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La confianza en el sistema electoral colombiano pasa por su peor crisis de legitimidad en décadas luego de las elecciones legislativas del 2022. Ayer el presidente Iván Duque citó a la mesa de garantías electorales y tanto desde el petrismo como desde el Centro Democrático piden un reconteo total de votos. Nadie quedó contento. Ganadores y perdedores, derecha e izquierda, lanzaron acusaciones de fraude. Además, todos señalan la incompetencia del registrador Alexander Vega.
Se trata de una crisis que lleva años cultivándose, a la que líderes como Gustavo Petro y Andrés Pastrana le han dado combustible, y que explota bajo el mandato errático del registrador Vega. Y eso que aún faltan dos vueltas presidenciales por disputar. Así llegamos a este punto:
1. El registrador Vega: de cuestionado a incompetente.
El abogado Alexander Vega llegó al cargo de registrador luego de hacer carrera en la rama electoral. Fue litigante en pleitos electorales buscando votos en los escrutinios o defendiendo a candidatos del partido de La U. Luego fue magistrado del Consejo Nacional Electoral.
De esa labor de litigante le queda una mancha que aún no ha podido limpiar. En las elecciones de 2010, según el hoy electo senador del Centro Democrático, Andrés Guerra Hoyos, Vega fue el mensajero del entonces magistrado del CNE, Marco Emilio Hincapié, para pedirle 1.200 millones de pesos a cambio de revisar unos escrutinios que Guerra estaba denunciando habían llevado a que perdiera una curul en el Senado por La U. Además de la denuncia, el hecho no fue investigado.
Vega llegó a la Registraduría elegido por los presidentes de las tres altas Cortes, luego de haber sido el mejor en el examen de conocimiento, pero con una hoja de vida que tenía menos experiencia que sus competidores. Como registrador, Vega ha sido amigo de los partidos tradicionales. Esa cercanía se vio durante el trámite y aprobación del nuevo Código Electoral, la principal apuesta de Vega en su periodo. Se trata de una reforma de gran envergadura, que está atascada en la Corte Constitucional mientras surte un examen que impidió que fuera aplicado para estas elecciones.
La contratación de la Registraduría en el mandato de Vega también ha estado bajo lupa. Empezando por el del negocio de la biometría que favorece a unos particulares. Por ejemplo, contrató más 230 mil millones de pesos en la identificación, autenticación e inscripción biométrica — que se hace con las huellas o el rostro — de votantes, candidatos y jurados de votación de las elecciones de 2022.
Los beneficiarios de esos millonarios contratos son Thomas Greg, Thomas Processing, Manejo Técnico de Información, Securid, Seguridad Móvil de Colombia, Prosegur, Grupo ASD, Opesa y Telefónica. Las empresas que desde hace varias elecciones controlan ese negocio en la Registraduría.
La entrega de contratos directos sin licitaciones también la ha aplicado en los softwares de escrutinio, que son justamente los que están en la mira por estos días. En diciembre pasado y con el calendario electoral encima le entregó a la española Indra el contrato de 27 mil millones para hacer el software de escrutinio de estas elecciones.
Con estos antecedentes, en los últimos meses cuando los reflectores se ponen encima suyo, Vega ha tenido salidas en falso y poca disposición a poner la cara que terminan de opacar su gestión.
Primero, cuando dijo, sin dar detalles, que en Colombia había 55 millones de personas y no 50 millones como reportó el Dane — que es la autoridad oficial para temas de población — dejando un manto de dudas sobre si en realidad votan los que deben votar, o si el censo electoral está inflado, o siguen votando los muertos.
Y luego, cuando de manera retadora dijo que en las elecciones “el que no sienta garantías, no debería presentarse”. Ahí, el rechazo a su gestión pasó las fronteras de la oposición de izquierda y generó voces de otros sectores políticos y de opinión.
Finalmente, el día de las elecciones, el que mide a un registrador, la página de la Registraduría dejó de funcionar y muchos ciudadanos se quejaron de que no pudieron consultar su puesto de votación. Vega responsabilizó la falla a un ataque cibernético. Al día siguiente el fiscal general Francisco Barbosa salió a desmentir y dijo que se trató de un fallo de la plataforma contratada por la Registraduría.
2. El sistema de preconteo tiene fallas desde el 2018
El E-14 se ha vuelto un nombre conocido en el mundo político. En 2018, con base en la consulta abierta de estos formularios en redes sociales, Petro puso en duda la integridad del sistema electoral cuando disputaba la presidencia con Iván Duque. En ese entonces, sus pruebas fueron débiles, pero alertaron sobre el riesgo del preconteo con los formularios E-14.
Se trata del formulario en forma de tira, largo y rectangular. Con el E-14 los jurados de votación registran el número de votos en cada mesa. Por cómo está diseñado el sistema, los jurados tienen que hacerlo en tres formularios distintos, uno a uno, llenando la misma información a mano y con lapicero. Como se llenan por separado, muchas veces no coinciden, por errores humanos o por irregularidades, pues, en total, los jurados deben llenar más de 3 mil campos.
Una copia del E-14 se entrega a los registradores para hacer el preconteo. Esta es la sumatoria no oficial que hace la Registraduría el mismo día de las elecciones, comunicando por teléfono los resultados de los distintos formularios que hay en cada puesto de votación. La segunda copia, llamada la de los delegados, también se entrega a la Registraduría que lo escanea y lo sube a internet, donde cualquier persona lo puede consultar. El tercero, el único con el que realmente se cuentan los votos, se mete en la bolsa con los votos, que luego va sellada hasta el punto de escrutinio. Ahí, una comisión escrutadora compuesta por ciudadanos, jueces de la república, delegados de la Registraduría y de la Procuraduría hacen el conteo oficial de la elección con la tercera versión del E-14. Todo al frente de testigos electorales de los partidos.
En 2018, en medio del debate sobre irregularidades que suscitó Petro, la Misión de Observación Electoral (MOE), una ONG independiente que vigila las elecciones, publicó un informe donde confirmaba que las anomalías que se publicaron en redes sociales, con vigilancia ciudadana basada en el examen de los E-14 publicados en internet, existieron. Sin embargo, confirmaron que fueron menores, de alrededor de 70 mil votos en una elección de 19 millones. Aún así, la difusión de esos pocos casos en redes sociales sembró una profunda desconfianza, especialmente en la izquierda.
En sus recomendaciones de 2018, la MOE advirtió que “no encuentra razonable que no se disponga de un dispositivo (papel carbón, papel químico, digitalización, otros) que permita obtener copias idénticas de un mismo Formulario E14 original”. Cuatro años después, esas irregularidades se repitieron en una escala mucho mayor, sin que las advertencias del 2018 fueran escuchadas por el registrador Vega.
3. Un error garrafal de la Registraduría lleva al descuadre histórico del Pacto
No hay un antecedente para el descuadre de casi 400 mil votos entre el preconteo y el escrutinio que se registró en 2022. Del domingo al viernes el Pacto Histórico pasó de 16 a 19 curules en el Senado. Paradójicamente, aunque la corrección mostró que las salvaguardas del sistema funcionaban, es decir, que los votos se escrutaron bien, también desnudador fallas que en fueron denunciadas como fraude.
El problema ocurrió, según ha explicado el mismo equipo de vigilancia electoral del Pacto, por un error de diseño en el formulario E-14 con el que se registraron los votos de esa coalición de izquierda. Incluso Petro hizo una ilustración en Twitter donde le bajó el tono al lenguaje del fraude:
