Una de las cooperativas de palma entregadas por Macaco para reparar a sus víctimas recibió dinero del Plan Colombia.

Hace un par de semanas, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía convocó a una audiencia pública para decidir la suerte de Coproagrosur, una cooperativa de palma de aceite en Simití, Bolívar, que el paramilitar ‘Macaco’ entregó al programa de reparación de las víctimas. 

Esta audiencia sería una más de las muchas que está convocando la Fiscalía por estos días, si en el 2004 Coproagrosur no hubiera recibido fondos del Plan Colombia a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Desde el 2002, unos 75 millones de dólares del Plan Colombia se destinan anualmente a programas de desarrollo alternativo. Estos programas proveen fondos para proyectos de compañías agroindustriales en alianza con campesinos a cambio de que dejen de producir coca. Del total, USAID ha destinado cerca de 20 millones de dólares a proyectos agroindustriales de palma en todo el país.

Los funcionarios de la agencia gringa que dependen del Departamento de Estado de EE.UU. insisten en que investigan muy bien a los beneficiarios de sus aportes para evitar premiar a quienes hayan usurpado tierras o estén involucrados en actividades ilícitas.

Sin embargo, una revisión de los documentos internos de USAID, de noticias de prensa y de las mismas escrituras de algunas de las compañías que han recibido dinero generan serias dudas sobre el proceso de selección de los beneficiarios de los proyectos, y en particular sobre su habilidad para detectar sus vínculos con paramilitares y narcotraficantes.

El proceso de revisión de USAID en el caso de Coproagrosur "no fracasó”, dice la respuesta oficial de la Embajada de Estados Unidos en Colombia sobre este caso, porque Macaco no aparecía oficialmente como parte de la cooperativa.

Pero además de los 161 mil dólares entregados a Coproagrosur, USAID también entregó 650 mil dólares a Gradesa, una empresa palmicultora con dos miembros de junta investigados por lavado de activos. Y si no fuera porque la compañía no logró aportar toda la documentación, casi desembolsa fondos del Plan Colombia para Urapalma, compañía palmífera investigada actualmente por sus vínculos con paramilitares.

Susan Reichle, la directora de la misión en Colombia de USAID, dice que Urapalma nunca recibió el dinero gracias al riguro proceso de revisión de la entidad. “Mi equipo tiene un protocolo de tierras y todo un proceso para garantizar, en la medida de nuestras posibilidades y a través de una exhaustiva investigación, que esta tierra es tierra sana,” dice. Pero admite que “me encantaría decir que el proceso es 100 por ciento seguro pero desafortunadamente nunca lo va a ser”.

Sean Jones, quien dirige el programa de desarrollo alternativo de USAID en Colombia desde el 2006, contradice a Reichle, y dice que la aplicación de Urapalma se frenó por falta de documentación.

Cuando el Congreso de Estados Unidos comience a debatir en julio la financiación del Plan Colombia para el 2010, que según lo que ha dicho el equipo de Barack Obama buscará aumentar proporcionalmente la asistencia a proyectos de desarrollo social, estos casos serán mirados con lupa.
 

Esta es una versión condensada de un artículo publicado por la revista The Nation. Lea el artículo completo. El artículo fue escrito por Teo Ballvé, periodista freelance con sede en Colombia. Esta investigación se hizo con el apoyo del Puffin Foundation Investigative Fund del The Nation Institute, con apoyo adicional de Project Word.