Petro acierta en datos sobre transición energética

Todo depende de qué se entienda por “país petrolero”, pues si bien Colombia no depende del petróleo tanto como países como Venezuela o Emiratos Árabes, sí produce y exporta petróleo, y es sustancial en varios sentidos.

Por un lado, no aporta más del 2,1 por ciento del PIB ni aporta grandes cifras en empleo, pues sólo pone de forma directa 95 mil puestos. En ese sentido, se podría argumentar que no es un país petrolero.

Pero otros elementos indican lo contrario, como su peso en la financiación del Estado.

Según cifras del Ministerio de Minas y Energía, en 2020 el sector de hidrocarburos representó $4,4 billones en impuestos y $4,2 billones en regalías. En 2021 la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha recibido $1,041 billones en derechos económicos que pagan las petroleras por tener contratos.

Además, los presupuestos de inversión de departamentos donde se explota petróleo, como Santander, Casanare y Meta, dependen de las regalías petroleras.

El Ministerio de Minas le explicó a La Silla que el sector de hidrocarburos produce cerca del 80 por ciento de todo el recaudo del sistema general de regalías. Y el sistema pone, en promedio, 1 de cada 3 pesos de los presupuestos de inversión de los entes territoriales como departamentos y alcaldías.

Además de esa importancia fiscal, la industria de hidrocarburos produce divisas que ayudan a equilibrar la balanza cambiaria, algo importante para que el peso no se devalúe más.

Aunque en 2020 la pandemia, la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia y la sobreoferta de crudo ocasionaron que los precios del petróleo llegaran a mínimos históricos, el crudo fue un 28 por ciento de las exportaciones. En 2019 fue el 40 por ciento, según cifras del Dane.

Y en inversión extranjera, según datos del Banco de la República, alrededor de 1 de cada 5 dólares que entraron al país como inversión extranjera directa llegaron a proyectos petroleros en los últimos cinco años.

Al final, hay elementos tanto para decir que Colombia es un país petrolero como que no lo es.

El aprovechamiento del viento como fuente de energía se realiza a través de aerogeneradores, en los que el viento mueve unas palas que están conectadas a un generador. Así se transforma la energía mecánica rotacional en energía eléctrica.

De acuerdo a la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) del Ministerio de Minas, en general en Colombia en Colombia los vientos no son los mejores recursos para producir energía. Durante la última década cerca del 80 por ciento de la energía eléctrica es de origen hídrico, un recurso del que hay en abundancia.

Sin embargo, la Upme dice que La Guajira sí tiene recursos eólicos que se pueden aprovechar, y que son de los mejores de Sudamérica.

Según el Upme, en la península se concentran los mayores vientos alisios que recibe el país durante todo el año, con velocidades promedio cercanas a los 9 metros por segundo a 80 m de altura (a la que se pueden ubicar las turbinas que los aprovechan para producir electricidad). Esos vientos, según la Upme, podrían producir hasta 18 GW, que masomenos toda la energía eléctrica que se produce en Colombia.   

Sin embargo, no es cierto que La Guajira sea la mayor área continental del mundo con rapidez de vientos.

Así lo muestra la medición de viento global del Global Wind Atlas, una herramienta del Banco Mundial. Si bien La Guajira es una de las zonas con alta velocidad, existen varias de mayor extensión y con vientos más rápidos.

Según esa medición en el 10 por ciento del territorio de La Guajira con más potencial, el viento va a 10.59 metros por segundo a 100 metros de altura. En contraste, en las provincias argentinas de Chubut y Santa Cruz, en ese 10 por ciento los vientos van a 12.22 y 14.03 metros por segundo, respectivamente.

Otro ejemplo es la región de Borkou, en Chad (África central), donde esa velocidad es de 11.11 metros por segundo.

Por lo tanto, calificamos la afirmación como falsa.

Según el Ideam, las zonas que reciben mayor intensidad de radiación solar global en Colombia, superiores a los 5,5 kWh/m2 por día, están en La Guajira, el Magdalena, el norte del Cesar y algunos sectores del Atlántico, Bolívar, Sucre y Arauca.

Más allá de ese dato aislado, esos niveles son buenos y suficientes para producir energía solar.

