En lugares en Caquetá, Huila y Meta donde ya no están las Farc, la misma población se está organizando para crear sus propias reglas ambientales y hasta de seguridad y justicia.
Valparaíso, Caquetá.
Ante la incapacidad del Gobierno para llegar a muchas de las regiones donde las Farc fungía como autoridad, la misma población en lugares del Caquetá, Huila y Meta se está organizando para crear sus propias reglas ambientales y hasta de seguridad y justicia.
La reorganización rural
Hace una semana en La Macarena, un municipio en el Meta donde las Farc acumulan la mayoría de bienes que le presentaron a la Fiscalía, la Asociación de Juntas de Acción Comunal (que agrupa a las 190 veredas de ese municipio) citó a una reunión en el polideportivo del pueblo a los funcionarios locales de Cormacarena (la autoridad ambiental allá) y a los de Parques Naturales.
“Les dijeron que entre todas las juntas tomaron la decisión de que cada familia podía talar hasta cinco hectáreas de bosque al año”, dijo a La Silla una persona que estuvo en la reunión y que nos pidió no ser citada. “Como ya no están las Farc con su manual ambiental, las juntas están organizándose para ahora ser ellos los que regulan eso”, agregó.
Como lo contamos en La Silla, la manera en que las Farc hacían cumplir esas ‘normas’ ambientales era a través del cobro de extorsiones, que medían a través de ‘cupos o cuotas’ y la imposición de multas y otras sanciones para quienes las incumplieran.
“Las juntas están organizándose porque como hay esos vacíos que dejó las Farc, a la zona han llegado una avalancha de terratenientes que están comprando grandes extensiones de tierra para talar y hacer su ganadería”, dijo a La Silla Pedro Nel Rocha, concejal en La Macarena.
“Y como a la zona rural no llega ni Parques ni Cormacarena a solucionar, entonces los campesinos están intentando regular el tema”, agregó.
En Parques creen que es una lectura injusta. “Hay 35 personas en la Macarena haciendo monitoreo sobre este tema y el sur del Meta es de los lugares donde tenemos imágenes satelitales diarias reportando los puntos de deforestación y de incendios”, dijo a La Silla Carolina Jarro, la subdirectora de Gestión y Manejo de Parques. “Sabemos que sí se está moviendo un mercado de tierras al interior de los parques y que está llegando gente a colonizar y eso no es permitido”, agregó.
Sin embargo, Parques reconoce que es muy difícil ejercer un control sobre todo el territorio y como también lo contamos, la estrategia del Gobierno para frenar la deforestación, conocida como la “burbuja ambiental”, va más lento que los terratenientes que han llegado a colonizar talando árboles.
Algo parecido pasa en Caquetá donde, como lo mostramos en nuestra investigación sobre los líderes asesinados, la Asociación Campesina Ambiental Losada Guayabero, Ascal-G, estaba trabajando en un manual de convivencia con las 70 veredas que agrupa en San Juan de Losada (en límites entre Meta y Caquetá) para reemplazar la regulación a la fuerza que hacía la Columna Móvil Felipe Rincón (antes frente 40 del Bloque Oriental) de la vida de los habitantes.
Era un manual que iba mucho más allá de lo ambiental.
Había normas que le ponían “impuestos” al comercio del trago o a la compra y venta de fincas y casas, lo que algunos como el Alcalde de San Vicente del Caguán Humberto Sánchez Cedeño, interpretaron como una especie de extorsión.
“Todo negocio de venta deberá pagar el 10 por ciento del valor del inmueble distribuido así: 4 por ciento para la JAC, 3 por ciento para el núcleo (de Ascal) y el 3 por ciento restante para la movilización de los directivos de Ascal-G”, decía el manual.
Fuera de esos casos, también hay otros que muestran que las comunidades comienzan a organizarse en un esfuerzo por tener la “justicia y seguridad” que el Estado no les ha garantizado y que antes -así fuera de manera arbitraria- impartían las Farc.
