Hay una cosa clara: las dos facciones de la antigua ‘Oficina de Envigado’ lideradas por alias ‘Sebastián’ y por alias ‘Valenciano’ pactaron el pasado primero de febrero una tregua para disminuir la violencia en Medellín.
Hay una cosa clara: las dos facciones de la antigua ‘Oficina de Envigado’ lideradas por alias ‘Sebastián’ y por alias ‘Valenciano’ pactaron el pasado primero de febrero una tregua para disminuir la violencia en Medellín. Este acuerdo fue el resultado del trabajo de mediación de un grupo de ciudadanos llamado ‘Comisión por la Vida’ compuesto por Jaime Jaramillo Panesso, miembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación; el ex jefe del ELN Francisco Galán; Jorge Gaviria, ex director del programa de Reinserción de la Alcaldía de Medellín, y el arzobispo de Medellín Monseñor Alberto Giraldo, que actuaron a nombre propio.
Hay varias cosas sin aclarar: hay discrepancias sobre quiénes avalaron el trabajo de la Comisión, hay diferencias sobre el verdadero poder de ‘Valenciano’ y ‘Sebastián’, hay dudas sobre los efectos colaterales de la tregua y hay una gran pregunta: ¿es esta una segunda donbernabilidad? Entendido este concepto como el período durante el cual el capo del narcotráfico y jefe paramilitar Don Berna, de la Oficina de Envigado, controló el hampa de la ciudad con un beneplácito tácito o explícito del gobierno nacional y local durante la Alcaldía de Sergio Fajardo.
Los miembros de la Comisión han dicho que no negociaron nada a cambio de la tregua. “Nosotros lo que podemos hacer es motivar, para que la gente no se mate”, dijo Jorge Gaviria. “El que tenga algún problema con la justicia debe someterse, y en lo posible, a través de la Comisión si lo desea”.
Sin embargo, se supo, por el periodico El Espectador, que altos mandos de las bandas como ‘Douglas’, ‘César’ y ‘Riñon’ fueron llevados a la cárcel de Itagüí (Douglas y César estaban en la cárcel de Combita y Riñon estaba en la cárcel de la Dorada). Pero Jaramillo Panesso explicó a La Silla Vacía que fue una etapa temporal. “Coincidió con que estaban en Itagüí declarando en los procesos ante la Fiscalía pero se los volvieron a llevar a sus cárceles. Nos parecía importante el efecto de demostración que sí podían estar todos juntos en la cárcel, podían estar así en la calle”. En todo caso, añadió que han solicitado al Gobierno que los dejen estar en la Cárcel de Itagüí. “Si estuvieran cerquita a Medellín se garantizan mejores condiciones para la tregua para efectos del control sobre los combos en la comuna”.
Analistas del conflicto en Medellín consultados no sabían a ciencia cierta si se había negociado algo a cambio. Especularon que seguramente a los mandos medios de las bandas el Gobierno podría ofrecerles la aplicación del ‘principio de oportunidad’, según el cuál, un fiscal puede optar por no abrirle un proceso penal a alguien si obtiene una confesión que le permite llegar a un pez más gordo. Aunque el Comisionado Paz Pearl dijo: “Nosotros no podemos abrir la puerta, ni la vamos a abrir, para que las personas que están en las bandas criminales se desmovilicen porque eso jurídica y políticamente no es posible. Tampoco para que venga la ley de justicia y paz, porque no caben”. Otro de los entrevistados cree que lo que hicieron fue dividirse el hampa en la ciudad, para bajar la presión interna. Lo cual, en todo caso, crea potencialmente una situación complicada frente a las políticas de mano dura y programas más estructurales de cultura ciudadana de la Alcaldía de Salazar y del General Naranjo de la Policía.
Bogota bajó de 82 homicidios por cada 100.000 habitantes desde 1995 a un estancamiento de alrededor de 20 por cada cien mil. En Medellín, en cambio, desde la época de Pablo Escobar, los homicidios suben y bajan cada cinco años a punta de pactos con las bandas, que se rompen apenas el capo de turno es capturado o dado de baja.
Lo que todo este episodio deja claro, en todo caso, es que el Gobierno maneja dos lenguajes: uno de mano dura, dándole al General Naranjo, órdenes públicas perentorias de combatir a las bandas criminales. Y otro, más silencioso, autorizando a ciudadanos a entablar conversaciones privadas con los narcotraficantes y paramilitares para que se sometan a la justicia.
Estas son las dos versiones que se manejan sobre el tema:
¿Quién avaló la comisión?
Jaime Jaramillo, el vocero de la ‘Comisión por la Vida’, dijo a La Silla Vacía que la iniciativa de entablar estos contactos había sido del grupo de ciudadanos que estaban preocupados por la ola de homicidios en la ciudad y que su interés era estrictamente humanitario. En una entrevista hoy en la W, Jorge Gaviria, dijo que le habían solicitado al gobierno nacional permiso para hacer esos contactos. “El gobierno nacional nos dice: “Ustedes pueden hacer gestiones para la reconciliación nacional. Pero además les solicitamos que cualquier actividad que realicen vaya acompañada de una solicitud, de las personas con las que hablen, del sometimiento a la justicia y del aprovechamiento del principio de oportunidad”. “Así lo hicimos entonces”. También dijo que el Alcalde de Medellín estaba informado. “En el camino, además, le contamos, a través de una carta, al señor alcalde de las gestiones que íbamos a hacer. El nos respondió con una carta muy similar”
Después de que El Espectador reveló el pacto el pasado domingo, el alcalde Alonso Salazar dijo que él sólo estaba enterado de estos acercamientos. El martes fue el General Oscar Naranjo, comandante de la Policía, quien dijo que ni estaba enterado ni reconocía ningún pacto con estos grupos: “Para la Policía el único acuerdo posible de cumplir es el que tiene que ver con el acatamiento irrestricto a la ley”. Por su parte, en una entrevista hoy en el diario El Mundo, el presidente Uribe negó haber dado el aval a la comisión para llevar a cabo la mediación: “Nunca, nunca, nunca. Lo único que hemos autorizado es que los que han querido hablar con ellos les digan que no hay sino un camino, que es el sometimiento a la justicia y a la ley ordinaria. No, conmigo cuentos de treguas entre delincuentes, jamás. Ni que no me conocieran. Es que además, yo esto lo he dicho desde hace mucho rato, públicamente, y lo he dicho en Medellín”.
