Un año después del 9S, las familias de los muertos han recibido sobre todo amenazas

Vive en una casa, de adobe y ladrillo, en la cima de una montaña. De ese lugar, ama el silencio. Ver montañas de varios verdes, unas cuantas gallinas y las ovejas que su mamá, Dioselina Acevedo, pastorea desde las seis de la mañana hasta que se oculta el sol. 

Esa tranquilidad, sin embargo, no le quita la tristeza. “Me arruinaron la vida —dice— me quitaron la libertad”. 

Manuel recibió un disparo cuando protestaba hace un año, en Verbenal, al norte de Bogotá. Salió indignado por el asesinato de Javier Ordóñez, a manos de policías. Estaba cantando arengas frente al CAI de Verbenal, cuando una bala le perforó el pulmón y lo dejó en una silla de ruedas, sin la posibilidad de mover las piernas. 

“Fue un policía, estoy seguro”, dice.  Se siente su amargura. 

Dolor, rabia y miedo. Eso sienten las cinco víctimas de las protestas del 9 y 10 de septiembre con las que habló La Silla Vacía, sobre lo que ha sido su vida en el año que ha transcurrido desde entonces.  Hace un año, 12 personas fueron asesinadas, presuntamente por la Policía. Otras 75 fueron heridas de bala y 300 más resultaron heridas. En sus casos, la justicia cojea, y aún no llega.

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Manuel recuerda que cuando escuchó a los médicos del hospital Cardioinfantil decir que “el 98 por ciento de las personas que sufren estas lesiones no pueden volver a caminar” su vida le pasó por su cabeza en un segundo. Imágenes atropelladas de lo que solía hacer y ya no sería posible. 

Antes de la pandemia, trabajaba como obrero de construcción en un proyecto en Santa Bárbara, en Bogotá. Durante la cuarentena, hacía arreglos de casas o trasteos. Y en su tiempo libre, montaba bicicleta y jugaba fútbol con sus amigos. Lo que parecía una vida simple, ahora es una añoranza. “Pensar en que no me puedo mover y valer por mí mismo es algo que me duele todos los días”, dice.

Ante su pronóstico, Manuel decidió buscar otras opciones. Encontró que algunas personas con su condición mostraban mejoras con la medicina alternativa. Se animó a hacer una vaki para recolectar fondos para su tratamiento. Y con su mamá, que dejó el campo para cuidarlo, se acomodaron en una pieza por la que pagaban 500 mil pesos de arriendo. Iba cada semana a hacer una terapia neural: le inyectaban suero y luego le hacían terapia física. 

Pero los cuatro millones de pesos que recogió en donaciones le alcanzaron sólo para cuatro meses de tratamiento, y necesitaba, según le dijeron, cinco años de terapia. A ese estrés, se sumó la dificultad para conseguir dinero para pagar el mercado, los servicios y el arriendo.

La Alcaldía le entregó una silla de ruedas, le dio mercados por tres meses y un subsidio de arrendamiento, por un mes, de 250 mil pesos. 

“Ningún arriendo vale 250 mil pesos. ¿Piensan que me iban a comprar con tres mercados cuando me dejaron así?”, se pregunta. Dice que la Alcaldía también le consiguió un trabajo en un call center, pero lo rechazó porque, para abril, cuando le hicieron la oferta, ya había decidido irse de Bogotá.  

“Lo que necesito es que encuentren a los responsables”, dice. 

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Un año después del 9 de septiembre, cuando se desató una protesta masiva en Bogotá en contra de la brutalidad policial por la muerte de Javier Ordóñez (el abogado asesinado por unos policías en un CAI) los avances en los casos de los 12 jóvenes asesinados son escasos. Y eso que están priorizados por la Fiscalía.

De 87 policías vinculados al caso del 9S, solo hay cinco imputados y es porque la bala quedó alojada en el cuerpo de las víctimas y se pudo relacionar con el arma de dotación del policía. 

