Vallejo puede enredar más la madeja en Santurbán

Si Vallejo adopta la cartografía física del páramo que le entregó hace más de un año el Instituto Humboldt, estaría obligado a restringir la mayoría de las actividades.

El páramo quedaría totalmente ‘blindado’, pero estallaría el conflicto social y el Gobierno se vería ante la titánica labor de reubicar a miles de campesinos. Dos tareas -la reubicación y la conservación- para las que no tiene la plata necesaria.

Es posible prever esos límites porque la diferencia entre la cartografía existente a una escala de 1 a 100 mil y la más precisa que exige la ley de 1 a 25 mil (que aún no ha sido hecho pública) es muy bajita. En un páramo grande como Santurbán, de 142 mil hectáreas, esa brecha podría ser de apenas un 5 por ciento.

Hasta ahora hay tres áreas completamente protegidas, que suman 43 mil hectáreas: el parque regional de Santurbán (creado después de la polémica), el de Sisavita y el de Salazar que nació hace un año. Pero eso solo cubre una tercera parte del páramo, por lo que la decisión de Vallejo afecta el resto.

Para dificultar aún más la situación, comienza a quedar claro que la ley que ordena la delimitación de los páramos deja a todo el mundo en una sinsalida porque no contempla ningún tipo de plan de transición para la gente que vive dentro de la zona. Es decir, las posibilidades de ‘dibujar’ el mapa del páramo sin agudizar los conflictos sociales son muy bajas.

“La ley, que es necesaria e importantísima, ve las cosas en un blanco-negro total y no reconoce que la mitad de los páramos están habitados”, dice un experto en páramos que, como las demás fuentes consultadas, prefiere omitir su nombre porque trabaja a diario con las entidades ambientales.

De hecho, el principal proyecto para hacer más fácil que la gente que vive allí cambie su modo de vida terminó engavetado.

Como contó La Silla, hace un año el Ministerio -que entonces lideraba Juan Gabriel Uribe- y el Humboldt dejaron listo un borrador de resolución que creaba herramientas para ayudar a los campesinos a ir cambiando, poco a poco, su modo de vida por uno más armónico con el páramo.

Entre otras cosas, los comprometería a no crecer el área cultivada y a reducir el área de pastaje del ganado. Establecería planes a dos, tres o cinco años para ir eliminando los pesticidas o el uso de tractores, muy nocivos para la capa de tierra negra paramuna. Comprometía a los campesinos a dejar de cultivar en las zonas más deterioradas -para ir restaurándolas-, a proteger los nacimientos y a sembrar cercas vivas de árboles. Es decir, a persuadirlos de adoptar mejores prácticas para el páramo.

Pero nunca se adoptó. La última ministra, Luz Helena Sarmiento, la recibió de Juan Gabriel Uribe prácticamente lista para la firma y nunca se volvió a saber del tema.

Si Vallejo salva a los campesinos, se evita el problema social más complejo. Pero se le podría venir encima uno legal con las mineras que quieren explotar el abundante oro de Santurbán y otro con los pequeños mineros que también habitan en la zona.

Ninguna de las tres mineras grandes en la zona tiene vía libre para sus proyectos, por lo que no podrían argumentar -en caso de verse perjudicadas- que tienen unos derechos adquiridos. Eso solo lo podrían hacer si tuvieran ya la licencia ambiental que les permite pasar de la fase exploratoria a la de explotación.

Sin embargo, la presión política y legal por no cerrarles el paso es grande. En lo jurídico se rumora la posibilidad de que las empresas terminen demandando al Estado -si la decisión es adversa- no por las expectativas generadas (que solo les dan los derechos adquiridos), sino porque invirtieron en explorar pero luego les cambiaron las reglas de juego en el uso del suelo.

Como ha contado La Silla, la presión política a los distintos ministros de Ambiente en favor de las mineras ha sido grande. Carlos Gustavo Arrieta, el ex Procurador y súper poderoso abogado de Leyhat, escribió dos cartas argumentando que con la protección de los parques regionales bastaba y que sería ilegal proteger otras áreas más allá de éstos.

El Procurador Alejandro Ordóñez escribió al Gobierno le que estaba “poniendo en vilo” los proyectos mineros y generando “un ambiente de inseguridad jurídica que ha hecho que la discusión se ideologice”. Y Natalia Gutiérrez, la presidenta de la Agencia Nacional de Minería, ha reiterado que solo las empresas pueden evitar los estragos de la minería ilegal. Y los alcaldes de los cuatro municipios de la zona están hablando de la crisis de empleo.

La compañía más afectada podría ser Eco Oro (antigua GreyStar), que dice haber invertido ya unos 250 millones de dólares, tiene su proyecto en la parte más alta de la montaña en la zona de California, no muy lejos del parque regional de Santurbán. Aunque tiene otros títulos en la región, Angostura -con reservas de unas 4 millones de onzas- es su joya de la corona.

Hace dos días envió un mensaje a los mercados diciendo que, hasta la decisión de hoy, “cualquier conclusión sobre los impactos a Eco Oro o sus propiedades son especulativos”.

Leyhat, que tiene su proyecto en el municipio de Vetas, también está bien arriba en la montaña. Un poco más abajo del lado de California está AUX, que pertenece al magnate brasilero Eike Batista y que podría verse menos afectada.