En la misma línea, hoy el Comisionado de Paz, Frank Pearl, dijo que las comisiones que han tenido autorizaciones para acercarse a grupos criminales no pueden hacer pactos con ellos para que no se sometan a la justicia. Y que el permiso de la comisión de Medellín acaba el martes y el de la Iglesia Católica comienza como reemplazo. “Acá hubo un grupo de particulares que nos pidieron autorizaciones para contactar a unas personas que hacen parte de grupos criminales dedicados al narcotráfico, para que se sometieran a la justicia. Y el alcance de las autorizaciones es ese y no va a ir más allá en ningún caso. Ni siquiera en el caso de la Iglesia”.
Es posible que sea una coincidencia, pero dos de los miembros de la Comisión son muy cercanos al Gobierno. Jaramillo Panesso, amigo de José Obdulio y de Uribe desde la época de su militancia en Firmes!, fue el consejero de paz de Uribe en la Gobernación de Antioquia y quien le ayudó a la reinserción de las milicias urbanas del ELN y EPL en Medellín en ese momento. Y Jorge Gaviria es el hermano del ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria. Existen fuertes rumores, que La Silla Vacía no pudo confirmar de manera independiente, que Gustavo Villegas, el primer secretario de Gobierno de Fajardo, también ha ayudado en la construcción de este proceso. Villegas estuvo a cargo de la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara durante el primer período de Uribe pero tuvo que renunciar tras descubrirse su cercanía con Felipe Sierra, detenido por vínculos con el capo ‘Don Mario’.
El poder y las motivaciones de ‘Valenciano’ y ‘Sebastián’
Jaramillo Panesso dijo a La Silla Vacía que ‘Valenciano’ y ‘Sebastián’, los dos herederos de la ‘Oficina de Envigado’, que dirigía ‘Don Berna’, controlan el 80 por ciento de las bandas de Medellín. Pero que no es cierto que controlen redes de narcotráfico. “Los capos son otros, son los carteles que capturaron ayer como el de ‘los pilotos’”, dijo. Ellos, según Panesso, están más dedicados a la extorsión de los transportadores, a los juegos de maquinitas, a los juegos ilegales. Su motivación para acordar una tregua es detener la guerra que ha cobrado vidas de amigos, de miembros de las bandas y de sus familiares.
Otras fuentes consultadas por La Silla Vacía, expertas en conflicto en Medellín, coinciden en que ‘Sebastián’ y ‘Valenciano’ controlan el 70 u 80 por ciento de los 120 combos que hay en Medellín. Pero consideran que ellos sí juegan un papel importante en el narcotráfico, imponen un férreo control territorial en algunas zonas de Medellín como el barrio Los Manriques, al lado del aeropuerto, y controlan otras redes de criminalidad como la de prepagos. También manejan porciones del presupuesto participativo de la Alcaldía en las comunas pues algunos desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara se volvieron contratistas de la Alcaldía después de la desmovilización del grupo en algunos barrios como las comunas 1, 2, 4 y 6. “Esta no es una guerra entre pelados por las ollas”, dijo un analista de la violencia en Medellín. Otra persona que conoce la violencia por dentro dijo que ‘Valenciano’ y ‘Sebastián’ son unos ‘criminales venidos a más’ pero que no son los jefes reales, que son ‘capitalistas de cuello blanco’. “Es una pelea estratégica para el narcotráfico y su estrategia es copiada del Cartel de Sinaloa: someter a la ciudadanía al terror para luego proponer la solución disminuyendo los homicidios”.
Los efectos colaterales de la tregua
La ‘Comisión por la Vida’ ha sido muy clara en que su interés es exclusivamente humanitario: parar la guerra que tiene a la sociedad civil en el medio como víctima. Y de hecho, desde el primero de febrero que se acordó, ya se han reducido los homicidios. Jaramillo Panesso descarta de plano que pueda haber un rédito electoral en todo esto: “en las comunas donde hay conflicto, la gente no vota. La gente de los combos no tiene cédula. Eso sí es hilar muy delgadito”, dijo a La Silla Vacía.
Tres de las personas consultadas por La Silla Vacía consideran que esta ‘tregua’ tiene unos claros resultados políticos: al bajar los homicidios de Medellín y de otras ciudades donde se lleve a cabo este modelo de iniciativas ciudadanas de treguas entre bandidos, se reducen los cuestionamientos sobre la Seguridad Democrática del Presidente, cuyo lunar ha sido la creciente inseguridad en las ciudades. Además, le permite a algunos políticos, cuyos fortines están entre los desmovilizados que viven en las comunas, entrar a hacer proselitismo.