Jueces y policías
Entre Neiva y las veredas de los municipios de Tello y Baraya, las mismas en las que por años hizo presencia el frente 17 de las Farc, los robos de leche este año en las fincas hicieron que entre varios fincarios de la región tomaran la decisión de poner entre todos una cuota y con esa plata comprar radios de largo alcance y armar una red para avisarse entre ellos si veían llegar carros raros a la región.
“Fue una idea que se nos ocurrió a varios fincarios porque no hay Policía que controle en las veredas esos robos”, dijo a La Silla uno de esos fincarios, que nos pidió no citarlo por su seguridad.
Aunque en la zona rural de Neiva y en estos municipios sí hay presencia de Policía, se limita sobre todo a los cascos urbanos. En Baraya, por ejemplo, hay apenas cinco policías y a caballo.
En San Vicente del Caguán, en Caquetá, la personera Viviana Astudillo le contaba a La Silla que ya sin las Farc, sobre todo la columna móvil Teófilo Forero, que era la “autoridad” para resolver peleas entre vecinos o hasta conflictos de tierras, allí están capacitando a las juntas de acción comunal para que ahora puedan ser ellos los que entren a mediar.
Lo están haciendo con ayuda de la Universidad Amazonía de Florencia, capacitando a las personas que hacen parte de los comités de concilio de las juntas. Esos comités existen desde hace años precisamente para que la gente en la veredas pueda resolver sus conflictos, pero la presencia de las Farc hizo que por muchos años no sirvieran de nada porque era la guerrilla la instancia para resolverlos.
“Las juntas ya traen un proceso de formación en impartir justicia pero ahora que ya no están ellos, estamos capacitándolos en hasta dónde pueden administrar justicia y cuando un caso como que un vecino mate a otro pues ya tiene que ir a otra instancia”, nos dijo la personera.
Eso mismo está pasando en otros municipios de Caquetá como Paujil o Cartagena del Chairá.
“Aquí tan pronto salió las Farc se volvió un caos social y el único actor que queda en muchas regiones acá es la junta y por eso lo que estamos haciendo ahora es fortalecer las comisiones de conciliación y de convivencia”, nos dijo Rosmery Betancur, de la Federación de Juntas de Acción Comunal de Caquetá. Ya han capacitado a 95 juntas de acción comunal en el departamento.
Este proceso no es replicable en todo sitio porque en otras regiones, la salida de las Farc de las comunidades ha tenido el efecto contrario y lo que ha hecho es que las juntas de acción comunal perdieran la influencia que tenían sobre la gente.
En Baraya, un municipio al norte del Huila donde hacía presencia el frente 17 de las Farc, el alcalde Enrique Cardoso dijo a La Silla Sur que el problema ahora es que “la gente ya no va a las reuniones de las juntas. Están mal acostumbrados porque antes tenían que ser puntuales o si no la guerrilla los multaba. Ahora no y eso ha frenado mucho el trabajo comunitario acá”
“Están dejando dañar la carretera y quieren que el Estado se las haga”, nos contó. Por eso están capacitando a la gente con visitas de funcionarios de la Alcaldía que van y les explican por qué tienen que ir. “Nosotros no estamos priorizados en el tema del posconflicto entonces no va llegar nadie a hacernos nada.”, agregó.
El Gobierno decía que el principal reto después de la firma era el de “evitar que esos territorios que antes eran del control de las Farc sean ocupados por otros grupos armados”, como dijo en un foro el año pasado el Consejero del Posconflicto, Rafael Pardo.
Pero ya no lo lograron evitar en todo el territorio como ha quedado claro con las disidencias y la entrada de las bacrim a varias zonas. En otras, sólo han llegado soldados y policías, que no logran reemplazar algunas de las funciones que ejercían las Farc muchas veces de manera injusta y cruel, pero con frecuencia de manera efectiva.
“Aquí lo que creen es que con Fuerza Pública se llena el vacío de un Estado que tiene que ser mucho más que eso para que la gente no tenga que organizarse por su cuenta”, dijo a La Silla Walter Ciro, un reconocido líder caqueteño, dueño de una finca en La Montañita.