De acuerdo con el Atlas de radiación solar de la Upme, son comparables con algunas de las regiones con mejor recurso en el mundo, como el desierto de Atacama en Chile o los estados de Arizona y Nuevo México en Estados Unidos, que están por encima de los 6,0 kWh/m2 /d.

Ese tipo de niveles son los necesarios para producir energía solar. Por ejemplo, Solar Star en California, Estados Unidos, recibe 8,0 kWh/m2 y tiene una capacidad de producción de 579 megavatios (MW) de electricidad que abastecen a alrededor de 255.000 hogares.

Y el Parque Solar Bhadla en Rajasthan, India, recibe 4.1 kWh/m2 /d y produce más de 2,000 MW de electricidad, lo suficiente para alimentar a 700,000 hogares.

En términos generales, Petro propone que el Banco de la República imprima más dinero cuando exista caída en la demanda, es decir, cuando la economía no está creciendo. Y que cuando haya demasiada demanda, solo debería imprimirse dinero para reemplazar los billetes viejos.

Petro usa indistintamente los términos “impresión” y “emisión” aunque tienen significados diferentes.

”Impresión” es producir billetes físicos; “emisión” es crear más dinero, sea o no físico. Los dos no son sinónimos, porque se puede emitir plata sin que sea en billetes, pues se puede transferir y circular por medios electrónicos, y se puede imprimir sin que se cree más dinero, por ejemplo al reemplazar un millón de billetes viejos de 20 mil pesos por otro millón de la misma denominación, pero nuevos.

Esa confusión aparece en muchas notas de prensa y en declaraciones pasadas de él, como cuando, el año pasado propuso que el Banco “imprimiera” 15 billones de pesos mensuales para financiar las ayudas que estaba entregando el Gobierno durante la pandemia, pero su afirmación apuntaba a que emitiera plata, no a que produjera billetes físicos por ese monto.

Ahora, para entender el argumento de Petro es importante entender cómo funciona la emisión.

El Banco de la República tiene una política monetaria que busca mantener la inflación bajo control. Así, define cuánta plata hay en la economía con ese norte.

Para eso, proyecta cuánta plata necesita la economía según parámetros como su crecimiento, la tasa de cambio o el desempleo. De acuerdo con eso, la junta directiva del Banco fija la tasa de interés a la cual el Banco le presta plata a los otros bancos, que luego le prestan a las empresas y familias.

Si el Banco les cobra menos, los bancos comerciales pueden prestar más barato y así llega más dinero a la economía; si presta más caro, los bancos suben las tasas.

La emisión ayuda a que las personas y empresas puedan gastar e invertir más, y por eso cuando ha caído la demanda el Banco sí ha puesto en circulación más dinero. Por ejemplo, en 2020, ante la pandemia, decidió comprar títulos de deuda a los privados, que cambiaron esos documentos por plata que empezaron a prestar a las personas. Ese es uno de los principales instrumentos que utiliza el Banco para aumentar o disminuir la cantidad de plata que circula.

El debate está en generar el dinero sin respaldo: no comprando títulos de deuda sino prestándole mucha plata a los bancos, o incluso directamente al Gobierno, a tasas muy bajas.

Según explica el Banco de la República, la riqueza de una economía no depende de la cantidad de dinero sino de lo produzca. Y cuando hay más plata sin que haya más producción, se genera inflación porque “hay más dinero tratando de adquirir la misma cantidad de bienes y servicios”.

Esas son situaciones que se han visto reflejadas en países como Venezuela y Argentina, donde el año pasado la inflación llegó a 2.959,8 por ciento y 36,1 por ciento, respectivamente.

La contracara de la política monetaria expansiva (cuando expande la cantidad de plata) es la contractiva, que aplica el Banco cuando la economía está desbordada o hay demasiada liquidez, para evitar justamente la inflación.

Marc Hofstetter, profesor titular de Economía de la Universidad de los Andes y Ph.D. en Economía de la Universidad Johns Hopkins le explicó a La Silla que en esos casos “el Banco aprieta la política monetaria para que la cantidad de dinero crezca más lento o podría en algún caso incluso reducir la cantidad de dinero”.

