Harold Antonio Cruz llevaba más de 20 años de regreso a su tierra natal, el municipio de La Sierra en Cauca, cuando tuvo que escapar por amenazas de un grupo armado ilegal que no pudo identificar. Sospecha que fueron las Farc, porque eran el grupo armado con presencia en allí en 2013, año en el que tuvo que huir.

Estuvo por fuera de su casa durante 15 días luego de que dos hombres en una moto llegaran a buscarlo a las 11 de la noche. Se salvó de topárselos de frente porque ese día tuvo que viajar hasta Totoró por una oferta laboral y pasó la noche allá.

Pero su esposa Esperanza Garzón recibió la amenaza y escuchó las llamadas en las les decían que se fueran porque su esposo era colaborador del Ejército. La etiqueta, que parecía una sentencia de muerte, se debía a que Harold recibía en su casa a algunos soldados que transitaban por la vereda de Los Robles.

Para él era una cuestión de empatía que aún comparte. Había prestado servicio militar y se sentía afin a la institución. En su casa blanca con puertas de madera, que estaba en una especie de hundimiento de la tierra, los soldados podían cargar el celular, descansar, ver televisión, lavar ropa y cuando había cosecha y necesitaban completar para la comida, Harold les permitía surtirse.

Al final, las dos semanas lejos de su familia no fueron suficientes y, con su esposa y dos hijos que tenía en ese momento, tuvo que salir de la vereda debido a la persecución que sentían. Estuvieron un año en el municipio de Belalcázar y luego en Popayán.

“Nos tocó irnos a un barrio no tan bueno para que nos alcanzara para el arriendo que antes no pagábamos. Y teníamos que pensar en los servicios que eran más caros y en la comida que antes nos daba la tierra y que allá tocaba comprar”, dice Harold.

En 2015 inició el proceso con la Agencia de Nacional de Tierras para que le restituyeran los predios con la esperanza de poder regresar en algún momento. Pero no aguantó más tiempo lejos de la vereda Los Robles y a finales del siguiente año, Harold decidió volver.

“Le dije a Esperanza: ‘Yo me devuelvo, nosotros no hemos cometido ningún delito’”, recuerda. Regresó a la casa que quedaba unos metros más arriba en el mismo predio y que estaba en obra negra. Con sus conocimientos de construcción, que es a lo que se dedica de manera informal, y un crédito de 7 millones de pesos, puso el piso y la baldosa de la cocina y el baño para mejorar la casa.

Las 12 hectáreas, divididas en dos predios que están a unos 15 minutos de distancia uno del otro, estaban llenas de maleza. Como no tenían dinero para trabajar de nuevo la tierra, Harold empezó con trabajos espontáneos en construcción que le permitían tener ingresos y empezar a invertir en las hectáreas.

En 2018 tuvo la oportunidad de que el Banco Agrario le prestara 5 millones por hectárea para un proyecto productivo. Era una gran oportunidad, pero Harold cuenta que uno de los requisitos era tener los títulos, algo con lo que no contaba. Como no había logrado la restitución de las tierras para tener la propiedad, decidió iniciar el proceso por cuenta propia.

Gastó más de 4 millones de pesos entre abogados, peritos y documentos que requería el proceso sin lograr el objetivo. “No se sí sea mucho dinero, pero para mí era bastante”, comenta.

Con eso, Harold perdió las ilusiones de, al fin, tener a su nombre los predios. Aunque hubo respuestas de algunas entidades, aún no hay acciones concretas.

Desde mayo una sentencia de un juez ordenó la restitución, el apoyo de proyectos productivos y el reconocimiento y su inclusión en programas para discapacitados por un accidente que tuvo y que desde hace más de 20 años lo hace cojear, pero dice que nada de esto se ha cumplido.

