“Éramos supuestamente la primera cara de la Secretaría y éramos a quienes más nos maltrataban”, dice María Antornia Niño, de 43 años. Trabajó como guarda de seguridad de la Secretaría de la Mujer por siete años. “Renuncié el 4 de enero de 2023 porque estaba demasiado agotada tanto física como mentalmente”, dice Martha Peña en su carta de renuncia.
Ambas trabajaron en las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de Bogotá. Son unos centros que buscan relevar a las mujeres de la sobrecarga de los trabajos de cuidado. En ellos se ofrecen cursos de educación financiera, servicios jurídicos y psicológicos y sensibilización sobre la violencia de género.
“Eso de casa para la mujer y la igualdad es apenas un nombre o no aplica para nosotras”, dice Joana Jara, una celadora de 40 años, que también trabajó en varias de las 20 casas en la capital: “Me hacían doblar los turnos constantemente”, afirma. Además, le prohibieron acudir a los servicios que se prestaban ahí para otras ciudadanas.
La Silla Vacía recogió seis denuncias de mujeres que trabajan o trabajaron en estos centros y denuncian acoso laboral. Vivieron situaciones similares aunque eran contratadas por empresas diferentes que trabajan con el distrito. Aseguran que no las dejaban salir de las Casas sin pedir permiso, incluso en sus horas libres. Denuncian que les negaban permisos para matricular a sus hijos o pedir una cita médica y que tenían que trabajar con insumos vencidos que iban desde café, que ellas y los que van a las casas consumían, hasta otros productos como el Clorox.
El ambiente laboral que describen expuso su salud y choca con la bandera de igualdad de género que ha buscado promover la alcaldesa Claudia López. Riñe además con el objetivo de estos centros, que buscan, entre otras, “el reconocimiento de los derechos y la sensibilización para la eliminación de la violencia contra las mujeres”.
Los tratos humillantes
Myriam Méndez tiene 60 años, vive con su esposo en Soacha y se jubiló el año pasado. Trabajó en las Casas de la Mujer de Kennedy, Ciudad Bolívar y la Central a través de la empresa Aseocolba por ocho meses, hasta enero de 2023. Su trabajo consistía en barrer, trapear, limpiar el polvo de los escritorios y las paredes y lavar los baños. También preparaba cafés y aromáticas para los usuarios de las Casas de la Mujer.
Según cuenta Méndez, mientras trabajó como empleada del aseo la obligaron a cargar objetos pesados en trasteos de oficina, le negaron permisos para citas médicas, le dieron café y aromáticas vencidas y en vasos de cartón con hongos, y le impidieron salir de la sede en la que trabajaba sin un permiso previo de la supervisora, incluso si era para almorzar.
La responsable de esa situación, según dice Méndez, es Blanca Lucero Cuervo, una contratista del distrito que lleva siete años en la Secretaría de la Mujer. Se encarga de ayudar a la supervisión de los contratos de aseo y los demás relacionados con la logística de la secretaría. Su nombre aparece en el testimonio de otras empleadas de la entidad, como vigilantes y supervisoras.
“No podíamos salir de la sede. Nos tocaba llamar a la jefe y pedirle permiso. Ni en la hora del almuerzo podíamos salir. De lo contrario, tenía problemas. Salíamos con miedo porque salir era un regaño”, cuenta Méndez.
Marta Peña, de 43 años y quien renunció a su trabajo como contratista de aseo el 3 de enero de este año, también recuerda que en los trasteos en los que participó tampoco la dejaban usar ni la greca ni el microondas de la institución. “A nosotras, las empleadas del servicio ni a las guardas de vigilancia nos dejaban usar estos objetos. Nos tocaba pagar o comer frío”, dice. Agrega que después del trato que recibió, siente miedo: "A mí la Secretaría de la Mujer me da susto. Quedé tan marcada que me da susto".
Algo similar dice la celadora María Antonia Niño: “Desde que la señora Blanca Lucero llegó se nos desmejoró mucho el trabajo. No nos dejaba ni siquiera calentar el almuerzo. Y no podíamos usar los servicios de la Casa de la Mujer como lo jurídico o psicológico”.
Niño recuerda que durante la pandemia su mamá murió de covid “y no me dejaron ir a recibir apoyo psicológico de la Casa de la mujer de Suba donde yo trabajaba”. Según cuenta, Blanca Lucero le dijo que fuera en sus horas libres pero a otra sede. “Eso era imposible porque mis turnos eran de 12 horas”. Además, dice, en varias ocasiones tenía que repetir su jornada sin descansar.
Después de que a Méndez se le cayó un computador mientras limpiaba un escritorio, y que luego ella tuvo que pagar, el ambiente de trabajo fue tan estresante que “casi todos los días me hacían llorar. La señora Lucero me preguntaba todos los días por dos meses que cuándo iba a reponer el computador, que cuidado dañaba otro”. Dijo que la situación paró solo cuando quedó claro que su empresa, Aseocolba, se lo iba a descontar de su sueldo, que era el mínimo.
El testimonio de Peña coincide con el de Méndez, aunque trabajaron en distintas empresas y sus jefes directos son diferentes. Peña era empleada de Ladoinsa, otra de las contratistas de la alcaldía para servicios de aseo y cafetería.
Peña dice que las empleadas del aseo eran tratadas de forma despectiva por Cuervo, y que la sometieron a “persecución laboral”.
En la carta en la que les explica a sus superiores el motivo de su renuncia dice que “no teníamos permisos para citas médicas u odontológicas y mucho menos para matricular a nuestros hijos en el colegio”, necesidades asociadas a las tareas de cuidado que asumen, en su mayoría, las mujeres.
Para salir de la sede y atender asuntos urgentes debían pedir un día completo de permiso no remunerado, que equivale a cerca de 75 mil pesos, así la diligencia durara dos horas.