Todas han argumentado que la demora en las decisiones les ha obligado a despedir más de la mitad de sus empleados, causando una crisis social que ha disparado la minería ilegal. Eco Oro habla de 270 despidos, AUX de 300 y Leyhat de 160.

Los pequeños mineros, que también temen ser excluidos, advierten que no tendrían alternativas distintas a buscar oro sin permiso o repetir bloqueos viales como el de hace tres semanas en California. Ese conflicto sería especialmente grande en Vetas, donde la mayoría de la población vive de la minería, y se podría repetir en otros páramos -como Pisba, en Boyacá- donde hay mucha explotación familiar de carbón.

“Con hambre y sin trabajo, con hijos y sabiendo lo que hay allá, la gente se mete. Puede más la obligación que la razón”, dice Leonidas Arias, uno de los 200 pequeños mineros de California cuyos familiares además han trabajado para Eco Oro y AUX.

“Ya no va a haber doliente, porque el Estado tendrá que proteger miles de hectáreas y no va a poder. Si un AUX ya no cuida, la gente se va a meter -de a diez y de a veinte- a galafardear sin controles ambientales. Luego van a montar su cuchitril a escondidas en su casa y beneficiarán con mercurio”, advierte Edwin Esteban Pulido, uno de los 50 mineros en Suratá y líder gremial de la provincia de Soto Norte.

Todos insisten en que se puede hacer minería responsablemente (las empresas dicen que con tecnología, los pequeños mineros que con asistencia técnica), aunque en el sector ambiental lo dudan mucho. “La minería en páramo equivale a acabar con el páramo y el agua”, dice un ex alto funcionario del sector.

Tal vez la decisión más difícil que podría tomar Vallejo sería darle vía libre a la minería pero prohibir la agricultura dentro de páramos, algo que no parece probable dado que -además de crear un conflicto social- enviaría el mensaje difícil de digerir de que el Gobierno pone a las empresas por encima de los campesinos.

El caso más difícil sería Berlín, donde viven 800 familias cebolleras -la segunda comunidad más grande del país después de Aquitania en Boyacá- en una zona del páramo que ya está muy deteriorada.

El Gobierno no puede dibujar el páramo dejándola por fuera porque físicamente está bien adentro de las fronteras y hacerlo sería una suerte de trampa científica. Si toma la decisión de dejarla adentro y prohibirles seguir cosechando un cultivo tan intensivo en los suelos, se gana un problema mayúsculo.

“Si nos perjudican, si nos sentimos atropellados, nos levantamos. Ya lo hemos hablado y decidido, de eso que esté seguro el Gobierno”, dice Silvia Salazar, una lideresa de Berlín que lleva 23 años cultivando cebolla allí.

Pero tampoco puede permitir la agricultura sin condiciones ya que, aunque tiene un menor impacto que la minería, cubre un área mucho más grande y no está regulada por ninguna autoridad ambiental.

Y sobre todo porque su efecto se multiplicaría con rapidez, dado que hay 150 mil personas que viven dentro de los páramos y que allí se producen tres cuartas partes de la cebolla y papa en el país.

Con unas reglas laxas para los cebolleros de Berlín, sería muy difícil exigirle unos estándares altos a los habitantes de los páramos densamente habitados de Boyacá, Cundinamarca, Nariño o Cauca.

Ese dilema se repetirá en muchos de los 35 complejos paramunos que tendrán que ser delimitados después de Santurbán. En Boyacá, están bastante transformados Rabanal (donde nace el agua de Tunja), la zona occidental del Cocuy y Tota-Bijagual-Mamapacha, que incluye la zona cebollera de Aquitania y que tiene la dificultad adicional de tener -en la laguna de Tota- un humedal muy deteriorado.

Más abajo, en Cundinamarca, sucede lo mismo en Guerrero y el Sumapaz (que tiene hasta una propuesta de zona de reserva campesina adentro). Y también en Chiles-Cumbal y Patascoy (Nariño) o Puracé (Cauca), todos con resguardos indígenas adentro. Es decir, el chicharrón solo se multiplicaría.

En la época de Luz Helena Sarmiento, el Ministerio comenzó a hablar de inaugurar el pago por servicios ambientales en Santurbán. Es decir, que el Acueducto de Bucaramanga -y, por lo tanto, los bumangueses- le paguen a los habitantes del páramo por conservar el agua. La dificultad es que montar ese esquema puede demorarse varios años y, si no es planeado cuidadosamente, puede generar efectos negativos como que llegue gente a colonizar otros páramos a la espera de que también les paguen a ellos

Por todo esto, la única alternativa viable es reconocer a los habitantes que viven dentro pero ayudarles a pasarse a un modo de vida más sostenible. Eso de por sí es un reto: los cebolleros están dispuestos a aceptar cambios pero solo hasta cierto punto porque, como dice Silvia Salazar, “si sacamos cebollas orgánicas chiquiticas no podremos competir con Aquitania y para eso necesitamos fertilizante”.

En todo caso, como dice un ambientalista, “en la convivencia está la preservación de los páramos y sin la gente la delimitación es letra muerta”.