Siete ‘recetas’ para no repetir los abusos policiales de hace un año

Siete ‘recetas’ para no repetir los abusos policiales de hace un año
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Foto: Fabián Herazo

Esta historia hace parte de la Sala de redacción ciudadana, un espacio en el que personas de La Silla Llena y los periodistas de La Silla Vacía trabajamos juntos.

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Hace un año, el paro sacudió al país y a la par con el descontento social, quedó en evidencia el grave problema de abuso policial que existe.

La Fundación Ideas para la Paz y Fescol conformaron un grupo de trabajo de 11 expertos en Policía y Seguridad que hizo estas siete recomendaciones para fortalecer el liderazgo civil de la Fuerza Pública:

Clarificar y consolidar el liderazgo civil de la Policía desde el Ejecutivo

Durante el paro hace un año así como más recientemente con el operativo militar en Putumayo, que provocó el debate de moción de censura del ministro Molano, han quedado en evidencia las deficiencias en el direccionamiento civil de la seguridad.

“De ahí que las políticas se queden sin implementar y los mandatarios locales sin dirección ni apoyo, cediendo el liderazgo de la seguridad a la Fuerza Pública. Esto debilita las visiones democráticas de la seguridad”, dice la FIP.

Hace un año, por ejemplo, mientras la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hacía denuncias de los abusos policiales a organizaciones de derechos humanos, el presidente Iván Duque visitaba los CAIs destruidos, respaldaba a los uniformados (con la chaqueta literalmente puesta) e insistía en que eran casos individuales. Pero ninguno asumía la responsabilidad política de lo que estaba sucediendo.

Frente a ello, la FIP recomienda “clarificar y consolidar el liderazgo civil desde el Ejecutivo y a nivel departamental y municipal, con funcionarios preparados en asuntos técnicos, políticos y organizacionales de la seguridad y la Fuerza Pública, capaces de articular diferentes actores con objetivos estratégicos definidos e intervenciones amplias e integrales.”

Fortalecer la jurisdicción penal ordinaria para delitos presuntamente cometidos por la Fuerza Pública 

Durante el paro, la Fiscalía recibió más de 4 mil denuncias por abuso de autoridad de la Fuerza Pública. Al final, contabilizó 23 homicidios de civiles cometidos presuntamente por policías en el contexto del Paro de hace un año. Es la cifra más conservadora: Human Rights Watch dice que estuvieron involucrados en 25 homicidios, y la ONG Temblores habla de 40.

En todo caso, de los 23 homicidios reconocidos por la Fiscalía —y pese a haber priorizado estos delitos— sólo hay 10 uniformados siendo procesados y ninguno condenado hasta ahora: cinco policías han sido acusados de homicidio, dos más están imputados y 3 investigados. Otros 13 casos están en indagación.

La investigación de otros abusos de la Fuerza Pública, como aquellos en los que los manifestantes perdieron un ojo por cuenta de la reacción del Esmad, la Fiscalía dijo a Human Rights Watch que las víctimas no han colaborado con el proceso, y que por lo tanto no hay avances en ese frente.

Fuera de que las víctimas se quedan sin reparación, “la ineficacia de la justicia lleva a que no se reproche institucionalmente ni se prevengan los delitos cometidos por la Fuerza Pública, y que tampoco se disuadan estas conductas con la contundencia necesaria”, dice la FIP.

Para ello, propone “fortalecer la jurisdicción penal ordinaria para delitos presuntamente cometidos por la Fuerza Pública, aumentando, por ejemplo, la capacidad estratégica y analítica de la Dirección Nacional Especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía”.

Uno de los miembros del equipo de trabajo convocado por la FIP, proponen dotar de capacidades adicionales a la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía —por ejemplo, con grupos de investigación móvil— para que pueda asumir rápidamente estos casos y no días, meses o años después de que el caso ha estado en las seccionales y cuando ya es demasiado tarde para recopilar evidencia.

También proponen fortalecer su capacidad de encontrar patrones entre casos similares de abuso por parte de la Fuerza Pública como lo pudieron hacer con éxito en los casos de homicidios de sindicalistas; y mejorar su capacidad de priorización de estos casos de manera que puedan focalizar de manera estratégica su investigación como lo lograron con los falsos positivos.

Por último, proponen que los policías sean en principio juzgados por la justicia ordinaria y no la penal militar, cuya independencia frente a la Fuerza Pública tiene muchas vulnerabilidades porque aún con las reformas recientes la carrera de los jueces penales militares sigue dependiendo de la cúpula militar y policial.

