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Cuando hace una década nació la idea de crear esquemas de pago por los servicios ambientales que prestan al mundo los bosques en los países tropicales, como sucede en América Latina, se crearon unas salvaguardas sociales y ambientales para lograr que ese dinero en efecto les llegara a las comunidades indígenas y campesinas protectoras de estos ecosistemas clave para enfrentar la crisis climática.
Colombia fue un alumno aplicado. Hizo un trabajo juicioso y ambicioso en adaptar esas siete reglas de juego acordadas en la cumbre climática de Naciones Unidas de Cancún en 2010 a la realidad nacional. Pero luego dejó la tarea a medio hacer.
Omitió volver esas reglas de juego obligatorias para los proyectos privados del mercado de carbono que han proliferado en los últimos cinco años y no ha cumplido promesas como crear un sistema de información de salvaguardas y un mecanismo de atención ciudadana.
“Hay un vacío normativo del que el gobierno es consciente”, dijo Maritza Florián, especialista en cambio climático de la ong ambiental WWF. Otras ocho personas que han trabajado en el diseño de las salvaguardas o la regulación del mercado de carbono, tanto desde el gobierno como desde organizaciones ambientales y entes multilaterales, comparten esa lectura. Si convirtiera esas normas que trazó en realidad, es probable que no se estuvieran presentando algunos de los problemas detectados en estos proyectos de venta de bonos de carbono, confirmaron a la alianza periodística del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Mongabay Latam y La Silla Vacía, con el apoyo del Rainforest Investigations Network del Centro Pulitzer.
Todas coinciden en que los últimos dos gobiernos colombianos han omitido reglamentar la manera cómo los proyectos privados Redd+ —que están vendiendo bonos a empresas como una alternativa a pagar un impuesto al carbono— deben incorporar estas salvaguardas. Tampoco han vigilado si en efecto las están cumpliendo. El mercado de carbono ha sido uno de los mecanismos de financiamiento climático que ha estado en el centro de discusiones de la implementación del acuerdo de París, cuya COP 27 arranca este domingo en Egipto.
Esa realidad se ve agravada aún más por el hecho de que, como han contado el CLIP y su aliados, el gobierno tampoco ha acompañado a las comunidades indígenas y afrodescendientes mientras negocian con empresas que quieren estructurar estos proyectos en sus territorios colectivos.
Reglas para un juego verde justo
Los países tropicales que querían apostarle al esquema de carbono denominado Redd+, mediante el cual naciones desarrolladas podrían recompensar a los que están frenando la deforestación, salieron de la conferencia climática de la ONU en Cancún en 2010 con cuatro tareas claras.
Si querían poner en marcha cualquier actividad Redd+, tendrían que desarrollar una estrategia nacional, un sistema de monitoreo de sus bosques, una tasa que cuantifique y proyecte la dinámica de deforestación en esos bosques (conocida como nivel de referencia de emisiones forestales o ‘NREF’) y un sistema de información sobre la manera como las iniciativas abordan y respetan las salvaguardas destinadas a proteger a esas comunidades locales y a la biodiversidad.
Colombia, como país tropical con casi 600 mil kilómetros cuadrados de bosques y alumno aplicado, fue llenando cada una de las casillas. Diseñó una política pública, llamada ‘Bosques territorios de vida’, que entregó oficialmente a la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas en 2018. También fortaleció su sistema de monitoreo de bosques, que está en cabeza del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).
Estableció su nivel de referencia de deforestación para el bioma amazónico a finales de 2014, calculando el promedio histórico de los últimos cinco años y sumándole un 10% adicional —que llamó ‘circunstancias nacionales’— previendo que un eventual acuerdo de paz con las FARC elevaría la tala en los territorios de donde la guerrilla saldría. Cinco años más tarde, en enero de 2020, la complementó con la tasa de deforestación para todo el país, aplicable para el periodo entre 2018 y 2022.
En la última tarea, la del sistema de salvaguardas, también arrancó con el pie en el acelerador.
Durante cinco años, una coalición de actores civiles y gubernamentales —con financiación internacional— trabajó en una ‘interpretación nacional’ que llevó las siete salvaguardas globales a un contexto colombiano. Funcionarios de esas organizaciones —que incluyeron a WWF, la fundación Patrimonio Natural y el programa ONU-Redd de Naciones Unidas— recorrieron miles de kilómetros de ríos y selvas desde 2011, conversando con comunidades locales y recogiendo sus insumos.
El resultado de ese esfuerzo fue un documento con 15 reglas que detallan el funcionamiento ideal de las iniciativas de mitigación del cambio climático en los bosques en Colombia, desde que preserven las funciones ambientales que prestan los ecosistemas donde se desarrollan hasta que se vigile que la deforestación no se traslade a otras zonas.
La parte más gruesa se centra en cómo deben ser las relaciones entre los proyectos y las comunidades locales: deben brindarles información clara sobre su implementación y rendirles cuentas; nunca modificar sus derechos territoriales; garantizar tanto su participación plena y efectiva como su consentimiento libre, previo e informado; reconocer y fortalecer sus estructuras de gobernanza y sus sistemas de conocimiento tradicional; y, claro, distribuir sus ganancias de manera equitativa. Para acercarlas a las comunidades, el Ministerio de Ambiente y la cooperación internacional publicaron desde 2017 varias cartillas e infografías que las explican.
