¿Cuál debería ser el indicador para medir a las fuerzas militares?

Inicialmente, me parece que hay redefinir la identificación de las amenazas. La categorización de lo que se conoce como grupos armados residuales es muy genérica y genera ambigüedad.

En cambio, identificaría al ELN como el grupo insurgente que nunca ha dejado a de ser. Un grupo que tiene una continuidad y características propias de un conflicto armado interno.

Luego, identificaría, y es honesto, reconocer que hay una Farc disidente. Aunque hay que  reconocer el esfuerzo de la desmovilización, hoy hay una Farc disidente con una lógica parecida a lo que se venía viendo antes de la firma del Acuerdo.  

Una tercera agrupación, las identificaría como las organizaciones del narcotráfico. Y una cuarta, pero sería una cuarta, sería lo residual.

Eso permitiría desarrollar una estrategia más específica.

Una vez identificado eso, me parece importante reducir las capacidades delictivas de esos grupos, y cómo eso se ve reflejado en los indicadores de violencia. Eso no tiene en medio un concepto de letalidad.

Luego, una capacidad desmantelar: capturar, controlar corredores y controlar su capacidad de actuación, y judicialización de estos. Ese tampoco tiene mucho que ver con letalidad.

Y el tercer aspecto que señalaría es que el resultado estadístico es insuficiente para mostrar la eficiencia de un indicador militar. No se puede quedar solo en bajas o capturas. Las condiciones de seguridad en el área donde los grupos hacían presencia es un elemento muy importe que habría que tener en cuenta para medir el éxito militar.

El nuevo contexto de construcción de paz debe tener como indicador la presencia, el control territorial y preservación del orden público. No se puede retornar a un política de guerra y de confrontación bélica. Sin desconocer que hay escenarios de confrontación, no se puede poner como primer indicador las bajas, ni mucho menos hablar de duplicarlas. El concepto principal debe ser uno de presencia y de soberanía del Estado.

Frente a la polémica por el artículo del New York Times, son justas las alarmas. Si bien no es un fenómeno masivo, como lo fue durante el gobierno Uribe, no dejan de haber hechos que son preocupantes como fue el que se dio con Dimar Torres, en el Catatumbo.

El indicador de control territorial no se ha implementado por las fuerzas armadas y es un punto neurálgico del momento que vive el país. Ese punto es clave para recuperar la presencia garantista del Estado. No podemos volver a la idea de que estamos en un escenario solo de guerra y debemos pasar a una lógica de controlar el territorio.

Sin duda los indicadores de evaluación de las Fuerzas Militares no deben ser unidimensionales (ej, número de bajas en combate) pues ello genera distorsiones en el desempeño de la Fuerza Pública y además resulta más fácilmente falseable por los operadores (ver falsos positivos).

En mi opinión los indicadores deben ser lo más integrales posible, abarcando las múltiples dimensiones del desempeño militar:

1. Indicadores en relación con la protección de los derechos ciudadanos. En este aspecto se deben tener en cuenta las tasas de delitos de mayor impacto social en los territorios donde actúan. Esto sin olvidar que la función de protección no es exclusiva de las Fuerzas Militares, pues a ella concurren las autoridades de policía (alcaldes y gobernadores) y la misma Policía Nacional. No obstante, en las áreas rurales es más fuerte la presencia militar y por ello la información proveniente de esas áreas puede ser relevante para la evaluación. Si aumentan las tasas es porque hay deficiencia en la prestación del servicio de seguridad, si disminuyen quiere decir que están prestando un buen servicio (siempre hay que considerar el contexto para evitar sesgos en la evaluación).

