C. Constitucional ordena al ICBF realizar acto simbólico con la comunidad Wayúu

La Corte Constitucional revisó el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, en la que declaró el estado de cosas inconstitucional "en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños y niñas del pueblo Wayúu" y ordenó medidas para su superación.

El ICBF fue una de las entidades a las que la Corte se dirigió para resolver la problemática. El Instituto ha implementado varias políticas y procesos de concertación que, según el alto tribunal, "las comunidades indígenas no perciben".

"Existe un falso y problemático entendimiento expuesto por el mismo ICBF según el cual la cultura, creencias y costumbres de las comunidades Wayuu impiden, retrasan o dificultan la implementación de las políticas públicas adoptadas por las autoridades estatales para dar cumplimiento a la sentencia T-302 de 2017", dijo la Corte.

Por eso le ordenó al ICBF hacer un acto simbólico con líderes indígenas de Uribia, Maicao, Riohacha y Manaure. En él deberá "hacer explícito el conjunto de obligaciones (respetar, garantizar y proteger, y promover los derechos humanos) de reconocimiento a la comunidad Wayuu como sujeto de derechos a la luz de la jurisprudencia constitucional y los tratados internacionales".

Por último, todo el personal del Bienestar Familiar que participe en la implementación de la sentencia deberá participar en un curso de formación en derechos humanos que programarán la Defensoría y la Procuraduría.

El dato

La Corte Constitucional también se dirigió al Ministerio del Interior, que debía difundir lo mayor posible la sentencia. Sin embargo, según la Corte, "pese al largo tiempo transcurrido desde la notificación de la sentencia, no existe un conocimiento efectivo de su contenido esencial entre los líderes y los miembros de las comunidades indígenas de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia".

La Sala Octava de Revisión encontró que MinInterior difundió la información un año después de que se le ordenó y no lo hizo en lenguaje wayuunaiki, por lo que no fue posible que los líderes indígenas la conocieran bien. Además, tampoco lo hizo de forma sencilla de entender y no midió correctamente a cuántos o a quiénes les llegó.

El Ministerio tiene tres meses para cumplir la orden y divulgar la sentencia en la lengua de la comunidad.