Ni Claudia ni la Policía dieron la orden de no disparar
“El uso indiscriminado de armas de fuego por parte de agentes de policía el 9S es una realidad incontrovertible”, dice el informe. Agrega que se vio facilitada, entre otras, por la falta de “una orden clara, inequívoca y jerárquica de no disparar por parte de las autoridades civiles y policiales que se encontraban en los PMU (Puestos de mando Unificado)”.
La Alcaldía, por ejemplo, dio tres instrucciones la noche del 9s: Proteger las estaciones de Policía (distintas a los CAI) porque allí hay detenidos y armamento, proteger las estaciones de Transmilenio y pedir refuerzos.
La policía por su parte dio instrucciones de abandonar los CAI para preservar la integridad de los uniformados. Esta es la transcripción de uno de los audios de esa noche: “Si no dan (sic) a abasto casco y escudos para el personal que está en el 20, retirarse, ir retirándose, asegurar los medios, asegurar las pistolas y demás. Primeramente, la integridad y que no vaya a haber lesionados”. Aunque el informe señala que estas órdenes eran intermitentes.
Sin embargo, hubo desobediencia. Un fragmento de una conversación por radio de un comandante reporta que: “Recuperamos el CAI, pero necesitamos más apoyo, necesitamos más apoyo. Recuperamos el CAI, pero necesitamos más apoyo”. En estas acciones fueron heridos de muerte varios de los manifestantes del 9S.
Hubo falta de previsión
Un alto funcionario del Distrito reconoció para ese informe que "hubo falta de previsión. A las 6:00 a. m. en Noticias Caracol salió lo de Javier Ordóñez (...) Era obvio que se trataba de nuestro George Floyd”, dijo en referencia al hombre asesinado a manos de policías en Estados Unidos que desató enormes protestas. “Lo pensamos, lo hablamos, pero nos faltó convertir eso en órdenes concretas”, agregó el funcionario que permanece sin identificar en el informe.
La alcaldesa López lo confirmó cuando le preguntaron acerca de qué hizo cuando se enteró del asesinato de Ordóñez. “Hago referencia a lo de George Floyd porque nosotros ya habíamos conversado de que a la hora de que hubiera una cosa evidente y abusiva podría prender la mecha, como lo había hecho en Estados Unidos”, dijo.
Sin embargo, en la Policía había más preparación. El informe cuenta que el 4 de septiembre de 2020, cinco días antes de las manifestaciones, la Policía Metropolitana de Bogotá expidió una orden (documento con instrucciones) relativa a las “Actividades de acompañamiento a posibles marchas”, ante posibles concentraciones por la conmemoración del día nacional de los Derechos Humanos.
En esa orden incluían frases como “Está prohibido para la atención de manifestaciones el porte y uso de armas de fuego y de letalidad reducida”. También hicieron énfasis en la importancia de que hubiera gestores de diálogo, los acompañantes civiles de las protestas.
Pero el 9S, a las seis de la tarde, muchos de los gestores de diálogo se habían ido de los puntos de concentración a los hospitales y a los CAI, por orden del Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.
El resultado fue que el Puesto de Mando Unificado (PMU), donde estaba la alcaldesa, no tenía fuentes distintas a los miembros de la Policía para obtener información de lo que estaba pasando. Aunque contaban con las cámaras de seguridad, no lograron capturar todo lo sucedido.
Hubo estigmatización a la protesta desde el Gobierno Duque
El informe dice que “se presentaron circunstancias que dan cuenta sobre la violación a la presunción de inocencia a través de falsas acusaciones y estigmatizaciones”.
El entonces ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo (Q.E.P.D), el consejero de seguridad, Rafael Guarín, el presidente, Iván Duque, e incluso el fiscal general, Francisco Barbosa, cabeza de las investigaciones de brutalidad policial, afirmaron que la protesta estaba infiltrada por grupos terroristas y de estructuras criminales como disidentes de las Farc y guerrilleros del ELN.
Al respecto, el informe señala que esas afirmaciones “o bien no son contrastables con lo que reposa en las indagaciones o bien no han sido objeto de evaluación judicial como informaron en octubre de 2020”.
La investigación que duró seis meses concluye que esto es grave, entre otras cosas, porque “impide reflexionar sobre las causas estructurales (de la protesta)”. También porque estas afirmaciones podrían justificar el uso ilegítimo de la fuerza. “Podría conllevar al entendimiento de que el uso de armas de fuego no fue una acción disuasiva por la conducta violenta de los manifestantes, sino una acción ofensiva para atacar un objetivo legítimo en la lucha contra el terrorismo”, sostiene el informe.
La tensión entre la Policía y la ciudadanía venía desde antes
Para tratar de entender la reacción tanto de manifestantes como Policías, el informe recoge hechos anteriores que muestran que las tensiones entre ciudadanos y manifestantes ya existían (otra de las razones por las que se podía prever).