2. Indicadores de respeto a los derechos humanos expresados a través de quejas ciudadanas que manifiesten haber sido víctimas de tales violaciones u otras fuentes de información que verifiquen violaciones por parte de la Fuerza Pública (Defensoría, Procuraduría y ONGs de derechos humanos). Esta información es complementaria de la anterior, pues se pueden lograr objetivos de seguridad (recuperar el control de un territorio) incurriendo en altas violaciones a los derechos humanos (recuérdense las redadas masivas y los falsos positivos de la Política de Seguridad Democrática). Las políticas de seguridad no pueden generar más riesgos que aquellos que dicen combatir;

3. Resultados operacionales: Es inevitable tener en cuenta los indicadores de “positivos” operacionales tales como capturas, bajas en combate, registros, allanamientos, operativos contra GAOs o GDOs y otras formas delincuenciales. Es decir, el conjunto de acciones y decisiones que se toman para neutralizar la criminalidad. Pero estos indicadores deben ser evaluados en cuanto a su pertinencia y eficacia para alcanzar los objetivos de seguridad. No deben descontextualizarse ni convertirse en los indicadores únicos de evaluación de la Fuerza Militar

Concentrarse en establecer indicadores para evaluar solo el trabajo de las Fuerzas Militares para enfrentar problemas violencia y delincuencia complejos, generados por distintas organizaciones criminales que comparten o se disputan negocios ilegales, como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, la trata de personas es un gran error.

Es también desconocer las variadas realidades territoriales, en donde se presentan alianzas y disputas entre los distintos grupos. Por ejemplo, en el Bajo Cauca Los Caparrapos, el ELN y las disidencias de las Farc se han aliado para combatir al Clan del Golfo y controlar y repartirse los distintos negocios ilegales y los corredores estratégicos que  permiten sacar drogas hacia los mercados internacionales a través de Urabá y puntos costeros de la región atlántica e introducir contrabando, dinero y armas, mientras en otros territorios las disputas y alianzas son distintas, así como las características de la violencia y los enfrentamientos que la generan.

Aquí lo que se requiere es un mando civil fuerte en cabeza del Presidente, que lidere y coordine con las Fuerzas Armadas (Fuerzas Militares y Policía Nacional), la Fiscalía, distintos ministerios, alcaldes y gobernadores un plan integral de seguridad, justicia y desarrollo local que tenga claro cuáles son los problemas qué hay que enfrentar, los territorios donde están concentrados esos problemas, las diferencias territoriales y las posibles soluciones, que pueden ser distintas en cada caso.

Es en el marco de ese plan general y de los planes particulares para cada territorio y región que hay que definir unas metas generales y unas específicas para cada institución, las cuales deben estar orientadas a reducir los hechos de violencia y delincuencia, garantizar la seguridad de los ciudadanos en las áreas urbanas y rurales, lograr la inclusión social y el desarrollo de esos territorios y la presencia efectiva del Estado en los mismos.

En materia de seguridad, dadas las características y accionar del ELN, las disidencias, las bandas criminales y las demás denominaciones que existen, hay que fortalecer las labores de inteligencia e investigación criminal en un trabajo coordinado y permanente entre las FF AA y la Fiscalía. Desde luego que también hay que fortalecer la presencia y el control territorial.

Lo que acaba de suceder con la “famosa directriz” es sólo el resultado donde cada institución está trabajando por su lado, en un esfuerzo individual por satisfacer las órdenes generales que dan a cada rato el Presidente y el Ministro de Defensa.

Hasta ahora no se sabe si está “directriz” responde o está enmarcada en la Política de Defensa y Seguridad recientemente promulgada o fue solamente una iniciativa de solo el Ejército. De esta política, hasta ahora, no se conocen los resultados o la ejecución de una intervención integral en los territorios que identifico.

El revuelo del artículo del New York Times se debe a esa concepción clásica de que las bajas son resultados operacionales. Esa idea de que existen objetivos para neutralizar más allá de realmente aplicar criterios de disminución de la criminalidad y establecimiento del estado de derecho.

Las bajas son indicadores mucho más palpables. Ahora bien, eso no quiere decir que realmente sean acordes al mandato constitucional que tienen las Fuerzas Armadas. 