Si no es posible modificar la Constitución para excluir a la Justicia Penal Militar de la investigación de delitos cometidos por policías, la FIP propone paneles híbridos en esa justicia especializada que incluyan jueces civiles para garantizar su independencia.

Fortalecer el control político del Congreso sobre la Fuerza Pública

Los abusos de la Fuerza Pública durante las protestas del 28 de abril motivaron la primera moción de censura del ministro de Defensa, Diego Molano. El debate lo lideraron congresistas de la oposición con Iván Cepeda a la cabeza y con el respaldo de actores externos como el Comité Nacional del Paro.

En dos debates, entre el 25 de mayo y el 1 de junio, Cepeda y compañía presentaron pruebas testimoniales, videos e informes sobre abusos registrados en al menos 30 regiones del país, señalando al ministro Molano de ser “responsable en primera línea de crímenes de lesa humanidad”, alegó Cepeda en el debate.

La moción no prosperó. Y no porque hubiera habido una verdadera discusión sobre el actuar de la Fuerza Pública. El gobierno consiguió mayorías, tanto en Senado como en Cámara, a favor de Molano con el argumento de la “defensa de la institucionalidad” y a partir de duros cuestionamientos a los bloqueos y a la Primera Línea.

Y es que el control político del Congreso sobre la Fuerza Pública es mínimo. Como explica la FIP, “se ha consolidado un patrón de relacionamiento y una red de intereses entre el Congreso y la Fuerza Pública, en la que se gestionan apoyos mutuos que han desplazado la discusión de los asuntos importantes de seguridad. El Congreso se limita a tramitar las iniciativas del Gobierno, con contados aportes.”

Esa red de intereses se revela, por ejemplo, en que los congresistas hacen gestiones para que les presten servicios de seguridad individual, o para incrementar el pie de fuerza para sus regiones, conseguir protección para instalaciones y eventos electorales, conseguir armas y salvoconductos. Esto a cambio del compromiso del congresista de apoyar o rechazar un proyecto, moción de censura e incluso ascensos. Nada ilegal, pero “son acuerdos que van en desmedro de la discusión estratégica y de control político sobre los asuntos de seguridad pública”, explica María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz.

Para enfrentar esa situación, la FIP propone unas actividades concretas: “Aumentar el interés de la mesa directiva del Congreso sobre el conocimiento del sector seguridad y defensa entre parlamentarios; diseñar procesos transparentes y auditables que no afecten la independencia de ninguna de las partes; avanzar en la depuración y desclasificación de archivos de inteligencia que contribuyan a esclarecer la verdad histórica; e impulsar el involucramiento y compromiso de la academia y de la sociedad civil con los asuntos de seguridad y defensa.”

Liderar una reforma a la Policía que proteja a la ciudadanía

Después de las protestas, el presidente Iván Duque desempolvó una reforma a la Policía que venía promoviendo el director de la institución, el general Jorge Luis Vargas.

“Vargas busca que los uniformados puedan especializarse aún más para responder mejor al sin número de tareas que tienen. Si lo logra, ese sería su legado”, dice Alberto Sánchez, investigador y consultor en temas de seguridad ciudadana. También están impulsando un observatorio del uso de la fuerza y DD. HH. pues lo que ha pasado en los últimos meses ha demostrado que los policías no están preparados para eventos como la quema masiva de CAIs y que los protocolos nacionales e internacionales del uso de la fuerza se quedan cortos para situaciones que se han vivido en el marco del paro.

El gran lunar es que ha sido la misma institución la que está liderando el proceso de reforma. La Policía no solamente es una institución que tiene una relación rota con la ciudadanía, sino que además es el blanco de críticas de varios sectores sociales.

La FIP es enfática en que “el alto gobierno debe asumir el reto político de convocar un proceso amplio e incluyente que genere un consenso político y social, capaz de identificar las reformas institucionales necesarias para mejorar las condiciones de seguridad en zonas urbanas y rurales, transformar los fundamentos de la relación con la autoridad civil y la ciudadanía, y diseñar un modelo policial adecuado.

Los cambios deben dirigirse con criterios técnicos y por equipos humanos preparados, estables e independientes, capaces de cambiar las dinámicas actuales.”

Aclarar el rol del alcalde como primera autoridad de Policía 

En campaña, Claudia López dijo que iba a ser “la jefe de la policía”. Pero poco tiempo después, cuando le preguntaron por su rol como alcaldesa dijo: “Bienvenidos a la realidad, el jefe de la policía es el presidente”.

