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Esta semana, Gustavo Petro escogió como garante de la eventual negociación con el ELN al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, una decisión necesaria para avanzar con esa guerrilla que es binacional. Es el primero de varios sapos que el Gobierno tendrá que decidir si se traga o no de ahora en adelante.
El segundo lo enfrenta la semana que viene y coincide con su viaje a la Asamblea de las Naciones Unidas, donde Petro quiere estrenar su liderazgo en el tema de cambio climático.
En los próximos 10 días, Colombia tiene que decidir si se suma a una iniciativa de países de la región que quieren extender el mandato de una misión de expertos nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para investigar violaciones de derechos humanos por parte de la dictadura venezolana.
Las principales organizaciones internacionales de derechos humanos ya están pendientes de qué lado se ubicará Petro.
Una misión incómoda
El Grupo de Lima, una instancia multilateral conformada por 14 países de la región para acompañar a la oposición venezolana en la búsqueda de una salida a la crisis de Venezuela, impulsó una resolución para establecer una Misión Internacional independiente para investigar la violación de los derechos humanos en Venezuela. Iván Duque jugó un rol clave en esta iniciativa.
En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acogió la propuesta resolución 42/25 y creó la misión para que investigara durante un año las atrocidades cometidas por el régimen de Maduro cometidas desde 2014. Un año después, con la resolución 45/20, prorrogó el mandato por dos años más hasta septiembre de 2022. Colombia votó nuevamente a favor de la prórroga.
En sus tres años de existencia, este grupo conformado por tres expertos internacionales ha concluido que hay motivos suficientes para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad y que “autoridades de alto nivel tenían conocimiento” de ellos. También documentaron la falta de independencia de la justicia en el vecino país y su rol en la represión de los opositores de Maduro.
Este mes se vence el mandato de la Misión. Y un grupo de países liderado por Canadá y Paraguay y respaldado por Brasil, Guatemala, Chile y Ecuador, entre otros, han dicho públicamente que llevarán nuevamente una resolución de prórroga al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Colombia no ha dicho nada. Dado el contraste con el activismo que jugó Duque en el pasado, los activistas de derechos humanos han tomado nota del silencio.
