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A pocas semanas de que termine el mandato de Álvaro Uribe Vélez, la justicia sigue llamando a los estrados a funcionarios y ex funcionarios de su gobierno. El miércoles fueron citados a interrogatorio por el episodio de las 'chuzadas' Jorge Mario Eastman, viceministro de Defensa; José Obdulio Gaviria, ex asesor presidencial; Edmundo del Castillo, secretario jurídico de la Presidencia, y César Mauricio Velásquez, jefe de prensa. Estas personas, sin embargo, no están siendo acusadas formalmente de ningún delito.
No es el caso de otros alfiles del Presidente, que están detenidos, investigados penalmente o con pliego de cargos de la Procuraduría. Eso sin contar los funcionarios de menor nivel o los aliados del Congreso que están en la cárcel o en medio de un proceso penal o disciplinario.
Este es el top de funcionarios y ex funcionarios cercanos al Presidente con cuentas pendientes con la justicia. Es importante aclarar que varios de ellos no han sido condenados, y el hecho de que esté investigados no implica per se que sean culpables.
Jorge Noguera, director del DAS (2002-2005)
Está acusado como determinador de tres homicidios ejecutados por los paramilitares. También está acusado por abuso de autoridad y uso de información privilegiada. Como director supuestamente usó la inteligencia del Estado - mediante el G3 - para ‘chuzar’ e intimidar a defensores de derechos humanos, periodistas y opositores, y parte de la información habría llegado a los grupos paramilitares. El proceso está en etapa de juicio.
Andrés Peñate, director del DAS (2005-2007)
Fue llamado a indagatoria el año pasado por las ‘chuzadas’ del DAS. Según la Fiscalía, durante la administración de Peñate continuaron las interceptaciones ilegales e intimidaciones bajo un nuevo grupo conocido como 'Goni'. El proceso sigue en investigación previa.
María del Pilar Hurtado, directora del DAS (2007-2008)
También fue llamada a indagatoria por la Fiscalía por las ‘chuzadas’. En otro proceso, fue recientemente citada a interrogatorio para que explique las reuniones que hubo entre ella y altos funcionarios de Palacio para discutir información sobre seguimientos a magistrados de la Corte y líderes políticos.
Bernardo Moreno, secretario general de la Presidencia
En mayo pasado, la Procuraduría General de la Nación le dictó pliego de cargos por haberse extralimitado en sus funciones al solicitarle al DAS y la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis financiero sobre los magistrados de la Corte Suprema. También está en el grupo de funcionarios y ex funcionarios que fueron citados a interrogatorio en uno de los procesos de las ‘chuzadas’.
Sabas Pretelt, ministro del Interior (2003-2006) y embajador de Colombia en Italia
En mayo pasado, el vicefiscal encargado Fernando Pareja acusó al ex ministro ante la Corte Suprema por las dádivas que habría entregado en 2004 a cambio del voto favorable de algunos congresistas a la reelección presidencial. Por este caso, conocido como ‘Yidis-política’, ya fueron condenados los ex representantes Yidis Medina, Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus. Pretelt enfrentará la etapa de juicio ante la Corte Suprema.
Diego Palacio Betancourt, ministro de la Protección Social
Palacio está investigado por la Fiscalía por cohecho, en el mismo episodio de la ‘Yidis-política’. Rindió indagatoria en el proceso, pero aún la Fiscalía no ha resuelto su situación.
Mario Aranguren, ex director de la UIAF
En mayo pasado la Fiscalía lo acusó por concierto para delinquir agravado, prevaricato y abuso de la función pública, en relación con las ‘chuzadas’ a magistrados, periodistas, opositores y defensores de derechos humanos. Aranguren, que está actualmente detenido, habría sido quien entregó a la Presidencia información financiera reservada sobre los magistrados de la Corte Suprema.
Salvador Arana, embajador de Colombia en Chile (2005)
Fue condenado a 40 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada y homicidio agravado del ex alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz Salgado, ocurrido en mayo de 2003. Arana fue gobernador de Sucre.
Juan José Mosquera Chaux, embajador de Colombia en República Dominicana (2008-2009)
Fue capturado en mayo pasado por posibles nexos con grupos paramilitares. Según el paramilitar desmovilizado ‘HH’, Mosquera – que fue gobernador del Cauca – buscó el respaldo político de los paramilitares. Por estos hechos, está siendo investigado por la Fiscalía. Mosquera también estuvo presente en la reunión de la Casa de Nariño con el paramilitar ‘Job’.
Francisco Santos, vicepresidente de la República
Santos fue mencionado en los testimonios de Salvatore Mancuso y otros paramilitares, quienes dijeron que éste les había propuesto crear el Bloque Capital de las Autodefensas. La investigación había sido cerrada, pero a finales de 2009 la Fiscalía la reabrió y llamo a versión libre al Vicepresidente.
Luis Camilo Osorio, ex fiscal general y embajador de Colombia en México
En la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes hay 40 procesos en curso en su contra. El más viejo es de 2002, cuando Osorio era Fiscal General. Hay otros por prevaricato y delitos “por determinar”. La acusación más grave en su contra es por paramilitarismo. Algunos ex funcionarios de la Fiscalía han denunciado que durante la administración de Osorio se desviaron y cerraron investigaciones clave sobre este tema. Ninguna de los procesos ha avanzado.
Juan Carlos Vives, director de la Dirección Nacional de Estupefacientes (2005-2007)
Vives abandonó el DNE en medio de polémicas por el manejo de los bienes incautados y las irregularidades en los inventarios. Posteriormente, las autoridades panameñas comenzaron a investigar los movimientos de altas sumas de dinero de Vives y su hermano en cuentas bancarias de ese país. El mismo rastreo se hizo en cuentas norteamericanas. Se desconoce el estado de estas investigaciones.
Mario Montoya, ex comandante de las Fuerzas Militares y embajador de Colombia en República Dominicana
En 2009, la Fiscalía General de la Nación le abrió investigación preliminar por la posible participación de los paramilitares en la Operación Orión. Esta operación se llevó a cabo en octubre de 2002, y consistió en la entrada de las Fuerzas Militares en la Comuna 13 de Medellín, con el objetivo de atacar las milicias urbanas de las Farc. Por otra parte, en febrero de 2010 varios coroneles acusaron a Montoya de haber planeado la Operación Fénix, que terminó con la masacre de ocho civiles en San José de Apartado.
Mauricio Santoyo Velasco, ex jefe de seguridad de la Presidencia
En diciembre de 2004, la Procuraduría destituyó a Santoyo por cinco años por ser el responsable de cerca de 1.800 interceptaciones ilegales a defensores de derechos humanos en Medellín. Santoyo demandó la decisión ante el Consejo de Estado y fue restituido al servicio activo.