OPINIÓN

¿Quién controla a las iglesias (y por qué son tan ricas)?

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Ilustración: Los Naked

Colombia ha establecido una relación privilegiada con la institución eclesiástica. En ningún otro país de América Latina la iglesia logró prolongar sus privilegios durante tanto tiempo. En todos los países vecinos, ya a principios de siglo XX el Estado le puso los límites a la influencia de la iglesia. En Colombia no fue así.

La historia de la influencia de la iglesia es también la de su enriquecimiento material. Para 2021, la DIAN reportaba que el patrimonio líquido de las congregaciones religiosas en Colombia ascendía a más de 16 billones de pesos y sus ingresos brutos eran superiores a los 5,8 billones al año.

El asunto viene de lejos. Ya en 1729 don Antonio Manso y Maldonado, entonces Presidente de la Audiencia de la Nueva Granada, le informaba al rey:

Otra de las causas más universales de la pobreza del reino y sus habitantes, tan dificultosa de remover, que sólo al poderoso brazo de Vuestra Majestad puede ser reservado su remedio. Es así, señor, que la piedad de los fieles en estas partes es excesiva: ha enriquecido a los monasterios y religiones con varias limosnas, obras pías que fundan en sus iglesias, capellanías que dotan para que las sirvan los religiosos... Con esto, [los clérigos] han aumentado caudales con que han comprado haciendas considerables. Poco a poco se han hecho eclesiásticas todos los [edificios] de calidad, que apenas se contará casa o hacienda que no sea tributaria del eclesiástico, pues la que no lo es de algún convento lo es de un clérigo secular, por tener allí fundada su capellanía.

La iglesia conservó, e incluso aumentó su tratamiento privilegiado durante la mayor parte de nuestra historia republicana. No le fue difícil, pues contaba con un séquito de políticos en el mando del Estado que eran más papistas que el Papa. Así, la Constitución de 1886, de fuerte marca católica, fue escrita por un hombre que quiso fundar un Partido Católico (Caro). Si no llevó a cabo su proyecto, fue debido a la oposición de la iglesia, que quería tener ella sola el monopolio sobre los espíritus y los bienes.

La dominación de la iglesia se verificó muchos niveles gracias al trato especial que el Estado le dio durante casi un siglo (el tratado con el Vaticano, llamado Concordato). La iglesia católica tenía el monopolio de la educación, de los cementerios, de los matrimonios, del registro civil. Quien naciera fuera del matrimonio católico era “marcado” de por vida en las actas parroquiales, y luego excluido de la educación. Quien tuviera una vida que no se sometiera a los ritos y designios del señor cura, al morir no podía ser enterrado en los cementerios que el gobierno le había cedido. Quien enseñara que el hombre desciende del mono y no de una arcilla moldeada por un dios, era excluido del sistema escolar. Y por supuesto, la vigilancia del clero y de la sociedad toda se ejercía sobre la sexualidad. El matrimonio católico heterosexual de por vida era el destino “natural” de las parejas, sin posibilidad de enmienda. La iglesia combatió con todas sus fuerzas la posibilidad de que existiera un matrimonio civil.

En la historia de Colombia, los presidentes y políticos prestigiosos han sido, casi todos, cómplices de este estado de cosas. Incluso los presidentes liberales más audaces fueron tímidos con la iglesia. Es verdad que ésta impresiona con sus grandes edificios y con su despliegue de bordados de oro (trabajo gratis hecho por manos femeninas). Pocos se han atrevido a ponerle límites a su apetito (hay que nombrar a dos que sí lo hicieron, Gabriel Turbay y Darío Echandía).

Desde tiempos de la Colonia, la iglesia católica se ha enriquecido gracias a las donaciones de sus fieles, gracias al trabajo de mujeres y hombres subalternos en sus propias organizaciones, gracias a los bienes y partidas que le ha dado el gobierno. Muchos edificios públicos fueron a dar a la iglesia, bajo pretexto de que ellos los usaban para la educación de la juventud. Muchos territorios, y su explotación, y sus habitantes, fueron a dar a la iglesia, bajo el pretexto de que allí ellos establecerían sus misiones. Cada cierto tiempo, se renovaban esas partidas. Así, en 1953, el gobierno conservador estableció un convenio con la iglesia por el cual se comprometía a darle generosos auxilios fiscales a cambio de evangelizar a los indígenas en la mitad del territorio nacional.

La historia de las iglesias pentecostales (evangélicas) en Colombia es, por supuesto, más reciente. El control sobre sus fieles es más rígido (diezmo obligatorio), su agenda conservadora suele ser más militante, su proselitismo constante, y sus conexiones internacionales se dan sobre todo con otros países del continente americano. Desde el punto de vista económico, están plenamente integradas con el capitalismo financiero más opaco, como se cuenta de vez en cuando en las noticias. Mediante procesos que los sociólogos han estudiado, estas iglesias logrado acumular poder ideológico, político y económico en un lapso muy corto.

Llegamos pues, en 2022, a un estado de cosas en el que las iglesias, católicas y evangélicas, tiene un capital real y simbólico muy grande, debido en gran medida a las concesiones del Estado o a su falta de control de sus actividades. Ciertamente, no tienen ya el poder total sobre el registro civil, sobre la sexualidad, o sobre los indígenas. El feminismo, las luchas de las minorías étnicas y algunos políticos corajudos han logrado cambiar el estado de cosas que gobernó por generaciones a Colombia.

Pero las iglesias siguen teniendo mucho poder. En los últimos días, en razón de la reforma tributaria, se ha agitado el tema del impuesto a las iglesias. Esta es, sin duda, una de las aristas del asunto, y no se puede despachar con una simple frase, como la que pronunció el ministro Ocampo. Otras aristas del problema se refieren a fueros específicos que tienen las iglesias: para nadie es un secreto que muchas iglesias o confesiones o formaciones “reclutan” adeptos, los extraen de su entorno y los adoctrinan a la manera de sectas. En ocasiones, pastores avivatos desaparecen con las generosas sumas que sus fieles les han cedido. En otras ocasiones, les imponen un modo de vida que los corta de su entorno.

En otros países existen instancias que velan para que las iglesias no tengan comportamiento de sectas, para que no esquilmen a los que en buena fe se dirigen a ellas. También existe vigilancia para que los privilegios del pasado de la iglesia no sigan dando lugar a abusos, por ejemplo en materia penal (sabemos que hoy, autoridades de la iglesia católica buscan impedir que los curas autores de violencias sexuales respondan ante la justicia).

La historia de los privilegios de las iglesias no es un azar de ningún dios. Es el resultado de asuntos muy humanos, de leyes (como el Concordato), o de la ausencia de leyes que regulen a estas instituciones. La Constitución de 1991 tiene unas disposiciones muy claras que muchas iglesias no están cumpliendo. Es deber de los gobernantes retomar este control. Ninguna institución, por vieja o poderosa, debe estar por encima del bien común.

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