Crónica desde un laboratorio de coca, en uno de los municipios con más cultivos del Cauca. Varios grupos ilegales cercan a la población, mientras la sustitución no avanza.

Fotos: Laura Soto
Crónica desde un laboratorio de coca, en uno de los municipios con más cultivos del Cauca. Varios grupos ilegales cercan a la población, mientras la sustitución no avanza.
Lo que más impacta al que no está acostumbrado a entrar a un laboratorio para el procesamiento de la pasta base de coca es un olor que produce ardor en la nariz, dificulta respirar, y penetra en minutos la ropa, piel y cabello.
Es una mezcla de gasolina, petróleo, nutrimon, el olor de la hoja de coca picada -similar al que se siente cuando se poda el césped- cemento, cal y ácido sulfúrico, que son los insumos que se usan para producir la pasta.
Ese es el producto que luego se lleva a las cocinas o cristalizaderos en los que, con más químicos, se extrae el clorhidrato de cocaína, que es la droga que se consume en las calles.
Este laboratorio que visité la semana pasada es propiedad de un habitante de Argelia, el segundo municipio con más cultivos de coca en Cauca, con 1.956 hectáreas, después de El Tambo, que tiene 6.661.
Ambos municipios hacen parte de la ruta del narcotráfico que desemboca por el municipio de López de Micay en el Pacífico, pero Argelia tiene una particularidad: a diferencia de otros pueblos cocaleros, desde que se fueron las Farc los que quedaron controlando el negocio son los campesinos que tienen una suerte de Estado paralelo. Aún no hay una disputa armada por el territorio, pese a que los están cercando varios grupos.
Aunque, al igual que tantas otras poblaciones del país, la sustitución contemplada en los acuerdos de paz no se ve por ahora: 11.400 familias de Argelia expresaron su voluntad de sustituir (de un total de 26 mil habitantes), pero aún no hay acuerdos firmados individualmente, que es el paso previo para que empiecen a recibir los pagos. Y el Gobierno de Iván Duque ordenó suspender el proceso de las firmas individuales.
Llegamos a Argelia tras siete horas de recorrido en carro desde Cali. Pasamos por Popayán, tomamos la Panamericana hasta el corregimiento El Estrecho, en el sur del Cauca. De ahí nos desviamos rumbo al municipio de Balboa, por una vía estrecha, pavimentada y rodeada por inmensas montañas de la Cordillera Occidental y de las aguas cafés del río San Juan de Micay.
Continuamos durante una hora por una vía destapada y en mal estado. En ese trayecto encontramos el único control militar de la zona con no más de cinco soldados que requisan todos los vehículos que transitan por allí.
Pocos minutos antes de llegar a la cabecera de Argelia ya se comienzan a ver las montañas de color verde amarillento con cultivos de coca. De las más de cien veredas del pueblo, solo en dos no se siembra porque están en el páramo y allí no se da con facilidad.
Entre uno más se adentra en la zona rural, más cultivos aparecen y, pese ser el motor de un negocio ilegal, hay que decir que el color de las matas hacen bonito el paisaje.
El laboratorio queda al pie de la vía que une a las veredas de El Plateado y El Mango. Hay por lo menos seis más en el trayecto desde el casco urbano hasta la zona rural que no dura más de una hora. En el camino también vi, por lo menos, tres camionetas repletas de bultos con hoja de coca.
El que los laboratorios estén tan visibles es una muestra del nivel de penetración del negocio de la coca y de la ausencia de Estado,
En los últimos meses, Argelia ha sido epicentro de hechos de violencia que -en su mayoría- tienen un común denominador: el narcotráfico.
El primero fue la aparición de siete muertos en julio. En octubre hubo un enfrentamiento entre campesinos y militares que realizaban una incautación de droga. Hace dos semanas apareció muerto un médico de Cali que hacía su año rural allí (aunque aún no se sabe la causa de su muerte). Y en el último mes han sido asesinados tres excombatientes de las Farc.
