Una evacuación más política que técnica demora a Hidroituango

A las 9 de la mañana del martes sonaron las alarmas. Era la hora y el día acordado para que los habitantes de las comunidades aguas abajo de Hidroituango –concentradas, principalmente, en los municipios de Cáceres, Ituango, Tarazá y Valdivia– salieran de sus casas y se dirigieran a los puntos de encuentros marcados por EPM. No era una emergencia. Se trataba de un simulacro organizado por varias entidades de cara a la evacuación preventiva que fue ordenada por el presidente Gustavo Petro, para el encendido de la hidroeléctrica.

Pero una cosa fue lo planeado y otra lo que ocurrió. Desde antes del simulacro, EPM aseguró que se esperaba que unas 3.500 personas salieran. Pero cuando llegó la hora, apenas unas 500 lo hicieron. Fueron más las que protestaron en contra de EPM, de Hidroituango y de la misma posibilidad de que sean evacuados antes de que empiecen a generar energía las dos primeras (de ocho) turbinas.

Las críticas a la evacuación no vienen solo de las personas que viven en la zona de influencia de Hidroituango y que dicen que el proyecto los está desplazando. También desde otros sectores cuestionan su idoneidad. Los expertos consultados por La Silla, incluyendo al director del DAGRAN, Jaime Enrique Gómez, que participó en la organización del simulacro del martes, dicen que el de la evacuación no es un requisito técnico, sino que responde al manejo político de Hidroituango. 

Y con el 30 de noviembre, la fecha límite para que empiece a funcionar la hidroeléctrica, cada vez más cerca, el tema ha pasado del debate técnico y es utilizado por EPM como un argumento ante la CREG para que no cobre una millonaria multa si las dos primeras turbinas no funcionan para ese día.

Una evacuación sin sustento técnico

El 2 de noviembre pasado, el presidente Petro dio una orden desde su Twitter: “antes de prender cualquier turbina en Hidroituango debe evacuarse la población en riesgo como medida de precaución, que es un principio universal”.

Al día siguiente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que tiene asiento en el Puesto de Mando Unificado (PMU) que le hace seguimiento a la hidroeléctrica, dio detalles de por qué era necesaria la evacuación preventiva.

Las dos razones dadas fueron: primero, que la evacuación se plantea para proteger la vida de las cerca de 38 mil personas que viven aguas abajo de Hidroituango. El sustento de esto es el principio de precaución. La ley 1523 de 2012 explica que ese principio se debe tomar cuando existe riesgo de daños graves o irreversibles a las vidas, bienes y derechos de las personas, las instituciones y los ecosistemas.

El segundo motivo para ordenar la evacuación es, según la UNGRD, que “se desconoce si el comportamiento del macizo rocoso se podría afectar cuando entre en operación el proyecto”.

E incluso, Javier Pava, director de la Unidad, fue más allá este viernes y lanzó la sombra de la necesidad de una evacuación permanente: “hay que evacuar a las familias allá por este tema, y yo realmente ahí no veo un término de tiempo definido. Hay que pensar en resolverles de manera definitiva la situación, porque no podría uno pensar que esta población viva en esta incertidumbre”.

Santiago Ortega, ingeniero civil y magíster en Ingeniería de Recursos Hidráulicos, explica que la preocupación con el macizo se refiere a las vibraciones que generarán las turbinas cuando estén funcionando. “El miedo que tienen en el proyecto es que, como uno de los túneles no está taponado del todo, las vibraciones muevan algo ahí y que el túnel se vuelva a destapar. La preocupación es que haya un flujo de agua inesperado”.

Ortega, cofundador de Emergente Energía Sostenible, agrega que ese riesgo no va a desaparecer sino hasta que “el proyecto no funcione como fue diseñado, hasta que no operen las ocho turbinas”. Pero a renglón seguido aclara que, a pesar de que ese peligro está ahí, “no es uno catastrófico como hace cuatro años. En 2018 (el año de la contingencia) sí había un riesgo de desastre a nivel nacional, porque estaba comprometida la integridad de la presa y de la casa de máquinas. Si pasa algo hoy, tendría una magnitud muchísimo menor”.

Aún así, con el riesgo y el principio de precaución en la mira, el PMU definió que el martes pasado se hiciera el simulacro, concentrado, sobre todo, en dos zonas: el corregimiento de Puerto Valdivia (Valdivia) y el sector El Doce (Tarazá). Pero cuando llegó el día acordado, los habitantes de este segundo municipio se negaron a participar.

Miriam Trujillo, coordinadora del simulacro, no respondió preguntas de La Silla sobre el acatamiento reducido del ejercicio. A pesar de la baja participación afirmó en una rueda de prensa que “el balance es positivo, porque identificamos las acciones que debemos reforzar para mejorar las actividades que estamos trabajando con las comunidades e instituciones”.