En la afirmación que revisamos, Petro no aclara si propone más impresión con o sin respaldos financieros, lo que deja por fuera las implicaciones que tiene una política monetaria.

Gerardo Hernández, miembro de la junta del Banco, le explicó a La Silla que las propuestas económicas se deben presentar con sus implicaciones, que en este caso es el riesgo de inflación.

Sobre la afirmación, es cierta aunque limitada a la impresión y no a la emisión.

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (Ipcc) es el grupo de expertos de la ONU que provee información sobre el impacto y riesgos del cambio climático. El pasado 9 de agosto publicó la primera entrega del sexto informe que evalúa cómo el cambio climático cambiará al mundo en las próximas décadas.

Aunque el reporte hace varias proyecciones sobre los efectos del cambio climático en América Latina, no hace especificaciones sobre la extracción de combustibles fósiles de Colombia y Venezuela, como afirma Petro. Expone la relación de la actividad humana con la crisis climática y los efectos que sufrirá la Tierra por las emisiones de gases de efecto invernadero.

Germán Poveda, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales e investigador en los informes anteriores del Ipcc, le explicó a La Silla que esos los informes de evaluación “deben ser relevantes para las políticas y neutrales, nunca prescriptivos. El IPCC no puede hacer ese tipo de recomendaciones, menos aún para países específicos como Colombia o Venezuela. Lo que sí han dicho los reportes es que para limitar el cambio climático se requiere una reducción sustancial y sostenida de las emisiones de gases de efecto invernadero”.

En línea con lo que afirmó Petro, una investigación de cuatro investigadores del University College de Londres publicada en Nature —una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo— concluye que el 90 por ciento del carbón y el 60 por ciento del petróleo y gas no deben extraerse si se quiere evitar que la temperatura global aumente en más de 1,5 grados centígrados, la meta del Acuerdo de París, que firmaron 196 países del mundo, incluida Colombia. Lograr esa meta permitirá reducir algunos de los efectos más fuertes del cambio climático.

Esa investigación señala que América Central y del Sur deben mantener bajo tierra el 84 por ciento de las reservas de carbón y el 76 por ciento de petróleo, cifras que le dan sustento a la afirmación de Petro.

En suma, el Ipcc no dijo que Venezuela debe dejar la mitad del petróleo enterrado y Colombia el 80 por ciento del carbón, como afirma Petro. Pero “la ciencia”, entendida como una investigación reputada, sí ha concluido que porcentajes incluso mayores a esos deben quedarse bajo tierra en la región, aunque no hizo especificaciones sobre Colombia y Venezuela. Por eso, la calificamos como más cierta que falsa.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos, entidad pública que organiza la industria de los hidrocarburos dado que éstos son del Estado, tiene dos grandes tipos de contratos para sacar petróleo: el de Evaluación Técnica (TEA) y el de exploración y producción (E&P). Además, hay convenios de exploración y explotación con Ecopetrol sobre áreas que opera directamente la empresa, pero son excepcionales.

El objetivo del TEA es evaluar cuál es el potencial de un área. Si sale positivo, luego la ANH puede firmar un contrato de E&P sobre ella, y ahí sí sacar petróleo o gas.

Para eso, en un TEA el contratista hace pruebas piloto de geología, abre pozos estratigráficos o hace pruebas de aerofísica, durante máximo 36 meses (3 años).

El de E&P es más largo, pues la exploración dura hasta seis años con prórrogas por hasta cuatro más. Y si pasa a producción, éste dura máximo 24 años y se puede extender hasta 10 años más.

Según cifras que entregó la ANH (que firma y maneja todos esos contratos) a La Silla, entre 2010 y 2020 se firmaron 208 contratos TEA y E&P.

Contrario a lo que dice Petro, la mayoría de los contratos de exploración se firmaron en 2011 (67) y no en 2013; y en 2020 se firmaron cuatro, no 13.

El dato que revela Petro es cierto y viene de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Ministerio de Energía y Minas en junio: las reservas probadas de petróleo llegaron a 2.036 millones de barriles frente a los 1.958 reportados en 2018, un aumento del 4 por ciento, y por eso su vida media útil aumentó de 6,2 años a 6,3 años.

