Entre San Vicente del Caguán en Caquetá, Meta y Guaviare está el triángulo de deforestación más grande del país no solo porque ya no están las Farc. También porque la disidencia está permitiendo talar para ganarse la confianza de la gente.
El Caquetá es uno de los departamentos más afectados por la deforestación. Foto tomada de: tucaqueta.com
San Vicente del Caguán, uno de los municipios del Caquetá que fue durante años la retaguardia histórica de las Farc, cada día pierde más árboles. Es el sitio del país donde más se deforestó en 2016 y donde se ha seguido talando sin tregua porque, por un lado, ya no está la guerrilla con sus reglas ambientales que le hacían más costosa la explotación de recursos naturales a los campesinos; y por otro, la disidencia de Gentil Duarte, que se ha venido fortaleciendo, está permitiéndole a la gente talar para meter vacas como una forma de ganarse su confianza.
A eso se suma que algunas organizaciones ambientales que están allí han ido perdiendo liderazgo porque la gente no las respeta ahora que no tienen a las Farc detrás y que el Estado, que ha puesto todas sus velas en una estrategia que llama la ‘burbuja ambiental’, sigue sin hacer presencia permanente en el territorio.
El triángulo de la tala y de las disidencias
La zona rural de San Vicente que colinda con Meta y Guaviare (donde hay una pelea limítrofe desde hace años) se ha vuelto el foco de la deforestación en la región amazónica.
“Aquí usted ve gente que contrata a campesinos para que le talen de a 800 hectáreas de bosque para luego hacer su ganadería”, dijo a La Silla Sur Alexis Tapasco, vocero del sector industrial lácteo de San Vicente y de Cartagena del Chairá. “Aquí la agroindustria está creciendo a costa de la deforestación”, agregó.
Eso es verdad.
En las cifras del último informe del Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales, Ideam, Caquetá es el primer departamento con más deforestación de todo el país (en total se fueron abajo 26.544 hectáreas de bosque a diciembre de 2016) y San Vicente es el municipio más deforestado de todos con 10.987 hectáreas. El 6 por ciento de la deforestación nacional.
Aunque aún no hay cifras oficiales de 2017 del Ideam, Parques Naturales sí tiene una medición que va hasta marzo y solo en esos tres meses casi que se dobla la cifra: iban 20 mil hectáreas, según dijo a La Silla Mayra Manchola, experta ambiental y que trabaja en el Parque Chiribiquete, entre Caquetá y Guaviare. Solo en ese parque se concentra, según las últimas cifras del Ideam, el 14 por ciento de la deforestación del país.
Mayra también nos confirmó que, a través de las imágenes satelitales que monitorean permanentemente el área de bosque, la tala es impresionante sobre todo en el triángulo entre Guaviare, Meta y Caquetá. Es en ese mismo triángulo donde, como lo hemos detallado en La Sur con varias historias, se mueve la disidencia más grande de las antiguas Farc. La de Gentil Duarte que, según cifras de inteligencia del Ejército, supera los 300 hombres.
Por eso la disparada deforestación en San Vicente se explica sobre todo por dos factores: la ausencia de las Farc y la entrada de la disidencia de Duarte, que según pudimos confirmar con cinco fuentes distintas (una del Ejército, otra de la Alcaldía, una de Parques, un dirigente local y un empresario ganadero) están ocupando los baldíos de ese triángulo y dejan a los campesinos talar como una forma de que no los delaten con el Ejército y de paso, ganarse su confianza.
Sin manuales de las Farc, pero con permiso de la disidencia
Como lo contamos en La Silla, en los territorios donde hacían presencia, como San Vicente, las Farc prohibían talar árboles, cazar animales para venderlos, talar el manto vegetal de los ríos, pescar solo para vender o echar basura al agua.
La manera en la que hacían cumplir esas ‘normas’, que incluían en ‘manuales ambientales’ que les repartían a los presidentes de las juntas de acción comunal en las reuniones, era a través del cobro de extorsiones, que medían a través de ‘cupos’ o ‘cuotas’, y la imposición de multas y otras sanciones para los que no cumplieran.
Era una estrategia doble: por un lado esas reglas ayudaron a preservar ecosistemas por décadas y por otro, también le servía a la guerrilla como una forma de protegerse del Ejército. Por ejemplo, si evitaban que talaran árboles o que se echara basura en un río, era más difícil para cualquier brigada móvil rastrearlos porque no dejaban postas de haber estado ahí.
Pero desde que se concentraron en las zonas veredales, todas las fuentes con las que habló La Silla para esta historia nos contaban que en San Vicente ya no hay quién diga que no se puede tumbar árboles ni tienen que pagar una multa por hacerlo.
