EnVivo

La novela de la oposición y la segunda vicepresidencia en el Senado aún no termina. 

Hoy, cinco congresistas del Partido Verde le enviaron una carta al senador Iván Name, de su mismo partido, pidiéndole que considere presentar su renuncia como segundo vicepresidente del Senado.

La elección de este cargo la semana pasada dividió (más) a la oposición.

La segunda vicepresidencia —que ya había ocupado el Verde en 2018, el Polo en 2019 y Comunes en 2020— le correspondía este año a Colombia Humana, que eligió como su candidato a Gustavo Bolívar. Pero cuando la coalición del Gobierno lo vetó y votó en blanco, lo verdes postularon a Iván Name. Y él sí ganó. 

El sector afín a Petro y el Pacto Histórico acusó al Verde de traición, mientras los verdes se defendieron diciendo que si no postulaban a nadie, el cargo le quedaba a Cambio Radical. La molestia entre ambos sectores de la oposición venía de antes, y pueden encontrar todos los detalles del episodio en esta historia. 

Ahora, los congresistas Katherine Miranda, Leon Fredy Muñoz, Fabián Díaz, Inti Asprilla y César Augusto Ortiz le piden a Name que renuncie. Argumentan que su postulación desconoce lo establecido en el estatuto de oposición, que dice que no está permitido que el mismo partido ocupe la segunda vicepresidencia más de una vez, a menos que la decisión sea unánime. Y en este caso, fue "tomada de forma unilateral". 

Contexto

Miranda, Muñoz y Asprilla, junto con el precandidato Camilo Romero, pertenecen al ala del partido que quiere buscar una alianza con Gustavo Petro para ir a la primera vuelta en 2022. Chocan con frecuencia con el sector de Angélica Lozano, quien protagonizó la movida que puso a Name en la segunda vicepresidencia.

Esta semana se abrió el espacio para la que Fiscalía exponga los argumentos por los que considera que debe archivarse el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos.

El fiscal encargado del caso, Gabriel Jaimes, anunció que se referiría a seis hechos que considera son sobre los que se cimenta el proceso. Y desde ayer ha mostrado testimonios clave en el primero de ellos: la retractación de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella en el caso, que denunció que lo estaban presionando para retractarse por sus declaraciones sobre Uribe.

Ayer Jaimes reprodujo las versiones de Monsalve, su exesposa, Deyanira Gómez, y Uribe Vélez. Hoy reprodujo las de:

> Diego Cadena: el abogado de Uribe encargado de recoger testimonios.

> Jaime Lombana: el abogado de Uribe que apareció en La Picota el mismo día que Cadena visitó a Monsalve.

> Maria Mercedes Williamson: suegra de Lombana que apareció con él en La Picota.

> Vicky Jaramillo: quien le entregó la razón a Uribe de que Monsalve quería retractarse.

> Enrique Pardo Hasche: preso junto a Monsalve

> Ricardo Williamson: cuñado de Pardo Hasche

Mañana terminará la reproducción de las versiones de Cadena, y se espera que ahora sí Jaimes empiece a dar sus argumentos sobre la solicitud de preclusión.

Hay audiencias programadas para mañana y para el 3, 4 y 5 de agosto, pues el fiscal estima que le tomará todos esos días exponer sus argumentos junto con su metodología de reproducir audios. Esto último es poco común, pero no está prohibido.

Contexto

Los delitos por los que Uribe está en este proceso son fraude procesal y soborno. El expediente aterrizó en la Fiscalía tras la renuncia de Uribe al Senado (previamente estaba en la Corte Suprema).

Les dejamos este link donde está explicado el proceso "de pe a pa".

Desde las 9 de la mañana de hoy se ha debatido en el Concejo de Bogotá el plan de rescate social de Claudia López. 

La discusión, como se preveía, ha girado en torno a si se aprueban 1,1 billones de pesos para TransMilenio, que tiene un déficit fiscal de 2,4 billones. El Distrito pidió ese dinero porque según ha dicho Felipe Ramírez, el gerente de la entidad, solo tienen dinero para funcionar hasta finales de agosto y de no aprobarse cerraría el sistema. Ramírez dice que prueba de ello es que en caja solo tiene 155 mil millones de pesos y la operación mensual de TransMilenio cuesta entre 100 y 150 mil millones. 

Pero los concejales han recibido esos argumentos como una forma de presionar a la corporación y algunos incluso hablan de “chantaje”. Todos han insistido en la necesidad de buscar fuentes alternativas para costear el sistema. 

Por ejemplo, la concejal petrista Susana Muhamad, y ahora opositora formalmente, ha insistido en que se podrían tomar 800 mil millones de pesos que esa entidad no tiene comprometida y usarlos para financiar la operación del Transmilenio. Insiste en que no es tan cierto que el sistema cerraría si no aprueban el proyecto, pues ese dinero está disponible y la prioridad debería ser garantizar el servicio de transporte.