El más reciente fue el ocho de noviembre, un día antes de mi visita al laboratorio.
Desde que salió de la escena el Frente 60 de la otrora guerrilla de las Farc, varios grupos armados ilegales tienen bajo su acecho a este pueblo. El ELN, disidencias y carteles extranjeros, según nos contaron en la zona.
El gobernador del Cauca, Oscar Campo, un investigador que conoce la zona y el alcalde Diego Aguilar, lo reconocen y advierten que podrían entrar en cualquier momento.
La zona norte del municipio, que queda de El Plateado hacia El Tambo, está controlada por el Frente José María Becerra del ELN. Según dos fuentes institucionales ya intentaron expandirse al sur del municipio, pero las organizaciones sociales lo impidieron.
Al municipio de Balboa, al sur de Argelia, están llegando las disidencias de las Farc 'Estiven González' que operan en el norte de Nariño. Según los mismos campesinos de El Plateado, se habla de al menos 500 hombres.
Al occidente, por la parte costera, habría un avance de los disidentes que vienen de Tumaco y están al mando de alias Guacho. Por último, las autoridades militares han señalado que en Argelia hay presencia de narcotraficantes de carteles mexicanos, aunque no supimos qué cartel específicamente.
La llegada de grupos armados al municipio podría generar un disputa territorial similar a la que se vive en Tumaco, por lo que el alcalde Aguilar pide que el Gobierno tome en serio la situación para evitar que vuelvan la épocas de los combates y desplazamientos.
Por poblados cocaleros como este, que no sólo existen en Cauca, es que el fiscal general Néstor Humberto Martínez propuso quitar la energía en zonas de producción de cultivos ilícitos como coca, amapola y marihuana.
“Si se corta la energía los dueños de los laboratorios compran plantas que funcionan con combustible”, me dice uno de los campesinos en el laboratorio mientras se ríe del comentario del Fiscal. Dice que los que realmente se verían afectados son los negocios comerciales lícitos que dependen de la luz eléctrica.
Por esto, por los problemas con la sustitución y porque la economía de la coca se volvió un estilo de vida en este municipio, Argelia es un ejemplo de la cuesta arriba que tiene el Gobierno en la lucha contra la coca.
El laboratorio, que queda a dos metros de la carretera, está repleto de tarros plásticos de 200 litros. El techo es de tejas metálicas y está sujeto por guadua, hay motos parqueadas a un costado, y no mide más de once metros de ancho.
Cuando llegué había dos campesinos echando cal y cemento a 24 arrobas de hoja de coca (272 kilos aproximadamente) que estaban tiradas en el suelo, ya trituradas.
Me siento tranquila en la zona. No veo Fuerza Pública. Nunca la vi la media hora que estuve allí. Los que están en el laboratorio no tienen armas y parecen no necesitarlas para defenderse.
Un kilo de hoja de coca que venden los campesinos de la zona cuesta cuatro mil pesos. Es decir que esa tanda de 24 arrobas costó alrededor de 1.088.000 pesos.
Mientas vemos llover, un líder de la vereda Puerto Rico, cultivador de la hoja, me cuenta en las afueras de su casa de fachada sencilla -poco antes de llegar al laboratorio- que se cosecha cada tres meses y que de una hectárea, descontando costos de producción, se gana poco más de siete millones, que dividido en los tres meses da ganancias por encima de dos millones mensuales.
El olor es insoportable así que intento respirar por la boca. “No va aguantar”, me murmura uno de los campesinos.
“Claro que tiene que hacer daño (el olor) porque esto es muy fuerte, nos da carraspera en la garganta, gripes, pero uno está tomando vitaminas, alguna cosita para evitar mayores problemas. Hasta ahora no hemos sabido que cause enfermedades graves, pero de pronto con los años sí”, me dice el campesino con acento golpeado y mientras pide que no le tome fotos, excepto a sus manos.
“Pero que no salgan las huellas ni los tatuajes, uno nunca sabe”, me dice mientras se ríe.
