fiscalía, durante la dirección de Néstor Humberto Martínez, por presuntos delitos cometidos durante el caso de “Jesús Santrich”.
Las denuncias parten de un informe que preparó el magistrado Raúl Sánchez como coordinador de la Comisión de Seguimiento de la JEP a las interferencias, omisiones y actuaciones irregulares en medio del proceso de extradición de “Santrich”.
Al exfiscal de la JEP, Carlos Julián Bermeo, fue condenado el año pasado por recibir sobornos para retrasar el proceso de extradición y afirmar que en la JEP había una red de corrupción.
Parte del contenido de esas denuncias e irregularidades ya fue contado por Ana Caterina Heyck –una de las magistradas que aprobó la garantía de no extradición de "Santrich"– en una carta que se filtró a mediados del año pasado. Heyck dice que hubo una campaña de desinformación de la Fiscalía, que Martínez manipuló las pruebas del caso, que no hubo cooperación con la JEP y que hubo actuación irregular de agentes encubiertos de la DEA.
Según un magistrado del Tribunal, en el informe que Sánchez presentó a la sala plena: “Hay serios indicios de una conducta delictiva por parte de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez”.
Estas denuncias —que la JEP aún no presenta oficialmente— han sido aprovechadas por el gobierno. El canciller Álvaro Leyva salió en apoyo a Heyck cuando se filtró la carta. Y ahora se reunió con Vidal en el edificio de la JEP el mismo día que el presidente de la jurisdicción anunció las denuncias, según le confirmaron a La Silla dos fuentes que lo vieron y piden la reserva de la fuente.
Tras esa visita, el viernes 3 de febrero, Leyva, quien fue el abogado escogido por las Farc para elaborar el capítulo de justicia transicional del acuerdo, trinó que apoyaría las denuncias de la JEP y anunció que: “Pondré en conocimiento del Consejo de Seguridad el entrampamiento que denuncian (...) No importa como se llamen”.
Ahora falta que la JEP presente efectivamente las denuncias, su trámite legal puede tomar años, especialmente si denuncia a Néstor Humberto Martínez que sería juzgado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Pero, esto podría crear el ambiente político necesario para que el Presidente venza la resistencia de la Embajada y de santistas claves que se oponen a que "Márquez" tenga una segunda oportunidad.
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