Al DetectBot nos llegó una imagen con el texto: “Gobierno de @petrogustavo entrega nuevo contrato a Emilio Tapia, para llevar internet a zonas rurales. Tapia condenado por corrupción, responsable del robo de los 70.000 millones de Centros Poblados”.
Como usuarios nos pidieron verificar la veracidad del contenido, le pasamos el Detector de Mentiras y encontramos que es falso porque no se trata de un nuevo contrato. Sino de una medida de reparación en la que se busca que los procesados puedan reparar a las entidades víctimas de la corrupción, ejecutando el objeto del contrato y devolviendo el dinero público robado.
Esta es la imagen:
Es falso
Una búsqueda avanzada de la imagen muestra que la cuenta que trinó esa información es de @ByViral24.
????????ATENCIÓN. Gobierno de @petrogustavo Entrega nuevo contrato a Emilio Tapia, para llevar internet a zonas rurales. Tapia condenado por corrupción, responsable del robo de los 70.000 MILLONES de Centros poblados. pic.twitter.com/u2jy8XUz8y
— By Viral 24 (@ByViral24) March 31, 2023
Pero no se trata de un nuevo contrato. Es parte de un proceso de mediación dentro de la acción penal por el caso de corrupción de Centros Poblados, según confirmó la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora.
La Agencia interviene como apoderada del Ministerio de las TIC y del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en los procesos penales en los que esas entidades han sido reconocidas como víctimas del caso de Centros Poblados 2020.
La mediación busca que los procesados y la Agencia encuentren medidas de reparación de los daños causados así como de recuperación de los dineros públicos, sin que esto implique suspensión de la acción penal o una rebaja de pena.
“Esta es una propuesta transparente y clara que tendrá la presencia de un tercero neutral que es la Universidad Libre (…) este proceso de mediación es un desarrollo normativo que está establecido en la Ley y por esa razón no se trata de una concesión particular ni de un acto voluntario que no tenga un respaldo normativo”, dijo Zamora.
“La propuesta es la de intervenir los puntos de internet ubicados en las escuelas y garantizar que esto se cumpla. Por eso es tan importante este proceso de mediación que se inicia con la Universidad Libre”, explicó Zamora.
Según la directora, Tapias y Luis Fernando Duque, quienes están sindicados de presuntamente recibir un anticipo de 70.000 millones de pesos que no invirtieron en cumplir el objeto del contrato, manifestaron de manera voluntaria acogerse a dicho proceso de mediación.
Tapia y sus escándalos de corrupción
Hace más de una década, el abogado de Sahagún, Córdoba, se encargó de recibir los sobornos y de lavar el dinero producto de los mismos, por la adjudicación de contratos de reparación de vías y la construcción de la fase III de Transmilenio en Bogotá, lo que se conoció como el “carrusel de la contratación”.
Su pena de cerca de 17 años se redujo a siete por preacuerdos con la Fiscalía por dar información sobre las demás personas involucradas en el carrusel. Cuando estalló el escándalo de Centros Poblados, estaba en casa por cárcel tras haber pagado cinco años de la condena.
Y aún así, según testigos de la Fiscalía era el “dueño” del contrato que Centros Poblados se ganó por un billón de pesos para llevar internet a colegios rurales. Tapia habría estructurado la oferta que incluyó pólizas falsas, y girado parte del anticipo de 70 mil millones que recibieron, a cuentas en EE.UU. y los Emiratos Árabes.
Por ese escándalo renunció la ministra del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de Duque, Karen Abudinen.
En octubre del año pasado, Tapia volvió a los titulares cuando la Fiscalía lo imputó de nuevo por haber falsificado certificados de cupos de crédito bancarios en una licitación de la Empresa Municipal de Cali (Emcali).
En suma, calificamos la imagen que circula en WhatsApp como falsa porque no se trata de un nuevo contrato entregado por el gobierno Petro. Sino de un proceso de mediación, paralelo a la acción penal, en el que con la ayuda de la Universidad Libre, los contratistas procesados y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, en representación del MinTic, van a buscar fórmulas para lograr que el objeto del contrato de Centros Poblados se cumpla y recuperar los dineros públicos robados.
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