Harold ha logrado vivir de la tierra sin ninguna ayuda y al día a día. Convirtió las 10 hectáreas, que estuvieron más afectadas por la falta de trabajo en los cuatro años que estuvo por fuera, en potreros que alquila a su hermano para que tenga ahí las vacas y terneros.

Las otras dos hectáreas las dedicó al café. Por estas, y por las casi 20 gallinas que tiene, es que madruga entre las 5 y las 6 de la mañana. Recibe a los cuatro trabajadores que contrata de vez en cuando para el cuidado del café y la tierra y les indica las labores del día.

Da unos pasos por fuera de la casa; con su rodilla izquierda hacia un lado, cojeando y apoyando sólo la punta del pie en la tierra marrón; y revisa las gallinas por si han puesto huevos y la estructura de madera en donde seca la primera cosecha de café que recogió.

La sembró hace más de un año cuando Miller Miguel Hurtado, actual alcalde de La Sierra, lo instó a hacerlo y le prometió en campaña que le ayudaría con un crédito de 10 millones de pesos. Ese sería condonado si el producto era de buena calidad.

Harold va para dos años sin ver el cumplimiento de esa promesa a pesar del voto que le dio, pero dice que agradece ese incentivo porque siente que eso le dará para vivir. “Ya cogimos la primera cosechita de este año. Esa es mi ilusión, yo sé que si sostengo el cafetal unos 5 años me puedo estar cogiendo unas 800 arrobas”, explica Harold. Y asegura que a una arroba, que puede costar unos 160 mil pesos, le puede ganar el 70%.

Por ahora cuenta con que logre vender las 7 arrobas que recogieron este año para tener más ingresos e ir invirtiendo en la tierra. Aunque si la sentencia que le da los títulos de los predios y el apoyo del Gobierno Nacional se hiciera efectiva, otra sería la historia. Si tuviera la posibilidad de decidir y de recibir apoyo, Harold le apostaría a un proyecto ganadero para aprovechar los potreros que tiene.

“Si el Estado cumple, pues cumple, pero si no…. Igual tenemos que seguir trabajando porque la familia no tiene la culpa de los percances que uno tenga”, dice Harold sentado en una silla de madera desgastada afuera de su casa que sigue en obra negra.

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Hellen Janeth Ruano fue una de los más de 100 campesinos que se tomaron la sede del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) en Timbío en 2014. Junto con los manifestantes de otros municipios caucanos, que se fueron sumando a la protesta que duró unos 13 días, exigió que las problemáticas de los campesinos fueran una prioridad para el Gobierno.

Con papel y lápiz en mano, llegaron funcionarios del Gobierno a preguntar qué necesitaban los integrantes de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) que protestaban. Hellen fue una de las que alzó la mano pidiendo tierra. Ella, con sus papás, había llegado a Timbío desplazada desde el municipio de Bolívar, Cauca.

En 2018, llevaron a Hellen a visitar las tierras y a inicios del siguiente año ya estaban a su nombre. Las dos hectáreas que le dieron las tenía pensadas para el proyecto de ganadería que presentó y que aún no llega. Al final, se unió con sus vecinos para pavimentar y conectar las entradas de las fincas.

Invirtieron unos 6 millones de pesos que les ayudaron a tener una mejor vía de acceso a cada hogar. Con eso, Ruano pudo movilizar más fácil el abono y las semillas, y terminó usando una de las hectáreas para sembrar café y plátano. Este año tendrá la primera cosecha de lo que espera sea su futuro sustento económico, que le ayude a saldar los créditos que pidió en el banco.

La otra hectárea es un potrero. Tenía dos vacas pero se las robaron. “Cosas de la delincuencia común”, dice,mientras aclara que por ahí no hay grupos armados ilegales.

Aunque tiene pendiente el proyecto productivo y no ha vuelto a saber nada de la Agencia Nacional de Tierras, Hellen dice estar contenta. “Mi calidad de vida mejoró. Estoy contenta porque ya tengo mi tierrita y de aquí en adelante ya depende mí”, contó.

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