De manera más precisa, Jaime Enrique Gómez, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (DAGRAN), dice que la evacuación no es necesaria: “nos dimos cuenta de muchas cosas por mejorar, como, por ejemplo, cómo se activan las sirenas o si se alcanzan a escuchar desde los diferentes puntos, pero no consideramos, desde el punto de vista técnico, necesario realizar una evacuación”.

Pero, más allá de una utilidad técnica, la evacuación sirve para darle argumentos a EPM para insistir en que el 30 de noviembre no sea la fecha límite.

A Quintero le regalan una excusa para la CREG

El 10 de noviembre, EPM le envió a la CREG una carta con una solicitud: cambiar la fecha de entrada en funcionamiento de Hidroituango. El fundamento para ese pedido es que la orden de hacer una evacuación altera, de manera inevitable, el cronograma del proyecto.

“Si bien los montajes de obra avanzan sin retrasos, es importante informarle que EPM ha recibido nuevos requerimientos (...) que le imponen cumplir una serie de obligaciones y actividades que hacen previsible un desplazamiento del cronograma que no es imputable”, dice la misiva firmada por Jorge Carrillo, gerente de EPM.

Esta semana, Carrillo profundizó en esos argumentos. El martes, desde la Cámara de Representantes, donde estaba rindiendo un balance de Hidroituango, explicó que si a partir del 30 no funciona la hidroeléctrica, la CREG le impondría a EPM una multa de 207 millones de dólares. Sin embargo, insistiendo en que la evacuación va más allá de una decisión de EPM, Carrillo aseguró que el incumplimiento en el cronograma no es responsabilidad de ellos por los que quedarían exentos de pagar dicha plata.

Para José Fernando Villegas, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) en Antioquia, esa argumentación da pie a creer que “Hidroituango se está manejando política y no técnicamente. Si fuera responsabilidad de los técnicos no se habría exigido evacuación, porque la puesta en operación no aumenta el riesgo en las poblaciones aguas abajo. El macizo fue estudiado desde el principio y aguanta las vibraciones”.

Otro ejemplo de ese manejo político, para Ortega, el ingeniero civil, está en cómo, a pesar de que la firma consultora sueca Pöyri lo desaconsejó, Quintero siguió adelante con el propósito de cambiar los contratistas de la obra. La fecha para conocer quién se hará cargo de Hidroituango, en reemplazo del Consorcio CCC Ituango, es el 1 de diciembre. Pero ese cambio, insiste Ortega, podría llevar a demoras en las obras de entre seis meses y un año, “y eso sí puede generar un riesgo muy grande”.

En todo caso, tanto la CREG como el Ministerio de Minas y Energía ya dieron respuesta a la solicitud de EPM. El miércoles, la ministra Irene Vélez dijo que la CREG se reunió para analizar lo pedido por Empresas Públicas. Sin embargo, “se estableció que necesitamos que EPM explique en mayor detalle el requerimiento y lo sustente”.

Y, en esa línea, el recién nombrado director ejecutivo de la CREG, José Fernando Prada, dijo que “examinamos esa solicitud en el seno de la Comisión, pero encontramos que no estaba completa, que faltaba información para que pudiéramos hacer una evaluación integral de la misma”.

Al oído de Petro, una oposición de fondo al proyecto

Voces cercanas al Gobierno Nacional, como la de la senadora Isabel Zuleta, se han opuesto a Hidroituango. Y ahora, con la posibilidad de la evacuación, la organización Ríos Vivos, de la que hace parte Zuleta, se manifiestan en contra de la evacuación también desde una postura política. Insisten en que el proyecto no los debería desplazar de su territorio.

Desde la madrugada del miércoles, habitantes de los municipios en la zona de influencia de Hidroituango montaron carpas en el Parque de los Pies Descalzos frente al Edificio Inteligente, la sede de EPM en Medellín.

A la entrada del edificio, las autoridades ubicaron varias vallas para evitar el paso de las personas. En estas, los oriundos de municipios como Valdivia y Tarazá colgaron carteles con consignas en contra de EPM. “El simulacro nos revictimizó y la vida nos jodió, el macizo rocoso les falló y EPM nos engañó y sin casa nos dejó y la gente se cansó”, se lee en uno.

Cecilia Muriel, vocera de Ríos Vivos, dice que el simulacro fue “una burla, porque mientras hacían el supuesto simulacro, también se hacían ensayos en la casa de máquinas”.

Pero no es solo el simulacro, hay una desconfianza de fondo con el proyecto: “Nosotros no pedimos esa represa en ningún momento y no tenemos porqué estar corriendo cada que EPM diga que hay que salir”.

El campamento coincide con el concepto del funcionario de Petro, el director de la UNGRD, de que la evacuación tendría que ser permanente, un emprendimiento titánico de mover varios pueblos con arraigo de décadas.

Por eso el simulacro no solo pone a tambalear el encendido de las dos primeras turbinas en, máximo, 12 días, antes de una posible multa. Sino que también destapa que bajo esta Presidencia las razones políticas que hace décadas se oponen a la existencia misma de Hidroituango han ganado poder.