“Queremos más reservas, pero arrancamos el Gobierno con el objetivo de mantener las reservas de 2018 que eran de 5,7 años, las hemos logrado aumentar hasta los 6,3 años. Quisiéramos aumentar esas reservas para garantizar la autosuficiencia para el mediano y largo plazo”, dijo Diego Mesa, ministro de Energía.

Como señala el Ministro, la cifra no quiere decir que en seis años se acabe el petróleo: desde 2000 el país ha proyectado reservas para entre seis y ocho años, según información de la ANH, ya que las petroleras encuentran nuevas formas de explotar yacimientos que no podían sacar y no se incluían en el dato, o encuentran nuevos yacimientos, así sean pequeños.

Las exportaciones sí vienen en caída, y en cifras incluso menores que las que dice Petro: según cifras del Dane, en 2020 se exportaron 8.729.095 millones de dólares de petróleo, cuando en 2018 fueron 15.928.673 millones de dólares.

La cifra de los 32 mil millones fue la del mayor pico, en 2013 cuando hubo un boom en los precios del petróleo. Desde 2011 esa alza, y las de otras materias primas que exporta Colombia, empujaron la economía colombiana. Entre 2010 y 2013 entre el 50 y 55 % de las exportaciones fueron petróleo y sus derivados, y casi el 37% de la inversión extranjera directa fue a esa a esta actividad, según el Banco de la República y la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas.

Esta afirmación es parte de la respuesta de Petro a una pregunta de Néstor Morales, director de Mañanas Blu, de por qué quiere hacer una transición energética inmediata cuando los expertos establecieron como plazo el 2034. Petro responde que el cambio debe iniciar antes porque esa fecha será un punto de no retorno, algo correcto ya que de hecho la fecha clave es incluso anterior: es 2030.

El Acuerdo de París estableció que la temperatura promedio de la Tierra no puede crecer en más de 1,5 grados Celsius porque de hacerlo sería casi imposible reducir los efectos del cambio climático. Por eso los países firmantes del Acuerdo, como Colombia, se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible.

Según los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, para esa meta las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) deben disminuir en un 45 por ciento para 2030 y para 2050 deberán alcanzar alrededor del cero por ciento, es decir, estar cerca de desaparecer.

Esas cifras también fueron proyectadas en el sexto informe del panel de expertos de cambio climático de la ONU.

Es decir, la ciencia ha definido 2030 como una fecha límite para intentar controlar el aumento de la temperatura de la tierra y así evitar que el planeta llegue a un punto de no retorno donde no sea posible revertir los efectos del cambio climático.

Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA), los 8 mayores exportadores de carbón del mundo son Australia, Indonesia, Rusia, Estados Unidos, Sudáfrica, Colombia, Canadá y Mongolia.

Colombia sí es el sexto exportador a nivel mundial y el primero en América Central y del Sur.

Entre el 2000 y 2020 Australia exportó en total 6,149 millones toneladas de carbón; Indonesia 5,611 millones; Rusia 2,546 millones; Estados Unidos 1,432 millones; Sudáfrica 1,438 millones; Colombia 1,361 millones; Canadá 657 millones; y Mongolia 268 millones.

En 2020 cayeron las ventas de carbón notoriamente por la pandemia, y ya se venían reduciendo. Colombia pasó de exportar 72 millones de toneladas en 2019 a 30 millones, por debajo de Canadá que exportó 32 millones.

Durante la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático de Glasgow, Escocia, más de treinta países y varios de los principales fabricantes de automóviles firmaron el Acuerdo de Glasgow sobre Emisión Cero de Vehículo para dejar de fabricar carros con motor de combustión en 2035 en los principales mercados y en 2040 en el resto del mundo.

El objetivo es que se vuelvan normales los vehículos sin emisiones, y pasar por garantizar “que sean accesibles, baratos y sostenibles en todas las regiones en 2030".

Según cifras de la ONU, el transporte por carretera representa el 17 por ciento de las emisiones globales y están aumentando más rápido que otros sectores.