Los químicos les abren el apetito y tienen que estar comiendo a menudo; el contacto con el petróleo les pela la piel. Algunos usan guantes, pero el que me habla no. Ya tiene la piel curtida.
La pasta de coca la compran campesinos de la zona que la llevan a los cristalizaderos, que están más escondidos y en dónde sí hay hombres armados. Allí se hacen otros procedimientos químicos para sacar la droga.
Un par de horas antes los cinco líderes sociales con los que hablé en El Plateado me aseguraron que no saben quiénes compran la cocaína. “Nuestro conocimiento llega hasta la pasta, de allí para allá solo sabemos que son gente de mucha plata”, me dijo uno de ellos.
Aunque en los cristalizaderos hay campesinos trabajando, e incluso algunos son administradores, los líderes aseguran que ellos solo responden a otras personas que también son intermediarios. “La cadena es muy larga y los duros no están aquí”, concluyó un líder.
En Argelia los campesinos que cultivan la mata ilegal están asociados principalmente en dos organizaciones, la de juntas de acción comunal, Asocomunal, y la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia, Ascamta. Las dos tienen legitimidad y en algunos casos control sobre aspectos de la vida social.
Ellos defienden que por ahora necesitan el negocio.
En El Plateado, cerca al laboratorio que visité, viven nueve mil personas, cinco mil más que en la cabecera municipal. Es uno de los corregimientos más grandes y con más cultivos, según los líderes y el Alcalde de Argelia, aunque no hay una cifra oficial. Es mitad de mañana, llueve levemente pero no hace frío.
El corregimiento no tiene las calles pavimentadas y ahora están llenas de barro por la llovizna, pero sí cuenta con tiendas, restaurantes y bares que no tienen nada que envidiar a los de una ciudad.
Uno de ellos, en donde me reuní con los líderes con los que hablé, tiene licores de todos los tipos, instalaciones en cerámica, mueblería elegante, bafles y luces.
En este municipio es donde el 19 de octubre más de 500 campesinos sacaron al Ejército que quería incautar droga, lo que dejó en evidencia la tirante relación que hay entre las Fuerzas Militares y los cocaleros, como contamos.
Un integrante de la Junta de Acción Comunal me dice que no permitirán el ingreso de la Fuerza Pública en la zona rural porque la coca es el sustento de toda la economía del municipio.
(Esa persona, al igual que la mayoría de fuentes que hablaron para esta historia, me pide no ser citado por seguridad y “para evitar quedar en el radar del Estado”).
Y es que más del 90 por ciento de la economía de Argelia depende directa o indirectamente de la coca, según me dice más tarde en el pueblo el alcalde, Diego Aguilar.
Directamente los que raspan la hoja, los que la procesan en los laboratorios, los que trabajan en los cristalizaderos y los intermediarios que compran la pasta y la llevan a los cristalizaderos, que son más conocidos como comisionistas.
E indirectamente, casi todo el municipio.
De la plata de la coca, por ejemplo, hacen obras. Así me lo cuenta Wilmer Bolaños, quien es constructor y fue vicepresidente de la Junta de Acción Comunal, que es la autoridad máxima en El Plateado.
Cobran un impuesto a los cocaleros y al comercio en general. También hacen eventos para recoger fondos y tienen un peaje comunitario que vale en promedio cinco mil pesos por vehículo.
Nada de eso está mediado por una autoridad estatal. La plata la manejan ellos y deciden cómo gastarla.
Con eso han hecho carreteras de tierra hacia el Pacífico, por donde desemboca la ruta del narcotráfico; la mayoría de los salones de un colegio y el acueducto. También arreglaron el puesto de salud, en el que atiende un solo médico.
El nivel de poder de la Junta es tal que en septiembre lanzaron un manual de convivencia en el que establecen los horarios para las discotecas o las multas para los que ocasionen riñas, desórdenes o venta de drogas. También regulan el uso del espacio público, prohíben establecer cultivos de uso ilícito a menos de 200 metros del área de la población o contaminar al ambiente con los residuos de los laboratorios de coca, entre muchas otras cosas.