El caso más adelantado es el del homicidio de Anthony Estrada, de 28 años, asesinado en Soacha. El policía Óscar Márquez Rojas tiene detención preventiva domiciliaria y al uniformado Wilmer Andrés Ricaurte le imputaron cargos por obstrucción a la justicia. Porque cuando la Policía les pidió que mostraran las municiones que habían usado, tanto Rojas como Ricaurte entregaron una dotación diferente. 

Sin embargo, con el proyectil en el cuerpo de Anthony y las pruebas que alcanzó a recoger la Fiscalía, se pudo demostrar que ellos dos sí habían usado sus armas. 

Hay otros tres patrulleros a los que les han imputado el delito de homicidio: a Andrés Eduardo Díaz, por la muerte de Germán Smith Puentes, a quien le dispararon en la espalda a la altura del tórax en el barrio Suba Rincón; a John Antonio Gutiérrez por la muerte de Jaider Fonseca y Andrés Felipe Rodríguez, dos jóvenes de 17 y 23 años, respectivamente, que murieron en el Verbenal; y a Jorge Andrés Lasso, por el asesinato de Angie Paola Baquero, de 29 años, en Suba la Gaitana. Pero ninguno de los tres policías tiene siquiera medida de aseguramiento y los tres siguen vinculados a la institución.

Hay unos casos de víctimas que avanzan incluso menos. Entre esos está el de Lorwan Stiven Mendoza, de 30 años, asesinado en Soacha. Sus abogada, Isabel Fajardo, ni siquiera ha podido acceder a la necropsia. 

Alirio Uribe, abogado de Anthony, el caso más avanzado, dice que “no es suficiente”. Explica que para que las víctimas puedan recibir una reparación real por parte del Estado hace falta mucho tiempo porque sólo hasta que la Policía sea condenada se puede demandar al Estado. Y ese proceso puede tomar, según sus cálculos, cinco años en primera instancia, diez años en segunda y cinco para cobrar la indemnización.

Hasta ahora, por brutalidad policial, sólo ha sido condenado el policía Juan Camilo Lloreda, responsable del asesinato de Javier Ordóñez. Fue condenado a 20 años de prisión.

En ese caso —que fue el que desató las protestas del 9s— también hay otros dos patrulleros imputados por homicidio y tortura agravados. Ellos no aceptaron los cargos.

Los abogados de las víctimas insisten en que los altos mandos de la Policía también deberían asumir una responsabilidad por lo sucedido ese día. “Existen pruebas que dan una línea de investigación para determinar y validar la hipótesis de que el comandante de la estación de Usaquén, suboficial y el comandante del CAI de Verbenal están implicados con una coparticipación, ellos estuvieron en los hechos”, dice Alejandra Garzón, la abogada que lleva varios casos.

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Ante ese panorama desolador de la justicia, Manuel Fernández se refugia en los ejercicios que hace todos los días. Con sus manos toma sus muslos, recoge las piernas y después las estira. Hace girar sus pies. En unas barras en la puerta de su cuarto, trata de fortalecer sus brazos para necesitar menos ayuda.

Cuando no está en el patio, contemplando el paisaje, también compone rap.

Aquí estoy y no me rindo.

Repitiéndome a mi mismo

Soy valiente y sigo vivo

Aliviando las heridas. Soportando los dolores

el abuso policial, en incremento

Va en aumento el actuar violento

Uniformados intentaron matarme

No pudieron

Dispararon y me hirieron

Lograron tumbarme

En piso sin moverme

Por alzar la voz

Por protestar

Por mostrar mi descontento

Cansado del maltrato

Un impacto directo en el pecho

Me arrebata mi derecho

A caminar.

Manuel no tiene muy claro qué será de su vida. Sólo sabe que quiere estudiar ingeniería de sonido. “Aún tengo fé de que se me cumpla el milagro y pueda volver a caminar, es en todo lo que pienso”.

El valor de su mamá le da fuerza. “Solo interrumpe su trabajo para darme comida, ayudarme a bañar, o para ayudarme a hacer ejercicio. Ella es la que me motiva cada día a seguir”.

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El 7 de agosto, un estruendo a las cuatro de la mañana despertó a Nury Emith Rojas. A ella y a los familiares con los que vive en una casa humilde de tres pisos, en Suba. Alguien quebró las ventanas del cuarto donde duermen sus sobrinos y salió corriendo. Para Nury, se trató de otra amenaza.

