¿Y ahora quién responde por las víctimas de las Bandas Criminales?

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“Las bandas criminales son eso, bandas criminales, no son grupos armados ilegales, son parte de una banda de crimen organizado, que eso quede bien claro”, dijo Juan Manuel Santos en su alocución ayer, tras finalizar el primer Consejo Nacional de Seguridad en el que el Presidente anunció una gran ofensiva contra las bandas criminales. Su afirmación es polémica y deja sin derecho a reparación a miles de víctimas.

 

Las víctimas de las bandas emergentes se quedarán sin reparación por parte del Estado porque sus victimarios no son considerados parte del conflicto.

Foto: cortesía de Memoria Histórica

“Las bandas criminales son eso, bandas criminales, no son grupos armados ilegales, son parte de una banda de crimen organizado, que eso quede bien claro”, dijo Juan Manuel Santos en su alocución ayer, tras finalizar el primer Consejo Nacional de Seguridad en el que el Presidente anunció una gran ofensiva contra las bandas criminales. Su afirmación es polémica y deja sin derecho a reparación a miles de víctimas.

Es polémica porque el Presidente puede decir que las bandas criminales son solo eso, delincuentes comunes, pero la decisión de qué son jurídicamente no depende de él. Depende de lo que son en realidad. Y de esa valoración fáctica dependerá que víctimas como las familias de los biólogos bogotanos Margarita Gómez o Mateo Matamala, o de los dos jóvenes de Cereté Juan Carlos Ariza y Silvia Mora Castellanos, o de las más de cinco mil víctimas de las bandas emergentes en los últimos años sean reparadas e indemnizadas.

¿Qué son las Bacrim?

Según la Corporación Arco Iris, que ha investigado el tema, dentro de las bandas emergentes hay tres grandes tendencias.

Unas, que representarían entre el 18 y el 20 por ciento del total de las Bacrim, están dedicadas al narcotráfico. Son grupos que van de las 40 o 50 personas hasta más de 500 personas, y están dedicados exclusivamente al narcotráfico. En muchos casos hacen sicariato y tienen control territorial, aunque no tienen jefes identificables y están muy descentralizados según la división territorial donde se dedican al narcomenudeo, a transportar mercancías y a cobrar vacunas. Este tipo de bandas están en Bogotá, Pasto y el Eje Cafetero, principalmente.

Estas bandas no cuadrarían con las características propias de un grupo armado ilegal según el Derecho Internacional Humanitario: no tienen jefes indentificables, no participan en hostilidades y carecen de capacidad para aplicar las normas de la guerra.

El segundo grupo, según el investigador de Arco Iris, Ariel Ávila, son bandas dedicadas al narcotráfico, involucradas en minería ilegal, en apropiación de tierras. Constituyen entre el 30 y el 40 por ciento de las bandas criminales, y están en camino de convertirse en grupos armados ilegales. Los Rastrojos (con 2500 miembros), los Erpac (con 1400) y los Paisas (con 800) estarían dentro de esta categoría. Tienen jefes identificables, pero su acción no está centralizada. “Por eso, mataron a ‘Cuchillo’ y no pasó nada”, dijo Ávila.

 

Las víctimas de las bandas emergentes se quedarán sin reparación por parte del Estado porque sus victimarios no son considerados parte del conflicto.

Foto: cortesía de Memoria Histórica

El tercer grupo lo constituyen las bandas que tienen una relación más orgánica con militares, políticos y otros factores de poder regional como las Águilas Negras. Estos desplazan gente, matan líderes sociales, combaten a la guerrilla, imponen un orden social y tienen motivaciones más políticas. A los biólogos los mataron al parecer porque vieron a miembros de la Policía moviendo un alijo de cocaína en alianza con los Urabeños, según dijo León Valencia en su última columna en la revista Semana.