Los alcaldes pueden establecer una política de seguridad y pedirle ayuda a la Policía para que les ayude a cumplir sus metas. Pero no pueden darles órdenes operativas. Es decir, que los mandatarios locales no pueden decidir sobre los protocolos del Esmad, ni cuántos hombres van a estar en las calles o cuándo deben responder o qué tipo de armas pueden usar. Eso lo decide el director de la policía, quien responde al ministro de Defensa y al Presidente.

Otros alcaldes, sin embargo, han cruzado esa línea. En Cartagena, el alcalde William Dau, les pidió a agentes del Esmad que se fueran de una protesta, lo que evidencia que el rol del alcalde como jefe de policía está lejos de ser claro.

“Abundan los vacíos en la relación entre alcaldes, gobernadores y la Policía, lo que afecta la efectividad de la gestión de la seguridad. No hay claridad sobre cuestiones de carácter normativo, político, estratégico y operativo”, dice la investigación de la FIP.

Para ello proponen hacer una reforma legal para aclarar la relación policía—alcaldes—gobernadores, así como la relación entre las administraciones locales y el nivel nacional de la Policía, en materia estratégica y operativa.

“También, poner en marcha acciones de tipo gerencial y organizacional que faciliten el diálogo, la concertación de prioridades, el acceso y destinación de los recursos. Se requiere que los alcaldes asuman el liderazgo y la responsabilidad política de la seguridad y convivencia en sus territorios. Ayudaría que se concerte la designación del comandante con el alcalde y que se generen procesos de formación conjuntos”, sugiere el documento.

Crear incentivos para cambiar la cultura organizacional de la Policía 

Según el Banco de Datos y Violencia Política del CINEP y el Programa por la Paz (2021), de los entes estatales, la Policía fue quien presuntamente violó más derechos humanos durante el primer semestre de 2021, con 926 víctimas.

Si bien la receta obvia es incrementar las sanciones, Manuel Iturralde, en el documento que elaboró para la FIP, defiende la idea de que más que nuevos protocolos o sanciones lo que se necesita es crear los incentivos para que cambie la cultura interna de la policía.

“Atributos negativos de la cultura policial, como una actitud de “ellos y nosotros” o un “código de silencio”, donde la lealtad se valora por encima de la integridad y el compromiso con los valores y normas que guían la organización suelen contribuir a los abusos policiales y a su impunidad, por más que se implementen controles externos”, explica Iturralde en este documento

Esta “cultura” quedó claramente retratada en esta investigación que hizo La Silla Vacía. Tras el asesinato de Javier Ordóñez a manos de policías, algunos ciudadanos respondieron quemando CAIs en diferentes puntos de Bogotá. La respuesta de algunos uniformados, como lo reconoció la misma alcaldesa López, fue encender fuego contra los manifestantes.

Tras conversar con policías de diversos rangos, quedó claro que compartían la lógica de equipar la defensa de un CAI a la de una estación de Policía en un pueblo asediado por la guerrilla.

“En la Policía uno aprende a defender la estación de Policía hasta la muerte. El que muere defendiéndola, es un héroe”, explicó un veterano general. “Ellos equipararon el CAI a una estación”.

Teniendo eso en cuenta, dice la FIP, la forma más efectiva de desincentivar los abusos policiales, sería “crear estrategias que tengan incidencia en las motivaciones, impulsos, actitudes y racionalizaciones que llevan a los individuos a comportarse de acuerdo con las normas y valores de la organización a la que pertenecen, más por identificación y compromiso con ellas que por temor a una sanción.”

En particular, propone poner más atención al proceso de contratación de los policías, al trato que les dan los superiores a los patrulleros, a la capacitación y las perspectivas de ascenso que tienen, entre otras propuestas puntuales que no requieren grandes reformas sino ponerle atención a cómo funcionan por dentro. 

Hay que cambiar el modelo de Policía para acercarla a los ciudadanos

Una de las conclusiones más contundentes del estudio de la FIP es que por privilegiar la creación de grupos especializados de lucha contra el crimen, se descuidó la vigilancia y el alejamiento de la ciudadanía.

“Se permitió que se instalara una dinámica para regular el comportamiento ciudadano que privilegia las sanciones, en detrimento de las medidas de protección, prevención y mediación. Este tipo de actuación policial es demandada y premiada por los gobiernos y buena parte de la sociedad, que equiparan sanciones con efectividad”, dice el documento.

Para darle un vuelco en esa relación fracturada entre la Policía y la ciudadanía proponen “redireccionar recursos y capacidades para fortalecer la vigilancia policial, y replantear el trato y contacto con la población”

Sugieren por ejemplo, identificar mejor los delitos relacionados con la convivencia así como promover “la capacidad de comunidades y grupos sociales para participar en los temas de coexistencia y seguridad ciudadana.”

Aquí puede ver documento completo

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