Después de ocho horas de debate, la sesión fue suspendida por falta de quórum y la votación se hará mañana a las 9 de la mañana. Sobre el debate espere nuestra historia esta semana.

Rebecca Linda Sprösser fue detenida hoy en un procedimiento de Migración Colombia y está en proceso de expulsión del país, según le confirmaron fuentes de la embajada de Alemania a El Espectador. La expulsión implica que no podrá volver a Colombia por un periodo alrededor de cinco a 10 años.

Llegó a Cali el 15 de marzo, de vacaciones, y decidió quedarse a vivir allá un tiempo. La quiebra de la escuela de baile donde trabajaba, por motivo de las restricciones durante la pandemia, la motivó a unirse a las movilizaciones del paro nacional que iniciaron el 28 de abril. Durante el paro, documentó varios casos de abuso policial, y terminó recibiendo numerosas amenazas por teléfono y redes sociales.

Las amenazas se cumplieron el 22 de julio, cuando fue víctima de un ataque sicarial junto a un amigo suyo, que por protegerla recibió 13 disparos y se encuentra hospitalizado con pronóstico reservado. 

Hoy Sprösser dio su declaración sobre estos hechos ante funcionarios del CTI de la Fiscalía. Poco después, fue detenida por agentes de la Policía y Migración Colombia.

Inmediatamente la llevaron hacia el aeropuerto, para tomar un vuelo Cali-Bogotá y luego Bogotá-Alemania.

Según explica el Comité de Solidaridad de Presos Políticos, este es un procedimiento administrativo de Migración Colombia que se realiza sin mayor sustento jurídico ni argumentativo. Por ahora, Migración Colombia no se ha pronunciado al respecto.

#ReporteCOVID19 27 de julio:

21.805 recuperados
11.426 nuevos casos
300 fallecidos

Muestras: 80.253
PCR: 42.335
Antígeno: 37.918

Total:

4.526.917 recuperados
4.747.775 casos
119.482 fallecidos
22.217.674 muestras procesadas
87.933 casos activoshttps://t.co/SiKTpTCQ3W pic.twitter.com/oL1Snsp36z

— MinSaludCol (@MinSaludCol) July 27, 2021

Como contamos ayer, los manifestantes en el punto de bloqueo de Cali conocido como Uniresistencia hicieron entrega de la estación Univalle del MIO, donde se encontraban concentrados desde el 28 de abril. 

Parte del acuerdo que firmaron con la alcaldía implicaba que a los jóvenes se les daría un espacio temporal en el polideportivo del barrio Ciudad 2000 para realizar asambleas y demás actividades.

No obstante, habitantes del barrio rechazaron el traslado de los jóvenes al sector afirmando que no fueron consultados por la alcaldía y que temen que la situación afecte la seguridad del barrio. Una de las personas afirmó que los jóvenes se quedarían “por más de 50 años” en el lugar. 

#AEstaHora se registra un altercado con los vecinos del barrio Ciudad 2000 ya que, según manifiestan, los jóvenes de 'Primera Línea' se quieren "apoderar del polideportivo del barrio". Este es el panorama.

Video: Raúl Palacios / El País pic.twitter.com/iwJHAKL416

— El País Cali #ElPaisPaLante (@elpaiscali) July 27, 2021

Ante esto, el subsecretario de Participación Ciudadana, Juan Manuel Chicango, anunció que los jóvenes no se ubicarán en el polideportivo. Ahora están a la espera de identificar un nuevo espacio.

Chicango también negó que los jóvenes ya estuvieran instalados en el polideportivo, que era una de las denuncias que hacían los habitantes del sector.

Encabezados por el senador cristiano John Milton Rodríguez y la senadora uribista Maria del Rosario Guerra, los autodenominados provida se van lanza en ristre contra la reglamentación de la eutanasia. 

Hace un par de semanas, el Ministerio de Salud emitió la Resolución 971, que busca establecer el procedimiento a seguir para realizar la solicitud de la eutanasia y las directrices que debe seguir el comité encargado para garantizar el derecho a morir con dignidad.

En Colombia, la eutanasia fue despenalizada por la Corte Constitucional en 1997, y en 2015 se reglamentó para pacientes que cumplan con determinados requisitos. Sin embargo, persisten muchas barreras para su acceso, y la nueva resolución de MinSalud busca establecer con claridad el procedimiento para hacer efectivo el derecho de quienes busquen acceder a este procedimiento. 

Ante esto, la bancada provida del Congreso —compuesta por congresistas godos, cristianos y urbistas— expresó su rechazo.

Los congresistas argumentan que la resolución es inconstitucional, debido a que el MinSalud está asumiendo funciones que son del Congreso; además, que "abandona al paciente, debiendo haber cuidado con el sistema de atención paliativa aquellos que tienen enfermedades graves o terminales". 