Recuerda que el 4 de septiembre, días antes del asesinato de Javier Ordóñez, murieron 9 personas en el CAI de San Mateo, en Soacha, por cuenta de un incendio que presuntamente pudo ser controlado.
Tanto en el informe como en la presentación, el ex defensor Carlos Negret dijo que la política policial ha hecho que ciudadanos y policías se enfrenten constantemente.
Un retirado de la Policía, que ocupó un alto mando en la entidad, respaldó esa afirmación. Dijo para ese informe que los motivos de esos enfrentamientos son, entre otros, el decreto que autoriza el decomiso de la dosis mínima y las funciones de vigilancia de los detenidos.
“Desde hace 10 años la Policía terminó ejerciendo funciones carcelarias en las estaciones de policía, en condiciones inaceptables(...) Entonces la familia de un recluso odia a la Policía. Un policía no puede ser carcelero de nadie. Hay suficientes argumentos que explican la rabia de los jóvenes contra la Policía”.
“Durante el conflicto armado una característica de la Policía fue ser la última barrera de contención a las guerrillas, y por lo tanto defender la instalación militar (en este caso los CAI) se convirtió en un tema de honor”, dijo otro veterano de la Policía para explicar por qué la policía reaccionó bajo una lógica militar.
"No es posible comprender la hipótesis de la legítima defensa"
La Policía ha defendido en múltiples ocasiones que reaccionaron de esa manera porque su vida estaba en peligro. El informe reconoce que ese día 216 policías fueron golpeados o lesionados y que además hubo cuantiosos daños a la infraestructura. También reconoce que en la ciudad hay déficit de policía y que las capacidades de la institución estaban rebasadas. Sin embargo, considera que no se justifica el accionar de los uniformados.
Explican que aunque hay que analizar caso por caso “el resultado de los eventos revisados demuestra que el uso de las armas se dio como una medida ofensiva para disuadir indiscriminadamente a quienes se encontraban atacando a los CAI, pero así mismo a quienes se manifestaban sin incurrir en violencia”. Y agrega que “no es posible para esta Relatoría identificar elementos que se puedan comprender dentro de la hipótesis de la legítima defensa”.
Los investigadores agregan que los ataques no eran de parte de todos los manifestantes, sino de algunos sectores. Que encontraron incluso algunos manifestantes que protegían a los uniformados y que los ataques contra los agentes “se produjeron en el momento en que intervinieron para proteger la infraestructura y bienes de la Policía”.
Falta de estrategia de la Fiscalía
El informe muestra que hay deficiencias en la gestión del ente investigador de los hechos. Por ejemplo, dice que “no evidenció medidas adecuadas y efectivas para la persecución conjunta de los homicidios registrados el 9 y el 10 de septiembre”.
También que hay una “falta de una estrategia común, integral y conglobante. Desconoce elementos contextuales valiosos para identificar las condiciones de ocurrencia de estas graves violaciones a los derechos humanos, al tiempo que omite la investigación sobre los superiores jerárquicos”.
La Fiscalía responde que las investigaciones se han visto afectadas por la imposibilidad de los equipos de su institución, Policía y CTI para adelantar “la recolección de evidencia balística y registro fílmico que contribuyan con la identificación de los responsables de las conductas”. Solo han sido imputados cuatro patrulleros debido a que la bala quedó alojada en el cuerpo de la víctima.
En varios momentos el informe muestra que no fue sencillo acceder a la información de la Fiscalía. Por ejemplo, no tuvieron mayor detalles sobre los avances en las investigaciones por abusos contra policías.
El informe profundiza la desconfianza entre Claudia y la Policía
El documento recoge declaraciones inéditas de la alcaldesa con respecto a lo que sucedió esa noche que, según dos fuentes de la Policía que conversaron con La Silla, han caído muy mal en la institución.
Por ejemplo, López recuerda que cuando estaba viendo por redes sociales los videos en de lo que estaba sucediendo se retiró del PMU a la Alcaldía. “No me iba a quedar al lado de la Policía verificando la matazón”, dice la alcaldesa en el informe. En otro aparte se contrasta la manera en como ella reconoció errores con la respuesta de Duque y del general Vargas: “Esa empatía no la han tenido ni los directores de la Policía ni el presidente de la República”.
López también muestra su descontento con la reacción del presidente ante el informe audiovisual que la Alcaldía le entregó días después del 9S. “Lo vieron incólumes, sin que se le moviera una ceja”. Recordó que el presidente le dijo: “‘Ese video puede mostrar muchas cosas, pero aquí tiene que haber una investigación de la Policía’”. Y que ella le contestó: “‘¿de la Policía? pero si ella fue la que disparó. Usó sus armas de dotación, las que le damos los colombianos (...) para matar a 10 personas y herir a 75”.
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