“Los ataques y las víctimas producidas por estos grupos no se limitan a los llamados ‘ajustes de cuentas’ ocasionados por sus propias confrontaciones, como de manera equivocada tiende a interpretarse por determinadas autoridades y medios de prensa,” dice un informe sobre las bandas emergentes recientemente publicado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. “Al cotejar los casos sucedidos, la gran mayoría de las amenazas y muchos de los homicidios, desapariciones, atentados y desplazamientos forzados se han producido contra líderes comunitarios, campesinos, indígenas, sindicalistas, lideresas, opositores políticos, defensores de derechos humanos, integrantes de ONG y dirigentes sociales”.

En la misma línea, un informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo en 2008 alerta sobre el impacto que están teniendo estas bandas contra comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas: “Utilizan el terror y la violencia como método de control social y como mecanismo para someter a la población civil, despojarlas de sus tierras, generar una nueva dinámica de poblamiento e imponer prácticas productivas y culturales que no son propias de las comunidades negras e indígenas asentadas en ese territorio”, dice

El Ministo de Defensa, el General Naranjo y el Presidente Santos han puesto –por lo menos en el discurso– a todos estos grupos en la misma bolsa. Pero los expertos creen que es un error porque no todos son iguales y por lo tanto las estrategias para derrotarlos deberían ser diferenciadas.

Lo que significa para las víctimas

La pregunta después del discurso de Santos es esto cómo afectará la forma como Acción Social viene manejando la reparación de las víctimas. La Silla Vacía conoce casos en los que la Subdirección de Atención a Víctimas de Acción Social ha asumido la definición de las bandas emergentes como meros delincuentes, como dijo ayer Santos. En respuesta a una solicitud de reparación administrativa por parte de la familia de una mujer asesinada por la banda de los Rastrojos, de julio de 2010, Acción Social negó la petición con el argumento que las bandas criminales “no actúan con ocasión o a causa del conflicto armado ni son grupos al margen de la ley como los grupos subversivos o de autodefensas ilegales (paramilitares o guerrilleros)”. Y que por lo tanto no estarían cobijadas estas víctimas por la ley 418 de 1997 que define los criterios para la reparación administrativa.

La Silla Vacía consultó a Acción Social sobre cuántas de estas solicitudes ha rechazado en los últimos años pero aún no ha podido obtener una respuesta. Después de publicado inicialmente este artículo, el jefe de prensa de la entidad explicó a La Silla Vacía que en la entidad había una doble interpretación sobre si las víctimas de las bandas emergentes podían ser reparadas o no.

 

Por ejemplo,  las víctimas de Antioquia sí las habían reparado y a las de Nariño no. Pero que a partir de enero 26 el director de Acción Social emitió una directriz que dice que cuando se valora la situación de una víctima no se puede discriminar si el daño causado fue producido por una Bacrim o no, sino que simplemente se le repara.

 

Esto significaría un cambio de actitud de la entidad, pues según ONG consultadas desde el 2008 Acción Social ha rechazado por lo menos cinco mil casos de víctimas de las bandas emergentes. Tocará ver ahora si después del discurso de Juan Manuel Santos Acción Social reversa nuevamente su directriz sobre este tipo de víctimas.

 

Hace unos días, el general Óscar Naranjo, comandante de la Policía, dijo que “las bandas emergentes son la mayor amenaza a la seguridad nacional”, y los mismos datos de la Fuerza Pública demuestran que en los dos últimos años las Bacrim realizaron más hostilidades que las mismas Farc. Según Naranjo han capturado más de 10 mil miembros de estas bandas, y aún quedan 4.154 activos. Es decir, hoy las Bacrim, son junto con las guerrillas, el enemigo más grande que tienen la sociedad y el Estado. Si se consideran meros delincuentes, ¿quién responderá por sus víctimas?

 

Nota de la Editora, 3.15 p.m.: Después de publicada la historia, Acción Social se comunicó con La Silla Vacía y aportó nueva información que no tenía disponible cuando se consultó inicialmente.

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