Sin paz, el desmonte del servicio militar es todavía una promesa lejana

Sin paz, el desmonte del servicio militar es todavía una promesa lejana
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El ministro de Defensa Iván Velásquez en la Comisión Primera del Senado. | Foto: Archivo MinDefensa.

Como está hoy el conflicto en Colombia, es imposible prescindir de los cerca de 100 mil jóvenes que prestan servicio militar obligatorio. “Ante los actuales y futuros desafíos de seguridad humana integral, el Estado debe mantener un pie de fuerza”, dijo ayer el general Rudy Arias Rodríguez, jefe de planeación del Ejército ante los senadores de la Comisión Primera. Por lo menos, en el Ejército sin los reclutas obligados su capacidad de operar caería un 46 por ciento.

Esta visión choca con la que presentó el ministro de Defensa, Iván Velázquez. Ayer, también en la Comisión Primera del Senado, Velásquez le dijo a los congresistas que se debe buscar el desmonte gradual del servicio militar obligatorio y que “con la profesionalización de las Fuerzas Militares se gana en capacidad”.

Para conciliar estas dos visiones sin generar una amenaza de seguridad nacional es clave la gradualidad. Es decir, el desmonte del servicio militar depende del éxito que tengan las políticas para acabar el conflicto armado, que en este Gobierno están agrupadas bajo la llamada Paz Total. Por eso, incluso bajo las miradas optimistas, el desmonte completo del servicio militar no será en este Gobierno.

La transformación del servicio militar en tiempos de la Paz Total

El desmonte del servicio militar obligatorio no es una propuesta nueva. Álvaro Uribe cuando era candidato a la presidencia en 2002 se comprometió a acabar con el servicio militar con la perspectiva de profesionalizar más las Fuerzas Militares. Juan Manuel Santos también prometió en 2014, que después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, eliminaría el servicio militar. Ninguno de los dos cumplió.

En esta ocasión, Gustavo Petro también prometió en campaña el fin del servicio militar obligatorio. Va en serio por lo que ha dicho el MinDefensa y por el proyecto de ley de la Paz Total –de las entrañas del Gobierno– que plantea un servicio social para la paz como alternativa al militar. Además, el Ejecutivo también respalda la reforma constitucional del senador Humberto de la Calle que plantea el desmonte del servicio militar hasta 2030 y que ayer fue aprobado en el primer debate.

Aunque los proyectos son diferentes, buscan en últimas lo mismo: cambiar gradualmente el servicio militar por uno de carácter social y enfocado en los territorios golpeados por el conflicto. Y en el caso del proyecto del Gobierno Petro es claro que el servicio social estaría enfocado directamente con proyectos para consolidar la paz, pero no ha hecho claridad de los tiempos del desmonte.

El desmonte ha sido una expectativa para muchos jóvenes del país, pues en los últimos años ha crecido la percepción de que el servicio militar es una especie de reclutamiento forzoso por parte de la Fuerza Pública y por otros simplemente es como un año desperdiciado.

“No estoy de acuerdo con el servicio militar obligatorio porque me parece una pérdida de tiempo y no estoy de acuerdo con instrumentalizar a una persona para matar a otras –dice Fernando Cruz, un jóven remiso de 22 años que está terminando su universidad– Me parece que es algo que solo lo paga gente de escasos recursos”.

El tema de la desigualdad que genera el servicio militar obligatorio es un hecho que ha salido a la luz en los últimos años: el 80 por ciento de los hombres que prestan son de estratos cero, uno y dos. En este momento son 73 mil solo en el Ejército, de unos 212 mil miembros que tiene en total. Además, el mismo diseño de quiénes son soldados bachilleres y quiénes son soldados regulares, en el Ejército, ahonda esta desigualdad.

Los bachilleres son jóvenes que cumplen 18 años, se gradúan del colegio y deben prestar el servicio militar. Estos son asignados en zonas que no son de conflicto armado, generalmente en unidades en zonas urbanas y no hacen parte de operaciones ofensivas. Son la minoría, actualmente solo hay 1.755 y permanecen en filas solo 12 meses: tres de entrenamiento y nueve de servicio.

Pero, la mayoría de quienes prestan servicio militar son los soldados regulares, actualmente 72.022. Ese pie de fuerza lo componen jóvenes de 18 años que no terminaron su bachillerato y muchos de quienes entran como remisos. Los soldados regulares sí son entrenados para estar en las zonas de “orden público”, es decir donde hay presencia de grupos armados ilegales. Estos integran unidades militares junto a soldados profesionales y su servicio es más largo: 18 meses.

“Los más pudientes no les llega la requisitoria para entrar a las filas o hay una forma de suplantar esto con pagos de dinero, como todo el mundo lo sabe. Nosotros, en cambio, pensamos que el servicio social tiene que ser obligatorio para toda la sociedad”, dice el senador Humberto de la Calle. El antiguo negociador de La Habana, afirma que su propuesta crearía una política atractiva para que todos los jóvenes colombianos entren a servir al país.

Para los mismos altos mandos es cada vez más claro que entrar a ser soldado es poco atractivo. “La gente ya no quiere prestar servicio militar. Completar las cuotas no es fácil. Esta última cuota que se tenía que hacer ahora, en agosto, no se logró completar para las unidades de soldados regulares”, dice el coronel retirado Daniel Acosta, quien hizo parte de los procesos de incorporación como oficial.