Por estas razones, radicarán una demanda ante el Consejo de Estado. 

Dato

La semana pasada la Corte Constitucional eliminó el requisito de enfermedad terminal para acceder a la eutanasia, permitiendo que más gente pueda acceder a este procedimiento. El fallo se emitió el 22 de junio, con seis votos a favor y tres en contra. 

Se trata de la Alianza Social Independiente (ASI) y Colombia Renaciente. Según El Espectador, el anuncio oficial se hará la próxima semana.

Con su llegada, la coalición contaría con tres movimientos que tienen personería jurídica y, por lo tanto, pueden dar avales (el otro es el partido Dignidad, de Jorge Robledo). Entre tanto, los Verdes siguen en veremos.

Aunque esto es importante para la coalición —sobre todo cuando los Verdes siguen en veremos—, la alianza ya ha suscitado críticas en sectores afines. Ángela María Robledo, precandidata presidencial cuya alianza con la coalición también está en veremos, expresó su desaprobación por tratarse de partidos "dedicados a entregar avales". 

La coalición de la esperanza en lugar de sumar,resta al acoger en la convergencia a la @asi y a @SoyRenaciente dos partido dedicados a entregar avales.
Este fue uno de mis debates con @SergioFajardo @JERobledo @CristoBustos @juanmanuelgalan .

— Ángela María Robledo (@angelamrobledo) July 27, 2021

Contexto

Colombia Renaciente es un partido afro que hoy tiene un representante a la cámara: John Arley Murillo. Murillo en 2019 se alió con los exfuncionarios santistas —entre ellos Juan Fernando Cristo, quien hoy es precandidato de la Coalición de la Esperanza, y Claudia López, alcaldesa de Bogotá y aliada de la coalición— que buscaron reencaucharse en Colombia Renaciente en cuerpo propio o a través de delegados. La alianza no aguantó las elecciones locales; los santistas salieron y Murillo continuó a la cabeza del partido. 

Ahora, en la Coalición de la Esperanza se volverán a encontrar.

La ASI hizo parte de la alianza impulsada en 2018 por Gustavo Petro para montar la lista de los Decentes al Congreso, en la que participaron también la UP y el Maís. Los decentes consiguieron tres curules en el Senado —Gustavo Bolívar, Aída Abella y Johnathan "Manguito" Tamayo— y dos en la Cámara de Representantes —Maria José Pizarro y David Racero.

De ellos, el único de la ASI era Tamayo, pero se declaró uribista y gobiernista y la ASI lo expulsó. Así que se quedó sin senador, y esta vez no va con la coalición de Petro a las elecciones. 

Empezó hoy oficialmente con la presentación del proyecto por parte del minHacienda, Jose Manuel Restrepo, ante las comisiones económicas del Congreso.

Esta tributaria es menos ambiciosa que la presentó el exministro Carrasquilla; busca un recaudo de 15,2 billones de pesos. Además, representa la derrota de la visión económica de Duque, pues la mayor parte del recaudo sale de aumentarles impuestos a las empresas. En esta historia pueden conocer más detalles sobre la nueva reforma. 

Ahora, después de la presentación del Gobierno ante comisiones, los ponentes del proyecto deberán redactar un informe y la reforma se discutirá en las comisiones.

Acá pueden ver quiénes serán los ponentes.

Germán Varón, de Cambio Radical, es el nuevo presidente de la Comisión Primera del Senado. La vicepresidenta es la conservadora Esperanza Andrade.

Con la victoria de Varón, el Gobierno y su bancada ganaron el pulso en esta comisión.

El cupo, según los acuerdos entre los partidos, le correspondía al candidato del Partido de la U, Roosvel Rodríguez. Rodríguez es un vallecaucano que llegó al Senado en 2014 heredando los votos de Dilian Francisca Toro, hoy presidenta de La U, y en 2018 sacó la votación más alta del partido.

Sin embargo, algunos lo ven como enemigo del Gobierno porque ha defendido el Acuerdo de Paz, ha apoyado propuestas como prohibir la fumigación con glifosato e incluso participó en las movilizaciones del 21N en 2019. 

Por eso, desde el Gobierno y su bancada surgió la candidatura del vargasllerista Germán Varón. A pesar de que Toro le había advertido a los senadores de la comisión a través de una carta que se debían respetar los acuerdos y elegir a Rodríguez.

En la votación, el Centro Democrático, los conservadores, los cristianos y algunos liberales se movieron para darle la presidencia al candidato de Cambio. Al final, fueron 13 votos para Varón contra nueve de Rodríguez, quien recibió votos de los partidos de oposición y los independientes.

La Comisión Primera es clave porque trata las reformas constitucionales. En esta legislatura discutirá proyectos como la ley antivandalismo, la reforma a la Policía y la eliminación de la ley de garantías.

Si quieren conocer más detalles sobre la puja por la presidencia de esta comisión, échenle una mirada a esta historia.