Uribe impone otro récord: 28 concesiones portuarias en seis años

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Un sector que ha tenido una expansión sin precedentes durante el gobierno de Uribe y del que poco se conoce, es el portuario. Durante su mandato, se han aprobado 28 concesiones portuarias de las 89 que hay actualmente en el país, lo que representa un crecimiento del 30 por ciento. Hay 15 puertos en proceso de construcción y siete sociedades portuarias en trámite para operar puertos.
Un sector que ha tenido una expansión sin precedentes durante el gobierno de Uribe y del que poco se conoce, es el portuario. Durante su mandato, se han aprobado 28 concesiones portuarias de las 89 que hay actualmente en el país, lo que representa un crecimiento del 30 por ciento. Hay 15 puertos en proceso de construcción y siete sociedades portuarias en trámite para operar puertos. Entre estos proyectos está Bahía Málaga, una zona del Pacífico conocida por su riqueza ambiental y por ser zona de ballenas; Tribugá, en el Chocó, y Turbo, en Antioquia. En Buenaventura, se está construyendo el Puerto de Agua Dulce y el Puerto del Consorcio Industrial. Recientemente, el Ministerio de Transporte declaró como zona de interés público para fines portuarios 800 metros de playa en Ciénaga, Magdalena, que también se adjudicarán en concesiones.

Sociedad Portuaria de Cartagena
Puerto de Santa Marta
Puerto Girardot
Puerto de Barranquilla
Puerto de Cartagena

“Los puertos colombianos que estaban muy atrasados, se vienen dotando muy bien de maquinaria. Por ejemplo, las inversiones en Buenaventura, consolidando todos los puertos que están empezando a darse, son del orden de mil millones de dólares. Y a eso contribuyen los incentivos tributarios"  dijo el Presidente Uribe el 8 de agosto del 2008 en la Asamblea de la Andi. 

Dentro de su política de confianza inversionista y de facilitar los negocios, el Gobierno ha incentivado la construcción de puertos a través de importantes beneficios tributarios: la posibilidad de convertir a sus puertos en zonas francas; la exención de IVA y aranceles por importación de maquinaria; y la deducción del 40% por reinversión de utilidades. Por ejemplo, en el caso del Puerto de Buenaventura, el más grande del país, que recibió 64 mil millones en utilidades netas en 2007 y que ya solicitó convertirse en zona franca, estas ayudas le significarán una reducción del impuesto de renta de unos 10 mil millones de pesos al año.
 

¿Se necesita tanto puerto?

 

Lo que no es claro es si este crecimiento corresponde a las necesidades del país y si se está haciendo de la manera adecuada.

La primera crítica que se la hace a esta política es que no ha contado con suficiente planeación. Aunque la ley Primera de 1991, que privatizó el manejo de los puertos, estableció que cada dos años el Ministerio de Transporte debe hacer un plan de ordenamiento y planeación de puertos para saber en qué lugares es posible construir, el último plan de este gobierno data de 2005.

Precisamente en los últimos dos años, el Gobierno otorgó varias concesiones en sitios muy cercanos entre sí que, según dijo la Superintendente de Puertos a la Silla Vacía, pueden ocasionar problemas de coordinación e incluso colisiones entre las embarcaciones, cuando todos entren a operar.

Las 25 concesiones portuarias que hay solo en 38 kilómetros, entre el puerto de PIMSA, en Malambo, y Bocas de Ceniza, en Barranquilla, también motivaron la advertencia del Contralor General, Julio César Turbay. “En lugar de dar 20, 30 ó 40 licencias para construir puertos sin ningún control, es mucho más eficiente si se construyen uno o dos puertos tecnificados”, dijo Turbay en una audiencia pública sobre puertos en Barranquilla en octubre. Lea la noticia.

En la misma reunión en la que estuvieron presentes las autoridades ambientales del Atlántico, el Viceministro de Transporte, Gabriel García (que fue subdirector de Planeación Portuaria en la Superintendencia de Puertos), reiteró que la proliferación de puertos no contribuye con la economía de escala, uno de los argumentos de quienes han impulsado esta política.

 

La otra gran crítica que se le hace a esta política de incentivos al sector portuario es que las gabelas tributarias eran innecesarias puesto que el sector ya era muy rentable.

El año pasado, el sector movió 122 millones de toneladas en importaciones y exportaciones y el promedio de rentabilidad –según un experto en puertos consultado por la Silla Vacía- es del 30 por ciento.

Pero el otro interrogante es sí en realidad se necesitan tantos puertos. Los productos que más salen del país por los puertos son el petróleo y el carbón que abarcan el 57% de las exportaciones y según dijo a la Silla Vacía la Superintendente Delegada de Puertos, Carmen Martin, “en este momento, los puertos existentes son suficientes para exportar estos dos productos”, aunque dejó claro que el mercado es cambiante.


La política

 

El Instituto Nacional de Concesiones (INCO), Cormagdalena o la Sociedad Portuaria de San Andrés son quienes otorgan las concesiones de puertos.

Los requisitos para obtener una, no son fáciles. El trámite se demora aproximadamente un año: después de presentar un plan de inversión, de operación y de manejo ambiental y pasar por una audiencia pública, la solicitud de concesión puede ser aprobada o rechazada. Una vez que se concede el permiso, la sociedad portuaria debe pagar una contraprestación anual a la Nación por el uso de la línea de agua, que es el pedazo de mar que está en frente del puerto. Esta contraprestación es pagada a Invías y varía según la inversión que realice la sociedad portuaria.

Aunque los puertos tienen ahora la posibilidad de pagar mucho menos dinero en impuestos, el crecimiento de este sector sí obliga al Gobierno a invertir más en seguridad porque la proliferación de puertos amplía las posibilidades de salida y entrada de productos ilegales.

Colombia cuenta con unos de los mejores esquemas de seguridad portuaria de Latinoamérica: en un puerto hay presencia de funcionarios del Invima, la Dian, el Instituto Colombiano Agropecuario, la Policía Antinarcóticos y la Policía de Control de Armas. Pero como la cadena portuaria es muy grande y en las labores de control intervienen muchas entidades públicas y privadas, de todos modos, salen y entran droga, armas y contrabando. La Superintendencia de Puertos, entidad encargada de que cumplan con eficiencia sus labores y compromisos con el Estado, tiene un equipo de solo 16 personas, todas ellas ubicadas en Bogotá. Al no estar presentes en cada puerto el control se hace mucho más difícil.

Por todas estas razones, los que saben del tema, creen que ahora que se comienza a debatir una reforma tributaria, las gabelas portuarias deben entrar también a la discusión.


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