Detector: las pruebas del asesinato de Gloria Lara no apuntaron al M-19

La ORP fue señalada como la responsable, pero el caso fue cerrado sin que se haya dado una condena.

Desde el 2 abril circula en Facebook una publicación que asegura que Gloria Lara, exdirectora nacional de Acción Comunal y Asuntos Indígenas, fue “secuestrada, violada, torturada y finalmente asesinada por el M-19”. También asegura que fue hallada muerta en estado de embarazo.

Como la publicación ha sido compartida más de mil veces y encontramos que otros usuarios han replicado la misma información (acá, acá y aquí), le pasamos el Detector de Mentiras y encontramos que lo que dice es más falso que cierto porque, aunque el caso nunca se cerró, ninguna investigación judicial apuntó al M-19 y esa guerrilla, que tenía por costumbre adjudicarse los crímenes que cometía, dijo que en ese no había tenido nada qué ver.

Esta es la publicación:

Una búsqueda avanzada en Google de un fragmento del texto de la publicación arrojó que esa desinformación ha circulado en internet al menos desde 2016.

Lara sí fue secuestrada y asesinada, pero no por el M-19

Gloria Lara fue una abogada colombiana, embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas entre 1975 y 1976, y directora nacional de Acción Comunal y Asuntos Indígenas (hoy conocida como Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías) del Ministerio del Interior entre 1978 y 1982.

El 23 de junio de 1982, cuando era funcionaria del Ministerio del Interior, Lara fue abordada por hombres armados y secuestrada cerca a su residencia en el barrio Teusaquillo, de Bogotá.

Durante la primera semana de su secuestro no se conoció ninguna información sobre su paradero. El 6 de julio de ese año las cadenas radiales Caracol y Todelar dijeron haber recibido llamadas telefónicas de personas que afirmaban que el M-19 estaría detrás del secuestro de Lara.

Sin embargo, un día después el M-19 envió un comunicado a los medios negando ser los autores del secuestro y pidiéndoles dar la cara a quienes estaban detrás.

“Alertamos a la opinión nacional sobre este hecho realizado por desconocidos que pretenden comprometer el nombre de nuestro movimiento con el secuestro de personas quienes como la señora Gloria de Echeverry son demócratas reconocidas y aliadas de las causas populares”, decía el comunicado.

Más tarde, el 19 de julio de 1982, el diario El Bogotano publicó en primera plana una fotografía de Lara que fue enviada por sus secuestradores. En la imagen Lara tenía en sus manos la portada más reciente del periódico El Espectador y uno de sus captores le estaba apuntando a la cabeza con un arma. Esa fotografía es la misma que está circulando en redes sociales y fue la única prueba de supervivencia que fue enviada durante su secuestro.

La fotografía también estuvo acompañada de un comunicado aclaratorio que los secuestradores enviaron a El Bogotano, sobre los rumores de que M-19 estaba detrás.

“Queremos aclarar a la opinión pública, a los señores del M-19 y en general a los grupos de izquierda que operan en el país, que quienes tenemos en nuestro poder a la señora Gloria Lara de Echeverry, no hemos llamado ni trataremos de Suplantarlos por ningún motivo ante los medios de comunicación del Estado”, decía el comunicado.

En los siguientes meses no se tuvieron noticias sobre el paradero de Lara ni sobre la identidad de sus secuestradores; solo hubo algunas comunicaciones con los familiares de ella, en las que pedían cerca de tres millones de dólares por su liberación.

El 28 de noviembre de 1982, cinco meses después de su secuestro, el cuerpo de Lara fue encontrado sin vida en la entrada de la iglesia San Silvestre, del barrio Bonanza, en el noroccidente de Bogotá. Tenía un disparo en la nuca y estaba envuelta con una bandera de la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP), un grupo armado, hoy desaparecido, disidente de la antigua Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).

Según reportaron en ese año Semana y El Tiempo, el cuerpo de Lara tenía graves signos de desnutrición, pero no hay ningún reporte que diga que tenía signos de violencia sexual ni de que estaba en estado de embarazo, como afirma la publicación que circula ahora en Facebook.

Su caso sigue impune

Tras el asesinato de Gloria Lara, las autoridades iniciaron operativos para capturar a los responsables de su secuestro y asesinato. En diciembre de 1982, 16 personas fueron capturadas y señaladas por las autoridades de ser activistas de la ORP y de ser parte de la red que secuestró y asesinó a la exfuncionaria.

Esas personas fueron llevadas a la Brigada de Institutos Militares (BIM) y allí fue donde, inicialmente, confesaron ser culpables.

Sin embargo, en 1983, Iván Darío Murcia, un exjuez de Caicedonia, Valle, fue detenido por secuestrar a Kenneth Bishop, que era presidente de exploración de la Texas Petroleum Company. Durante la investigación por ese caso, el F-2 (una antigua policía judicial que hoy en día es conocida como Dirección de Inteligencia Policial), encontró una serie de coincidencias entre ese caso y el de Gloria Lara.

Y Martha Cecilia de Ropero, quien era la compañera sentimental de Murcia, afirmó al F-2 que él era el responsable del asesinato de Lara. Murcia fue vinculado al caso del secuestro y muerte de la exfuncionaria, pero en julio de 1984 se fugó de la cárcel Modelo, de Bogotá, donde estaba recluido por el secuestro de Bishop.

Ese mismo año los abogados de los implicados que inicialmente habían sido vinculados al caso pidieron ser absueltos porque, según argumentaron, se habían autoincriminado tras ser torturados por el Ejército en la Brigada de Institutos Militares. Con ese argumento, y la nueva vinculación de Murcia, un juzgado de conocimiento absolvió a 9 de los 16 implicados en 1992.

Sin embargo, ese mismo año el Tribunal de Orden Público revisó esa decisión y condenó a los 16 implicados a penas de entre 12 y 28 años.

En 1998 el caso llegó por casación a la Corte Suprema y esta lo cerró, a favor de las 16 personas que habían sido implicadas, por vencimiento de términos.

Y desde finales de los 80, con el apoyo de varias ONG, como Amnistía Internacional, las 16 personas fueron catalogadas como exiliados políticos y partieron hacia diferentes países de Europa.

En 2009 el entonces procurador Alejandro Ordóñez le pidió a la Corte Suprema reabrir el caso y considerar el secuestro y asesinato de Gloria Lara como un delito de lesa humanidad. Sin embargo, la Corte determinó determinó que no porque ya se habían vencido los términos del caso y su asesinato no hizo parte de un ataque sistemático contra alguna población en especial.

En suma, aunque el caso de Gloria Lara nunca se esclareció, ninguna investigación judicial apuntó al M-19 y esa guerrilla, que tenía por costumbre adjudicarse los crímenes que cometía, dijo que en ese no había tenido nada qué ver. Por eso calificamos la publicación como más falsa que cierta.