En cambio, en la lógica de protección de Derechos Humanos y de la seguridad pública, los triunfos de una Fuerza Armada se encuentran fuertemente relacionados con los niveles de seguridad de los territorios donde dicha fuerza se encuentra. 

En ese sentido, se debería tomar como foco, más que las bajas en combate, la reducción de las tasas de homicidios y/o muertes violentas.

El tema del narcotráfico es más complejo en la medida que se le ha otorgado a las Fuerza Armadas la tarea de erradicación y, la erradicación forzada no implica, per se, mayor seguridad o mayores niveles de estatalidad en los territorios.

Allí entra una segunda lógica y es cómo entran las Fuerzas Armadas a los territorios y cómo se establece institucionalidad a partir de esto.
 
Si lo pusiéramos en términos de Duque, la pregunta clave sería qué tan "estabilizada" es un área determinada. Eso sería un buen indicador, por ejemplo.

1-Osea, ahora trasteamos los tanques d grasa..ve perdón d mermelada al Senado donde aun hay respiro así el aire este contaminado. La MinInterior y Minjusticia deberían apelar a su talante y dar un paso al costado, mientras tanto Duribe q se reponga dl golpe y no se invente excusas para quedar mal a los 'INDÍGENAS' q andan d un entendido extremo q no cualquiera se les mide en debate.

Raro q José Daniel López viniendo dl cuestionado partido dl corrupto FGN NHM, estuviera defendiendo tanto la JEP. Duke perdió los primeros 9 meses haciendo trizas la paz, regañado x Trump, amenazado x Rusia, aumento desempleo al 12%, siendo el presidente de los empresarios la inversión extranjera salio del país en cifras récord, no supo manejar al MInga mal aconsejado, la economía un desastre.

2-Si Duque d verdad tuviera talante debería renunciar por insubsistente. No pudo ser ni El ni el Otro=sin carácter=sin identidad y sin saber Quién manda a Quién ni se puede llevar las riendas d un país, asi sea d mierda. Ninguneado en todo lado interna y externa y con un guardia Pretoriano estilo Macias no es la talla para la eterna república bananera. O será q ese es el destino final?.

Sobre las objeciones rechazadas anoche en la plenaria de la cámara baja es bueno rescatar y resaltar esta intervención del representante conservador Jaime Felipe Lozada Polanco: https://twitter.com/i/status/1115609041395441664 https://twitter.com/i/status/1115609508687110144 https://twitter.com/i/status/1115610481140600835 https://twitter.com/i/status/1115611057849032715

El mal acuerdo de “paz” y todo su 'fast-track' fueron refrendados por el Congreso gracias a la “mermelada” y las objeciones a ese mismo pacto no fueron aprobadas ahora en la Cámara de Representantes porqué el actual gobierno no les dio “mermelada”: ¿cuál es el mensaje les queda? Rechazar las objeciones no es favorecer a las victimas, es favorecer a los victimarios: ¿Cuál es el mensaje les queda?.

3-Furibe es un poderoso e influyente pooitico, asi ese poderío esté amparado en un manto d temor, pero lo ocurrido ayer en la Cámara, siendo una retaliación x falta d mermelada en la gran mayoría, es un indicio q los políticos tradicionales a veces tienen alma, a veces tienen carácter cuando se unen y renuevan la esperanza q no todo está perdido...AUN. Q' romanticismo el mío...me desconozco.

El ilegitimo mal acuerdo-negocio de “paz” y todo su 'fast-track' fueron refrendados por el Congreso gracias a la “mermelada”, y las objeciones a ese mismo pacto no fueron aprobadas ahora en la Cámara de Representantes porqué el actual gobierno no les dio “mermelada”: ¿cuál es el mensaje? Rechazar las objeciones no es favorecer a las victimas, es favorecer a los victimarios: ¿Cuál es el mensaje?