11 compañías fabricantes de automóviles firmaron el Acuerdo. Seis de ellas son grandes: General Motors, Ford, Mercedes Benz, Jaguar Land Rover, Volvo y BYD Auto. Pero esas 11 compañías suman menos del 20 por ciento de todas las ventas de carros en el mundo.

Y es que Toyota y Volkswagen, las dos compañías con más ventas en el mundo (suman casi el 16 por ciento de los carros), no lo firmaron, y tampoco Hyundai (5,4 por ciento) u Honda (4,2 por ciento). Los principales países productores de carros como China, Estados Unidos y Japón, tampoco lo firmaron.

Es decir, solo algunas compañías automotrices acordaron dejar de hacer carros con motor de combustión en 2040.

Según el sexto informe del IPCC, Colombia es uno de los países del mundo con mayor vulnerabilidad y sufrirá los efectos del cambio climático de manera desproporcionada.

Según el informe en el noroeste de Suramérica donde está Colombia ya han aumentado las temperaturas medias y lo seguirán haciendo más rápido que el promedio mundial. Van a disminuir los días fríos consecutivos, aumentará el nivel del mar, se erosionarán las playas y el mar se volverá más ácido.

Los estudios sobre cambio climático del Ministerio de Ambiente y el Ideam han identificado mayor riesgo en los departamentos con ciudades cerca al mar y los que tienen grandes extensiones de selva.

Según la Tercera Comunicación para el Cambio Climático que Colombia envió a Glasgow para la COP 26, San Andrés, Providencia y Santa Catalina llevarán la peor parte, como muestra la destrucción del huracán Iota en noviembre de 2020. Y el Plan de Manejo del Cambio Climático de San Andrés alerta que en los próximos 30 años se va a afectar el 18 por ciento de las viviendas de la isla.

Como afirma Petro, la deforestación sí es uno de los daños más grandes en Colombia. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que es la autoridad encargada de monitorear la deforestación en Colombia, en los últimos siete años ese fenómeno ha ido en aumento.

Se calcula que entre 2000 y 2019, se deforestaron 2,8 millones de hectáreas de bosque, lo que equivale a que todo el Valle del Cauca fuera talada e incendiada.

Además, la Amazonía sí es la región más afectada del país: en 2020 representó el 64 por ciento de todas las hectáreas deforestadas.

Pero Petro usa una cifra exagerada para sustentar su afirmación.

Según los resultados del reporte del primer trimestre de 2021 del Ideam, el más reciente, más de 41 mil hectáreas han sido deforestadas en el Meta, Guaviare y Caquetá. Comparado con el mismo periodo de 2020, cuando se tumbaron 62 mil hectáreas, el problema se redujo en un 34 por ciento.

Si bien todos esos departamentos comparten porciones de la selva amazónica, la cifra que da Petro se pasa en 550 mil hectáreas a la reportada oficialmente. Y si se mantiene ese ritmo este año, la deforestación total estaría por las 164 mil hectáreas, una cuarta parte de lo afirmado por Petro.

De hecho, su dato signifiaría que se multiplicaron por más de tres las 171 mil hectáreas deforestadas en 2020 y casi el triple de las 219 mil de 2017, el año con las cifras más altas de deforestación.

Cuando Petro fue alcalde de Bogotá, de 2012 a 2015, incluyó en su Plan de Desarrollo introducir la energía eléctrica en el sistema de transporte masivo. Para eso, según su rendición de cuentas, se entregaron 290 buses nuevos con motores híbridos (eléctricos y a diésel), y 43 taxis eléctricos.

Además, en octubre de 2015, a dos meses terminar su administración, abrió una licitación para comprar 770 buses eléctricos para renovar la flota de Transmilenio. Su sucesor, Enrique Peñalosa, hizo un estudio de esa licitación y decidió no continuarla porque encontró falencias.

En 2015 Petro también firmó el Decreto 600 de 2015, que estipulaba que los taxis que salieran de circulación a partir del 1 de enero del 2017 deberían ser reemplazados por eléctricos. Pero en 2016 la Secretaría de Movilidad de Peñalosa derogó el decreto porque en ese momento Bogotá solo contaba con seis estaciones de recarga para atender a 400 carros eléctricos.