“Desde que empecé a denunciar que a mi hija (Angie Paola Baquero) la mató el policía Jorge Andrés Lasso me empezaron a amenazar”.

Nury vivía del reciclaje desde hacía cuatro años. En el barrio Luna Paz, cerca al Restrepo, ya la conocían y algunos le entregaban los materiales que se podían reutilizar. Pero después de la muerte de su hija, dejaron de hacerlo. Nury piensa que por temor, dadas las amenazas que ha recibido.

En enero, la Fiscalía le imputó a Lasso el delito de homicidio. Pero el uniformado no aceptó los cargos, y tampoco recibió medida de aseguramiento. Al ver que pasaban los meses y que el presunto asesino de su hija seguía libre, empezó a aparecer más en los eventos de conmemoración que se hacen en Verbenal el 9 de cada mes. Con la visibilidad, llegaron las amenazas.

La primera que recibió le llegó a modo de panfleto el 2 de junio a su casa. “Usted ha ganado 500 mil porque su hija murió (...) le daremos 100 mil más el 23 de junio. Vaya a esta dirección para darle su plata”, se lee.

La segunda amenaza era por no cumplir esa cita: “mataremos a su familia (...) alístese para lo que le espera”. También la llamaron anónimos para decirle groserías. 

Nury puso la denuncia con las pruebas ante la Fiscalía. “Un muchacho de allá me ofreció, riéndose, que me acompañara la Policía”. También le dieron la opción de cambiarse de casa y un subsidio de arrendamiento de 100 mil pesos por tres meses. 

La última recomendación de un funcionario de la Fiscalía en agosto fue que mientras vuelven a tener audiencia, que se dará este mes, permanezca encerrada por seguridad.

“Pero yo por qué me tengo que ir de mi casa. Mi esposo no trabaja por la diabetes. Yo no puedo salir por seguridad. Angie Paola, que era la que nos ayudaba, ya no está. ¿Con qué completo el resto del arriendo?”. 

Angie Paola trabajaba como vigilante en la secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá supervisando cámaras, y estaba por graduarse del Sena en Gestión documental. Según cuenta su mamá, en los ratos libres, Angie Paola le ayudaba a separar el reciclaje y con lo que juntaban entre ambas, mantenían a su familia. Son 14 miembros.

Hoy le cuesta vivir de lo que le da su hijo, Bryan Javier. “Él acaba de tener bebé. Gana millón doscientos. Es muy duro tener que recostarnos”. Frente a las ayudas de la Alcaldía, se queja de que solo recibió mercado tres meses. “Uno tiene que comer todos los días”. 
 
Sobre la reparación y la justicia, Nury dice que lo mínimo es que “el señor Lasso” termine en la cárcel. “Pero eso de todas maneras no me devuelve a mi hija. Él va a estar en una cárcel, respirando, mi hija no”. 

Tampoco le van a devolver la tranquilidad. “Después de esa noche mi vida es una agonía. Mi esposo se deprime, a mí me duele la cabeza...A veces me imagino que Angie Paola va a llegar un día y que me va a decir que se confundieron. Yo me hago esas fantasías”.

Para lo poco que sale la mamá de Angie Paola es para los actos de conmemoración a las víctimas. Hoy estará en Verbenal donde habrá una jornada con obras de teatro, cápsulas de la memoria, conversatorio con las víctimas, expresiones artísticas, entre otras. 

Allá Maira Páez, la esposa de Jaider Fonseca, el joven de 17 años, que como mostró La Silla en este video fue baleado hace un año por la Policía, dice que va a hacer un acto de conmemoración cada 9 de cada mes, por el resto de su vida. “Que no se les olvide lo que hicieron”, dice, después de ensayar una obra de teatro. Como Nury, también se ha sentido amenazada, pero tampoco va a parar de pedir justicia. A ella y a su familia, después de los ensayos de la obra de teatro, y desde antes, la persiguen en motos. A veces uniformados, y a veces de civil. 