“Las Farc hacían control en el territorio y conservaban unas áreas de zonas que no estaban colonizadas, pero ya sin ellos la gente está talando porque es lo que saben hacer”, dijo a La Silla Nelson González, que es miembro de una asociación campesina en Campo Hermoso, una vereda de San Vicente. “Es un tema cultural también. Lo que un campesino caqueteño entiende por trabajar es tumbar el bosque, meterle candela y sembrar pasto para el ganado y si ya no hay nadie que se lo prohiba…”
Precisamente aprovechando ese vacío que dejaron, la disidencia comandada por Duarte no solo está cobrando vacunas multimillonarias y robándose el ganado.
“La disidencia le está facilitando a las personas la tala. Los dejan trabajar en los mismos baldíos en los que ellos están y con eso van ganándose a la gente”, nos dijo González.
Esos baldíos (tierra que es del Estado), en el caso de San Vicente, que es un municipio más grande que todo el departamento del Huila, son en total 734, de acuerdo con cifras del libro ‘La tierra no basta: colonización, baldíos, conflicto y organizaciones sociales en el Caquetá’, publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica el año pasado.
“La disidencia tiene dos caballitos de batalla: decirle a los campesinos que el Gobierno no les está cumpliendo con los acuerdos de sustitución y que sigan cultivando y pues eso significa tumbar más bosque para cultivar y permitir cosas que antes no permitían las Farc para ganarse a la gente”, nos contaba alguien de la alcaldía de Humberto Sanchez Cedeño (del Centro Democrático) que no nos dejó citarlo porque sintió que si lo hacíamos lo exponíamos con la disidencia.
Algo muy parecido nos dijo Mayra Manchola, de Parques. “Sabemos que la disidencia está incentivando la deforestación. Les dicen a los campesinos que si se dejan engañar por la institucionalidad, que aboga por preservar, ellos van a entrar a ejercer control”.
Se van ganando a los campesinos porque, mientras ellos les dan permiso para tumbar, la estrategia del Ejército, que se llama ‘burbuja ambiental’ y en la que también participa la Alcaldía y el ministerio de Ambiente, ha sido perseguir y capturar a los campesinos que talen, que son en su mayoría contratados por grandes terratenientes.
“Si hay una estrategia policiva por un lado y por otro está la disidencia diciéndole tranquilo, yo le ayudo, la gente no va querer que se vayan”, nos dijo un empresario ganadero.
Pero al permiso de las disidencias se suman otros factores igualmente complejos.
Los otros factores
Uno es que justo en ese triángulo en la frontera entre Caquetá y Meta también se crecieron los cultivos ilícitos.
“En 2016, sigue consolidándose el núcleo de la expansión entre Meta y Caquetá; que termina dando continuidad a las dos regiones afectadas por coca. Este núcleo de expansión compromete a los centros poblados de Campoalegre (San Vicente del Caguán-Caquetá) y La Sombra (La Macarena-Meta)”, dice el el informe de Monitoreo de cultivos ilícitos de las Naciones Unidas
Además, otro factor, según le explicaba a La Silla Manchola, de Parques, es que “los campesinos están usando cada vez más las carreteras clandestinas que antes utilizaban las Farc y para seguir abriendo camino, deforestan”.
Eso se ve sobre todo en la sabanas del Yarí, que fueron la sede de la X Conferencia de las Farc.
Lo otro que incide, como también nos explicaba el líder de una organización social del municipio, es que la Asociación Campesina Losada Guayabero, Ascal-G, que agrupa a 70 veredas del municipio de San Juan de Losada, en todo el límite entre Meta y Caquetá y que se dedica sobre todo a ejercer un control ambiental allí, ha venido perdiendo liderazgo desde que asesinaron a uno de sus dirigentes, Erley Monroy, como lo detalló La Silla Sur en esta investigación.
“Desde lo de Monroy ellos, que nacieron como una organización ambiental, ya no tienen el mismo control sobre la gente”, nos decía ese líder, que nos habló bajo la condición de no ser citado. Un control que, como contamos, estaba mediado por las Farc pues la guerrilla era la ‘tercera instancia’ para resolver las peleas que ‘Ascal´G’, que era la segunda, no lograba dirimir entre los vecinos.
Entonces la salida de las Farc no solo ha sido aprovechada por las disidencias. También ha debilitado en esta región a organizaciones que, sin su presión, están de capa caída y mientras el Estado no llegue como prometió que lo haría, en este triángulo amazónico los árboles seguirán cayendo como un dominó.