El coronel (r) Acosta toca un punto crítico y es que este año el Ejército no ha podido reclutar la cantidad de soldados regulares necesarios: de la meta de 60 mil, apenas lleva 35 mil. Por eso, Acosta ve con buenos ojos que se busque la profesionalización de toda la tropa para no depender del servicio militar. “Que se vaya reduciendo la incorporación de soldados y se cambien por soldados profesionales. Esa es la lógica del asunto”, dice Acosta. Pero advierte que es un desafío presupuestal e institucional inmenso.

La dependencia actual al servicio militar obligatorio

Según los datos que presentó el general Rudy Arias Rodríguez en el Congreso, si se eliminará ya el servicio militar se impactaría el 46 por ciento de la capacidad operativa del Ejército.

Aunque, los soldados bachilleres y los regulares no hacen parte de las operaciones especiales ni ofensivas contra grupos armados ilegales, sí representan un pie de fuerza importante en regiones clave. Actualmente hay 58 mil soldados regulares en zonas de conflicto. Miles más están a cargo de tareas de vigilancia de infraestructura estratégica, como represas, puentes y líneas de transmisión de energía.

Estos datos reflejan una dependencia de este tipo de pie de fuerza y de este tipo de incorporación porque de allí salen la mayoría de soldados profesionales. Un dato que no es menor teniendo en cuenta las dificultades para la incorporación y déficit que tienen las Fuerzas Militares y la Policía para completar la tropa.

“Hay un increíble problema para conseguir la gente para el servicio militar obligatorio y cómo vamos a meter a gente voluntaria. ¿Cómo van a controlar el territorio nacional? Esta es una discusión para cuando Colombia esté en paz. Para que no sea un tiro en el pie el desmonte del servicio militar”, dice Jean Carlo Mejía, profesor de la Universidad Militar Nueva Granada y experto en asuntos militares.

El temor a emprender una transformación del servicio militar, clave aún para la Fuerza Pública, en medio de una escalada de violencia fue el argumento de varios senadores ayer en el Congreso y que no pertenecen a la coalición de Gobierno.

A esto, tanto el ministro de Defensa como los congresistas que apoyan el fin de esta política han respondido con que será un desmonte gradual mientras se llega a la paz. Y que en todo caso, no implicará la disminución de las capacidades operativas.

Para el representante por Antioquia, Daniel Carvalho, quien es coautor de la reforma constitucional que fue aprobada en primer debate, la pregunta debería ser incluso otra: “¿Significa que estamos mandando a la guerra a los soldados más inexpertos?¿Queremos copar el territorio nacional, queremos enfrentar a las bandas criminales que quedan, con soldados sin ninguna experiencia?”.

En esta misma dirección se ha pronunciado el presidente Gustavo Petro. Tras el asesinato de siete policías a manos de las disidencias en Huila, incluidos tres jóvenes que estaban prestando servicio militar como auxiliares de Policía, el presidente anunció: “no habrá más auxiliares en zonas de conflicto”. A pesar de que estos estaban en zona rural de la capital del Huila.

“Este proceso no debilitaría a la Fuerza Pública, porque cada joven que no sea reclutado va a ser reemplazado por un soldado profesional. Esto implica unos costos porque habrá que pagarle a un soldado profesional. Por eso va a ser un servicio que gradualmente se implemente”, dice el senador Iván Cepeda, coautor del proyecto de ley de la Paz Total. Cepeda también dice que no solo debe llegar una presencia militar, sino una oferta de programas de paz que necesitan jóvenes.

Pero que los jóvenes que prestan servicio sean reemplazados por soldados profesionales es un desafío presupuestal enorme, pues a un soldado regular tan solo se le paga el 30 por ciento de un salario mínimo.

El ministro de Defensa dijo ayer en el Congreso que es consciente de esos costos de la profesionalización de las tropas. “Esta profesionalización apunta, además, a unas Fuerzas Militares tendientes hacia la paz”, dijo el MinDefensa. A pesar de esto, para el presupuesto del próximo año el MinDefensa dijo que no necesitaba unos 800 mil millones de pesos, que hubieran podido ayudar a contratar más soldados profesionales, pero que serán destinados en programas sociales.

“Nosotros queremos hacer esto y proponerlo con toda responsabilidad. El título del proyecto habla de eliminación progresiva y pusimos como hito ese año 2030. Pero, esto funcionará en la realidad en la medida en que vamos logrando normalizar situaciones (de conflicto) que ya existen”, explica el senador Humberto de la Calle.

Sobre cuándo se va a poder lograr la paz está aún en debate. El proyecto de desmonte de De la Calle fue aprobado en el primero de ocho debates con una modificación del senador David Luna, que establece que el desmonte será hasta el 2040.

“Voto sí y después lo corregimos”, dijo el senador Roy Barreras, entre risas, al votar positivo por el proyecto con la modificación de Luna. El presidente del Senado dejó claro que el debate aún es largo y por varios caminos para que el fin del servicio militar sea una realidad en el Gobierno Petro. 

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