Eso no la atormenta tanto como saber que el patrullero que asesinó a su esposo sigue vinculado a la Policía.  “Estoy segura que era él. Saber que sigue portando el uniforme me dan ganas de vomitar”. 

Maira está segura que lo vio, mientras estaba en una jornada de entrega de mercados,  pues ahora ella trabaja en la Alcaldía de Usaquén.  Claudia López les prometió a las víctimas que les daría empleo, y por lo menos en los casos que documentamos, cumplió.

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Detrás del colegio Aquileo Parra y a unos metros del CAI de Verbenal, David Hernández, de 26, y su hermana Lina, de 22, hablan de lo que ha sido su vida después del asesinato de su hermano Cristian, el 9 de septiembre del 2020. 

Ese día, Cristian, de 24 años, volvía de entregar un domicilio en el barrio Santafé, cerca a su casa, cuando quedó en medio de la policía y los protestantes. Una bala a quemarropa en la cabeza lo mató de manera fulminante. 

A partir de ese día, todos en su familia decidieron irse a vivir juntos. Eso los reconfortó, pero la vida cotidiana no volvió a ser igual. Dicen que en los días posteriores algunos policías, tocándose el arma en la cintura, les pedían que se fueran del barrio. Sentían que les habían chuzado los celulares, porque a donde iban, siempre llegaba un policía.  Otras veces, les echaban encima las motos. Cuentan que un día a José Edilberto, su papá, le tocó saltar al andén, para que no lo atropellara una moto que lo seguía. 

Los hostigamientos eran constantes. Pero Lina, quien ahora trabaja como gestora de convivencia en la Alcaldía de Usaquén, reconoce que desde hace un mes le han bajado la intensidad. 

Los primeros siete meses, los tres hombres de la familia se dedicaron a tomar y llorar. “Ver a mi mamá así todos los días, triste, era peor”, dice Lina. Andrés, su hermano mayor, “ahorita tiene una afectación psicológica muy fuerte, se entregó al alcohol y se la pasa llorando”. 

Su papá se quedó sin trabajo hace casi dos meses. Manejaba un bus provisional del SITP,  ahora busca empleo. Sus hijos dicen que a pesar de aparentar ser el más fuerte, José sufre en silencio por la muerte de su hijo. 

Mirian Yara, la mamá de Cristian, se lamenta todos los días: "¡Ay!, mi negro venía y me recogía en su bicicleta y me ayudaba a traer las cosas”. “¡Ay! extraño a mi negro, mi negro me llamaba". Son frases que repite todo el tiempo.

La gente en el barrio tampoco los trata igual. Ya los reconocen cuando van por la calle y les dicen "ay no, yo no quiero estar con ustedes, porque qué tal que los policías nos hagan algo”, cuenta Lina. 

Por los hostigamientos, tuvieron que cambiar de domicilio tres veces. David y Lina dicen que los vecinos no les querían arrendar, tenían miedo. Eso los llevó al extremo de usar doble tapabocas y cubrirse la cara, para que no los reconocieran. 

Pensaron en irse de Verbenal definitivamente, pero al final no lo hicieron. “Para nosotros, ellos, los que estuvieron ahí, fueron los vándalos, porque ellos fueron los asesinos”, dice David.

Lo que más molesta a David es que gente desconocida le pregunte por su hermano y si van a recibir dinero del Estado. A él lo que más le importa en este momento es que haya justicia. En su caso, ni siquiera se ha identificado al victimario de su hermano. 

Un año después, lo único que han logrado sus abogados es que aceptaran su solicitud de cambiar al fiscal, de uno local a uno especializado en derechos humanos. Sin embargo, de ahí a que lo hagan, pueden pasar meses. En el caso de Jaider Fonseca, por ejemplo, el cambio de fiscal demoró hasta cinco meses. 

Al frente del CAI de Verbenal, David se para al lado de un graffiti donde aparece la cara de su hermano y los nombres de los otros dos jóvenes asesinados esa noche. Dice que el que más le gusta es el que dice “Masacre Policial”, que queda en diagonal, sobre la pared de un conjunto. “Eso fue lo que pasó”, dice, y por eso le gusta.