“Sin un sistema restaurativo, la justicia transicional es una farsa”: Cifuentes

Es Eduardo Cifuentes

Mi función como presidente fue dinamizar la jurisdicción para que produjera esos resultados. Esto quiere decir convertir la investigación, la sistematización y la contrastación que hacen en la Salas de Justicia en imputaciones. Las imputaciones deben ser tan bien hechas que den lugar a aceptación de las imputaciones y estas puedan proyectarse en resoluciones de conclusiones y en sentencias.

¿Entonces cómo dinamizar? Primero, con un plan vigoroso de movilidad de magistrados y equipos del Tribunal y otras salas hacia la Sala de Reconocimiento, la cual tenía la responsabilidad de adelantar los macrocasos y necesitaba que su equipo humano se expandiera. Segundo, con el apoyo internacional, la JEP ha recibido ayuda de cooperación internacional y hemos sido una entidad privilegiada ya que gracias a la cooperación sobrevivimos en momentos muy difíciles. Otro punto importante fue potenciar el Grupo de Análisis de Información (GRAI) y también le di a la Secretaría Ejecutiva un papel que va más allá de lo que es una secretaría judicial.

Una indicación que yo les di a los magistrados fue tratar de priorizar en términos de actor armado. Si uno quiere avanzar de una manera más sistemática, más lógica, es necesario tener en cuenta al actor armado, a su estructura, la forma cómo se expresa territorialmente y cuáles son sus estrategias y sus políticas y sus patrones criminales.

Pero, las primeras priorizaciones fueron por hechos punibles o temáticas. Pero si seguíamos así se nos iban a morir los máximos responsables antes de las sentencias, porque había que llamarlos a muchas versiones. Así se obtiene que la versión de ellos sea más integral.

En el momento en que soy designado como presidente se mantiene esa división creada por el plebiscito en el país y se teme que se puedan presentar nuevos ajustes institucionales a la jurisdicción. El primer mensaje que quise lanzar estuvo referido a que consideraba y consideró que la JEP era irreformable.

Ese mensaje creo que sirvió mucho para detener por lo menos intentos de reforma. Igualmente respondí de manera contundente a algunos mensajes contrarios a la autonomía de la jurisdicción que fueron lanzados desde el Gobierno del presidente Duque.

Aquí en la JEP estuvo el fiscal Karim Kahn, de la Corte Penal Internacional, y en su momento también el Secretario General de Naciones, Antonio Guterres. Es muy importante que tanto el Kahn como Guterres le pusieran de manifiesto al presidente Duque la necesidad de estructurar un sistema restaurativo para que a partir de proyectos y actividades del Estado colombiano se pudieran insertar las tareas de reparación y de restauración por parte de máximos responsables.

Eso sirvió para que el presidente Duque y la JEP pudieran efectivamente concertar el primer Conpes que dio vida al sistema restaurativo. Para que Duque entendiera que tenía que proveer a la justicia especial para la paz un sistema financiado por el Estado colombiano, articulado a través de planes de diferentes ministerios y agencias del Estado, de tal manera que nuestras sanciones propias y las medidas de restauración pudieran cumplirse en el marco de esa oferta institucional. 

El Conpes del sistema restaurativo es reciente y establece el canal de comunicación entre la JEP y el Gobierno. Es decir, la JEP demanda proyectos, el Gobierno tiene que ofrecer proyectos para allí insertar las sanciones propias y las medidas de reparación. Ese Conpes ya se está estructurando actualmente en cabeza del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda.

Sin un sistema restaurativo la justicia transicional es una farsa. Pero el sistema restaurativo lo tienen que proveer el Estado colombiano, el Gobierno. Eso no es la JEP.

Las primeras con lo que hay, pero es una situación que tiene que corregirse por parte del Gobierno Nacional. Por eso, yo le digo al presidente Petro: 'aquí está la resolución de conclusiones y ahora yo lo que necesito es el sistema restaurativo’. Porque una resolución de conclusiones o una sentencia de la JEP sin un sistema restaurativo robusto no es nada.

Tengamos presente que la justicia transicional es una justicia mínima. Es el mínimo que desde el punto de vista del derecho interno y del derecho penal internacional, se le ha consentido al Estado colombiano para investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes cometidos en el conflicto, que son crímenes de guerra y de lesa humanidad. Colombia tiene un compromiso internacional de velar por la no impunidad.

Si la jurisdicción tiene un 10 por ciento de máximos responsables, pues tendrá 90 por ciento de partícipes no determinantes de crímenes no amnistiables. Son autores y han participado en crímenes graves, pero no son máximos responsables. Según el diseño propio de la jurisdicción,la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas tiene que proceder a resolver la situación de cada uno de ellos. Entonces hay que responder que eso era parte del diseño. No puede ser visto como que el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, deja un colapso.

Ahora nosotros creemos que se puede afrontar esa situación mediante una cooperación al interior del Estado colombiano con Fiscalía y Procuraduría. Adicionalmente, con el Gobierno Duque y con el Gobierno Petro, obtuve un aumento del presupuesto del 70 por ciento para la ampliación de la planta de personal de las Salas de Justicia para el próximo año. Ya está aprobada, creo que eso es algo importante.

Nosotros como jurisdicción no podemos eludir nuestra responsabilidad. Primero, de cumplir nuestro mandato actual. Y segundo, para extender ese mandato a grupos armados organizados que hayan tenido una finalidad política y por ende tengan relación directa o indirecta con el conflicto armado.

Eso yo se lo manifesté personalmente al presidente Petro cuando estuvo aquí, que ciertamente nosotros apoyamos la Paz Total desde la perspectiva de un Tribunal que tiene competencias para investigar los crímenes relacionados con el conflicto. Tenemos ese deber de ampliar la jurisdicción para investigar y conocer de los crímenes del Ejército de Liberación Nacional, en el caso de que ingrese a un acuerdo de paz.

Es necesario señalar que esta justicia transicional es aplicable a crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, pero es el mínimo de los mínimos. Me explico, ante la comunidad internacional no se puede diluir la justicia transicional. Entonces, este es también un desafío para el Estado colombiano. No puede ya aplicarle tasas de descuento adicionales a la justicia transicional.

Con lo que he escuchado de la sala de reconocimiento, se viene la resolución de conclusiones para las FARC prontamente, tal vez en diciembre, pero no me puedo comprometer con la fecha. Pero se vendrán muchos resultados más. El aporte de Eduardo Cifuentes fue dinamizar la JEP en términos de resultados. En términos de diseño ya no solamente tenemos a la Sala de Justicia actuando, sino que el Tribunal y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) ya ha recibido cinco casos para acusar. 

El director de la UIA, el doctor Giovanni Álvarez, me ha señalado que serán hechas en un término razonablemente breve y que van a ser muy contundentes además. Ya toda la JEP está empleada.