El mismo Alcalde me reconoce que no podría hacer las obras que esas organizaciones hacen porque no cuenta con los recursos.
Los de la Junta dicen que ese liderazgo se lo aprendieron a las otrora Farc del Frente 60.
“Ellos (las Farc) pusieron el orden aquí, nos enseñaron a organizarnos, a defender y reclamar nuestros derechos, incluso frente a ellos mismos”, dijo un líder que ronda los cincuenta años.
Estos apoyos y defensas eran una táctica de las Farc para crear apoyo social y organizaciones afines a ellos. Ascamta fue una de ellas y, pese a la salida de las Farc, la organización sigue fuerte.
Los líderes de la Junta me explican que el punto más favorable del comercio de la hoja de coca es que tiene una salida asegurada.
Aunque el valor nunca es fijo, siempre está subiendo o bajando, nunca falta quien la compre. La arroba (11 kilos) cuesta en promedio 50 mil pesos.
El campesino no tiene que salir de su casa porque la llegan a comprar allí. Al igual que la pasta.
“Vea, acá sí se pueden dar otros productos lícitos, pero el problema es a quién le vendemos. No tenemos el comercio asegurado de otros productos como cacao, caña o plátano. Además es costoso y demorado sacar el producto hasta las ciudades, las vías no son pavimentadas. Cuesta más producir los productos que lo que nos pagan por ellos”, me dice un líder que trabaja con la coca.
Mientras, un campesino que me acompaña en el recorrido agrega por su lado: “Los más jóvenes empiezan como recolectores, pero quieren ascender hasta estar en los cristalizaderos. Entre más arriba de la cadena estén, más estatus social”.
De los 30 jóvenes que se gradúan cada año en El Plateado solo ingresan a la universidad tres o cuatro, dice Nancy Hoyos, coordinadora del colegio Miguel Zapata, el único del corregimiento. “El resto se va a los cultivos que usted ve ahí”, agrega señalando su rostro hacia las montañas todas de color verdoso de la mata de la coca.
Pero pese a que hay tanta plata, Argelia sigue siendo pobre. Lo es, en parte, porque así como los cocaleros pueden llegar a tener recursos muy rápido, es común que los gasten de la misma manera. “Son ricos por un tiempo y luego quedan sin nada”, me resumió un poblador.
Los cinco campesinos con los que hablamos, incluido Diego Rodríguez, coordinador municipal de la organización de cultivadores de coca, amapola y marihuana, Coccam, me dijeron que sí están dispuestos a sustituir, pero con propuestas claras y concretas por parte del Gobierno.
“Primero queremos inversión y luego si sustitución”, nos dijo Rodríguez.
“Es necesario que el Gobierno haga políticas públicas fuertes para que la gente cambie su economía”, añadió por su parte el Alcalde. Eso requiere mucha inversión, tiempo, y entender las lógicas del territorio.
El mandatario y los campesinos creen que las actuales políticas se quedan cortas.
La única salida, según Rodríguez, son los planes de sustitución voluntaria. Pero por ahora no hay futuro para ellos en Argelia.
El Gobierno Duque ordenó suspender la firma de los acuerdos individuales de sustitución hasta que haya una ruta definida de cómo se hará, según nos dijo hace días el coordinador del Pnis en Cauca, Luis Gabriel Rojas. Así las cosas, esa opción no se ve posible por ahora.
En el laboratorio del corregimiento Puerto Rico otro de los hombres del lugar, con un costal envuelto en su cintura y no más de 30 años, comienza a triturar la hoja nuevamente con una máquina o guadaña. Por el aire vuelan pedazos que en cualquier momento se podrían meter en los ojos, pero el cortador no tiene ningún tipo de protección ni máscaras para el olor, igual que los otros tres jóvenes que lo acompañan.
En un radio suena un reguetón.